La Presidenta Bachelet se ha estrellado contra la ocurrencia de unos senadores de considerar los derechos humanos en la decisión política de nominar un ministro de la Corte Suprema. Sorprende que la Presidenta postulara a Alfredo Pfeiffer, un conocido juez que, por sus sentencias, es un valedor de la amnistía decretada, en 1978, para proteger a miembros de las fuerzas armadas, carabineros y civiles que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1973 y 1978.Los acuerdos políticos tienen sus límites. Intentar soslayar la facultad deliberativa del senado para este tipo de decisiones y no cuidar la prudencia política al elegir a una persona de posiciones jurídicas extremas, como es negarse a hacer justicia ante crímenes contra la humanidad, terminan menoscabando la ascendiente de la Presidenta.
El desconcierto aumenta cuando está fresca la sentencia que demuestra la autoría de militares
chilenos del asesinato a su ex comandante en jefe, general Carlos Prats, crimen cubierto por la amnistía. También extraña cuando, recientemente, numerosos países han confiado en Chile al escogerle para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.Menos se entiende el traspié cuando la propia Presidenta prometió, hace un tiempo, eliminar los impedimentos para procesar y sentenciar a acusados por crímenes de lesa humanidad, en respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, contraria a la aplicación de la amnistía por ser incompatible a hacer justicia respecto a esos delitos.
Los partidos de derecha (UDI y RN) - con o sin el liderazgo de Sebastián Piñera- muestran su talante. Entusiastas abogados del juez Pfeiffer evidencian, una vez más, lo implicados que están con ese pasado de horror protegido por la amnistía.
Sus parlamentarios, en lo que va de este siglo, se han resistido a que Chile adhiera a los instrumentos que regulan la conducta de los estados del mundo en relación a los derechos humanos. Rechazan a ratificación de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas; la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Planea en su subconciencia ese deseo compulsivo de poner fin a que los tribunales de justicia continúen haciendo lo que eludieron durante 17 años. Es lo que la UDI y RN exteriorizan cuando plantean privarle al Instituto de Derechos Humanos facultades para seguir causas judiciales relacionadas con violaciones de los derechos humanos en Chile.
Haciendo un grueso raconto, la derecha - ahora en el parlamento- justificó las detenciones y ejecuciones administrativas; calificó la denuncia de la tortura y las desapariciones de personas como exageraciones e inventos de una campaña internacional; admitió “excesos” explicables por los odios creados entre 1964 y 1973; y,
ahora, descubriéndose la verdad e identidad de los criminales, lamenta, sin nunca implicar al régimen dictatorial, a su líder ni a los mandos de las fuerzas armadas y de orden del periodo 1973-1990.El episodio del sorprendente acuerdo de ascender al juez Pfeiffer a la Corte Suprema y el súbito rechazo al momento de la votación, enseña como el ejercicio de la libertad y deliberación abierta oxigena a una democracia debilitada por el asedio de los que urden intricados arreglos que allanan el camino a los que buscan imponer la estrategia del olvido.
