La derecha chilena, liderada por el empresario Sebastián Piñera, cuando vuelve su mirada hacia España se reconoce en el Partido Popular (PP), actualmente tutelado por el aznarismo, término acuñado por el fallecido escritor Manuel Vázquez Montalbán en referencia a su líder, el ex Presidente del Gobierno, José María Aznar.
El PP, presidido por Aznar, desarrolló a partir de 1993 la estrategia del “desalojo” de los socialistas del gobierno. Logró su objetivo en tres años con una oposición áspera que no dio respiro al gobierno de Felipe González -más de una década en el poder- depreciado por su letargo ante las evidencias de corrupción, a lo que sumó actos ilegales en la lucha contra ETA.
La derecha retornó, unida en un solo partido, con franquistas vehementes y enfriados y descendientes con lenguaje liberal-democrático, pero de talante autoritario, estilo que simbolizó el chillido que Aznar arrojara al Presidente del Gobierno desde el estrado en el parlamento: “¡Váyase señor González!”.
La estrategia del “desalojo” intenta implementarla parte de la derecha chilena para desplazar a la Concertación, coalición que -más de década y media en el gobierno- evidencia fatiga y falta de cohesión, sin reflejos para evitar conductas de corrupción y carente de entusiasmo hacia su actual liderazgo femenino.
La derecha chilena se mira en una derecha que impugna la sentencia del tribunal español que condena a 17 yihadistas por su participación en el atentado terrorista de la mañana del 11 de marzo de 2004, que dejó 191 muertos y 1.857 heridos que viajaban en cuatro trenes hacia Madrid, tres días antes de las elecciones generales.
Entonces, el gobierno de Aznar, de cara a las elecciones del 14 de marzo, optó por acusar a ETA como autora del atentado, a pesar de que la policía, la tarde del mismo día del suceso, la había descartado y seguía la pista de los yihadistas. La incoherencia entre el discurso oficial y la acción policial fue advertida y, favorito en las encuestas, perdió las elecciones.
El partido de la derecha española no admitió la derrota dada por los ciudadanos que acudieron en masa a votar. La muestra de ello es que durante estos tres años, apoyado por el diario El Mundo y la radio COPE (de la Iglesia Católica), “contra toda evidencia”, insiste en la presencia de ETA en el atentado, desafiando el proceso de tres años y la sentencia judicial de la semana pasada.
El PP tuvo la misma actitud, durante tres años, al insistir, “contra toda evidencia”, en la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, para justificar la decisión de participar en su invasión. Hoy guardan silencio sobre aquello, lo que probablemente harán en un tiempo más respecto a sus tesis sobre el atentado del 11-M.
Lo mismo sucede con la ley de memoria histórica. El PP la impugna diciendo que produce “división entre los españoles”, pero tras esta afirmación cobija el deseo de pasar página, por la complicidad con el franquismo que muestra al rechazar la condena de ese “proyecto genocida con miles y miles de fusilados después de la guerra no como víctimas de una venganza, sino de un monstruoso proyecto de depuración de la sociedad española a través del exterminio”, según señalara, hace unos días, el historiador Josep Fontana en el Coloquio Internacional Memorial Democrático-Políticas Públicas de la Memoria.
Este es el talante de la derecha española de los últimos 14 años con la que comulga la derecha chilena.
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