Monday, October 15, 2007

PREMIO Y CASTIGO


El juez Carlos Cerda ha recibido - en 2007 - un premio internacional por su afán de hacer justicia ante las violaciones de derechos humanos en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mismo juez recibió - en 2006 - un castigo de los partidos de la derecha al rechazar sus parlamentarios su ascenso a la Corte Suprema por “malas calificaciones” recibidas tras resistir, en 1986, la orden de amnistiar a militares y miembros del Comando Conjunto que había procesado. En total 40 uniformados, 33 en servicio activo.

La coincidencia temporal y de motivos para otorgar un premio e infringir un castigo al juez Cerda, y que la honra venga de una institución internacional vinculada a la justicia y la repulsa provenga de los partidos vinculados a la dictadura, hace revivir esa relación antagónica, entre los que se hacían cargo de los derechos humanos y los que eran complacientes o sumisos ante sus violaciones contra los que eran calificados de “subversivos”, “comunistas”, “antipatriotas”, o a esos que “algo habrán hecho”.

La derecha ¿se distancia de Pinochet?, ¿lo abandona? Tras la detención en Londres, ésta lucha en forma vehemente por su retorno a Chile. De vuelta, rechaza que sea juzgado, aunque, tocado su liderazgo, comienza a incomodarle: desaparece de su discurso y escabulle la pregunta o la alusión a su “presencia”. Cuando desde Washington se le acusa de enriquecimiento ilícito instintivamente huye. Su territorio político se cubre de silencio, uno que otro susurra… decepción.

La tumba política del dictador parece sellada. Sin embargo, tras su muerte biológica, filtra su hedor. Lo irradia pegado a los cuerpos de su esposa, sus hijas e hijos y oficiales de Ejército retirados que desfilan hacia lugares de reclusión. La derecha arremete contra el juez. En el hemiciclo, sus parlamentarios, sin vergüenza, arrancan de la celebración que suscita este paso hacia una justicia que no acaban de asimilar.

La derecha se esfuerza por “pasar piola”, pero el maquillaje se le corre cada vez que re-aparece este espectro de larga vida llamado Pinochet. Lo tiene muy prendido en su entraña. Por más que jueces vayan levantando velos extendidos durante 33 años (1973-2006), revelando la trama de su régimen y enseñando los detalles de su crueldad y astucia, la derecha en vez de seguir el derrotero de la justicia, opta por el de la impunidad, recubriéndola de una retórica de consenso, estabilidad, progreso y futuro.

No hay mañana sin ayer, lucía seductor el lema del 30 aniversario del golpe de las Fuerzas Armadas y de Orden que arrasó con la democracia republicana de la Constitución de 1925. Una frase sugerente y útil para releer la experiencia de los 17 años de dictadura, con sus anexos (de los 16 siguientes).

“Por qué apoyaron lo que apoyaron; por qué no hablaron; por qué no miraron y cómo se las arreglaron para no saber”, pregunta la Presidenta Bachelet el pasado 5 de octubre. Si en vez de huir, aceptaran revisar su ayer con los hechos que comenzaron a develarse en Lonquén (1979), y que jueces, como Cánovas, Bañados, Benquis, Cerda, Muñoz, Juica, Solís, Montiglio, Madrid, entre otros, continuaron y continúan destapando, podrían liberarse del espectro y lucir sin maquillaje. Una contribución al mañana.

Tuesday, October 02, 2007

MIRADAS


Chile, primavera de 2007. Empresarios advierten que “el estado de derecho está siendo quebrantado” por trabajadores en conflicto; añaden que “el gobierno no está ejerciendo su autoridad” y a, renglón seguido, dicen que “la Presidenta es incapaz de tomar decisiones”, concluyendo que hay “un vacío de poder”. Un plagio del relato de sus antecesores de la SNA y de la SOFOFA, cuando maniobraron y financiaron la preparación del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La descripción se complementa con el reclamo a coro de la derecha: más “mano dura” e incluso uno de ellos sueña con “toque de queda en algunas poblaciones”. El broche lo pone el aspirante presidencial Sebastián Piñera: “hace falta más liderazgo presidencial para recuperar el rumbo y el ritmo que nuestro país está perdiendo”.

LA PRESIDENTA EN DEUDA

Los tratados de libre comercio internacionales discurren, mientras las convenciones internacionales de derechos humanos se atascan en el parlamento chileno.

En el lenguaje de la elite, los tratados hablan de bienes, dinero, negocios, ganancias y expectativa de bienestar, de un futuro aromático, ese que, según el Ministro de Hacienda, haría de Chile un país desarrollado el 2020, ya no en el 2010 como fuera prometido.

En el mismo lenguaje, las convenciones hablan de personas, derechos, valores, compromisos, y expectativa de seguridad de los pueblos, de sus ciudadanos ante golpes de estado, genocidios y etnocidios; guerras de ocupación, preventivas y/o “humanitarias”; de un pasado que apesta y del que la elite huye o aborda a regañadientes, con poco interés de descubrirlo en todo lo que significa.

Hace un año, la Presidenta Bachelet regresó a Villa Grimaldi a visitar su propia historia y la de millares de chilenas y chilenos. Acompañada por ex prisioneras y prisioneros, amigas y amigos. También cámaras y reporteros que registraron y difundieron por el mundo este gran gesto humano y político, dos términos escasamente asociados.

Desde allí, la Presidenta anunció buscar mecanismos para desbloquear los impedimentos a procesar y sentenciar a acusados por crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1978. Lo hacía en respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se había pronunciado contraria a la aplicación de la llamada ley de amnistía, por ser incompatible a hacer justicia respecto a esos delitos.

La Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad es uno de los seis tratados sobre derechos humanos que la “minoría del parlamento” se resiste ratificar, obstruyendo su incorporación al ordenamiento jurídico local. La actitud de este poder del Estado debilita la legitimidad de la aspiración chilena a sentarse en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si miramos más allá del ombligo y de las fronteras, la demanda por cautelar los derechos de las víctimas de las dictaduras es una corriente de los gobiernos democráticos en América Latina. El gobierno del Presidente Lula ha conseguido, el 22 de septiembre pasado, que Tribunal Supremo permita acceder a documentos secretos y descubrir el paradero de los restos de brasileños muertos o desaparecidos en enfrentamientos entre Ejército y guerrillas durante la dictadura militar (1964-85).

A su vez, la Corte Suprema Argentina anuló, el 13 de julio pasado, los indultos del ex Presidente Menem (1989 y 1990) que exculpaban a militares responsables de desapariciones de personas y robo de bebés de detenidos desaparecidos. Con ello se ha reconocido la doctrina de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, como lo ha sostenido el gobierno del Presidente Kirchner.

También, el gobierno del Presidente Tabaré Vásquez, desde marzo de 2005, ha abierto investigaciones sobre desapariciones de personas y mandos militares podrán ser procesados por secuestros de bebés, independientemente de la Ley de Caducidad que estableció impunidad jurídica a la comisión de delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura entre 1973 y 1985.

La palabra del gobierno de la Presidenta Bachelet está empeñada con una solución en favor de la justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad, como lo demanda la Comisión de la OEA. Los parlamentarios deberán actuar no sobre un pasado, sino sobre una realidad presente, viva, que tiene pasado y que condiciona futuro. Está por verse si Chile prefiere sintonizar, esta vez, con los gobiernos democráticos cercanos o prefiere mantenerse al margen de los acuerdos mundiales sobre derechos humanos, como lo hace el gobierno del Presidente Bush.