En Cataluña, un movimiento cívico, transversal política y socialmente, ha puesto y sostenido el proyecto independentista que sorprende e inquieta a España.
La independencia en política es
un valor, más si se trata de política democrática. Sin embargo, el Estado español
la percibe como una locura inadmisible en el caso de Cataluña. El 80,5% demanda una consulta soberanista y el 64,4%
del Parlamento catalán se propone convocarla para el año 2014.
Cataluña se plantea ser un nuevo
Estado independiente, con un territorio semejante a la región de La Araucanía;
una población de 7,5 millones, menos de la mitad de la de Chile, y un PIB per
cápita de 27.588 dólares, mientras en Chile es de 16.200.
¿Es viable? Cataluña es un territorio
con una economía exportadora de alto valor agregado (aporta el 19,5% a las
arcas del Estado español), con una elite y una sociedad civil madura para autogobernarse
con un Estado propio.
Pero eso no basta. Se requiere
una mayoría catalana además de numérica, políticamente unida, capaz de forzar un diálogo y un acuerdo con un gobierno
español sin disposición a hablar de la consulta. Así, surgen todas las dudas
sobre su viabilidad.
Cataluña y España, no encajan
Y, ¿por qué una parte de la
sociedad catalana (52,3%) desea irse de España y vivir en forma independiente?
Esta realidad forma parte del proceso de globalización, desde donde emergen,
como reacción o proyecto- realidades singulares e identidades propias o
diferenciadas.
Cataluña es una de éstas que, aún
reconocida en la Constitución del 78 como una nacionalidad diferenciada, quedó
atrapada por un modelo autonómico –“café para todos”- como una realidad igualada
a las demás autonomías. Una decisión, durante la transición, bajo el temor de
no provocar el rechazo del ejército y de sectores civiles centralistas del
franquismo.
Durante los 23 años de gobierno
de Jordi Pujol fue un constante “tira y afloja” por obtener más competencias.
Las frustraciones se sumaron hasta que el gobierno de mayoría absoluta de José
María Aznar inició las hostilidades contra las aspiraciones del catalanismo de
alcanzar niveles superiores de autogobierno y de desarrollo de su propia
personalidad.
Los gobiernos de izquierdas encabezados
por el socialismo catalán (2003-2010) asumieron estos anhelos con un nuevo
Estatuto de Autonomía. Aprobado en el Parlamento catalán y el Congreso de los
Diputados y votado en un referéndum, el Partido Popular (PP) lo impugnó ante el
Tribunal Constitucional (TC), el que acabó por anular sus partes más sustantivas.
Independencia desde la sociedad civil
El conflicto abierto entre los
partidos catalanistas y el PP fue el marco del lanzamiento de un movimiento
cívico por la independencia. Diversas plataformas convocaron consultas no
vinculantes por un sí o un no a la independencia.
Se celebraron 553 votaciones a
través de la geografía de Cataluña. El proceso culminó en Barcelona con la
participación de 257.000 ciudadanos (el 21,3% del censo electoral de la ciudad)
y logró el 91% de apoyo a la independencia. Esta experiencia inédita movilizó a
885.000 catalanes.
Este movimiento cívico fue el prólogo
de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la responsable que millones de personas
por el mundo preguntaran qué pasa en Cataluña al ver las imágenes de centenares
de miles de personas desplazándose por Barcelona el 11 de septiembre de 2012 y
un año después por Cataluña en una cadena humana de 400 kilómetros.
Si no hay consulta…
Este ha sido el sujeto político
que ha forzado a los partidos catalanistas hacia la autodeterminación a través
de una consulta vinculante. Pero, ésta requiere un acuerdo con el gobierno del
PP, el que la tacha de “anticonstitucional e ilegal”, justificación para no
dialogar.
El gobierno de Rajoy opta por el
statu quo. Espera que los catalanes
frustren la consulta por desacuerdos sobre sus
términos, o si la convocan con una ley propia impugnarla ante el TC o si
el gobierno catalán llama a elecciones plebiscitarias decretar la intervención
de Cataluña.
A fines de 2013 se cumple el
plazo para acordar la pregunta y fecha de la consulta. La ANC ya prepara sus
fuerzas para movilizar, en enero a los catalanes para que, pueblo a pueblo, suscriban
una exigente demanda al Parlamento: proclamar unilateralmente la independencia si
no prosperara la consulta.
(publicado por el diario El Clarín el 11 de noviembre, 2013).