1 de septiembre, 2001
POR LAS CALLES NUEVAMENTE
La Concertación está ante la disyuntiva de optar por un cambio de la Ley Orgánica de la Enseñanza establecida por la dictadura de Pinochet o por establecer algunas correcciones de acuerdo con la derecha.
La alternativa del cambio significa distanciarse de la estrategia, seguida los últimos 20 años, de acuerdos parciales con la derecha y acercarse a una estrategia de sumar fuerzas en la sociedad para transformar el régimen político constitucional.
Se trataría de postular el paso de una democracia protegida o restringida (por un régimen electoral que vulnera los principios de representatividad y de voluntad popular de los ciudadanos) hacia una democracia representativa (régimen electoral proporcional y no excluyente) y participativa (primarias electorales, plebiscitos en casos calificados).
La mayoría de la derecha parece dispuesta a conservar los fundamentos constitucionales (Carta Fundamental y leyes orgánicas, incluida la ley electoral binominal) que garantizan un modelo de crecimiento basado en el libre mercado y la subsidiaridad del estado, impugnado por el movimiento social en el área de la enseñanza.
La Concertación debe decidir si abrir o no un periodo constituyente y realizar reformas profundas en las leyes orgánicas. Para ello tendría que conseguir una mayoría social y política movilizada, semejante a la de 1988, y conseguir una amplia y sólida representación.
Sin embargo, la Concertación parece lejos de ello. Según encuestas recientes, la coalición cuenta con una precaria aprobación ciudadana (17%) y un creciente rechazo (46%). Entre sus dirigentes se advierte perplejidad ante el movimiento social sólido e impotencia ante una derecha intransigente y también desorientada.
Y si no existe cohesión ni sobre una evaluación sobre el pasado reciente, ni un diagnóstico sobre el presente ni un programa común de futuro, qué los reune. Lo peor sería que fuera el régimen electoral binominal el que los mantuviera juntos para no perder muchos escaños. Lo ilusionante sería re-unirse para reconducir la política y la economía hacia un horizonte de un país culturalmente democrático, más de todos, no segregados como acontece en la educación.
Ello exige reconocer que tras el Chile "exitoso" de la “estabilidad (de la política) y el crecimiento (de los mercados)”, viven los chilenos que sienten que ni se les escucha ni representa en la política y que son manipulados y estafados en los mercados.
Pero, sobre todo, la Concertación podría asumir la novedad y acercarse a una sociedad cada vez más libre de temores y por ende más lúcida para pensar, discernir y actuar colectivamente, por sí mismos. Ya lo hizo en 1988 con el movimiento social que se abrió camino en 1983.
19 de agosto, 2011
LOS ESTUDIANTES DAN LA NOTA
Los dirigentes del movimiento estudiantil pronuncian la palabra plebiscito tras cumplirse el tercer mes de movilizaciones sociales por el cambio del sistema educacional. Una institución democrática tan antigua como la república romana y tan contemporánea como la que reconoce la Constitución Suiza o las que emplean estados democráticos como Italia, Inglaterra o Uruguay e Islandia para que los ciudadanos resuelvan sobre temas relevantes para la sociedad.
La Constitución chilena considera el plebiscito en forma muy restrictiva. La alternativa de los estudiantes surge ante la incapacidad del gobierno y la mayoría del parlamento a considerar un cambio del paradigma educacional: sistema de educación privada con fines de lucro y de educación pública municipalizada establecido durante la dictadura de Pinochet.
A más de 30 años hay un amplio consenso de que la educación en Chile tiene un deficiente standard de calidad y ha sido una instancia reproductora de las crecientes desigualdades sociales. A pesar de ello, los gobiernos de la Concertación optaron por mantener lo fundamental del sistema.
El actual gobierno de derecha se resiste cambiar la idea dominante de una educación como bien de consumo en que el Estado salvaguarde la libertad de las familias a escoger la clase de educación en un contexto de libremercado educacional, en vez de la idea de una educación como bien público en que el Estado garantice a todos a acceder y recibir una educación de calidad en un contexto de derecho social de la educación.
El conflicto entre el movimiento social de los estudiantes y el gobierno de derecha es en torno al carácter neoliberal (libremercadista) de los principios establecidos en la Constitución y en su respectiva ley orgánica constitucional, promulgada por el dictador el 10 de marzo de 1990, un día antes de abandonar el gobierno.
La demanda de cambio del sistema parece imposible. Éste exige una reforma a la Constitución y a la ley Orgánica de Enseñanza, lo que implica disponer de mayorías especiales que ni los partidos de gobierno ni de oposición tienen como consecuencia del sistema electoral binominal establecido en dictadura. Un cambio sólo sería posible mediante un acuerdo entre gobierno y oposición y no como expresión de una mayoría parlamentaria surgida de la voluntad soberana de los ciudadanos.
El enfrentamiento entre el gobierno y los estudiantes pone nuevamente en evidencia la realidad de una democracia restringida (propia de la época en que la ideología de la "gobernabilidad" se impuso en el marco de la lucha contra el comunismo internacional) que cuestiona la representatividad de la democracia realmente existente.
El plebiscito es un llamado de atención a una clase política desprestigiada por su falta de sensibilidad a los cambios que ocurren en la sociedad y confundida por la envergadura de los movimientos sociales, que expresan sentimientos y raciocinios cada vez más extendidos en la ciudadanía y que los partidos políticos, encapsulados en sus dinámicas de poder, o no se animan o se resisten representar.
Si el plebiscito no es el mecanismo de resolución democrática aceptado para dirimir la contienda sobre la demanda por el derecho a una educación de calidad garantizada por el Estado, los partidos de la Concertación debieran luchar por abrir un periodo constituyente con el fin de elaborar una nueva Constitución que establezca una democracia abierta a las demandas de la sociedad y no restringida a la defensa de principios e intereses de sectores sociales que dominaron amparados en la dictadura de Pinochet.
Los partidos de la Concertación debieran apostar por el futuro y representar a cada vez más ciudadanos, quitando de encima las ataduras que aún quedan. Como lo reconoció, en diciembre de 2008, uno de sus fundadores, el Ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de la Concertación, Enrique Silva Cimma, refiriéndose a las reformas constitucionales de 1989 y 2005: “no quedamos satisfechos, porque se mantienen en esta Constitución una serie de cosas que nos amarran”, por lo que “debe ser entonces cambiada íntegramente”.
