Sunday, September 24, 2017

CATALUÑA: UNA SEMANA "DE MIEDO"

Cada día será largo, un enigma. La población en Cataluña está alerta en la “trama final” hacia la representación de un referéndum. El 20 de septiembre hubo una “sinopsis” imprevista. Los actores del drama enseñaron el conflicto. Todo pinta dramático, días que conmoverán el mundo catalán, quizás al español cada día más lejos. El pronóstico es reservado, puede acabar en tragedia o en comedia o podría darse la paradoja que no consumándose el referéndum, el independentismo salga potencialmente favorecido.  

En allanamiento  a Consejería de Economía, 15 horas de manifestaciónes, hasta 40 mil personas

Octubre

Es domingo, a una semana del 1 de Octubre, fecha determinada por el gobierno catalán para hacer un referéndum por la independencia de Cataluña del Estado español. Así como en 20 días podían suceder muchas cosas inimaginables, decía, en 7 días pueden ocurrir otras tantas.

La sociedad catalana vivirá la última semana se septiembre con la incertidumbre “hasta el cuello”. En la mente Octubre, un mes que evoca “los 10 días que conmovieron al mundo” hace 10O años. En este caso, el 1 de octubre, “un día dramático”, pase lo que pase, por el solo hecho de que nadie se atreva a decir lo que pueda pasar, aunque cada uno en su intimidad imagine escenas de todo tipo, seguro, conmovedoras.

Escenificación en Rambla de Cataluña

Una “sinopsis” de lo que podría ser el próximo domingo se exhibió en las calles del centro de Barcelona –Rambla de Cataluña- cuando en las primeras horas del miércoles pasado grupos de policías de la Guardia Civil ocuparon la sede de la consejería de Economía, después de detener, uno a uno, a 14 miembros del núcleo organizador del referéndum que ha trabajado, con sigilo, bajo la dirección del vicepresidente del gobierno catalán.

Simultáneamente, otros comandos del cuerpo policial español procedieron a realizar otros 40 allanamientos, entre estos, a las sedes de otras tres consejerías (ministerios) y dependencias de instituciones del gobierno catalán. A 45 kilómetros de Barcelona, en Bigues i Riells, un pueblo de 9 mil habitantes, más efectivos de la Guardia Civil irrumpían en una imprenta. El registro arrojó la incautación de 9 millones de papeletas para llenar las urnas (aún no encontradas) el 1 de octubre. El propietario fue detenido. 

Asimismo otro grupo ingresaba al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología en busca del servidor informático imprescindible para el día de la votación. El día anterior, la misma policía, había requisado, a 28 kilómetros de Barcelona, 55 mil cartas con citaciones a presidentes y vocales de 6 mil mesas electorales.

A 10 días del referéndum, las detenciones, allanamientos e incautación de materiales electorales aceleraba el espacio mediático y las redes sociales. En minutos, la sede de la consejería de Economía, en pleno registro policial, se convirtió en el centro de una manifestación de más de 15 horas que llegó a reunir decenas de miles de personas: 40.000, según la Guardia Urbana.

La ola de indignación ante el allanamiento de las instituciones catalanas se mantuvo en una tensión. Hubo momentos expresivos y de indignación, manteniendo el carácter no violento de las movilizaciones. También hubo momentos difíciles cuando la policía catalana se vio en aprietos para que pudiera salir una funcionaria judicial de la consejería. Entrada la noche, los policías españoles sintieron el asedio y decidieron postergar su salida hasta la siete de la mañana del día siguiente.

La impronunciable violencia

“Nos van a obligar a donde no queremos llegar”, había dicho el presidente español Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont le respondió: “lo siento España, Cataluña va votar su independencia os guste o no”.  Ambas declaraciones revelan un estado de ánimo de desafío y beligerancia. La “sinopsis” vivida podría ser una anticipación del escenario de la calle del día 1, cuando la gente concurra a los lugares de votación.

A la firme determinación de los presidentes se añadirán los actores principales del próximo domingo -la policía y la gente- que se encontrarán en un campo donde es muy probable el enfrentamiento: la fuerza y la violencia, una situación sobre la cual periodistas, dirigentes y voceros de gobiernos, partidos o entidades sociales prefieren no tocar, aunque es dable pensar que suban las probabilidades que ello suceda.

“No habrá referéndum”; “votaremos”. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Un diálogo ya es imposible. Nadie piensa que ambas partes pueda renunciar a algo para hablarse antes del día mítico. Se esfuerzan por mantener un equilibrio o proporcionalidad en la acción y reacción de uno y otros. La fuerza del independentismo es la manifestación no violenta y la del gobierno de España una ley aplicada sin desbordes represivos que vulneren los derechos de las personas.

En la “sinopsis” del día 20 el gobierno ha quedado tocado por la manera abusiva de aplicar la ley tanto contra las personas detenidas como con las instituciones del gobierno catalán, en cambio los independentistas han superado la situación con autodisciplina, expresividad y espíritu de fraternidad, con vocación de mayoría, que son “mucho más que dos”.   

Los gobiernos enfrentados

El gobierno español dispone de barcos-cruceros en los puertos de Barcelona y Tarragona donde alojarán cerca de 6.000 efectivos policiales, que se sumarán al contingente permanente de la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña. Por su parte, a través de la Fiscalía intenta forzar a la policía catalana a integrarse a una coordinadora de los cuerpos policiales bajo el mando único de un coronel de la Guardia Civil. Uno de los puntos de conflicto que deberá resolverse en las próximas horas.

El gobierno catalán mantiene vivo el referéndum, a pesar, como lo ha reconocido, que ya no podrá ser como el que había organizado antes de los operativos del 20 de septiembre, y trabaja activamente su plan B que se propone que millones de catalanes salgan de sus casas a votar con una papeleta en la mano para depositarla en urnas. Algo que el gobierno español ya ha dicho que no va consentir.

La democracia degradada en toda España

La asonada policial de la semana pasada ha cambiado el cuadro político, agudizándolo. La sociedad catalana percibe que el gobierno español se ha extralimitado y se propone ya no solo impedir el referéndum, sino arrebatarle importantes cuotas de autogobierno. De hecho, ha tomado el control de sus finanzas, se empeña en subordinar a la policía autonómica y los procesos judiciales, ya abiertos contra la presidenta y miembros de la mesa del parlamento, centenares de alcaldes y altos funcionarios de gobierno, cercan la capacidad de maniobra del presidente y sus consejeros.

España comienza a inquietarse, la solidaridad emerge en Madrid, Zaragoza, Vitoria, Sevilla, Santiago de Compostela. Unidos Podemos toma una iniciativa que reúne a 10 partidos de la oposición en una Asamblea parlamentaria para enfrentar la política de Rajoy hacia Cataluña. El gobierno Vasco se distancia del español y se aparta de la negociación de los presupuestos de 2018

En Cataluña,  la alcaldía de Barcelona estrecha lazos con la Generalitat y su alcaldesa, líder de la izquierda no independentista -Cataluña en Común- se une al independentismo en la protesta contra los detenidos del día 29 (ahora en libertad con citación judicial), en defensa de las libertades, el autogobierno y las instituciones catalanas amenazadas por la represión judicial y policial.

Por su parte, el gobierno de España cuenta con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos (su socio parlamentario): La reaparición de la “gran coalición” (PP-PSOE-Cs) para desbaratar el referéndum.

Nada acabará, nada será igual 

Las incógnitas se despejarán durante el día. Dependerá del tipo de enfrentamiento y qué consecuencias humanas y políticas produzca. El 1 de Octubre nada acabará y el día siguiente lo más probable no será igual. La contienda entre el Estado español y el independentismo catalán continuará en otra fase, por conocer.

Sunday, September 10, 2017

LA REBELIÓN INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA

 El centralismo español y el secesionismo catalán se enfrentan. Las leyes de ruptura institucional aprobadas son impugnadas. El gobierno catalán convoca el referéndum de autodeterminación prohibido. El parlamento autonómico se fractura. El estado español moviliza a los jueces contra las autoridades independentistas del gobierno y parlamento, mientras la policía lo hace en busca de las “pruebas del delito”.  El movimiento político-social independentista se mueve por la superficie en todo el territorio, mientras los organizadores del referéndum lo hacen sigilosos evitando ser descubiertos. Preparan el 1 de octubre. Un “día decisivo”, cuando se revelará el enigma: ¿habrá o no habrá referéndum? Nadie puede garantizarlo. A 20 días, mil cosas pueden pasar. 

En primer plano, el gobierno acusado en un parlamento fracturado por leyes de ruptura

Cuando no se cuenta con la sociedad

La política se jode en España. La argumentación razonada y crítica de las ideas y políticas, propia de una democracia parlamentaria, ha sido reemplazada por la descalificación, el insulto, el chantaje, la trampa y también por el silencio y secretismo, como vía para imponer decisiones o prolongar situaciones de conflicto. Tres problemas políticos no enfrentados con  la sociedad crispan la convivencia y degradan la democracia en España:

Primero, las consecuencias de la monumental estafa del sector financiero español a centenares de miles de ciudadanos, descubierta con el estallido de la crisis económica hace 10 años, y que contó con la negligencia, si no complicidad o subordinación, de los gobiernos socialista (2010-11) y popular desde el 2012 a las políticas de austeridad impuestas desde Europa.

Segundo, la corrupción de los partidos políticos en el poder. El Partido Popular (PP), seis años en el gobierno, implicado en 31 casos con 835 imputados, y 5 tesoreros procesados. El Partido Demócrata Catalán, seis años en el gobierno en Cataluña, con 15 sedes embargadas, con su fundador y 2 tesoreros procesados. El Partido Obrero Socialista Español (PSOE) en Andalucía, treinta y ocho años en el gobierno, con 2 presidentes procesados.

Tercero, los 14 años de política del partido popular y el gobierno de Mariano Rajoy hacia Cataluña: hostilidad, persecución y autoritarismo contra los gobiernos de izquierda socialista-republicano-ecosocialista (2003-2010), de derecha liberal-conservador (2011-2012) y el nacional-independentista (2013-2017).

El PP, heredero de la tradición centralista-autoritaria

En el conflicto hispano-catalán, subyace una realidad secular: el centralismo borbónico-militar, nacional-católico y liberal-conservador en una España invertebrada, en la que han coexistido naciones (o nacionalidades) de diferentes contexturas.

El dominio de una tradición reacia a las ideas y valores de la ilustración y la democracia, todavía influyentes en la élite y sociedad española, que no acaba de aceptar ni asumir la diversidad nacional, a pesar de los cambios hechos hacia la Europa moderna.      

El PP, fundado por Manuel Fraga, ministro de Franco desde 1962, es heredero de la idea centralista de España. La visión de la España “una, grande y libre” o la de “una gran nación” se enfrenta a esa otra, la de “los pueblos de España” o la de “las nacionalidades” o la “plurinacional”.

Estas dos miradas, solapadas por el pacto constitucional de 1978, resurgieron con agresividad cuando el gobierno de las izquierdas catalanas, encabezado por el socialista Pascual Maragall, planteó un nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña, en reemplazo del de 1980 (el del pacto del 78) con la ilusión de ser reconocida como una nación, con nuevas competencias y más capacidad de autogobierno.

La desafección emocional

El PP reaccionó de inmediato con agresividad desproporcionada: inició una campaña hostil a través de los medios de comunicación conservadores; llamó a los españoles a no comprar productos catalanes; reunió firmas en toda España contra el Estatuto y, finalmente, impugnó el Estatuto como contrario a la Constitución de 1978 ante el Tribunal Constitucional (TC), después de haber sido aprobado en el parlamento catalán, el Congreso español y refrendado democráticamente por la sociedad catalana.

El TC demoró tres años para que una mayoría de miembros, de ideología centralista afín al PP y al PSOE, desmantelaran partes fundamentales del Estatuto, como por ejemplo el capítulo de competencias en administración de justicia. Los catalanes, que habían votado a favor de un Estatuto rebajado, se sintieron pasados a llevar, engañados por el estado, ante la indiferencia y carencia de reflejos del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

El presidente catalán, el socialista José Montilla, ya en 2007, le había advertido: “las instituciones del Estado debían dar respuesta a las demandas catalanas si se quiere evitar graves consecuencias políticas, una desafección emocional de Catalunya hacia España y hacia las instituciones comunes”.

La independencia entra en escena

Fue lo que estalló el 10 de julio de 2010, en una manifestación encabezada por los máximos dirigentes de las instituciones catalanas, encabezadas con el lema “Catalunya: Som una Nació”, como protesta a la decisión del TC de amputar el Estatuto. Esa tarde las autoridades fueron  sorprendidas y desbordadas por un numeroso sector de la manifestación que gritaba a favor de la independencia.

Dos años después, el 2012, televisiones occidentales proyectaron imágenes de centenares de miles de catalanes que recorrían las calles de Barcelona, encabezada por la actual presidenta del parlamento catalán, la que presentó un documento de compromiso por la independencia a las autoridades de entonces del parlamento autonómico.

Días después el gobierno liberal-conservador de Artur Mas cambió el rumbo de su gobierno hacia una política inspirada en el derecho a decidir; llamó a elecciones, suscribió un pacto legislativo con Esquerra Republicana, el partido independentista, y más tarde un pacto de gobierno con el mismo con el fin de crear un estado independiente.  

Dos hitos: 9N y 27S

El gobierno catalán intentó dialogar con el gobierno central una consulta. La respuesta de Rajoy fue el rechazo: “Ese referéndum no se va a celebrar”, declaró el 13 de diciembre del 2013. En cuatro años ambos gobiernos apenas se han hablado, pues el español no reconoce validez al derecho a decidir; no acepta dialogar sobre un referéndum y se ha limitado a esperar que la “ocurrencia” - así denominada por Rajoy- se desvanezca.

Dos han sido los hitos de este largo proceso soberanista. El primero, el 9 de noviembre de 2014, cuando más de 2 millones de personas respondieron al llamado del gobierno catalán a  participar en una movilización cívica, en forma de consulta no vinculante. Días después, el gobierno de Rajoy se querelló contra el presidente Artur Mas, y dos consejeras y un consejero, responsables en la organización de la movilización.

Este hecho político influyó para avanzar hacia un segundo hito, el 27 de septiembre de 2015, cuando en elecciones autonómicas triunfó una alianza entre el nacionalismo liberal-conservador, los republicanos de izquierda, e independientes agrupados en movimientos cívicos, responsables de multitudinarias movilizaciones entre 2012 y 2016.

Vía unilateral hacia la independencia

Esta alianza se comprometió a arribar a la independencia a través de un proceso constituyente de 18 meses. En la elección autonómica, considerada “plebiscito” por el independentismo, la alianza nacional-independentista junto a las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), de corte anticapitalista, a pesar que no lograron una mayoría de votos frente a los no-independentistas, sí eligieron una mayoría absoluta de 73/135 diputados, posibilitándolo para emprender el proceso constituyente soberanista.

Pero un año después, en septiembre de 2016, el gobierno nacional-independentista, exigido por la CUP, modificó su hoja de ruta y planteó la realización de un referéndum unilateral, después de aprobar dos leyes de ruptura: una para respaldar el referéndum y la otra el proceso constituyente hacia una república catalana, en caso de ganar la consulta.   

Excepcionalidad catalana

Las independencias unilaterales suelen conseguirse a través de movimientos nacionales sólidos, insertos en estados en descomposición, con o sin enfrentamiento armado, y con apoyo internacional explícito, militar o político. Fue el caso de las independencias de los países surgidos en el contexto del hundimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del desmoronamiento de la Federación de las Repúblicas de Yugoeslavia. 

El movimiento independentista catalán ha conservado un fuerte arraigo social, aunque no ha logrado sumar una mayoría ciudadana de votos; cuenta con mayoría absoluta de diputados, que le ha permitido aplicar la vía unilateral hacia la independencia, pero sin apoyos internacionales relevantes ni un liderazgo político sólido, importante para atraer adhesiones y convencer que se ha conseguido una mayoría clara en la sociedad.        

Este movimiento independentista se enfrenta a un Estado español en forma, aunque con un gobierno más frágil que el de la mayoría absoluta (2012-16) y con importante apoyo internacional, especialmente europeo. No obstante, el desafío independentista catalán está desnudando una crisis político-institucional-territorial del Estado: el pacto constitucional de 1978.

La crisis es del Estado español (aún con Cataluña)

Esta crisis se acelerará con el enfrentamiento en marcha entre el Estado español hegemonizado por el proyecto centralista del Partido Popular y las instituciones catalanas hegemonizadas por el proyecto nacional-independentista. El día siguiente al 1 de octubre, es probable que sea un momento que, con los daños a la vista, se podrá ver qué curso podría tomar la crisis de España con la reivindicación soberanista catalana.

Sunday, September 03, 2017

A QUIÉN LE IMPORTA FREI

"Magnicidio: la historia del crimen de mi padre”, así acaba titulándose el largo y solitario recorrido de Carmen Frei, junto a su esposo, Eugenio Ortega, fallecido avanzado el camino, y el abogado Álvaro Varela. La obra de la hija hace de antesala al inicio del juicio, como resultado de las investigaciones del juez Alejandro Madrid durante 17 años, contra tres autores, un cómplice y dos encubridores, del crimen al ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, que podría quedar para sentencia en siete meses, marzo de 2018.

Carmen Frei, como muchas mujeres, encontró la verdad con viento y marea en contra.

El dictador y los médicos

La inteligencia del Ejército de Chile intervino, con la atenta mirada del dictador Augusto Pinochet, para que Eduardo Frei Montalva, hospitalizado para ser operado de hernia al hiato, terminara sin vida, hace más de 35 años, en enero de 1982.

Médicos de la Universidad Católica se apersonaron de inmediato tras la muerte. En secreto, sin autorización familiar, lo colgaron de una escalera y vaciaron sus órganos. Veinte años después, el juez dio con la ficha, caratulada N.N, correspondiente a Frei Montalva en dependencias de la clínica de la Universidad, y también encontró la misma escalera usada el día de su deceso.

El Ejército y la Universidad Católica, dos instituciones centenarias envueltas en la participación de un crimen de Estado, según antecedentes recogidos por la instrucción judicial. Un magnicidio.

El ejército

El “Nunca más” del Ejército (2005) ha quedado en nada. Los mandos de la última década se han sumado al “pacto de silencio” que juraron decenas de generales, a comienzo de la transición, a no colaborar con jueces que investigan causas contra crímenes cometidos durante los 12 años de dictadura.

El Ejército y su “indiferencia moral”, no es coherente con una democracia que se funda en los derechos humanos y por lo tanto su actitud desafía a las instituciones democráticas: el gobierno, el parlamento y los tribunales.

El Ejército se resiste a la investigación repitiendo una y otra vez: no hay antecedentes, se quemaron, invariable respuesta ante oficios provenientes del parlamento o preguntas del juez instructor, no obstante que el juez Madrid ha verificado que el Ejército tenía carpetas sobre Frei y que esa información había sido digitalizada.

Los gobiernos

Desde hace 10 años, la presidenta Michelle Bachelet  y el presidente Sebastián Piñera con voz firme y solemne comprometieron su palabra en empeñarse por aclarar la verdad sobre la muerte del ex presidente Frei Montalva.

No cejaremos un instante en aclarar las circunstancias de su muerte (...)", decía Bachelet. "Como Presidente de Chile yo hago mío este deber de colaborar para que la muerte del presidente Frei Montalva sea de una vez por todas esclarecida (…)”, declaraba Piñera.

Sus prometedores esfuerzos quedaron ahí. No se sabe si hubo gestiones o si éstas no tuvieron resultados y optaron por dejarlo. Ni ella el 2010 ni él en el 2014 dieron cuenta de gestión alguna y ahora, la presidenta consigna lo que ya se sabe: “la justicia está llegando a quienes asesinaron al Presidente Frei Montalva”.

Los gobiernos democráticos de centroizquierda y de derecha han dado señales de impotencia ante un Ejército que conserva bien atado sus lazos con su lado oscuro, el del crimen sistemático contra dirigentes opositores a la dictadura de Pinochet, sean socialistas o comunistas o como Frei, fundador de la Falange Nacional y de la Democracia Cristiana, su máximo líder durante 36 años. 

La DC

La Democracia Cristiana, “el partido de Frei” reaccionó mal ante la iniciativa de Carmen Frei de comenzar a indagar en la idea de descubrir “Quién mató a Frei”. Muchos dirigentes se sintieron incómodos, si no molestos, de su osadía y algunos hasta intentaron sancionarla en su propio partido. Obsesionados en el poder no estaban dispuestos a tolerar dar pasos que pudieran irritar a poderes fácticos como el Ejército.

La DC demoró 15 años en recapacitar, cuando un consejo directivo se dispuso a escuchar a Carmen Frei, a interesarse por lo que había hecho para descubrir el magnicidio. Luego, en marzo de 2016, se sumó a la querella contra los responsables del crimen. El partido había evitado involucrarse en acciones que abrieran paso hacia un esclarecimiento del crimen de su fundador.

Contenta y cómoda en el poder frente al temor a la reacción militar, la dirigencia de la DC se inclinó a seguir el llamado del ex ministro de Defensa del primer gobierno de la Concertación, Patricio Rojas, cuando, en 2006, en forma airada planteó que dejaran en paz a Frei en su tumba. Casi todos callaron. Rojas es concuñado del doctor de sanidad del Ejército, Patricio Silva Garín acusado por el juez Madrid como uno de los autores del homicidio de Frei.

La justicia tiene su hora

El libro de Carmen Frei, leyéndose estos días, es un preludio del juicio y sentencia que se dictará, unos meses más, sobre la causa del crimen de Estado contra Frei Montalva. Sus páginas representan , un nuevo hito del trayecto recorrido por decenas de miles de familias chilenas. Testimonio de la búsqueda de la verdad y la justicia que se sobreponen al “peso de la noche”, que mantiene “esa tendencia casi general de la masa al reposo (como) garantía de la tranquilidad pública”.