CADA UNO EN LO SUYO

El Presidente de Estados Unidos ordenó matar a Osama bin Laden. Su secretaria de Estado, Hillary Clinton planteó “matar o capturar” a Muamar Gadafi, y recientemente el Presidente Obama decidió retirar las tropas de Irak luego que no consiguiera inmunidad penal para sus soldados ante eventuales crímenes que cometieren en territorio iraquí.

¿Por qué esta propensión de los gobernantes estadounidenses a actuar al margen del derecho y de valores estrechamente vinculados y reconocidos en Occidente?

La brutalidad del gobierno de George W Bush parece ser una herencia que pesa. El republicano, asumido, retiró la adhesión de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional y tras el 11-S impuso una política de recortes de las libertades individuales y desarrolló una “guerra contra el terrorismo” al margen de la ley (secuestros, campos de detención, cárceles secretas, detenciones sin juicios, torturas, asesinatos, desapariciones).

Obama no dio lugar a investigar los crímenes cometidos por el régimen de Bush. Tampoco cumplió su promesa de cerrar el campo de Guantánamo en un año y continúa con el estado de restricción de las libertades de los ciudadanos estadounidenses.

A pesar de los cambios, Estados Unidos no se desprende del todo de la prepotencia en su actuar internacional, situándose por sobre los demás. ¿Por qué Obama no ha restablecido la adhesión que el gobierno de Clinton dio al Tribunal Penal Internacional y se pone en una situación de igualdad jurídica respecto de la mayoría de los países de Occidente?

Esta actitud de Estados Unidos, de dominio y poderío, ha conseguido, a su debida escala, un discípulo aventajado en las autoridades de la Comisión Nacional de Transición libio. Éste se niega a una investigación internacional sobre los hechos que derivaron en el linchamiento de Gadafi (una de las opciones sugeridas por Hillary Clinton) y procede a enterrar en secreto los restos del dictador (como el practicado por Estados Unidos con Bin Laden).

Por su parte, ningún gobierno europeo ha condenado abiertamente el asesinato del dictador, considerando que había una orden de detención en su contra de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, a la que los Estados europeos están suscrito y los que hasta no hace un año brindaron a Gadafi reconocimiento, atenciones y apoyo.

Una actitud que se extendió por todo el mundo cuando a partir del 2000 las potencias occidentales lo rehabilitaron tras garantizar el abandono del patrocinio del terrorismo en terceros países y la destrucción de armas de destrucción masiva.

Estados Unidos sigue con las suyas y Libia comienza con las propias.

POR LAS CALLES NUEVAMENTE

La Concertación está ante la disyuntiva de optar por un cambio de la Ley Orgánica de la Enseñanza establecida por la dictadura de Pinochet o por establecer algunas correcciones de acuerdo con la derecha.

La alternativa del cambio significa distanciarse de la estrategia, seguida los últimos 20 años, de consensos con la derecha: "la democracia de los acuerdos", y acercarse a una estrategia de sumar fuerzas en la sociedad para transformar el régimen político constitucional.

Se trataría de postular el paso de una democracia protegida o restringida (por un régimen electoral que vulnera los principios de representatividad y de voluntad popular de los ciudadanos) hacia una democracia representativa (régimen electoral proporcional y no excluyente) y participativa (primarias electorales, plebiscitos en casos calificados).

La mayoría de la derecha parece dispuesta a conservar los fundamentos constitucionales (Carta Fundamental y leyes orgánicas, incluida la ley electoral binominal) que garantizan un modelo de crecimiento basado en el libre mercado y la subsidiaridad del estado, impugnado por el movimiento social en el área de la enseñanza.

La Concertación debe decidir si abrir o no un periodo constituyente y realizar reformas profundas en las leyes orgánicas. Para ello tendría que conseguir una mayoría social y política movilizada, semejante a la de 1988, y conseguir una amplia y sólida representación.

Sin embargo, la Concertación parece lejos de ello. Según encuestas recientes, la coalición cuenta con una precaria aprobación ciudadana (17%) y un creciente rechazo (46%). Entre sus dirigentes se advierte perplejidad ante el movimiento social sólido e impotencia ante una derecha intransigente y también desorientada.

Y si no existe cohesión ni sobre una evaluación sobre el pasado reciente, ni un diagnóstico sobre el presente ni un programa común de futuro, qué los reune. Lo peor sería que fuera el régimen electoral binominal el que los mantuviera juntos para no perder muchos escaños. Lo ilusionante sería re-unirse para reconducir la política y la economía hacia un horizonte de un país culturalmente democrático, más de todos, no segregados como acontece en la educación.

Ello exige reconocer que tras el Chile "exitoso" de la “estabilidad (de la política) y el crecimiento (de los mercados)”, viven los chilenos que sienten que ni se les escucha ni representa en la política y que son manipulados y estafados en los mercados.

Pero, sobre todo, la Concertación podría asumir la novedad y acercarse a una sociedad cada vez más libre de temores y por ende más lúcida para pensar, discernir y actuar colectivamente, por sí mismos. Ya lo hizo en 1988 con el movimiento social que se abrió camino en 1983.

LOS ESTUDIANTES DAN LA NOTA

Los dirigentes del movimiento estudiantil pronuncian la palabra plebiscito tras cumplirse el tercer mes de movilizaciones sociales por el cambio del sistema educacional. Una institución democrática tan antigua como la república romana y tan contemporánea como la que reconoce la Constitución Suiza o las que emplean estados democráticos como Italia, Inglaterra o Uruguay e Islandia para que los ciudadanos resuelvan sobre temas relevantes para la sociedad.

La Constitución chilena considera el plebiscito en forma muy restrictiva. La alternativa de los estudiantes surge ante la incapacidad del gobierno y la mayoría del parlamento a considerar un cambio del paradigma educacional: sistema de educación privada con fines de lucro y de educación pública municipalizada establecido durante la dictadura de Pinochet.

A más de 30 años hay un amplio consenso de que la educación en Chile tiene un deficiente standard de calidad y ha sido una instancia reproductora de las crecientes desigualdades sociales. A pesar de ello, los gobiernos de la Concertación optaron por mantener lo fundamental del sistema.

El actual gobierno de derecha se resiste cambiar la idea dominante de una educación como bien de consumo en que el Estado salvaguarde la libertad de las familias a escoger la clase de educación en un contexto de libremercado educacional, en vez de la idea de una educación como bien público en que el Estado garantice a todos a acceder y recibir una educación de calidad en un contexto de derecho social de la educación.

El conflicto entre el movimiento social de los estudiantes y el gobierno de derecha es en torno al carácter neoliberal (libremercadista) de los principios establecidos en la Constitución y en su respectiva ley orgánica constitucional, promulgada por el dictador el 10 de marzo de 1990, un día antes de abandonar el gobierno.

La demanda de cambio del sistema parece imposible. Éste exige una reforma a la Constitución y a la ley Orgánica de Enseñanza, lo que implica disponer de mayorías especiales que ni los partidos de gobierno ni de oposición tienen como consecuencia del sistema electoral binominal establecido en dictadura. Un cambio sólo sería posible mediante un acuerdo entre gobierno y oposición y no como expresión de una mayoría parlamentaria surgida de la voluntad soberana de los ciudadanos.

El enfrentamiento entre el gobierno y los estudiantes pone nuevamente en evidencia la realidad de una democracia restringida (propia de la época en que la ideología de la "gobernabilidad" se impuso en el marco de la lucha contra el comunismo internacional) que cuestiona la representatividad de la democracia realmente existente.

El plebiscito es un llamado de atención a una clase política desprestigiada por su falta de sensibilidad a los cambios que ocurren en la sociedad y confundida por la envergadura de los movimientos sociales, que expresan sentimientos y raciocinios cada vez más extendidos en la ciudadanía y que los partidos políticos, encapsulados en sus dinámicas de poder, o no se animan o se resisten representar.

Si el plebiscito no es el mecanismo de resolución democrática aceptado para dirimir la contienda sobre la demanda por el derecho a una educación de calidad garantizada por el Estado, los partidos de la Concertación debieran luchar por abrir un periodo constituyente con el fin de elaborar una nueva Constitución que establezca una democracia abierta a las demandas de la sociedad y no restringida a la defensa de principios e intereses de sectores sociales que dominaron amparados en la dictadura de Pinochet.

Los partidos de la Concertación debieran apostar por el futuro y representar a cada vez más ciudadanos, quitando de encima las ataduras que aún quedan. Como lo reconoció, en diciembre de 2008, uno de sus fundadores, el Ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de la Concertación, Enrique Silva Cimma, refiriéndose a las reformas constitucionales de 1989 y 2005: “no quedamos satisfechos, porque se mantienen en esta Constitución una serie de cosas que nos amarran”, por lo que “debe ser entonces cambiada íntegramente”.

LA RADICALIDAD DE ALTAMIRANO

Carlos Altamirano ha brincado y descendido a las profundidades de su propia historia. Lo ha hecho con sorprendente vigor mental, a los 88 años, semejante al mostrado por su cuerpo cuando lo elevó como campeón sudamericano de salto alto en la mítica jornada del atletismo chileno en 1946, la llamada “noche de Mario Recordón”.

Este nuevo salto, hacia sí mismo y sus circunstancias, no lo ha hecho en solitario, sino bajo el estímulo de conversaciones con su editor, el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, en más de 80 sesiones en el lapso de más de dos años.

Altamirano, uno de los políticos chilenos más controvertidos de la segunda mitad del siglo XX, en el epílogo de su “gran relato” se identifica con la afirmación del Premio Nobel de Literatura, José Saramago: “mientras más viejo más sabio, mientras más sabio más radical”.

Él mismo se reconoce como parte de una historia marcada por la radicalización: la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos; la de los jóvenes en el mundo, fijada en el mayo del 68 en Francia; la revolución cultural en China; la lucha armada en América Latina a partir de la revolución cubana; la opción por los pobres de la Iglesia Latinoamericana a partir del Concilio Vaticano II; y la lucha contra la guerra en VietNam en el mundo.

El gobierno de Salvador Allende fue hito de esa radicalización. Una experiencia ingénua para el autor, sea leída en lógica legalista o de defensa armada. Un gobierno que encaminó su política hacia un callejón sin salida, exponiéndose a ser avasallada por la acción desestabilizadora de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de los grupos del gran capital representados por la derecha chilena.

Pero la radicalidad de Carlos Altamirano no acabó con el fin de la democracia en Chile. Más, se volvió aguda en su exilio en la RDA - país símbolo del socialismo real- al caer en la cuenta de que la ortodoxia marxista-leninista derivaba en mera dictadura sobre toda la sociedad. Abandonó la tesis de la violencia revolucionaria como “partera de la historia” y postuló la renovación del socialismo en la idea de superar, mediante una “alianza sociocultural”, el capitalismo como sociedad, “en el plano efectivo de la condición humana”.

Un nuevo socialismo, sacudido de los dogmatismos, constructor de un movimiento social de izquierda que, unido por un pensamiento actualizado y crítico y por objetivos de largo plazo, se haga cargo de los desafíos presentes abiertos por una nueva época aún sin nombre.

La idea de renovación lanzada a fines de los 70 y madurada en los 80 no cuajó en el socialismo chileno, el que una vez que se deshizo del marxismo leninismo, adoptó un pensamiento posibilista que derivó en la connivencia, sino en la aceptación de gruesos trazos de las ideas neoliberales en boga.

Las memorias críticas, a sus casi 90 años, no abandonan un sello de juventud: su radicalidad, representada en sus saltos, en este caso al futuro, que arranca de la evaluación crítica de una derrota, de las dudas propias de tiempos de incertidumbre y de la búsqueda de una sociedad socialista sustentable.

EL ESCRITOR Y EL OLVIDO

La culpa alojada en la intimidad del escritor se esparce por la silenciosa sala de Casa América de Catalunya. Héctor Abad, periodista y escritor antioqueño, contenido, confiesa el sentimiento de culpa que l llevó a escribir El olvido que seremos (2005), la novela, traducida a varios idiomas, que habla de su padre, Héctor Abad Gómez, médico comprometido con los derechos humanos, asesinado por paamilitares el 25 de agosto de 1987.

Me gusta su olor, y tanmbién el ecuerdo de su olor... Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su opa y la meticulosa limpieza de su cuerpo", escribe su hijo convencido que con más amor habría intentado sacar a su padre de en medio de lo que afirma era una "campaña delirante", las vividas durante los intentos de pacificar Colombia durante el gobierno de Rómulo Betancourt.

¿Cuál habría sido la respuesta de su padre ante el requerimiento exigente de su hijo?

Abad quiere hablar de literatura, de sus otros libros, como de Oriente empieza en El Cairo (2002), una crónica novelada tras vivir dos meses en la capital egipcia, y que casi toda la edición (unos 1.900 ejemplares) yace en el sótano de su casa luego que la editorial Mondadori se la devolviera, resignada, ante el fracaso de venta.

Contar historias es el oficio del novelista. Influenciado por la novela italiana clásica, como El Decamerón, el escritor asume la idea de entonces de contar historias para apartarse de la idea de la muerte, del horror. Es lo que hace en Fragmentos de amor furtivo (1998) donde una pareja entregada al disfrute erótico escapa de la violencia que corre por las calles de su ciudad, Medellín.

Escéptico de su país, por un momento creyó en “la ola verde”, encabezada por los matemáticos Antanas Mockus y Sergio Fajardo, derrotados por Juan Manuel Santos en las elecciones de 2010. En su Medellín mejorado, reconoce, vive recogido, aunque periodista prolífico, distante del mundanal ruido.

Rechaza cualquier insinuación de jugar un rol público y el espectro de la figura de su padre reaparece, cuando con fuerza emocional dice: “nada con procesos de paz, no, jamás dar la mano a asesinos sean paramilitares o guerrilleros”.

Un público casi enteramente colombiano pregunta. Abad ha vuelto a España, país que siente como su segunda casa, después de 10 años de “castigo”, pues se autoimpuso no pisar tierra de sus antepasados por la despreciable obligación impuesta por el Estado español a los colombianos a “medigar permisos de visas”.

Vuelve a Medellín, a su cobijo, con su culpa y con el reconocimiento de innumerables lectores por haber intentado recuperar a su padre en la novela que lleva el nombre el primer verso de Epitafio, un poema de Borges, encontrado por su hijo en el bolsillo del pantalón de su padre luego que los sicarios vaciaran sus cargadores en su cuerpo: "Ya somos el olvido que seremos..."

EL MITO, NADA EXTRAÑO

¡¡¡Mitos… mitos… mitos!!! , contradice, muy molesto, a su interlocutor luego de escuchar unos juicios (u opiniones) que considera falsos, sólo explicables por la ignorancia de quien lo dice, o bien de unas creencias, tantas veces repetidas, que parecen verdades no cualesquieras, sino de esas incontrovertibles, inmutables.

Mito, palabra asociada a pasado remoto, a forma de pensamiento arcaico, propio de civilizaciones primitivas, ya superadas por el progreso técnico, el saber científico y la praxis política del hombre racional y emancipado.

Sin embargo, el mito es una forma de pensamiento porfiado, resistente a extinguirse y que, como desde su origen, se construye con palabras que a través del habla, la oralidad, va configurando un discurso, un relato que se integra a un sistema de pensamiento o cultura que lo valida como historia verdadera, “sagrada”.

Los mitos de la democracia chilena se titula la obra del sociologo chileno Felipe Portales, empeñado en des-cubrir rasgos que, desde tiempos bicentenarios, van tramando el curso de una historia omitida o troceada de modo de protegerla de malentendidos, sospechas o de interpretaciones que pudieran cuestionar relatos ya validados por el “cánones establecidos” desde tiempos lejanos.

Hasta el 11 de septiembre de 1973, Chile se percibía a sí mismo como una excepcionalidad en América Latina por su “ininterrumpida institucionalidad democrática”. Tras el golpe militar y durante la dictadura de Pinochet, se observó que lo vivido entonces era “algo extraño, ajeno a la historia de Chile”.

Esta autoconciencia de singularidad, de notabilidad fantástica, continuó con el “adiós América Latina” al imponerse una estrategia de crecimiento económico neoliberal, a lo que se unió, más tarde, la idea de una “modélica transición democrática”.

El volumen II de Los mitos de la democracia chilena aborda trece años (1925-1938) desde la llamada “dictadura cívico militar” que tuteló la presidencia del civil Aturo Alessandri e impuso la Constitución del 25, pasando por la dictadura del Coronel Carlos Ibáñez, un periodo de interregno de conspiraciones de militares de derecha e izquierda, hasta la segunda presidencia de Alessandri cuando gobernó con facultades extraordinarias y estado de sitio, como una “dictadura”legal”.

En este periodo, de auge de los totalitarismos en Europa, se refuerza un Estado autoritario que despliega su violencia en masacres obreras, campesinas y estudiantiles; en la represión de dirigentes sindicales y estudiantiles; en la práctica de la tortura, el asesinato y el desaparecimiento de personas en manos de la policía; en el exilio y relegaciones de dirigentes políticos; en el empastelamiento de diarios y revistas.

El autor, des-cubierta esta hebra de la historia la extiende con la ayuda y el respaldo de más de 3 mil documentos, que van denunciando que lo vivido durante la dictadura de Pinochet no era algo excepcional, pues muchos de sus ingredientes, a su manera, ya se habían probado.

Pero, la historia no termina allí, en el epílogo se constata la validación, hasta ahora, de la presencia inmutable y monumental de Alessandri, en uno de los frentes del palacio presidencial, al que el autor llama “el mayor exponente del autoritarismo civil del sigloXX”, y en el otro frente del palacio, se yergue la figura de Diego Portales, “la figura más representativa del autoritarismo civil del siglo XIX”.

Una demostración tangible de que el mito, el de la democracia chilena, sigue en pié, pero probablemente sin la misma consistencia si, como se muestra en este libro, “la actitud ilustrada de la sospecha”, como señala el filósofo Josep Ramoneda (Contra la Indiferencia), logra penetrar entre los que están dispuesto a “pensar por sí mismo, que quiere decir que todo es suceptible de crítica: que no hay nada sagrado”.

LA ÉTICA Y LOS MOSSOS: ¿SE OPONEN?

¿Por qué el conseller de Interior, Felip Puig se propone eliminar el Código de Ética de los Mossos d’Esquadra? Un Código de Ética es un instrumento que expone los valores de una institución (como puede ser el de la policía catalana); codifica ciertas normas de conducta por las cuales deben desempeñarse los profesionales (policías) y especifica sanciones en caso de verificarse faltas en el ejercicio de sus funciones.

¿Acaso resulta vejatorio que una policía se rija de acuerdo a un código de conducta adecuado para cumplir los objetivos institucionales en el marco de los derechos humanos? Las policías previenen, vigilan, participan en indagaciones ante comisiones de delitos y reprimen actos que contravengan las normas legales establecidas. 

Sus funciones propias los exponen a que se extralimiten, cometan excesos o, en algunos casos, recurran a prácticas de abuso de poder, lesionando los derechos de las personas detenidas.

Desde una democracia que se propone garantizar los derechos humanos, algo distintivo del modelo político eruropeo, un Código de conducta policial puede ser un aporte para estimular proximidad en la relación policía-ciudadano, derivando en más colaboración y comprensión mútua y para proyectar la institución policial como un referente social de seguridad ciudadana con ascendencia y confiabilidad.

La supresión del Código de Ética de los Mossos d’Esquadra sería una señal de que estos profesionales no requieren de normas éticas para velar por un correcto ejercicio profesional, como si lo tienen otras profesiones (médicos, abogados, periodistas, etc). ¿Es que se piensa que actuar profesionalmente de acuerdo a una ética claramente establecida está reñido con la actividad policial?

El conseller Puig, así como decidió finalmente mantener las cámaras de vídeo en cuarteles de Mossos d’Esquadra, podría hacer otro tanto con el Código de Ética de la institución policial, sin perjuicio que sea revisado de manera que los policías participen en su reelaboración y se sientan comprometidos éticamente con su servicio profesional.