ESTADOS UNIDOS ANTE LOS OJOS DEL MUNDO

La guerra sucia fue una seña de identidad de las dictaduras militares latinoamericanas (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia) en los años 70 y 80 del siglo pasado. Era la estrategia decidida por la cabeza de estados dictatoriales e implementadas por uniformados y civiles protegidos por estructuras ad hoc al margen de las leyes nacionales o internacionales (incluso de las fabricadas por las propias dictaduras) para exterminar al enemigo.

Hoy, la guerra sucia compromete a Estados Unidos, tenida como la más importante de las democracias en el mundo. La implicación en ella, ya no sólo por el apoyo político y militar que le proporcionó, en su momento, a esas dictaduras, sino a su propio ejercicio del poder, como lo certifican los centenares de miles de informes, revelados por Wikileaks, de los militares estadounidenses remitidos al Pentágono.

El gobierno de Bush, tras el atentado terrorista del 11-S, transgredió la legislación internacional y estableció normas excepcionales (sobrepasando la propia Constitución estadounidense) para eliminar el enemigo. Atacó Irak para derrocar la dictadura de Hussein y de paso se llevó por delante el Estado iraquí, quedando el territorio bajo la ocupación del ejército estadounidense durante siete años.

El secuestro, las cárceles secretas, la tortura sistemática, la ejecución sumaria, la detención prolongada sin juicio y el traslado de prisioneros en forma clandestina por diversos países fueron prácticas de las dictaduras militares latinoamericanas en la llamada “guerra contra la subversión comunista”. Todas ellas recibieron el repudio de la comunidad internacional.

Estados Unidos, según los informes despachados al Pentágono, aplica las mismas prácticas en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Tras el gobierno de Bush, el Presidente Obama decidió poner fin a los métodos y estratégias empleadas por su antecesor, pero no dio luz verde a iniciar investigaciones administrativas, menos judiciales, contra los responsables de las rutinas degradantes de la política de Bush.

En Argentina, Chile, Uruguay y Perú (tras la dictadura de Fujimori en los 90), los gobiernos democráticos, a diferencia del de Estados Unidos, sí abrieron investigaciones para establecer la verdad de lo sucedido y procesos judiciales para penalizar a los responsables de las sistemáticas transgresiones a los derechos humanos.

El Pentágono defiende el silencio, y, por lo tanto, la impunidad de los culpables invocando la seguridad nacional, el mismo concepto usado por los dictadores militares latinoamericanos para justificar sus políticas. La ideología de la seguridad nacional, la que los militares estadounidenses enseñaron en sus escuelas a los pares latinoamericanos en los años 60, vuelve para acreditar la política de exterminio del enemigo en Irak.