EUROPA, A LA DERECHA SIN DERECHOS

Unos 400.000 inmigrantes latinoamericanos empadronados en España podrían ser deportados a sus países, luego que el gobierno socialista se sumara a la mayoría de gobiernos de derechas en Europa en criminalizar a los extranjeros sin papeles radicados en los 27 países de la Unión.

Ocho gobiernos sudamericanos condenaron prontamente la decisión europea, calificándola de discriminatoria y transgresora de derechos humanos. Sobresalen los gobiernos colombiano y mexicano, (de derechas) ocupados en captar apoyos en sus respectivas guerras contra la guerrilla y las mafias.

La posición del gobierno de Rodríguez Zapatero fue avalada por 16 votos (de 19) de socialistas españoles que, contraviniendo a su grupo en el Parlamento Europeo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron), aprobaron una propuesta defendida, entre otros, por la extrema derecha de los Le Pen, Fini, Bossi, Haider y los Kaczynski.

El atributo de “ilegal” a extranjeros sin papeles, una normativa que faculte a la autoridad administrativa para encerrarles y la ejecución de expulsiones sin derecho a retornar durante un número de años, son postulados que germinaron en los programas de los partidos de derecha xenófoba y que han sido asumidos por una derecha populista (Sarkozy, Berlusconi), otra conservadora (Merkel, Rajoy), y una izquierda social-liberal (Brown) a los que el socialismo de Rodríguez Zapatero es el último en arribar.

Personas que en rigor no han cometido delito son objeto de internamiento por orden administrativa, en lugares que no son cárceles, por entre 6 y 18 meses para finalmente ser expulsadas con prohibición expresa de retornar en un periodo de tiempo. Todo esto se parece mucho a figuras seudo-jurídicas aplicadas por dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano.

Entonces se invocaba la “seguridad nacional” ante la “insurrección del comunismo internacional”; ahora se apela a una “seguridad policial” ante el “caos”, “la delincuencia”, y también a las tradiciones y costumbres occidentales frente a la “contaminación cultural” proveniente del mundo árabe e islámico. Es pertinente esgrimir, en este caso, el argumento del escritor Carlos Fuentes cuando analiza la política de Bush contra los ciudadanos estadounidenses: “La democracia no puede so pretexto de ‘seguridad’, adoptar las reglas de una dictadura”.

De los 3 millones 124 mil 625 extranjeros no comunitarios, actualmente empadronados, por lo menos el 76% de éstos llegaron sin papeles. Posteriormente fueron favorecidos por los procesos de regularizaciones de los gobiernos de Felipe González, desde 1986, de José María Aznar y de Rodríguez Zapatero, hasta el 2005, mediante los cuales consiguieron permisos de residencia y de trabajo.

Ha sido esta forma, “clandestina” -como ahora subraya el gobierno- y no la llegada de inmigrantes con contrato de trabajo bajo el brazo, como los inmigrantes han beneficiado a España: “en los últimos seis años el 38% del crecimiento del PIB de España se debe a la inmigración. Los inmigrantes aportan ya el 7,4% de las cotizaciones a la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto”.

Toda una paradoja, cuando el mismo día que el Parlamento europeo votaba a favor del ideario xenófobo contra la inmigración, España le otorgaba el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales al pensador francés, de origen búlgaro, Tzvetan Todorov, protagonista de las batallas por una Europa abierta y diversa y que considera que “la identidad europea se basa en la renuncia a la violencia. La proximidad de los otros no sólo no es ya una amenaza, sino que se convierte en una fuente de beneficios”.

LAS DEPORTACIONES VUELVEN A EUROPA

A Europa se le ha metido el miedo en el cuerpo en los primeros años del siglo XXI, como le sucediera a Roma hace 2.390 años, cuando los senones se presentaron en Chiusi (Toscana) para ocupar tierras buenas. En el caso actual no son tierras, sino puestos de trabajo y no precisamente de los buenos, pero, como antaño, el temor europeo es a los “bárbaros”, es decir, los extranjeros tercermundistas, como se les estigmatiza.

El Parlamento Europeo ha aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la “directiva contra la inmigración ilegal” de los 27 países de la Unión Europea. A favor votaron los 40 nacionalistas de extrema derecha, 217 populares, 57 liberales y 34 socialistas (españoles y alemanes); la abstención y rechazo vino de los 37 de izquierda unida y 38 verdes, 149 socialistas, 49 populares y 27 liberales.

La directiva establece la facultad de los gobiernos a proceder a la detención administrativa de inmigrantes sin papeles (unos 8 millones) mientras tramita la expulsión a su país de origen en un periodo de 90 a 540 días en centros de detención que no son cárceles y la expulsión de menores de edad a su país o a un tercero que no sea el suyo.

“Los políticos prefieren tratarnos como a delincuentes. Es más fácil eso que integrar”, decía con la claridad del sabio Bachcu, un bengalí que lidera el “Movimiento de Sin Papeles” desde Roma, la misma desde donde los romanos aterrados, en el 390 a. de C, las emprendieron contra los “bárbaros” de entonces.

El raciocinio de Bachcu afloró en medio de la campaña electoral, abril pasado, en que la derecha de Berlusconi y el centro-izquierda de Veltroni hicieron de la seguridad un caballo de batalla y “cuando en un cartel electoral pone seguridad, quiere decir una cosa: los inmigrantes somos criminales”, aseguraba el líder inmigrante.

La resolución europea criminaliza a los inmigrantes estableciendo dos categorías de extranjeros: legales e ilegales. La figura del “inmigrante ilegal” sancionada en el primer consejo de ministro del gobierno italiano es asumida virtualmente por los 27 países. Toda una rotunda señal de lo que se avecina es el hecho de que la primera decisión europea vinculante sea un proyecto asociado a la represión, en vez de la acogida e integración, a los extranjeros no comunitarios.

La disposición de violar derechos humanos se instala en la legislación europea. 44 países de África y América Latina instaron a que no se aprobara la directiva, lo mismo hicieron 50 personalidades del mundo del arte y de la cultura, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Asociación Europea de Derechos Humanos. Además de dos prominentes personalidades europeas, Jacques Delors y Michel Rocard, que llamaron al Parlamento a no aprobar el proyecto represivo.

Los inmigrantes del siglo XXI no harán lo de los senones: destruir Roma como represalia a las humillaciones recibidas, pero tampoco se irán, como ellos lo hicieron, sino que se quedarán y podrán venir más, porque las migraciones de personas forman parte de las posibilidades y necesidades del Sur y el Norte del mundo, aunque los gobiernos europeos, temerosos, se propongan tramitar deportaciones masivas, parecidas a las vividas en el siglo XX.