UN 10 DE DICIEMBRE POR CINCO PAÍSES

Mientras el ex dictador peruano Alberto Fujimori, sentado ante el tribunal, ha comenzado a responder la acusación de transgredir los derechos humanos en su país, el Presidente argentino, Néstor Kirchner, de pié ante el Congreso, le entrega el gobierno de a la Presidente electa, Cristina Fernández. Es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Perú y Argentina lo simbolizan con esa afinidad de justicia y democracia, no siempre acogida por los que administran procesos de transición.

El Estado peruano ha logrado, con la colaboración del chileno, procesar a al ex dictador. Su Corte Suprema, 15 días antes, condenó a prisión a 10 ex ministros de Fujimori por participar en el autogolpe del 5 de abril de 1992. Una decisión que crea jurisprudencia de cara a políticos o militares dispuestos, en el futuro, a tramar golpes de estado, acto reconocido en la sentencia como marco político generador de violaciones de los derechos humanos, uno de los motivos por los cuales se juzga a Fujimori.

Así como Perú logra sobreponerse con justicia, Argentina lo hace con democracia. El Tribunal Supremo anuló las leyes de Punto final y Obediencia Debida y los actos de indultos a favor de los jefes militares que impedían procesar a personas por “delitos de lesa humanidad”, hechos, según el Tribunal, “contrarios a la Constitución y a toda la comunidad internacional” y, por lo tanto, “el estado tiene la obligación de esclarecerlos e identificar a sus culpables”.

El gobierno de Kirchner removió, con el apoyo del Congreso y la ratificación de la Corte los obstáculos para procesar a personas que infringieron, entre otras disposiciones, la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Argentina colaboró a dar forma a este instrumento jurídico vinculante de carácter universal al ser crímenes de lesa humanidad.

En 2007, El Tribunal Supremo de Uruguay reconoció el carácter permanente para los delitos de desaparición forzada y la sustracción de menores y, por lo tanto, la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad (o amnistía), promulgada en tres días por el gobierno de José María Sanguinetti, en 1986, ante la presión militar. El 4 de septiembre, demócratas uruguayos, incómodos con la amnistía a delitos de lesa humanidad, iniciaron una campaña ciudadana para que los uruguayos le abran cauce político a la justicia pronunciándose sobre la Ley de Caducidad en el 2009.

En Brasil, el gobierno de Lula condenó, en agosto pasado, por primera vez, las dictaduras militares (1964- 1985) al presentar el informe que concluye diciendo que los crímenes fueron por una “decisión consciente de los gobiernos de la época” y con “pleno conocimiento de las más altos jefes de las Fuerzas Armadas”, descartando que hayan sido obra de individuos sin control de sus superiores. La demanda por abrir los “archivos de los gobiernos militares” ha logrado revocar el plazo de 50 años decretado por el ex Presidente Cardoso. Sin embargo, la justicia continúa pendiente.

Chile, candidato a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene su deuda con el mundo al aún no ratificar 5 convenciones internacionales de derechos humanos, como la de Protección de Personas por Desapariciones Forzosas, Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).

Tampoco ha cumplido su promesa de superar la autoamnistía de 1978, que impide hacer justicia en delitos de lesa humanidad ni doblegar las resistencias a un Instituto de Derechos Humanos competente para seguir procesos por violaciones de los derechos humanos. Ello, en parte se explica por un sistema electoral que entrega un virtual “poder de veto” a la derecha y en el caso de la CPI, que Chile otrora patrocinó, se agrega el temor a recibir sanciones de Bush, especialmente en el negocio militar.

Perú y Argentina sobresalen en el paisaje de los derechos humanos en el Conosur. Uruguay no se conforma consigo mismo y se da ánimo para abrirle cauce político a la justicia. Brasil reaparece, con la condena oficial a los regímenes militares, pero sus crímenes de estado siguen impunes y Chile acumula su deuda con el mundo, en forma paradójica, por una de las obras de Pinochet, el sistema electoral vigente, más allá del primer año de su muerte.

LA MEMORIA PASEA POR LA CALLE

La memoria está activada en España. Desde el inicio de siglo asoman trozos de historias no contados. Se agiganta la opinión de que la elite política de la transición pasó de puntillas por la guerra y la dictadura: dejar “todo en silencio cerrado, bien cerrado”, así como el Caudillo, antes de su hora, quiso dejar “todo atado, bien atado”.

Hacer memoria inquieta a los que vencen con descargas brutales, sin límites, pero además aflige a sus herederos - políticos o sociológicos- e intranquiliza a quienes ahora, con poder, prefieren, si no el silencio, hablar bajo, poco y de vez en cuando.

En España comienzan a escarbarse fosas comunes donde yacen identidades fusiladas en la guerra civil, pero también en ese periodo difuso, difícil de datar su comienzo y final: la transición española, aquella representada por una imagen rebosante de cordialidad, serenidad, armonía y efectividad, que “muestra cada vez menos e impide cada vez más comprender los hechos históricos que supuestamente representa”.

La memoria viva se pone en movimiento: documenta y conmueve por la televisión, anima tertulias radiales, impregna reportajes, fotografías y comentarios en páginas a diario, testimonia y explica empinándose en el escenario del panel o conferencista. La memoria se despliega en el espacio cultural exponiéndose con todos los medios, tradicionales y modernos. La transición española, la idílica, es escrutada.

En Transición, exposición de los historiadores Ricard Vinyes, Manel Risques y del ensayista Antoni Marí, anuncia, de entrada, un relato de los ciudadanos que protagonizaron la transición y no el de las elites políticas que la monopolizaron; la de los que vieron morir a Franco en la cama y dieron muerte a la dictadura en la calle.

Un tiempo movido por huelgas ilegales que, reprimidas, erosionaron el franquismo desencadenando la politización democrática; por ocupaciones de universidades; por maestros y escuelas innovadoras que encararon el molde autoritario; por jóvenes y mujeres que resquebrajaron el cerco de la familia patriarcal, dando aire a la expresión de la sexualidad y la diferencia; por recitales y conciertos convertidos en manifestaciones que llenaron el espacio público, y por movimientos y campañas cívicas a favor de la amnistía, el fin de la pena de muerte y la diversidad territorial.

En medio de esta convulsión, el Consejo Nacional del Movimiento sesionó, a puertas cerradas del 17 al 21 de febrero de 1971. “¿Qué sucede en España?”, preguntan. “El proceso de envalentonamiento social es claro”, afirman y “dónde están nuestros pensadores políticos?, ¿por qué no salen?, ¿existen?”, cuestionan. “Algo huele mal, el régimen se debilita peligrosamente”, dicen. “En las condiciones actuales sólo con Franco el Movimiento sobrevive, pero sin él no sobrevivirá”, anticipan. “Hay que luchar contra todos los subversivos, retomar la iniciativa y recuperar la calle”, proponen.

Los protagonistas de la transición colocaron en jaque el régimen cuatro años antes de la muerte del Jefe. Los ciudadanos no abandonaron la calle hasta desatar todo lo que ataba a la libertad. Después, la elite política y mediática suministró sobredosis de silencio, y triunfalismo, cargando la mochila del país con demasiada injusticia no reconocida.

La ley de memoria histórica, recién aprobada, insinúa eso: dar consistencia a verdades en hechos no asumidos, restablecer equilibrios que la elite política negó. A esto, la derecha española llama el “fin del espíritu de la transición”, esto es, “olvidar la dictadura, rebajar el nivel de tiranía de aquel régimen, relativizando al máximo los efectos devastadores del franquismo que tuvo sobre la sociedad española”, como lo escribe La Memoria Insumisa de Nicolás Sartorius y Javier Alfada.