¿CAMBIAR DE RUMBO?

 

El plebiscito del 4 de septiembre decidirá si la propuesta de nueva Constitución será o no la carta de navegación para recorrer una larga y lenta travesía que supere la crisis política y social que estalló en forma violenta hace tres años.

La crisis que la originó continua viva, circula por cauces institucionales abiertos con el Acuerdo por la Paz, diciembre de 2019: congreso aprueba normas, referéndum de entrada, elección de convencionales, proyecto de nueva Constitución y referéndum de salida.

El texto constitucional propone un nuevo pacto que cambia el rumbo del país; señala una ruta para una sociedad que no ha sido capaz de superar marcadas divisiones desde hace casi medio siglo.

La Constitución es un comienzo, no un final. A través de ella, y sus enmiendas, se realiza el pacto social mediante la actividad política: acuerdos, leyes e iniciativas que impliquen a la sociedad.

Este proceso en marcha se distingue de los que dieron vida a las tres constituciones anteriores nacidas de una guerra, una intervención militar y una dictadura cívico-militar

Como nacieron las constituciones

Las Constituciones de 1833, 1925 y 1980 nacieron de rupturas violentas que acabaron con “vencedores y vencidos”.

La guerra civil entre conservadores y liberales en 1829-30 dió paso a la Constitución del 33, que en su primera versión (hiper-presidencialismo) acabó en una guerra civil en 1891 y con el presidente muerto. La facción vencedora le dió una nueva versión (parlamentarismo), que acabó con un golpe militar el 9 de septiembre de1924.

Golpes militares de 1924 y 1925, un presidente que gobernó con decretos leyes, sin Congreso, fue el marco para una nueva Constitución aprobada por una comisión no electa, bajo intimidación del ejército y refrendada en un plebiscito con votos marcados. Tardó siete años en ponerse en marcha y acabó en 1973 con un golpe de estado, la Moneda ardiendo y el presidente muerto.

La Constitución del 80 nació bajo una dictadura cívico militar sin reconocer los derechos fundamentales de la población. Redactada por un grupo designado (con correcciones militares) fabricó un plebiscito sin registros electorales.

Fue concebida “para siempre” con la exigencia de 2/3 del Congreso para reformarla. De esta forma, gobernaran unos o sus contrarios, quedaban atados a un estado subsidiario que protegía y entregaba a poderosos grupos económicos privados la conducción del desarrollo del país.

Las reformas hechas, con consentimiento de la derecha, no fueron eficaces para contener el aluvión de malestar social que creció con la normalización del abuso, de la corrupción y la indiferencia de la élite y acabó en un violento estallido social, origen del proceso constituyente en curso.

Nada parece igual, desde 2019...

La novedad del actual proceso constituyente es que la violencia (o ruptura) no tuvo ni rostro militar ni oligárquico, sino popular y que la ciudadanía chilena reaccionó como nunca antes: ocupó masivamente el espacio público de las principales ciudades del país y pidió un cambio de verdad.

La élite política, atemorizada por la crisis abierta, aceptó y aprobó algo también inédito: que la ciudadanía decidiera democráticamente si cancelar o no la Constitución de 1980 mediante referendums y convención constitucional electa en forma directa, paritaria y con escaños para representantes de pueblos originarios.

Lo que se votará el 4 de septiembre es la nueva ruta propuesta para cambiar el rumbo del país, enfilándolo hacia un estado democrático social de derecho, inclusivo, descentralizado y sostenible. Es el resultado de las decisiones que por más de dos tercios de los convencionales (103/154) dieron forma al articulado del proyecto constitucional, que recibió el consentimiento de 117 de ellos, promedio.

...tres años después, ¿?

En 22 meses el proceso constituyente encauzó la crisis. Las deliberaciones “a cielo abierto” de la Convención Constitucional mostraron divisiones de profundo calado que vienen de lejos, aumentada por medios de comunicación que alimentaron la crispación.

El texto constitucional señala un cambio de rumbo, lo que ha concitado la beligerancia de partidarios del Rechazo: la derecha, extrema derecha y connotados disidentes de partidos de centro izquierda, favorecidos por el poder mediático y económico. Lo consideran un peligro para el futuro de la democracia y la integridad territorial del país.

El 4 de septiembre, en caso que fuese refrendada la Constitución propuesta, sería la primera que conseguiría una legitimidad democrática de origen al cumplirse plenamente con los procedimientos subscritos en el Acuerdo por la Paz. En caso contrario, continuaría rigiendo la Constitución del 80, la misma que fuera rechazada por amplia mayoría (78,2%) en 2020, abriéndose un nuevo periodo político de imprevisible recorrido.