Mientras el ex dictador peruano Alberto Fujimori, sentado ante el tribunal, ha comenzado a responder la acusación de transgredir los derechos humanos en su país, el Presidente argentino, Néstor Kirchner, de pié ante el Congreso, le entrega el gobierno de a la Presidente electa, Cristina Fernández. Es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Perú y Argentina lo simbolizan con esa afinidad de justicia y democracia, no siempre acogida por los que administran procesos de transición.
El Estado peruano ha logrado, con la colaboración del chileno, procesar a al ex dictador. Su Corte Suprema, 15 días antes, condenó a prisión a 10 ex ministros de Fujimori por participar en el autogolpe del 5 de abril de 1992. Una decisión que crea jurisprudencia de cara a políticos o militares dispuestos, en el futuro, a tramar golpes de estado, acto reconocido en la sentencia como marco político generador de violaciones de los derechos humanos, uno de los motivos por los cuales se juzga a Fujimori.
Así como Perú logra sobreponerse con justicia, Argentina lo hace con democracia. El Tribunal Supremo anuló las leyes de Punto final y Obediencia Debida y los actos de indultos a favor de los jefes militares que impedían procesar a personas por “delitos de lesa humanidad”, hechos, según el Tribunal, “contrarios a la Constitución y a toda la comunidad internacional” y, por lo tanto, “el estado tiene la obligación de esclarecerlos e identificar a sus culpables”.
El gobierno de Kirchner removió, con el apoyo del Congreso y la ratificación de la Corte los obstáculos para procesar a personas que infringieron, entre otras disposiciones, la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Argentina colaboró a dar forma a este instrumento jurídico vinculante de carácter universal al ser crímenes de lesa humanidad.
En 2007, El Tribunal Supremo de Uruguay reconoció el carácter permanente para los delitos de desaparición forzada y la sustracción de menores y, por lo tanto, la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad (o amnistía), promulgada en tres días por el gobierno de José María Sanguinetti, en 1986, ante la presión militar. El 4 de septiembre, demócratas uruguayos, incómodos con la amnistía a delitos de lesa humanidad, iniciaron una campaña ciudadana para que los uruguayos le abran cauce político a la justicia pronunciándose sobre la Ley de Caducidad en el 2009.
En Brasil, el gobierno de Lula condenó, en agosto pasado, por primera vez, las dictaduras militares (1964- 1985) al presentar el informe que concluye diciendo que los crímenes fueron por una “decisión consciente de los gobiernos de la época” y con “pleno conocimiento de las más altos jefes de las Fuerzas Armadas”, descartando que hayan sido obra de individuos sin control de sus superiores. La demanda por abrir los “archivos de los gobiernos militares” ha logrado revocar el plazo de 50 años decretado por el ex Presidente Cardoso. Sin embargo, la justicia continúa pendiente.
Chile, candidato a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene su deuda con el mundo al aún no ratificar 5 convenciones internacionales de derechos humanos, como la de Protección de Personas por Desapariciones Forzosas, Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).
Tampoco ha cumplido su promesa de superar la autoamnistía de 1978, que impide hacer justicia en delitos de lesa humanidad ni doblegar las resistencias a un Instituto de Derechos Humanos competente para seguir procesos por violaciones de los derechos humanos. Ello, en parte se explica por un sistema electoral que entrega un virtual “poder de veto” a la derecha y en el caso de la CPI, que Chile otrora patrocinó, se agrega el temor a recibir sanciones de Bush, especialmente en el negocio militar.
Perú y Argentina sobresalen en el paisaje de los derechos humanos en el Conosur. Uruguay no se conforma consigo mismo y se da ánimo para abrirle cauce político a la justicia. Brasil reaparece, con la condena oficial a los regímenes militares, pero sus crímenes de estado siguen impunes y Chile acumula su deuda con el mundo, en forma paradójica, por una de las obras de Pinochet, el sistema electoral vigente, más allá del primer año de su muerte.
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