La cigüeña trae tres historias de niños desaparecidos. Viene después de
20 años de que el ejército y la guerrilla salvadoreña suscribieran la paz. Un
cineasta, una periodista y tres salvadoreños reencontrados propondrán a los
chilenos a que los acompañen en un viaje por la memoria. Cuando la cigüeña posa en tierra firme,
comienza el recuerdo y la reflexión que explican lo sucedido.
La paz de hace 20 años, motiva
La paz de hace 20 años, motiva
La Cigüeña Metálica (2012) volará desde El Salvador a Chile en junio
próximo. La película fue seleccionada y competirá en la sección latinoamericana
del Festival Internacional de Documentales de Santiago (24-30 de junio). El
documental viajará acompañado del
cineasta catalán Joan López, director de 11 documentales, 4 de ellos con temas
latinoamericanos, como Utopía 79 (2006),
una proyección crítica de la revolución sandinista en Nicaragua.
El 20 aniversario de los Acuerdos
de Paz de Chapultepec (1992), entre el Ejército salvadoreño y el Frente Farabundo
Martí de Liberación Nacional, incubó la idea de Ana Paola Van Dalen -periodista que trabajó en la Asociación Pro Búsqueda- de alumbrar historias
sobre la desaparición forzada de niños durante la guerra civil
(1980-1992).
El ejemplo chileno
La Cigüeña metálica es esa imagen viva de los helicópteros que
volaban a los campos de la guerra, volvían con niños desgarrados de sus
familias y luego eran entregados a orfanatos y familias en adopción. Esa es La cigüeña que se posará en Santiago
transportando, ahora, tres historias diferentes que tienen en común ser hijos
de campesinos exterminados.
Los helicópteros anunciaban
operaciones contra la población civil, de un Ejército que había tomado como
modelo la organización prusiana a través del Ejército de Chile, desde comienzos
del siglo XX, ejemplo por su disciplina y eficiencia basada en la obediencia
ciega y en la veneración de la autoridad superior.
Es, a su vez, un Ejército, como
el chileno, con financiación y entrenamiento en Estados Unidos en el marco de
la lucha contra el enemigo, el comunismo, a través de la implantación del terror: secuestros, tortura sistemática y desaparición
forzada de personas.
Se suben al helicóptero
 |
| Joan López registra en forma cinematográfica los campos de la memoria |
La sinergia producida -combinación de idoneidad investigadora en
derechos humanos de Van Dalen y experiencia cinematográfica en América Latina de
López- procrea un documental consistente y creativo. La cámara, apoyada en
referencias visuales y verbales, va descubriendo un relato vedado a causa del
mal, es decir, de la voluntad genocida, de exterminio.
Ambos, el director y la guionista, consiguieron contratar y subirse a un
helicóptero del Ejército salvadoreño como los que operaban durante la guerra y
desde la misma base militar de hace 20 años. Así, filmaron los escenarios
naturales violentados desde donde fueron arrancados los tres niños que
protagonizan el documental: Ana Lilian, Ricardo y Marta.
Las tres historias ruedan
La de Ana Lilian es la más
dramática. Recuerda la masacre, cuando tenía 8 años, y después de horas junto a
los cadáveres destrozados de sus padres y hermanos, logró levantarse, caminar,
evitar a los soldados, hasta ser auxiliada. El mal ha dejado en ella un vacío,
una soledad que ni siquiera la ha podido superar teniendo hijos, tiene siete
hijas.
La de Blanca es la de un bebé que
no recuerda a sus padres. Criada en un orfanato, pronto fue adoptada por una
familia española. La ausencia de sus orígenes la marcan. Lejos, con su vida en
Pamplona, participó con dudas. En el rodaje conoció a un hermano, radicado en Francia.
Al final, cuando vio el documental, llamó al director y muy emocionada, llorando,
le dijo: “Vaya regalo que me habéis hecho”.
La historia de Ricardo es la del
niño que es entregado en adopción a una familia del ejército. La madre adoptiva
recuerda: “yo había pedido una hembrita, pero lo militares me trajeron un
varoncito”. La contradicción se
afianzaría en el joven que alistado en el ejército. Fue por unos meses y no
llegó a ir al frente. Ricardo convive con la dualidad de familias. Lo hace como
activo creyente evangélico, lo que le permite ordenar y conciliar su vida.
La mirada del cineasta: el reconocimiento
El cineasta se interesa por
los temas del pasado, como en sus documentales de Nicaragua e Irlanda del Norte.
Calmadas las excitaciones que alejan de la realidad reemplazándola por la
simplicidad del negro y blanco, dice: lo importante es como lo protagonistas
han aprendido. Conseguirlo requiere
respetar los tiempos de reflexión y decantación de la experiencia, para que la
expliquen con los matices propios de la realidad verdadera.
Con esta mirada, el director pone
La cigüeña metálica en la dinámica
del reconocimiento, de un relato conmovedor, indispensable para aceptar una verdad siempre
susceptible de ser secuestrada por el poder a través de amnistías o discursos
que proponen lo mismo: el olvido.
En El Salvador se ha puesto el
acento en la verdad: descubrir y documentar las violaciones de los derechos
humanos. Es lo que hace La cigüeña
metálica, como también propone una justicia ligada a la dignificación de
las víctimas, a ser percibidas como personas, lo que exigiría cumplir con otro
rasgo de la justicia: la reparación moral, económica, laboral y social.
A 20 años, la paz anda
La vigilia para no caer en la
desmemoria exige una sociedad con una conciencia arraigada de su propia
historia. El documento cinematográfico de López vela por eso, que se profundicen
las condiciones que eviten deslizarse
hacia situaciones como las de hace más de 20 años.
En estos días, esa conciencia la
ha jugado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al obligar
al gobierno de centro-izquierda de Mauricio Funes a cesar al Ministro de
Seguridad y al Jefe de la Policía Nacional Civil, el general David Munguía
Payés, ascendido en noviembre de 2011 y el general Francisco Salinas en enero
de 2012.
Los impugnadores de la decisión
gubernamental, entre otros, el director del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Centroamericana (UCA), Benjamín Cuellar, sostenían que la decisión de Funes contravenía
la Constitución y los Acuerdos de Paz de 1992 que prohíben “militarizar la
seguridad pública”.
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