En días como éstos, hace ocho años, la sociedad chilena estaba sobresaltada. Un juez español había ordenado la detención de Augusto Pinochet (18 de octubre, 1998) ejecutada por Soctland Yard con la complicidad del gobierno británico en Londres. El Canciller de ese tiempo, José Miguel Insulza (hoy Secretario General de la OEA), en nombre del segundo Gobierno de la Concertación, dirigía la operación política-jurídica de recuperar al ex dictador, entonces Senador vitalicio.
En estos días, la sociedad chilena está sosegada. La Corte de Derechos Humanos de la OEA ha dispuesto que el Estado chileno ha incumplido su compromiso internacional de sancionar los delitos de lesa humanidad (15 de octubre de 2006). La Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, en representación del cuarto Gobierno de la Concertación dirige la operación político-jurídica destinada de derogar o legislar para dejar sin efecto el decreto-ley de amnistía dictado por la Junta Militar de Gobierno en 1978.
"La justicia en la medida de lo posible" fue un refrán repetido durante los primeros cuatro años de la transición. Ahora ésta viene de la mano de la Corte de la OEA. La voluntad de la Presidenta es extendérsela y cumplir con el compromiso demandado. Los partidos de la Concertación parecen dispuestos a sacudirse de la norma que hace imposible aplicar justicia por delitos "contra la humanidad". Esto recién comienza, una disputa jurídico-política que llevará tanto o más tiempo que la dada por Pinochet detenido en Londres.
El ex Presidente Patrico Aylwin, autor de la sentencia "la justicia en la medida de los posible", y su ex Ministro de Justicia señalan que la derogación de la amnistía no tendría efecto práctico, pues una convención no puede aplicarse en forma retroactiva y omitir la amnistía vulneraría el principio de la "cosa juzgada".
Se desprende de esto que prominentes hombres de la Concertación consideran ahora que la amnistía del 78 es ya un hecho de la causa, consolidada, inamovible, legítima, norma ajustada a derecho y no una norma autoritaria, fraudulenta, es decir, dictada al margen de los principios del derecho, destinada a cubrir los delitos "contra la humanidad". Paradojal resulta cuando el programa presidencial encabezado por el propio Aylwin, en 1990, figuraba la derogación de la amnistía.
Sin embargo, si ampliamos la mirada podemos ver el caso argentino de cómo bajo presión militar un gobierno democrático promulgó una ley de Obediencia Debida y de Punto Final, aprobado por un parlamento elegido, pero que años después otro gobierno democrático y paralamento elegido removió, cuando los militares ya no amenazaban la estabilidad constitucional.
Un "nunca más" con futuro no basta con declamarlo, requiere ser acompañado de actos sólidos, transparentes, persuasivos, como la aplicación de justicia. Leamos: "Muy bien, nosotros tenemos la obligación de enseñar a los jóvenes que eso no tiene que pasar nunca más", dice el director técnico de Colo-Colo, el argentino Claudio Borghi, cuando La Nación le consulta su parecer por la reapertura de los juicios por los crímenes de la dictadura militar argentina.
1 comment:
Muy buen articulo.
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