Friday, September 28, 2007
El ex Presidente sale del Museo de Arte Moderno. Se le consulta por las alusiones que George Bush hace de Chile en una conversación con José María Aznar en febrero 2003, días antes de la invasión a Irak, reveladas por el madrileño diario El Pais. “No voy a responder cosas del pasado”, fue su respuesta. No obstante, en Estados Unidos, titulares, articulistas, columnistas de los principales diarios y cadenas de televisión destacaban las sorprendentes y novedosas revelaciones.
El tiempo en política no es cronológico, lo sucedido puede recobrar vigencia una o más veces y muchas acciones presentes pueden hacer revivir (o recordar) un pasado.
Un ejemplo local, la ausencia de personalidades de la derecha chilena en la conmemoración de los 10 años de la muerte del Cardenal Silva Henríquez, hizo presente la enemistad y el odio incoado al menos hace 45 años, cuando en 1962 tomó iniciativas a favor de los campesinos que cuestionaban el régimen de latifundio.
Un ejemplo universal, “Que sucediera una vez significa que hay la posibilidad de que se repita” decía el sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de Literatura Imre Kertész al presentar su libro autobiográfico Dossier K el miércoles 26 en Barcelona.
El Ministro Viera Gallo hace responsable a la Alianza opositora a que 6 tratados internacionales que cautelan los derechos humanos no se hayan ratificado. También la Concertación es responsable que ello sea posible, pues es el resultado del sistema de representación política (binominal) que da poder de veto a la minoría. Los partidos de la Concertación desfondaron a la Comisión de Reforma del Sistema Electoral (Comisión Böeninger) a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque percibieron que los cambios que venían hacían peligrar la reelección de muchos de sus parlamentarios y con ello la pérdida de sus dietas de casi 10 millones de pesos mensuales.
La desmejorada presentación chilena ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a que tiene derecho como cualquier otro país, es resultado de la partidocracia influenciada por el ideario del neoconservadurismo estadounidense de la llamadas “democracias gobernables”, una de cuyas expresiones más resistentes, legada por la dictadura, ha sido el sistema electoral binominal.
Tuesday, September 18, 2007
QUÉ HUELE BAJO LA ALFOMBRA
La acción directa de los estudiantes conmovió a la sociedad el año pasado, como la palabra directa de un monseñor la ha impresionado recientemente. Un movimiento y un discurso traslucen la desigualdad como fuente de malestar social y cultural. Un descontento corre, con más o menos intensidad, por el interior de las personas, de las familias, de los barrios, de las ciudades, de las regiones, de la sociedad chilena.
Un llamado de atención a la desigualdad social y económica, pero también en el acceso y en el trato, lo que afecta la dignidad del ciudadano y de la persona. Un malestar provocado por formas de organización y relaciones sociales impulsadas por ideas, valores y prácticas de la elite en el poder y no por motivos naturales.
Estas condiciones se dan sin fronteras, distinguen a esta época. Lo recordaba un prominente dirigente internacional: “desde hace 25 años que los desequilibrios entre Estado, mercado y sociedad se han roto a favor del mercado”. En Chile se ha perfilado un Estado acotado, a la defensiva; una sociedad civil insignificante y un mercado libre y estimulado, donde grupos empresariales nacionales y transnacionales campean.
“Crecimiento con equidad” se prometió en los 90. Dos términos que definitivamente parecen no amigarse en un modelo de producción de desequilibrios resistentes, como el adoptado desde hace 32 años en Chile y aplicado con diferentes enfoques e intenciones. Las diferencias sociales son escandalosas, dijeron los obispos en el 2005 y los partidos, de la Alianza y la Concertación, ese mismo año, prometieron programas para reducirlas.
Un año y medio después, el tema de la desigualdad había perdido notoriedad. La elite política, mediática y empresarial ni la verbalizaba ni la visualizaba. Otra vez, desde la iglesia católica asomó la cuestión: un sueldo ético debiera ser de 250 mil pesos mensuales, soltó la voz del obispo. Asombro, desaprobación y mofa fue la reacción espontánea; luego vino el reconocimiento de que algo está pendiente entre los chilenos.
La elite cuando reconoce que la mayoría de las empresas no puede retribuir esa suma, está reconociendo que el modo de organización económica vigente “no da ni el largo ni el ancho” para alcanzar ese nivel de ingreso, que se supone representa una vida digna, es decir, de personas que se sienten reconocidas, valoradas en definitiva por la sociedad.
La palabra directa de 2007, como lo fue la acción directa de 2006, descubre algo fundamental, sensible, que ha estado más o menos oculto: cómo las visiones, valores y prácticas dominantes han ido consiguiendo formar mundos cada vez más distanciados, en que los individuos compiten, en sus entornos propios, por ser reconocidos como triunfadores. Esto se muestra en ambientes de uno y otro lado de la ciudad, del llamado “Chile real”, al que unos siguen viendo exitoso y otros comienzan a verlo escandaloso.
Un llamado de atención a la desigualdad social y económica, pero también en el acceso y en el trato, lo que afecta la dignidad del ciudadano y de la persona. Un malestar provocado por formas de organización y relaciones sociales impulsadas por ideas, valores y prácticas de la elite en el poder y no por motivos naturales.
Estas condiciones se dan sin fronteras, distinguen a esta época. Lo recordaba un prominente dirigente internacional: “desde hace 25 años que los desequilibrios entre Estado, mercado y sociedad se han roto a favor del mercado”. En Chile se ha perfilado un Estado acotado, a la defensiva; una sociedad civil insignificante y un mercado libre y estimulado, donde grupos empresariales nacionales y transnacionales campean.
“Crecimiento con equidad” se prometió en los 90. Dos términos que definitivamente parecen no amigarse en un modelo de producción de desequilibrios resistentes, como el adoptado desde hace 32 años en Chile y aplicado con diferentes enfoques e intenciones. Las diferencias sociales son escandalosas, dijeron los obispos en el 2005 y los partidos, de la Alianza y la Concertación, ese mismo año, prometieron programas para reducirlas.
Un año y medio después, el tema de la desigualdad había perdido notoriedad. La elite política, mediática y empresarial ni la verbalizaba ni la visualizaba. Otra vez, desde la iglesia católica asomó la cuestión: un sueldo ético debiera ser de 250 mil pesos mensuales, soltó la voz del obispo. Asombro, desaprobación y mofa fue la reacción espontánea; luego vino el reconocimiento de que algo está pendiente entre los chilenos.
La elite cuando reconoce que la mayoría de las empresas no puede retribuir esa suma, está reconociendo que el modo de organización económica vigente “no da ni el largo ni el ancho” para alcanzar ese nivel de ingreso, que se supone representa una vida digna, es decir, de personas que se sienten reconocidas, valoradas en definitiva por la sociedad.
La palabra directa de 2007, como lo fue la acción directa de 2006, descubre algo fundamental, sensible, que ha estado más o menos oculto: cómo las visiones, valores y prácticas dominantes han ido consiguiendo formar mundos cada vez más distanciados, en que los individuos compiten, en sus entornos propios, por ser reconocidos como triunfadores. Esto se muestra en ambientes de uno y otro lado de la ciudad, del llamado “Chile real”, al que unos siguen viendo exitoso y otros comienzan a verlo escandaloso.
Wednesday, September 05, 2007
LAS SEÑAS DE DOS MUERTES
Uno de los tópicos distintivo de la transición chilena: “dejemos atrás el pasado para mirar el futuro” se ha desvanecido. Puede, que su uso excesivo, como recurso retórico, lo haya vaciado de significado, o que la transición haya culminado y carezca de sentido pronunciarlo, o bien sea un sofisma ya inútil para conseguir determinados fines. Lo concreto es que los políticos, de amplio espectro, ya no lo proclaman.
La Presidenta Bachelet se dispone designar una Comisión Asesora de seis personas que, en seis meses, califique casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de detenciones y torturas, no declaradas ante las Comisiones Rettig (1991) y Valech (2004). Mientras tanto, las fojas de los jueces con dedicación especial conmueven con los relatos que contienen sus causas contra crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet y que comprometen a la DINA, su policía secreta y a la DINE, la inteligencia del Ejército.
También impresiona el programa de la televisión pública, Informe Especial, cuando enseña a millones de ciudadanos-telespectadores un pasado vivo, en proceso de revelaciones. Dos de ellos: “La muerte de Eduardo Frei: una conspiración secreta” (2006) y “La ratonera de calle Conferencia” (2007) representan procesos abiertos sobre hechos que ocurrieron en mayo de 1976 y diciembre-enero de 1981/82.
Dos hechos que afectan a dos mundos diferentes. Eduardo Frei, un dirigente formado en una familia de capa media, en escuela y universidad privadas, de cultura católica y Víctor Díaz entre a lo menos 26 dirigentes comunistas secuestrados, un dirigente formado en una familia de clase obrera, en la escuela pública, como autodidacta y en la fábrica, de cultura marxista. La vida de Frei y Díaz, un democratacristiano y un comunista tienen un mismo desenlace: son eliminados por funcionarios del Estado chileno.
Este aparente contrasentido se explica en parte, porque el golpe militar y la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo era para terminar con la experiencia de Allende y los cambios de estructuras iniciados con Frei, sino para demoler una democracia que, desde y con la Constitución de 1925, se habían ido incorporando en forma progresiva una amplia gama social proveniente de los sectores medios y populares.
Lo que los jueces Alejandro Madrid y Víctor Montiglio están desvelando con rigor y paciencia son elocuentes retratos de esa demolición, así como lo hicieron jueces de Estados Unidos, Italia y Argentina con las investigaciones de los crímenes contra Orlando Letelier, un socialista vinculado a elites internacionales, Bernardo Leighton, un democratacristiano pactista y Carlos Prats, un militar constitucionalista, o como, últimamente, otros jueces chilenos lo están haciendo con centenares de procesos.
Varios capítulos sobre derechos humanos están por escribirse. La Presidenta interviene sobre ese palpitante pasado, abriendo nuevos cauces. Los parlamentarios en la próxima primavera le darán forma para que ciudadanos continúen narrando sus historias ante los jueces, y los periodistas comuniquen textos y contextos de acontecimientos de un pasado vivo y, por lo tanto, con incidencia en el devenir.
El lugar común de la transición se ha revelado como falacia, porque los seres humanos somos pasado, esencialmente. Sin él no somos nadie, tampoco “futuro”. Lo mismo las sociedades, lo importante es intervenir en lo que son, pasado acumulado, y abrirle curso - “futuro” - para ser reconocido y asumido sin dobleces.
La Presidenta Bachelet se dispone designar una Comisión Asesora de seis personas que, en seis meses, califique casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de detenciones y torturas, no declaradas ante las Comisiones Rettig (1991) y Valech (2004). Mientras tanto, las fojas de los jueces con dedicación especial conmueven con los relatos que contienen sus causas contra crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet y que comprometen a la DINA, su policía secreta y a la DINE, la inteligencia del Ejército.
También impresiona el programa de la televisión pública, Informe Especial, cuando enseña a millones de ciudadanos-telespectadores un pasado vivo, en proceso de revelaciones. Dos de ellos: “La muerte de Eduardo Frei: una conspiración secreta” (2006) y “La ratonera de calle Conferencia” (2007) representan procesos abiertos sobre hechos que ocurrieron en mayo de 1976 y diciembre-enero de 1981/82.
Dos hechos que afectan a dos mundos diferentes. Eduardo Frei, un dirigente formado en una familia de capa media, en escuela y universidad privadas, de cultura católica y Víctor Díaz entre a lo menos 26 dirigentes comunistas secuestrados, un dirigente formado en una familia de clase obrera, en la escuela pública, como autodidacta y en la fábrica, de cultura marxista. La vida de Frei y Díaz, un democratacristiano y un comunista tienen un mismo desenlace: son eliminados por funcionarios del Estado chileno.
Este aparente contrasentido se explica en parte, porque el golpe militar y la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo era para terminar con la experiencia de Allende y los cambios de estructuras iniciados con Frei, sino para demoler una democracia que, desde y con la Constitución de 1925, se habían ido incorporando en forma progresiva una amplia gama social proveniente de los sectores medios y populares.
Lo que los jueces Alejandro Madrid y Víctor Montiglio están desvelando con rigor y paciencia son elocuentes retratos de esa demolición, así como lo hicieron jueces de Estados Unidos, Italia y Argentina con las investigaciones de los crímenes contra Orlando Letelier, un socialista vinculado a elites internacionales, Bernardo Leighton, un democratacristiano pactista y Carlos Prats, un militar constitucionalista, o como, últimamente, otros jueces chilenos lo están haciendo con centenares de procesos.
Varios capítulos sobre derechos humanos están por escribirse. La Presidenta interviene sobre ese palpitante pasado, abriendo nuevos cauces. Los parlamentarios en la próxima primavera le darán forma para que ciudadanos continúen narrando sus historias ante los jueces, y los periodistas comuniquen textos y contextos de acontecimientos de un pasado vivo y, por lo tanto, con incidencia en el devenir.
El lugar común de la transición se ha revelado como falacia, porque los seres humanos somos pasado, esencialmente. Sin él no somos nadie, tampoco “futuro”. Lo mismo las sociedades, lo importante es intervenir en lo que son, pasado acumulado, y abrirle curso - “futuro” - para ser reconocido y asumido sin dobleces.
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