LAS 12 EN LA MONEDA

Es inusual que 12 naciones acuerden en seis horas algo tan claro y rotundo como lo que expresa la Declaración de La Moneda: respaldo pleno y decidido al Presidente constitucional Evo Morales y rechazo enérgico al intento de golpe civil a través de una insurrección en marcha (sabotajes, ocupaciones y matanzas) promovida por los prefectos de cuatro departamentos del país.

La diplomacia no acostumbra a esta capacidad de resolución: un texto de compromiso nítido y en tan breve tiempo entre gobiernos con políticas e intereses internacionales muy diversos.

También es excepcional que las 12 naciones sudamericanas estén al mismo tiempo gobernadas por representantes elegidos por sus ciudadanos en elecciones válidas. A esto se agrega un entendimiento compartido: la pobreza y el desarrollo requiere de la cooperación regional, como por ejemplo en las áreas de la energía y de las infraestructuras.

La legitimidad democrática de los gobiernos es un rasgo inseparable a la relación crecimiento/justicia social, condición para que los pueblos logren igualdad de oportunidades, el principal desafío vigente de los países que suscribieron la Declaración.

Los bolivianos han soportado una gran inestabilidad política: 23 cambios de presidentes en los últimos 32 años y padecen niveles de pobreza preocupantes: son los 9º más pobres entre los países sudamericanos de acuerdo a su PIB.

El gobierno de Evo Morales acaba de obtener –el 10 de agosto- el respaldo del 67,1% de los bolivianos, mientras el bloque opositor logró el 32,59%. Sin embargo, no fue suficiente para superar la crisis política, luego que los prefectos que se le oponen en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando fueran reelectos.

Desde hace más de un año Morales pretende sacar adelante una Constitución que cambia el sistema político. Se propone redistribuir el poder configurando un estado con una base económica sólida y una vigorosa representación de las 35 comunidades indias. Proyecto anatematizado por el bloque de prefectos de territorios ricos en petróleo, gas y agroindustria y de mayoría blanca.

La Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), formada hace cuatro meses e inspirada por el Presidente Lula, expresa un compromiso a la idea democrática sustentada en gobiernos y parlamentos elegidos por los ciudadanos. Asume la idea de que estabilidad democrática y cooperación regional son vitales para el futuro de los pueblos sudamericanos en un contexto mundial de capitalismo global.

La Unasur integrada por gobiernos tan diversos como el de Uribe, en Colombia, fiel a las políticas del Presidente Bush y el de Chávez, en Venezuela, devoto de las políticas de Fidel Castro, comprometió su presencia activa en el diálogo entre el gobierno de Morales y los prefectos opositores.

La Declaración emitida por la Presidenta chilena comunicaba el compromiso de las 12 a ayudar a la democracia boliviana a librarse de la insurrección en movimiento y conseguir que unos y otros se sientan a conversar, enfilar unos procedimientos que flexibilicen las posiciones encontradas y luego propongan acuerdos y alternativas que se confirmen y diriman con la intervención de los ciudadanos a través de mecanismos democráticos.

El escenario donde paría tan desacostumbrado consenso era el Palacio de La Moneda, donde aún flotaba en el aire el 35 aniversario (11 de septiembre) de cuando el humo y las llamas salieron de su interior esparciendo por el mundo el hecho que la democracia chilena había sido destruida luego que una prolongada insurrección civil consiguiera imponerse con la intervención de las fuerzas armadas.

UN TRATO EQUIVOCADO

La Presidenta Bachelet se ha estrellado contra la ocurrencia de unos senadores de considerar los derechos humanos en la decisión política de nominar un ministro de la Corte Suprema. Sorprende que la Presidenta postulara a Alfredo Pfeiffer, un conocido juez que, por sus sentencias, es un valedor de la amnistía decretada, en 1978, para proteger a miembros de las fuerzas armadas, carabineros y civiles que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1973 y 1978.

Los acuerdos políticos tienen sus límites. Intentar soslayar la facultad deliberativa del senado para este tipo de decisiones y no cuidar la prudencia política al elegir a una persona de posiciones jurídicas extremas, como es negarse a hacer justicia ante crímenes contra la humanidad, terminan menoscabando la ascendiente de la Presidenta.

El desconcierto aumenta cuando está fresca la sentencia que demuestra la autoría de militares chilenos del asesinato a su ex comandante en jefe, general Carlos Prats, crimen cubierto por la amnistía. También extraña cuando, recientemente, numerosos países han confiado en Chile al escogerle para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Menos se entiende el traspié cuando la propia Presidenta prometió, hace un tiempo, eliminar los impedimentos para procesar y sentenciar a acusados por crímenes de lesa humanidad, en respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, contraria a la aplicación de la amnistía por ser incompatible a hacer justicia respecto a esos delitos.

Los partidos de derecha (UDI y RN) - con o sin el liderazgo de Sebastián Piñera- muestran su talante. Entusiastas abogados del juez Pfeiffer evidencian, una vez más, lo implicados que están con ese pasado de horror protegido por la amnistía.

Sus parlamentarios, en lo que va de este siglo, se han resistido a que Chile adhiera a los instrumentos que regulan la conducta de los estados del mundo en relación a los derechos humanos. Rechazan a ratificación de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas; la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Planea en su subconciencia ese deseo compulsivo de poner fin a que los tribunales de justicia continúen haciendo lo que eludieron durante 17 años. Es lo que la UDI y RN exteriorizan cuando plantean privarle al Instituto de Derechos Humanos facultades para seguir causas judiciales relacionadas con violaciones de los derechos humanos en Chile.

Haciendo un grueso raconto, la derecha - ahora en el parlamento- justificó las detenciones y ejecuciones administrativas; calificó la denuncia de la tortura y las desapariciones de personas como exageraciones e inventos de una campaña internacional; admitió “excesos” explicables por los odios creados entre 1964 y 1973; y, ahora, descubriéndose la verdad e identidad de los criminales, lamenta, sin nunca implicar al régimen dictatorial, a su líder ni a los mandos de las fuerzas armadas y de orden del periodo 1973-1990.

El episodio del sorprendente acuerdo de ascender al juez Pfeiffer a la Corte Suprema y el súbito rechazo al momento de la votación, enseña como el ejercicio de la libertad y deliberación abierta oxigena a una democracia debilitada por el asedio de los que urden intricados arreglos que allanan el camino a los que buscan imponer la estrategia del olvido.

EUROPA, A LA DERECHA SIN DERECHOS

Unos 400.000 inmigrantes latinoamericanos empadronados en España podrían ser deportados a sus países, luego que el gobierno socialista se sumara a la mayoría de gobiernos de derechas en Europa en criminalizar a los extranjeros sin papeles radicados en los 27 países de la Unión.

Ocho gobiernos sudamericanos condenaron prontamente la decisión europea, calificándola de discriminatoria y transgresora de derechos humanos. Sobresalen los gobiernos colombiano y mexicano, (de derechas) ocupados en captar apoyos en sus respectivas guerras contra la guerrilla y las mafias.

La posición del gobierno de Rodríguez Zapatero fue avalada por 16 votos (de 19) de socialistas españoles que, contraviniendo a su grupo en el Parlamento Europeo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron), aprobaron una propuesta defendida, entre otros, por la extrema derecha de los Le Pen, Fini, Bossi, Haider y los Kaczynski.

El atributo de “ilegal” a extranjeros sin papeles, una normativa que faculte a la autoridad administrativa para encerrarles y la ejecución de expulsiones sin derecho a retornar durante un número de años, son postulados que germinaron en los programas de los partidos de derecha xenófoba y que han sido asumidos por una derecha populista (Sarkozy, Berlusconi), otra conservadora (Merkel, Rajoy), y una izquierda social-liberal (Brown) a los que el socialismo de Rodríguez Zapatero es el último en arribar.

Personas que en rigor no han cometido delito son objeto de internamiento por orden administrativa, en lugares que no son cárceles, por entre 6 y 18 meses para finalmente ser expulsadas con prohibición expresa de retornar en un periodo de tiempo. Todo esto se parece mucho a figuras seudo-jurídicas aplicadas por dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano.

Entonces se invocaba la “seguridad nacional” ante la “insurrección del comunismo internacional”; ahora se apela a una “seguridad policial” ante el “caos”, “la delincuencia”, y también a las tradiciones y costumbres occidentales frente a la “contaminación cultural” proveniente del mundo árabe e islámico. Es pertinente esgrimir, en este caso, el argumento del escritor Carlos Fuentes cuando analiza la política de Bush contra los ciudadanos estadounidenses: “La democracia no puede so pretexto de ‘seguridad’, adoptar las reglas de una dictadura”.

De los 3 millones 124 mil 625 extranjeros no comunitarios, actualmente empadronados, por lo menos el 76% de éstos llegaron sin papeles. Posteriormente fueron favorecidos por los procesos de regularizaciones de los gobiernos de Felipe González, desde 1986, de José María Aznar y de Rodríguez Zapatero, hasta el 2005, mediante los cuales consiguieron permisos de residencia y de trabajo.

Ha sido esta forma, “clandestina” -como ahora subraya el gobierno- y no la llegada de inmigrantes con contrato de trabajo bajo el brazo, como los inmigrantes han beneficiado a España: “en los últimos seis años el 38% del crecimiento del PIB de España se debe a la inmigración. Los inmigrantes aportan ya el 7,4% de las cotizaciones a la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto”.

Toda una paradoja, cuando el mismo día que el Parlamento europeo votaba a favor del ideario xenófobo contra la inmigración, España le otorgaba el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales al pensador francés, de origen búlgaro, Tzvetan Todorov, protagonista de las batallas por una Europa abierta y diversa y que considera que “la identidad europea se basa en la renuncia a la violencia. La proximidad de los otros no sólo no es ya una amenaza, sino que se convierte en una fuente de beneficios”.

LAS DEPORTACIONES VUELVEN A EUROPA

A Europa se le ha metido el miedo en el cuerpo en los primeros años del siglo XXI, como le sucediera a Roma hace 2.390 años, cuando los senones se presentaron en Chiusi (Toscana) para ocupar tierras buenas. En el caso actual no son tierras, sino puestos de trabajo y no precisamente de los buenos, pero, como antaño, el temor europeo es a los “bárbaros”, es decir, los extranjeros tercermundistas, como se les estigmatiza.

El Parlamento Europeo ha aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la “directiva contra la inmigración ilegal” de los 27 países de la Unión Europea. A favor votaron los 40 nacionalistas de extrema derecha, 217 populares, 57 liberales y 34 socialistas (españoles y alemanes); la abstención y rechazo vino de los 37 de izquierda unida y 38 verdes, 149 socialistas, 49 populares y 27 liberales.

La directiva establece la facultad de los gobiernos a proceder a la detención administrativa de inmigrantes sin papeles (unos 8 millones) mientras tramita la expulsión a su país de origen en un periodo de 90 a 540 días en centros de detención que no son cárceles y la expulsión de menores de edad a su país o a un tercero que no sea el suyo.

“Los políticos prefieren tratarnos como a delincuentes. Es más fácil eso que integrar”, decía con la claridad del sabio Bachcu, un bengalí que lidera el “Movimiento de Sin Papeles” desde Roma, la misma desde donde los romanos aterrados, en el 390 a. de C, las emprendieron contra los “bárbaros” de entonces.

El raciocinio de Bachcu afloró en medio de la campaña electoral, abril pasado, en que la derecha de Berlusconi y el centro-izquierda de Veltroni hicieron de la seguridad un caballo de batalla y “cuando en un cartel electoral pone seguridad, quiere decir una cosa: los inmigrantes somos criminales”, aseguraba el líder inmigrante.

La resolución europea criminaliza a los inmigrantes estableciendo dos categorías de extranjeros: legales e ilegales. La figura del “inmigrante ilegal” sancionada en el primer consejo de ministro del gobierno italiano es asumida virtualmente por los 27 países. Toda una rotunda señal de lo que se avecina es el hecho de que la primera decisión europea vinculante sea un proyecto asociado a la represión, en vez de la acogida e integración, a los extranjeros no comunitarios.

La disposición de violar derechos humanos se instala en la legislación europea. 44 países de África y América Latina instaron a que no se aprobara la directiva, lo mismo hicieron 50 personalidades del mundo del arte y de la cultura, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Asociación Europea de Derechos Humanos. Además de dos prominentes personalidades europeas, Jacques Delors y Michel Rocard, que llamaron al Parlamento a no aprobar el proyecto represivo.

Los inmigrantes del siglo XXI no harán lo de los senones: destruir Roma como represalia a las humillaciones recibidas, pero tampoco se irán, como ellos lo hicieron, sino que se quedarán y podrán venir más, porque las migraciones de personas forman parte de las posibilidades y necesidades del Sur y el Norte del mundo, aunque los gobiernos europeos, temerosos, se propongan tramitar deportaciones masivas, parecidas a las vividas en el siglo XX.

HOJA DE RUTA: IRAK, AFGANISTÁN Y PALESTINA

El “dinero fácil” vertido de los grifos financieros, tras el 11-S, para evitar la desaceleración deriva en crisis económica mundial, como la “guerra fácil”, tras el 11-S, para cambiar el mapa político en el Golfo y el Medio Oriente termina en una “anemia política” mundial. En ambos casos, el gobierno de Bush no sólo ha dañado a los suyos, sino a economías regionales y locales y a la política mundial, disparando la inseguridad y el miedo. Mientras tanto, los gobernantes del resto del mundo observan y esperan.

“La estrategia en Irak está saliendo bien. Estoy seguro que estamos ganando la guerra”, notificó, ufano, el candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain al celebrar el quinto año de la invasión. Esta visión radiante del aspirante presidencial desaparece cinco días después: las muertes de soldados estadounidenses superan las 4.000 y las facciones chiítas escenifican la lucha por el poder en las ciudades del sur de Irak.

Enfrentados, el Ejército del gobierno de Al Maliki con el Ejército del Mahdi de Múqtada al Sáder, en la oposición. La aviación estadounidense se deja caer sobre Basora, ante la sorpresa por la resistencia encontrada”, como lo reconoce el Ministro de Defensa iraquí, Abdel Yasim.

“No hemos visto nada igual desde que las tropas extranjeras llegaron el 2003”, resume un habitante desde la ciudad petrolera de Basora, el pulmón económico del país, donde se genera el 80% de los ingresos de Irak.

Pero, a Estados Unidos no sólo le ha salido mal la estrategia en Irak, sino que otro tanto le sucede en Afganistán. Sus 20.000 soldados, junto a otros 30.000 del resto de países de la OTAN, no han podido doblegar a los talibanes. Más, pierden terreno luego que la rebelión se ha expandido por toda la mitad meridional del país.

La merma de las fuerzas occidentales en el país musulmán excede lo militar. Las 2.740 incursiones aéreas contra la guerrilla en el 2007 (20% más que el 2006), el doble de las realizadas en Irak el mismo año, ha determinado un incremento de muertes de civiles (más de 1.000 en el 2007, según Naciones Unidas).

Este hecho ha disparado el deterioro de la opinión pública sobre la presencia de la OTAN. Una encuesta, en seis provincias afectadas por la guerra, arrojó el resultado de que más de la mitad de los consultados considerara tan responsable de los daños y bajas civiles al ejército de la OTAN como a la guerrilla talibán.

A siete años de la intervención (2001), Estados Unidos insiste en la estrategia de “escalada militar”. Decide aumentar en 3.000 sus efectivos mientras los demás países dudan o se resisten. Nada les dice el impulso que da la organización guerrillera el 2005, cuando las tropas estadounidenses crecen de 8.000 a 20.000. Desde entonces son más eficaces, amplían su área de influencia y consiguen desacreditar a las tropas extranjeras.

Pero el gobierno de Bush continúa su inaudita cosecha en el Medio Oriente. Qué resultados traen la Conferencia de Annapolis en enero y la visita de Bush a los países árabes en febrero. Sólo logra vender armas, pero todos le dan la espalda en el intento de enfrentarlos a Irán en el Golfo y a Hamas en Palestina.

El Representante Especial en Medio Oriente, Tony Blair dice sindicas que ya no funciona la estrategia de USA y la UE de aislar a Hamas en Gaza. El Ministro francés, Jean Pierre Jouyet remata: “quizás nos equivocamos al boicotear los resultados democráticos que dieron la victoria a Hamas. Hay que cambiar la realidad, porque con la actual no vamos a ninguna parte”.

Lo mismo podría decirse de Afganistán e Irak, después de siete y cinco años de las invasiones, convertidos en territorios troceados, caricaturas de Estado.

DESPUÉS DE CINCO AÑOS

La guerra en Irak, concebida en el rancho de Crawford (Texas) para ganarla en cuatro días, con 1.500 objetivos evitándose vidas inocentes, cumplió su quinto año. El Presidente de Estados Unidos, desde el Pentágono, ha repetido las palabras dichas, desde la Casa Blanca en el 2003: “no aceptaremos más resultado que la victoria”. La sentencia evoca a ese Hitler que no admitía si no la victoria, cuando ya estaba atrapado en su bunker.

Algo parecido le sucede a Bush. Ciego, ante una guerra sectaria y la presencia de Al Qaeda, que arribó a Irak atraída por la administración estadounidense, no puede retirar a sus más de 150 mil efectivos, a pesar de que su enemigo, Sadam Husein y sus colaboradores o están muertos o a punto de ser ahorcados.

La condición de ser iraquí se evapora y adquiere consistencia ser chií o suní o kurdo o alinearse con el Consejo Islámico Supremo o con el Movimiento Sadrista si se es chií o en algunas de las varias facciones suníes. La guerra sectaria ha hecho su limpieza étnica dividiendo Bagdad en barrios y zonas homogéneas étnica y religiosamente creando una división infranqueable.

Así lo describe a El Mundo de Madrid el chófer Majid Kaem Yusef: “antes yo era taxista y recorría todo Bagdad, además de hacer la ruta entre Bagdad y Amán o Damasco. Ahora no puedo hacerla, porque al ser chií no puedo atravesar zonas suníes sin sufrir el riesgo de que me maten.

El 15% de los conductores que conozco han tenido problemas. Al menos 10 conocidos han sido secuestrados en los últimos tres años. Ahora los taxistas chiíes trabajamos en barrios chiíes y los suníes en los sectores suníes, nunca nos mezclamos…".

A los límites mentales de la población se suman las fronteras físicas en la ciudad para dificultar el movimiento de los combatientes terroristas. Esta apariencia de seguridad se sostiene con más efectivos: “donde hay más tropas hay menos violencia” afirman observadores. Pero, el gobierno sigue sin lograr unidad entre las fuerzas políticas repercutiendo en una administración policial y judicial desastrosa y caótica.

Tras el retiro de las tropas británicas en el sur, las milicias rivales chiís –la organización Báder y el ejército del Mahdi- toman posiciones para hacerse del control de Basora, centro principal de la actividad petrolera del país. Del desenlace de la competencia de estas fuerzas hostiles chiitas (que representan el 60% de la población) dependerá en gran medida el futuro de Irak.

La guerra emprendida por Estados Unidos ha llevado a la tumba a Sadam y el baazismo, pero su salvajada política y bélica ha desgarrado a Irak, un país que se desangra, lo que ha abierto una incertidumbre inquietante porque en medio está su propia existencia.

Otro indicio de la derrota es la promesa de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca cuando prometen retirar las tropas en forma paulatina hasta el 2012, pero sobre todo invocan ayuda: Clinton a los aliados de EEUU, Obama a la ONU, para intentar una salida política que por sí mismos ya no pueden lograr.

El aspirante republicano, el ex combatiente en Vietnam John MacCain ofrece más de lo mismo: “estamos ganando la guerra, pero nos queda mucho por hacer”, sin advertir que ya la perdieron y que, lo más probable es que la salida de las tropas, a diferencia de Vietnam, no será la de una estampida cinematográfica, sino de unos cabizbajos soldados, porque en 1975 hubo unos vietnamitas unidos, en cambio esta vez, el año que sea, habrán unos iraquíes troceados en etnias, religiones y sectas.

CUAL EJÉRCITO: ¿ÉSTE O ÁQUEL? O ¿ES LO MISMO?

El minirelato del general (R) Gonzalo Santelices es el de un protagonista secundario y testigo de primera línea del crimen contra 14 prisioneros que, atados y vendados, no tuvieron ninguna capacidad para defenderse. Esta es una escena, ocurrida en un descampado cerca de Antofagasta, de la secuencia de delitos cometidos por oficiales y suboficiales del Ejército en un recorrido por ciudades del norte y centro del país, en lo que se denominó la “Caravana de la Muerte”.

La narración del entonces subteniente veintiañero enseña el aire de excitación que animaba a los oficiales y sus órdenes que destrozaban los cuerpos hasta dejarlos sin asomo de aliento. La eliminación fue el método de la “limpieza político-ideológica” ordenada por los mandos superiores del Ejército y a la que muchos, como Santelices, no pudieron más que rendirse, obedeciendo sin más.

La “Caravana de la Muerte” es un retrato de época. Identifica a un proceso político ordenado por el verbo eliminar. Entonces, los que tenían la palabra, o el poder total, lo conjugaron de incontables formas por todos los rincones. “Eliminar al enemigo interno”, rezaba la ideología, colgada en la Constitución de 1980 hasta que el Comandante en Jefe del Ejército, el mismo que comisionó a uno de sus generales a emprender la caravana, abandonara el gobierno.

Las imágenes salpican al lector que sigue el breve relato del hasta hace unos días novena antigüedad del ejército. La eliminación (como exterminio, aniquilamiento o matanza) fraguada por hombres nerviosos, enardecidos o enceguecidos, sin permitir ni una milésima para detenerse, pensar, dudar. Entre la orden y la obediencia no cabía nada, sino cumplirla en la quietud de una madrugada cualquiera, de una cárcel dormida y de un desierto mudo. La ciudad y el páramo manso, roto por unos hombres delirantes.

Escenas en un espacio y tiempo lejos u ocultos de “los otros”, en la “soledad del silencio”. Sólo posibles de rehacer por los presentes. Uno de ellos ha enseñado un trazo 35 años después. Era el ejército de la época, el que a través de la cadena de mando, como precisa Santelices, ordenaba eliminar.

Ese reconocimiento está pendiente, porque el ejército, junto con tener oficiales que reprocharon la práctica de la eliminación, siendo castigados, desalojados de sus cargos y retirados de la institución, éste fue conducido por un Comandante en Jefe con el respaldo de generales y oficiales suficientes para prolongar el método de la eliminación en espacios abiertos, recintos militares, cárceles secretas y en ciudades como Buenos Aires, Roma y Washington.

El mando del Comandante en jefe, general Pinochet y de los generales y oficiales que le siguieron, empuñó las armas del Ejército contra numerosos chilenos, ordenando su uso en su contra: prisioneros, desarmados e indefensos. Como lo indica el que fuera jefe de la Guarnición del Ejército de Santiago: “lamentablemente, militares que dieron las órdenes no han asumido las consecuencias de la responsabilidad del mando. Hay gente enjuiciada que cumplió órdenes, pero quienes las dieron siguen en silencio”.

El juez Víctor Montiglio tiene la palabra, y sus colegas que continúan investigando crímenes contra la humanidad.

EL "CASO DE BARCELONA"

El Embajador chileno en España se retiró “preocupado” del juicio contra dos jóvenes chilenos que, junto a un argentino, están acusados de agredir a un policía municipal de Barcelona y como consecuencia de ello quedó disminuido de por vida. Osvaldo Puccio espera “recuperar la tranquilidad con el fallo”.

Menos diplomático, el Senador Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, volvió a Chile “con la sensación de que los tres son inocentes, porque la fiscal formula peguntas inconducentes a establecer pruebas que demuestren su responsabilidad. Yo espero que los jueces, ahí sentados, corrijan esta aberración jurídica en un país, como España, en que se cree que existe el imperio de la ley”.

El abogado Gonzalo Boye, defensor de Rodrigo Lanza, el que lanzó la piedra en la frente del guardia, según la policía, confesó que el tribunal que dictará el fallo es el mismo que le negó tramitar diligencias claves para investigar el caso y que ha demostrado evidente parcialidad.

Entre los rechazos del juez instructor sobresale el no dar lugar a la petición de la defensa de solicitar las declaraciones y la presencia del entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, que, el mismo día del suceso, informó que el guardia había recibido el impacto de una maceta arrojada desde lo alto de la casa de la fiesta en cuestión.

A esta versión se contrapone la elaborada con posterioridad por la Guardia Urbana, la que sostiene que su compañero cayó producto de una pedrada frontal salida de las manos de Lanza, único elemento en que la Fiscal basa su acusación. El presidente del Tribunal en el juicio manifiesto un desinterés por conocer sobre las posibilidades de que una maceta hubiera sido el objeto que impactó al policía. Objetó cada pregunta del abogado Boye que hacía referencia a la misma, diciendo que “no eso no interesaba al tribunal”.

Sin embargo, ante el mismo, cuatro de seis peritos, entre ellos médicos forenses y neurocirujanos y catedráticos de la especialidad descartaron la caída hacia atrás en posición rígida del policía, como resultado de una pedrada. Por el contrario, afirmaron que, según los informes, se deduce una caída hacia delante y, por lo tanto, el impacto del objeto (posibilidad de una maceta) el policía lo recibió en la parte posterior o en un lado de la cabeza.

A dos años del suceso, el 4 de febrero de 2006, la policía detuvo a tres sudamericanos y seis europeos, acusando a los primeros de agresión a un policía y a los demás de lanzar objetos peligrosos. Los chilenos y el argentino fueron torturados por la policía urbana y autonómica (el ministro del interior del gobierno catalán, el ecosocialista Joan Saura, instruyó la colocación de cámaras de vigilancia en todos los recintos de detención de los mossos d’esquadra (policía catalana) ante evidencias de que se tortura en sus cuarteles).

Tras el acontecimiento, la Guardia Urbana dio luz verde para que desaparecieran los objetos (piedras, trozos de macetas, restos de vidrios, latas, etc) arrojados en el lugar, y los servicios, contratados por el ayuntamiento, hicieran una profunda limpieza, lo que ha condicionado en forma importante la acción investigadora de la justicia.

La animadversión de la policía contra los jóvenes chilenos y argentino, sin antecedentes penales, se trasladó al juez instructor. Éste negó concederles la libertad provisional y desestimó en forma sistemática diligencias indagatorias presentadas por la defensa. Resultado, una acusación basada exclusivamente en el atestado elaborado por la Guardia Urbana y que los 18 policías repitieron de memoria ante el tribunal. Su presidente, a su vez, hizo valer sus facultades para contener indagaciones en el juicio disfuncionales a la acusación de la fiscal.

Tras todo ello, el Embajador Puccio, interesado en el caso, informa a la Cancillería, el Senador Naranjo se entrevista con sus autoridades y prevenirlas ante la posibilidad de consumarse “un acto de aberración jurídica” y, que si así fuera, dice, “no podemos quedarnos mirando como si nada pasara”.