LA REBELIÓN INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA

 El centralismo español y el secesionismo catalán se enfrentan. Las leyes de ruptura institucional aprobadas son impugnadas. El gobierno catalán convoca el referéndum de autodeterminación prohibido. El parlamento autonómico se fractura. El estado español moviliza a los jueces contra las autoridades independentistas del gobierno y parlamento, mientras la policía lo hace en busca de las “pruebas del delito”.  El movimiento político-social independentista se mueve por la superficie en todo el territorio, mientras los organizadores del referéndum lo hacen sigilosos evitando ser descubiertos. Preparan el 1 de octubre. Un “día decisivo”, cuando se revelará el enigma: ¿habrá o no habrá referéndum? Nadie puede garantizarlo. A 20 días, mil cosas pueden pasar. 

En primer plano, el gobierno acusado en un parlamento fracturado por leyes de ruptura

Cuando no se cuenta con la sociedad

La política se jode en España. La argumentación razonada y crítica de las ideas y políticas, propia de una democracia parlamentaria, ha sido reemplazada por la descalificación, el insulto, el chantaje, la trampa y también por el silencio y secretismo, como vía para imponer decisiones o prolongar situaciones de conflicto. Tres problemas políticos no enfrentados con  la sociedad crispan la convivencia y degradan la democracia en España:

Primero, las consecuencias de la monumental estafa del sector financiero español a centenares de miles de ciudadanos, descubierta con el estallido de la crisis económica hace 10 años, y que contó con la negligencia, si no complicidad o subordinación, de los gobiernos socialista (2010-11) y popular desde el 2012 a las políticas de austeridad impuestas desde Europa.

Segundo, la corrupción de los partidos políticos en el poder. El Partido Popular (PP), seis años en el gobierno, implicado en 31 casos con 835 imputados, y 5 tesoreros procesados. El Partido Demócrata Catalán, seis años en el gobierno en Cataluña, con 15 sedes embargadas, con su fundador y 2 tesoreros procesados. El Partido Obrero Socialista Español (PSOE) en Andalucía, treinta y ocho años en el gobierno, con 2 presidentes procesados.

Tercero, los 14 años de política del partido popular y el gobierno de Mariano Rajoy hacia Cataluña: hostilidad, persecución y autoritarismo contra los gobiernos de izquierda socialista-republicano-ecosocialista (2003-2010), de derecha liberal-conservador (2011-2012) y el nacional-independentista (2013-2017).

El PP, heredero de la tradición centralista-autoritaria

En el conflicto hispano-catalán, subyace una realidad secular: el centralismo borbónico-militar, nacional-católico y liberal-conservador en una España invertebrada, en la que han coexistido naciones (o nacionalidades) de diferentes contexturas.

El dominio de una tradición reacia a las ideas y valores de la ilustración y la democracia, todavía influyentes en la élite y sociedad española, que no acaba de aceptar ni asumir la diversidad nacional, a pesar de los cambios hechos hacia la Europa moderna.      

El PP, fundado por Manuel Fraga, ministro de Franco desde 1962, es heredero de la idea centralista de España. La visión de la España “una, grande y libre” o la de “una gran nación” se enfrenta a esa otra, la de “los pueblos de España” o la de “las nacionalidades” o la “plurinacional”.

Estas dos miradas, solapadas por el pacto constitucional de 1978, resurgieron con agresividad cuando el gobierno de las izquierdas catalanas, encabezado por el socialista Pascual Maragall, planteó un nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña, en reemplazo del de 1980 (el del pacto del 78) con la ilusión de ser reconocida como una nación, con nuevas competencias y más capacidad de autogobierno.

La desafección emocional

El PP reaccionó de inmediato con agresividad desproporcionada: inició una campaña hostil a través de los medios de comunicación conservadores; llamó a los españoles a no comprar productos catalanes; reunió firmas en toda España contra el Estatuto y, finalmente, impugnó el Estatuto como contrario a la Constitución de 1978 ante el Tribunal Constitucional (TC), después de haber sido aprobado en el parlamento catalán, el Congreso español y refrendado democráticamente por la sociedad catalana.

El TC demoró tres años para que una mayoría de miembros, de ideología centralista afín al PP y al PSOE, desmantelaran partes fundamentales del Estatuto, como por ejemplo el capítulo de competencias en administración de justicia. Los catalanes, que habían votado a favor de un Estatuto rebajado, se sintieron pasados a llevar, engañados por el estado, ante la indiferencia y carencia de reflejos del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

El presidente catalán, el socialista José Montilla, ya en 2007, le había advertido: “las instituciones del Estado debían dar respuesta a las demandas catalanas si se quiere evitar graves consecuencias políticas, una desafección emocional de Catalunya hacia España y hacia las instituciones comunes”.

La independencia entra en escena

Fue lo que estalló el 10 de julio de 2010, en una manifestación encabezada por los máximos dirigentes de las instituciones catalanas, encabezadas con el lema “Catalunya: Som una Nació”, como protesta a la decisión del TC de amputar el Estatuto. Esa tarde las autoridades fueron  sorprendidas y desbordadas por un numeroso sector de la manifestación que gritaba a favor de la independencia.

Dos años después, el 2012, televisiones occidentales proyectaron imágenes de centenares de miles de catalanes que recorrían las calles de Barcelona, encabezada por la actual presidenta del parlamento catalán, la que presentó un documento de compromiso por la independencia a las autoridades de entonces del parlamento autonómico.

Días después el gobierno liberal-conservador de Artur Mas cambió el rumbo de su gobierno hacia una política inspirada en el derecho a decidir; llamó a elecciones, suscribió un pacto legislativo con Esquerra Republicana, el partido independentista, y más tarde un pacto de gobierno con el mismo con el fin de crear un estado independiente.  

Dos hitos: 9N y 27S

El gobierno catalán intentó dialogar con el gobierno central una consulta. La respuesta de Rajoy fue el rechazo: “Ese referéndum no se va a celebrar”, declaró el 13 de diciembre del 2013. En cuatro años ambos gobiernos apenas se han hablado, pues el español no reconoce validez al derecho a decidir; no acepta dialogar sobre un referéndum y se ha limitado a esperar que la “ocurrencia” - así denominada por Rajoy- se desvanezca.

Dos han sido los hitos de este largo proceso soberanista. El primero, el 9 de noviembre de 2014, cuando más de 2 millones de personas respondieron al llamado del gobierno catalán a  participar en una movilización cívica, en forma de consulta no vinculante. Días después, el gobierno de Rajoy se querelló contra el presidente Artur Mas, y dos consejeras y un consejero, responsables en la organización de la movilización.

Este hecho político influyó para avanzar hacia un segundo hito, el 27 de septiembre de 2015, cuando en elecciones autonómicas triunfó una alianza entre el nacionalismo liberal-conservador, los republicanos de izquierda, e independientes agrupados en movimientos cívicos, responsables de multitudinarias movilizaciones entre 2012 y 2016.

Vía unilateral hacia la independencia

Esta alianza se comprometió a arribar a la independencia a través de un proceso constituyente de 18 meses. En la elección autonómica, considerada “plebiscito” por el independentismo, la alianza nacional-independentista junto a las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), de corte anticapitalista, a pesar que no lograron una mayoría de votos frente a los no-independentistas, sí eligieron una mayoría absoluta de 73/135 diputados, posibilitándolo para emprender el proceso constituyente soberanista.

Pero un año después, en septiembre de 2016, el gobierno nacional-independentista, exigido por la CUP, modificó su hoja de ruta y planteó la realización de un referéndum unilateral, después de aprobar dos leyes de ruptura: una para respaldar el referéndum y la otra el proceso constituyente hacia una república catalana, en caso de ganar la consulta.   

Excepcionalidad catalana

Las independencias unilaterales suelen conseguirse a través de movimientos nacionales sólidos, insertos en estados en descomposición, con o sin enfrentamiento armado, y con apoyo internacional explícito, militar o político. Fue el caso de las independencias de los países surgidos en el contexto del hundimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del desmoronamiento de la Federación de las Repúblicas de Yugoeslavia. 

El movimiento independentista catalán ha conservado un fuerte arraigo social, aunque no ha logrado sumar una mayoría ciudadana de votos; cuenta con mayoría absoluta de diputados, que le ha permitido aplicar la vía unilateral hacia la independencia, pero sin apoyos internacionales relevantes ni un liderazgo político sólido, importante para atraer adhesiones y convencer que se ha conseguido una mayoría clara en la sociedad.        

Este movimiento independentista se enfrenta a un Estado español en forma, aunque con un gobierno más frágil que el de la mayoría absoluta (2012-16) y con importante apoyo internacional, especialmente europeo. No obstante, el desafío independentista catalán está desnudando una crisis político-institucional-territorial del Estado: el pacto constitucional de 1978.

La crisis es del Estado español (aún con Cataluña)

Esta crisis se acelerará con el enfrentamiento en marcha entre el Estado español hegemonizado por el proyecto centralista del Partido Popular y las instituciones catalanas hegemonizadas por el proyecto nacional-independentista. El día siguiente al 1 de octubre, es probable que sea un momento que, con los daños a la vista, se podrá ver qué curso podría tomar la crisis de España con la reivindicación soberanista catalana.