Vacaciones en Madrid y Barcelona. Sin embargo, el gobierno español y la
Generalitat catalana han dejado activos equipos para vigilar gestos,
movimientos y reaccionar con rapidez. En Cataluña todos los consejeros del
gobierno tienen instrucción para hacer vacaciones cortas (no más de 15 días) en
lugares cercanos a Barcelona ante cualquier emergencia. Ambos gobiernos despidieron
el año laboral moviendo piezas en su ya prolongada “guerra de posiciones”.
Por la mañana del 31 de julio, los
partidos independentistas registraron la ley de referéndum en el parlamento
catalán para que la mesa la admita a trámite en el ecuador de las vacaciones,
el 16 de agosto (ese día Rajoy presidiría un Consejo de Ministros extraordinario en caso que se admitiese),
mientras por la tarde el Tribunal Constitucional, en forma unánime, neutralizó
la reforma del reglamento del parlamento, para aprobar las leyes de separación en
forma express, sin discusión
parlamentaria.
¿Habrá o no habrá referéndum?
A 60 días del referéndum, el 1-O,
aún no convocado, nadie parece estar interesado en el contenido de la pregunta
a votar: ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de
república? , es decir, en perfilar, unos, la república catalana o en replantear la
conducción de la Cataluña autonómica, otros.
Un desinterés que se debe a la
opción del gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña, cada uno por su
cuenta, de imponer sus propias reglas para impedir o conseguir que los catalanes
voten. Así, la pregunta del referéndum ha sido
reemplazada por otra que circula en
calles y espacios de encuentros: ¿habrá o no habrá referéndum?
Por lo tanto, el conflicto por el
referéndum anunciado podría dirimirse antes del 1.O ya no con una votación,
sino con las fuerzas que logren reunir Gobierno y Generalitat. A simple vista la
desigualdad es enorme, lo que estimula la reaparición del mito de David y
Goliat.
Las fuerzas enfrentadas
El gobierno de España con su determinación:
“no habrá referéndum en Cataluña” se apoya en el Tribunal Constitucional (de
amplia mayoría conservadora) en la Fiscalía prácticamente bajo su dependencia y
en una judicatura acomodada (en los años de mayoría absoluta) siempre con el auxilio
de los cuerpos policiales y de seguridad del estado a su disposición.
La Generalitat con su firme
voluntad: “pondremos urnas y votaremos” infunde cohesión política al gobierno;
reajusta el departamento de Interior y la dirección de la policía catalana (17
mil efectivos); avanza en el armazón de su marco legal propio (con su mayoría
absoluta en el parlamento catalán) y espera el apoyo masivo de una ciudadanía activada
por el movimiento cívico independentista, con gran capacidad de convocatoria en
toda el territorio catalán.
Entre certezas y dudas
La propaganda y descalificación de
unos y otros se extiende por el espacio público, en desmedro del debate, de una
discusión razonada y crítica argumentada.
El parlamento catalán fracturado, forzado por la mayoría independentista
(72/63) a no debatir lo sustantivo.
La sociedad catalana observa sin
sobresaltos, aunque dividida más o menos en partes iguales. En la elección
general catalana (septiembre, 2015) los partidos con programa a favor de la
independencia reunieron el 47,8% de las preferencias y la última encuesta seria
(julio, 2017) indica que el 41,1% estaría a favor y el 49,4% en contra de la
independencia.
La polarización política va en
aumento así como la incertidumbre entre los ciudadanos de a pié. Las dudas flotan
en el ambiente: ¿Cuál sería la actitud
de la policía catalana (también policía judicial)? ¿Qué órdenes o instrucciones
seguiría, las de sus superiores institucionales o la de los jueces? ¿Procedería
a detener a dirigentes independentista por instrucción de un juez? ¿El gobierno
central intervendrá la policía o la Generalitat? ¿Qué pasaría si las policías
catalana y estatal recibieran órdenes contrapuestas el 1-O? Las interrogantes hacen referencia al
uso de la fuerza o a enfrentamientos, toda vez que ambas partes mantienen la resolución de
impedir el referéndum y de poner urnas..
La espoleta para el 6 de septiembre
Una muestra contundente ha sido la decisión de la mayoría independentista en el parlamento
catalán de reformar su reglamento para con nuevas reglas aprobar las
leyes de ruptura con el Estado en un día (referéndum, transitoriedad). Tan sólo un grupo parlamentario podría pedir lectura única de los proyectos de separación,
lo que prácticamente anula el derecho de los diputados a presentar enmiendas y
desarrollar un debate abierto sobre la ley de referéndum, definida como “suprema”,
es decir, que su articulado prima sobre la Constitución del Estado y el Estatuto
de Cataluña.
El gobierno de Mariano Rajoy ha
reaccionado en menos de 24 horas: pidió un informe al Consejo de Estado; en
seguida solicitó al Tribunal Constitucional la remoción del artículo que
permite la lectura única; en media hora la admitió a trámite, quedando suspendida
la reforma impugnada hasta un
pronunciamiento definitivo, el que se produciría en septiembre.
La próxima estación es el 16 de
agosto, fecha en se abrirá el periodo de sesiones del parlamento catalán, 15
días antes de lo habitual. Entonces, la mesa decidiría admitir a trámite la ley
de referéndum con tiempo a que esta sea aprobada (el 6 de septiembre) y sirva
de marco legal para al fin convocar el referéndum del 1-O.
