Los dirigentes del movimiento estudiantil pronuncian la palabra plebiscito tras cumplirse el tercer mes de movilizaciones sociales por el cambio del sistema educacional. Una institución democrática tan antigua como la república romana y tan contemporánea como la que reconoce la Constitución Suiza o las que emplean estados democráticos como Italia, Inglaterra o Uruguay e Islandia para que los ciudadanos resuelvan sobre temas relevantes para la sociedad.
La Constitución chilena considera el plebiscito en forma muy restrictiva. La alternativa de los estudiantes surge ante la incapacidad del gobierno y la mayoría del parlamento a considerar un cambio del paradigma educacional: sistema de educación privada con fines de lucro y de educación pública municipalizada establecido durante la dictadura de Pinochet.
A más de 30 años hay un amplio consenso de que la educación en Chile tiene un deficiente standard de calidad y ha sido una instancia reproductora de las crecientes desigualdades sociales. A pesar de ello, los gobiernos de la Concertación optaron por mantener lo fundamental del sistema.
El actual gobierno de derecha se resiste cambiar la idea dominante de una educación como bien de consumo en que el Estado salvaguarde la libertad de las familias a escoger la clase de educación en un contexto de libremercado educacional, en vez de la idea de una educación como bien público en que el Estado garantice a todos a acceder y recibir una educación de calidad en un contexto de derecho social de la educación.
El conflicto entre el movimiento social de los estudiantes y el gobierno de derecha es en torno al carácter neoliberal (libremercadista) de los principios establecidos en la Constitución y en su respectiva ley orgánica constitucional, promulgada por el dictador el 10 de marzo de 1990, un día antes de abandonar el gobierno.
La demanda de cambio del sistema parece imposible. Éste exige una reforma a la Constitución y a la ley Orgánica de Enseñanza, lo que implica disponer de mayorías especiales que ni los partidos de gobierno ni de oposición tienen como consecuencia del sistema electoral binominal establecido en dictadura. Un cambio sólo sería posible mediante un acuerdo entre gobierno y oposición y no como expresión de una mayoría parlamentaria surgida de la voluntad soberana de los ciudadanos.
El enfrentamiento entre el gobierno y los estudiantes pone nuevamente en evidencia la realidad de una democracia restringida (propia de la época en que la ideología de la "gobernabilidad" se impuso en el marco de la lucha contra el comunismo internacional) que cuestiona la representatividad de la democracia realmente existente.
El plebiscito es un llamado de atención a una clase política desprestigiada por su falta de sensibilidad a los cambios que ocurren en la sociedad y confundida por la envergadura de los movimientos sociales, que expresan sentimientos y raciocinios cada vez más extendidos en la ciudadanía y que los partidos políticos, encapsulados en sus dinámicas de poder, o no se animan o se resisten representar.
Si el plebiscito no es el mecanismo de resolución democrática aceptado para dirimir la contienda sobre la demanda por el derecho a una educación de calidad garantizada por el Estado, los partidos de la Concertación debieran luchar por abrir un periodo constituyente con el fin de elaborar una nueva Constitución que establezca una democracia abierta a las demandas de la sociedad y no restringida a la defensa de principios e intereses de sectores sociales que dominaron amparados en la dictadura de Pinochet.
Los partidos de la Concertación debieran apostar por el futuro y representar a cada vez más ciudadanos, quitando de encima las ataduras que aún quedan. Como lo reconoció, en diciembre de 2008, uno de sus fundadores, el Ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de la Concertación, Enrique Silva Cimma, refiriéndose a las reformas constitucionales de 1989 y 2005: “no quedamos satisfechos, porque se mantienen en esta Constitución una serie de cosas que nos amarran”, por lo que “debe ser entonces cambiada íntegramente”.
La Constitución chilena considera el plebiscito en forma muy restrictiva. La alternativa de los estudiantes surge ante la incapacidad del gobierno y la mayoría del parlamento a considerar un cambio del paradigma educacional: sistema de educación privada con fines de lucro y de educación pública municipalizada establecido durante la dictadura de Pinochet.
A más de 30 años hay un amplio consenso de que la educación en Chile tiene un deficiente standard de calidad y ha sido una instancia reproductora de las crecientes desigualdades sociales. A pesar de ello, los gobiernos de la Concertación optaron por mantener lo fundamental del sistema.
El actual gobierno de derecha se resiste cambiar la idea dominante de una educación como bien de consumo en que el Estado salvaguarde la libertad de las familias a escoger la clase de educación en un contexto de libremercado educacional, en vez de la idea de una educación como bien público en que el Estado garantice a todos a acceder y recibir una educación de calidad en un contexto de derecho social de la educación.
El conflicto entre el movimiento social de los estudiantes y el gobierno de derecha es en torno al carácter neoliberal (libremercadista) de los principios establecidos en la Constitución y en su respectiva ley orgánica constitucional, promulgada por el dictador el 10 de marzo de 1990, un día antes de abandonar el gobierno.
La demanda de cambio del sistema parece imposible. Éste exige una reforma a la Constitución y a la ley Orgánica de Enseñanza, lo que implica disponer de mayorías especiales que ni los partidos de gobierno ni de oposición tienen como consecuencia del sistema electoral binominal establecido en dictadura. Un cambio sólo sería posible mediante un acuerdo entre gobierno y oposición y no como expresión de una mayoría parlamentaria surgida de la voluntad soberana de los ciudadanos.
El enfrentamiento entre el gobierno y los estudiantes pone nuevamente en evidencia la realidad de una democracia restringida (propia de la época en que la ideología de la "gobernabilidad" se impuso en el marco de la lucha contra el comunismo internacional) que cuestiona la representatividad de la democracia realmente existente.
El plebiscito es un llamado de atención a una clase política desprestigiada por su falta de sensibilidad a los cambios que ocurren en la sociedad y confundida por la envergadura de los movimientos sociales, que expresan sentimientos y raciocinios cada vez más extendidos en la ciudadanía y que los partidos políticos, encapsulados en sus dinámicas de poder, o no se animan o se resisten representar.
Si el plebiscito no es el mecanismo de resolución democrática aceptado para dirimir la contienda sobre la demanda por el derecho a una educación de calidad garantizada por el Estado, los partidos de la Concertación debieran luchar por abrir un periodo constituyente con el fin de elaborar una nueva Constitución que establezca una democracia abierta a las demandas de la sociedad y no restringida a la defensa de principios e intereses de sectores sociales que dominaron amparados en la dictadura de Pinochet.
Los partidos de la Concertación debieran apostar por el futuro y representar a cada vez más ciudadanos, quitando de encima las ataduras que aún quedan. Como lo reconoció, en diciembre de 2008, uno de sus fundadores, el Ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de la Concertación, Enrique Silva Cimma, refiriéndose a las reformas constitucionales de 1989 y 2005: “no quedamos satisfechos, porque se mantienen en esta Constitución una serie de cosas que nos amarran”, por lo que “debe ser entonces cambiada íntegramente”.
