El gobierno de Jacques Chirac, urgido por los pobres sin domicilio fijo (los sin techo) ha recurrido a uno de los principios del pasado revolucionario francés – la igualdad- para salir del trance puesto por un sorprendente movimiento, Los Hijos de Don Quijote.
Este valor de la revolución democrática contra el absolutismo, muy disminuído en Chile y en América Latina, ha sido rescatado por el gobierno galo de derecha, presentando en el parlamento un proyecto de ley, que se votará en febrero y que universalizará en forma progresiva el derecho a una vivienda digna.
En el 2012, los residentes sin techo o en viviendas precarias en Francia podrán reclamar ante un tribunal para que se le exija al Estado cumplir con el derecho humano a una vivienda digna, como actualmente sucede con la educación y la sanidad.
En Paris están Los Hijos de Don Quijote, nacidos de la pareja de un actor y su amigo, que alojados en una carpa bajo el puente de Austerlitz, proyectaron a través de internet imágenes de miseria del mundo rico. La prensa y la televisión reprodujeron las vistas y la opinión pública se activó preocupando al gobierno.
Los sin domicilio fijo cubrieron el espacio público frecuentado por turistas con cientos de carpas. La respuesta oficial en vez de la fuerza policial con sus bastones fue la razón política con la iniciativa legal, destinada a resolver un problema pendiente de un grupo de ciudadanos, entre 80 y 100 mil personas (0,12 y 0,15%) de la población francesa.
Como si los sin techo chilenos hubieran acampado en la interdicta plaza de la Ciudadanía, la opinión pública hubiera simpatizado con el movimiento y el gobierno de Michele Bachelet, de centro-izquierda, diera una respuesta cívica. Un sueño, como el de los franceses del 26 de octubre pasado, cuando iniciaron su testimonio social bajo el puente del Sena.
Unos movimientos ciudadanos emergen en los países de la Unión Europea ante lo que denominan la violencia urbanística e inmobiliaria de las grandes empresas del sector y agencias financieras, como la que prolifera en la España del Mediterráneo (Marbella, Benidorm, etc) y la de las grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Sevilla, etc) ejercida por la especulación de los megaproyectos urbanos y de la multiplicación de viviendas vacías.
Un Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Kothari (como los que iban a Chile en los 70 y 80 a conocer el estado de los derechos humanos) en su misión a España concluyó que el interés bancario de las hipotecas, la carencia de vivienda pública y la especulación en el uso del suelo tiene sumido al país en una grave crisis de vivienda y recomienda al gobierno socialista reconsiderar la actual política económica y social.
También en Chile surgen movimientos ciudadanos ante esta misma violencia urbanística e inmobiliaria como los de Ñuñoa y Vitacura. Ambos están enfrentando la agresivividad de las inmobiliarias apoyadas por los alcaldes de esas comunas. Asimismo, los deudores hipotecarios mediante su acción directa y el diálogo consiguen que el gobierno intervenga en un problema social que compromete el derecho a la vivienda, el mismo derecho que exigen Los Hijos de Don Quijote y los sin domicilio fijo, que también mediante la acción directa, están consiguiendo que el Estado lo reconozca y garantice a toda la población.
Este valor de la revolución democrática contra el absolutismo, muy disminuído en Chile y en América Latina, ha sido rescatado por el gobierno galo de derecha, presentando en el parlamento un proyecto de ley, que se votará en febrero y que universalizará en forma progresiva el derecho a una vivienda digna.
En el 2012, los residentes sin techo o en viviendas precarias en Francia podrán reclamar ante un tribunal para que se le exija al Estado cumplir con el derecho humano a una vivienda digna, como actualmente sucede con la educación y la sanidad.
En Paris están Los Hijos de Don Quijote, nacidos de la pareja de un actor y su amigo, que alojados en una carpa bajo el puente de Austerlitz, proyectaron a través de internet imágenes de miseria del mundo rico. La prensa y la televisión reprodujeron las vistas y la opinión pública se activó preocupando al gobierno.
Los sin domicilio fijo cubrieron el espacio público frecuentado por turistas con cientos de carpas. La respuesta oficial en vez de la fuerza policial con sus bastones fue la razón política con la iniciativa legal, destinada a resolver un problema pendiente de un grupo de ciudadanos, entre 80 y 100 mil personas (0,12 y 0,15%) de la población francesa.
Como si los sin techo chilenos hubieran acampado en la interdicta plaza de la Ciudadanía, la opinión pública hubiera simpatizado con el movimiento y el gobierno de Michele Bachelet, de centro-izquierda, diera una respuesta cívica. Un sueño, como el de los franceses del 26 de octubre pasado, cuando iniciaron su testimonio social bajo el puente del Sena.
Unos movimientos ciudadanos emergen en los países de la Unión Europea ante lo que denominan la violencia urbanística e inmobiliaria de las grandes empresas del sector y agencias financieras, como la que prolifera en la España del Mediterráneo (Marbella, Benidorm, etc) y la de las grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Sevilla, etc) ejercida por la especulación de los megaproyectos urbanos y de la multiplicación de viviendas vacías.
Un Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Kothari (como los que iban a Chile en los 70 y 80 a conocer el estado de los derechos humanos) en su misión a España concluyó que el interés bancario de las hipotecas, la carencia de vivienda pública y la especulación en el uso del suelo tiene sumido al país en una grave crisis de vivienda y recomienda al gobierno socialista reconsiderar la actual política económica y social.
También en Chile surgen movimientos ciudadanos ante esta misma violencia urbanística e inmobiliaria como los de Ñuñoa y Vitacura. Ambos están enfrentando la agresivividad de las inmobiliarias apoyadas por los alcaldes de esas comunas. Asimismo, los deudores hipotecarios mediante su acción directa y el diálogo consiguen que el gobierno intervenga en un problema social que compromete el derecho a la vivienda, el mismo derecho que exigen Los Hijos de Don Quijote y los sin domicilio fijo, que también mediante la acción directa, están consiguiendo que el Estado lo reconozca y garantice a toda la población.