UN 10 DE DICIEMBRE POR CINCO PAÍSES

Mientras el ex dictador peruano Alberto Fujimori, sentado ante el tribunal, ha comenzado a responder la acusación de transgredir los derechos humanos en su país, el Presidente argentino, Néstor Kirchner, de pié ante el Congreso, le entrega el gobierno de a la Presidente electa, Cristina Fernández. Es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Perú y Argentina lo simbolizan con esa afinidad de justicia y democracia, no siempre acogida por los que administran procesos de transición.

El Estado peruano ha logrado, con la colaboración del chileno, procesar a al ex dictador. Su Corte Suprema, 15 días antes, condenó a prisión a 10 ex ministros de Fujimori por participar en el autogolpe del 5 de abril de 1992. Una decisión que crea jurisprudencia de cara a políticos o militares dispuestos, en el futuro, a tramar golpes de estado, acto reconocido en la sentencia como marco político generador de violaciones de los derechos humanos, uno de los motivos por los cuales se juzga a Fujimori.

Así como Perú logra sobreponerse con justicia, Argentina lo hace con democracia. El Tribunal Supremo anuló las leyes de Punto final y Obediencia Debida y los actos de indultos a favor de los jefes militares que impedían procesar a personas por “delitos de lesa humanidad”, hechos, según el Tribunal, “contrarios a la Constitución y a toda la comunidad internacional” y, por lo tanto, “el estado tiene la obligación de esclarecerlos e identificar a sus culpables”.

El gobierno de Kirchner removió, con el apoyo del Congreso y la ratificación de la Corte los obstáculos para procesar a personas que infringieron, entre otras disposiciones, la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Argentina colaboró a dar forma a este instrumento jurídico vinculante de carácter universal al ser crímenes de lesa humanidad.

En 2007, El Tribunal Supremo de Uruguay reconoció el carácter permanente para los delitos de desaparición forzada y la sustracción de menores y, por lo tanto, la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad (o amnistía), promulgada en tres días por el gobierno de José María Sanguinetti, en 1986, ante la presión militar. El 4 de septiembre, demócratas uruguayos, incómodos con la amnistía a delitos de lesa humanidad, iniciaron una campaña ciudadana para que los uruguayos le abran cauce político a la justicia pronunciándose sobre la Ley de Caducidad en el 2009.

En Brasil, el gobierno de Lula condenó, en agosto pasado, por primera vez, las dictaduras militares (1964- 1985) al presentar el informe que concluye diciendo que los crímenes fueron por una “decisión consciente de los gobiernos de la época” y con “pleno conocimiento de las más altos jefes de las Fuerzas Armadas”, descartando que hayan sido obra de individuos sin control de sus superiores. La demanda por abrir los “archivos de los gobiernos militares” ha logrado revocar el plazo de 50 años decretado por el ex Presidente Cardoso. Sin embargo, la justicia continúa pendiente.

Chile, candidato a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene su deuda con el mundo al aún no ratificar 5 convenciones internacionales de derechos humanos, como la de Protección de Personas por Desapariciones Forzosas, Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).

Tampoco ha cumplido su promesa de superar la autoamnistía de 1978, que impide hacer justicia en delitos de lesa humanidad ni doblegar las resistencias a un Instituto de Derechos Humanos competente para seguir procesos por violaciones de los derechos humanos. Ello, en parte se explica por un sistema electoral que entrega un virtual “poder de veto” a la derecha y en el caso de la CPI, que Chile otrora patrocinó, se agrega el temor a recibir sanciones de Bush, especialmente en el negocio militar.

Perú y Argentina sobresalen en el paisaje de los derechos humanos en el Conosur. Uruguay no se conforma consigo mismo y se da ánimo para abrirle cauce político a la justicia. Brasil reaparece, con la condena oficial a los regímenes militares, pero sus crímenes de estado siguen impunes y Chile acumula su deuda con el mundo, en forma paradójica, por una de las obras de Pinochet, el sistema electoral vigente, más allá del primer año de su muerte.

LA MEMORIA PASEA POR LA CALLE

La memoria está activada en España. Desde el inicio de siglo asoman trozos de historias no contados. Se agiganta la opinión de que la elite política de la transición pasó de puntillas por la guerra y la dictadura: dejar “todo en silencio cerrado, bien cerrado”, así como el Caudillo, antes de su hora, quiso dejar “todo atado, bien atado”.

Hacer memoria inquieta a los que vencen con descargas brutales, sin límites, pero además aflige a sus herederos - políticos o sociológicos- e intranquiliza a quienes ahora, con poder, prefieren, si no el silencio, hablar bajo, poco y de vez en cuando.

En España comienzan a escarbarse fosas comunes donde yacen identidades fusiladas en la guerra civil, pero también en ese periodo difuso, difícil de datar su comienzo y final: la transición española, aquella representada por una imagen rebosante de cordialidad, serenidad, armonía y efectividad, que “muestra cada vez menos e impide cada vez más comprender los hechos históricos que supuestamente representa”.

La memoria viva se pone en movimiento: documenta y conmueve por la televisión, anima tertulias radiales, impregna reportajes, fotografías y comentarios en páginas a diario, testimonia y explica empinándose en el escenario del panel o conferencista. La memoria se despliega en el espacio cultural exponiéndose con todos los medios, tradicionales y modernos. La transición española, la idílica, es escrutada.

En Transición, exposición de los historiadores Ricard Vinyes, Manel Risques y del ensayista Antoni Marí, anuncia, de entrada, un relato de los ciudadanos que protagonizaron la transición y no el de las elites políticas que la monopolizaron; la de los que vieron morir a Franco en la cama y dieron muerte a la dictadura en la calle.

Un tiempo movido por huelgas ilegales que, reprimidas, erosionaron el franquismo desencadenando la politización democrática; por ocupaciones de universidades; por maestros y escuelas innovadoras que encararon el molde autoritario; por jóvenes y mujeres que resquebrajaron el cerco de la familia patriarcal, dando aire a la expresión de la sexualidad y la diferencia; por recitales y conciertos convertidos en manifestaciones que llenaron el espacio público, y por movimientos y campañas cívicas a favor de la amnistía, el fin de la pena de muerte y la diversidad territorial.

En medio de esta convulsión, el Consejo Nacional del Movimiento sesionó, a puertas cerradas del 17 al 21 de febrero de 1971. “¿Qué sucede en España?”, preguntan. “El proceso de envalentonamiento social es claro”, afirman y “dónde están nuestros pensadores políticos?, ¿por qué no salen?, ¿existen?”, cuestionan. “Algo huele mal, el régimen se debilita peligrosamente”, dicen. “En las condiciones actuales sólo con Franco el Movimiento sobrevive, pero sin él no sobrevivirá”, anticipan. “Hay que luchar contra todos los subversivos, retomar la iniciativa y recuperar la calle”, proponen.

Los protagonistas de la transición colocaron en jaque el régimen cuatro años antes de la muerte del Jefe. Los ciudadanos no abandonaron la calle hasta desatar todo lo que ataba a la libertad. Después, la elite política y mediática suministró sobredosis de silencio, y triunfalismo, cargando la mochila del país con demasiada injusticia no reconocida.

La ley de memoria histórica, recién aprobada, insinúa eso: dar consistencia a verdades en hechos no asumidos, restablecer equilibrios que la elite política negó. A esto, la derecha española llama el “fin del espíritu de la transición”, esto es, “olvidar la dictadura, rebajar el nivel de tiranía de aquel régimen, relativizando al máximo los efectos devastadores del franquismo que tuvo sobre la sociedad española”, como lo escribe La Memoria Insumisa de Nicolás Sartorius y Javier Alfada.

LA DERECHA MIRA A ESPAÑA Y...

La derecha chilena, liderada por el empresario Sebastián Piñera, cuando vuelve su mirada hacia España se reconoce en el Partido Popular (PP), actualmente tutelado por el aznarismo, término acuñado por el fallecido escritor Manuel Vázquez Montalbán en referencia a su líder, el ex Presidente del Gobierno, José María Aznar.

El PP, presidido por Aznar, desarrolló a partir de 1993 la estrategia del “desalojo” de los socialistas del gobierno. Logró su objetivo en tres años con una oposición áspera que no dio respiro al gobierno de Felipe González -más de una década en el poder- depreciado por su letargo ante las evidencias de corrupción, a lo que sumó actos ilegales en la lucha contra ETA.

La derecha retornó, unida en un solo partido, con franquistas vehementes y enfriados y descendientes con lenguaje liberal-democrático, pero de talante autoritario, estilo que simbolizó el chillido que Aznar arrojara al Presidente del Gobierno desde el estrado en el parlamento: “¡Váyase señor González!”.

La estrategia del “desalojo” intenta implementarla parte de la derecha chilena para desplazar a la Concertación, coalición que -más de década y media en el gobierno- evidencia fatiga y falta de cohesión, sin reflejos para evitar conductas de corrupción y carente de entusiasmo hacia su actual liderazgo femenino.

La derecha chilena se mira en una derecha que impugna la sentencia del tribunal español que condena a 17 yihadistas por su participación en el atentado terrorista de la mañana del 11 de marzo de 2004, que dejó 191 muertos y 1.857 heridos que viajaban en cuatro trenes hacia Madrid, tres días antes de las elecciones generales.

Entonces, el gobierno de Aznar, de cara a las elecciones del 14 de marzo, optó por acusar a ETA como autora del atentado, a pesar de que la policía, la tarde del mismo día del suceso, la había descartado y seguía la pista de los yihadistas. La incoherencia entre el discurso oficial y la acción policial fue advertida y, favorito en las encuestas, perdió las elecciones.

El partido de la derecha española no admitió la derrota dada por los ciudadanos que acudieron en masa a votar. La muestra de ello es que durante estos tres años, apoyado por el diario El Mundo y la radio COPE (de la Iglesia Católica), “contra toda evidencia”, insiste en la presencia de ETA en el atentado, desafiando el proceso de tres años y la sentencia judicial de la semana pasada.

El PP tuvo la misma actitud, durante tres años, al insistir, “contra toda evidencia”, en la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, para justificar la decisión de participar en su invasión. Hoy guardan silencio sobre aquello, lo que probablemente harán en un tiempo más respecto a sus tesis sobre el atentado del 11-M.

Lo mismo sucede con la ley de memoria histórica. El PP la impugna diciendo que produce “división entre los españoles”, pero tras esta afirmación cobija el deseo de pasar página, por la complicidad con el franquismo que muestra al rechazar la condena de ese “proyecto genocida con miles y miles de fusilados después de la guerra no como víctimas de una venganza, sino de un monstruoso proyecto de depuración de la sociedad española a través del exterminio”, según señalara, hace unos días, el historiador Josep Fontana en el Coloquio Internacional Memorial Democrático-Políticas Públicas de la Memoria.

Este es el talante de la derecha española de los últimos 14 años con la que comulga la derecha chilena.

PREMIO Y CASTIGO

El juez Carlos Cerda ha recibido - en 2007 - un premio internacional por su afán de hacer justicia ante las violaciones de derechos humanos en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mismo juez recibió - en 2006 - un castigo de los partidos de la derecha al rechazar sus parlamentarios su ascenso a la Corte Suprema por “malas calificaciones” recibidas tras resistir, en 1986, la orden de amnistiar a militares y miembros del Comando Conjunto que había procesado. En total 40 uniformados, 33 en servicio activo.

La coincidencia temporal y de motivos para otorgar un premio e infringir un castigo al juez Cerda, y que la honra venga de una institución internacional vinculada a la justicia y la repulsa provenga de los partidos vinculados a la dictadura, hace revivir esa relación antagónica, entre los que se hacían cargo de los derechos humanos y los que eran complacientes o sumisos ante sus violaciones contra los que eran calificados de “subversivos”, “comunistas”, “antipatriotas”, o a esos que “algo habrán hecho”.

La derecha ¿se distancia de Pinochet?, ¿lo abandona? Tras la detención en Londres, ésta lucha en forma vehemente por su retorno a Chile. De vuelta, rechaza que sea juzgado, aunque, tocado su liderazgo, comienza a incomodarle: desaparece de su discurso y escabulle la pregunta o la alusión a su “presencia”. Cuando desde Washington se le acusa de enriquecimiento ilícito instintivamente huye. Su territorio político se cubre de silencio, uno que otro susurra… decepción.

La tumba política del dictador parece sellada. Sin embargo, tras su muerte biológica, filtra su hedor. Lo irradia pegado a los cuerpos de su esposa, sus hijas e hijos y oficiales de Ejército retirados que desfilan hacia lugares de reclusión. La derecha arremete contra el juez. En el hemiciclo, sus parlamentarios, sin vergüenza, arrancan de la celebración que suscita este paso hacia una justicia que no acaban de asimilar.

La derecha se esfuerza por “pasar piola”, pero el maquillaje se le corre cada vez que re-aparece este espectro de larga vida llamado Pinochet. Lo tiene muy prendido en su entraña. Por más que jueces vayan levantando velos extendidos durante 33 años (1973-2006), revelando la trama de su régimen y enseñando los detalles de su crueldad y astucia, la derecha en vez de seguir el derrotero de la justicia, opta por el de la impunidad, recubriéndola de una retórica de consenso, estabilidad, progreso y futuro.

No hay mañana sin ayer, lucía seductor el lema del 30 aniversario del golpe de las Fuerzas Armadas y de Orden que arrasó con la democracia republicana de la Constitución de 1925. Una frase sugerente y útil para releer la experiencia de los 17 años de dictadura, con sus anexos (de los 16 siguientes).

“Por qué apoyaron lo que apoyaron; por qué no hablaron; por qué no miraron y cómo se las arreglaron para no saber”, pregunta la Presidenta Bachelet el pasado 5 de octubre. Si en vez de huir, aceptaran revisar su ayer con los hechos que comenzaron a develarse en Lonquén (1979), y que jueces, como Cánovas, Bañados, Benquis, Cerda, Muñoz, Juica, Solís, Montiglio, Madrid, entre otros, continuaron y continúan destapando, podrían liberarse del espectro y lucir sin maquillaje. Una contribución al mañana.

MIRADAS

Chile, primavera de 2007. Empresarios advierten que “el estado de derecho está siendo quebrantado” por trabajadores en conflicto; añaden que “el gobierno no está ejerciendo su autoridad” y a, renglón seguido, dicen que “la Presidenta es incapaz de tomar decisiones”, concluyendo que hay “un vacío de poder”. Un plagio del relato de sus antecesores de la SNA y de la SOFOFA, cuando maniobraron y financiaron la preparación del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La descripción se complementa con el reclamo a coro de la derecha: más “mano dura” e incluso uno de ellos sueña con “toque de queda en algunas poblaciones”. El broche lo pone el aspirante presidencial Sebastián Piñera: “hace falta más liderazgo presidencial para recuperar el rumbo y el ritmo que nuestro país está perdiendo”.

LA PRESIDENTA EN DEUDA

Los tratados de libre comercio internacionales discurren, mientras las convenciones internacionales de derechos humanos se atascan en el parlamento chileno.

En el lenguaje de la elite, los tratados hablan de bienes, dinero, negocios, ganancias y expectativa de bienestar, de un futuro aromático, ese que, según el Ministro de Hacienda, haría de Chile un país desarrollado el 2020, ya no en el 2010 como fuera prometido.

En el mismo lenguaje, las convenciones hablan de personas, derechos, valores, compromisos, y expectativa de seguridad de los pueblos, de sus ciudadanos ante golpes de estado, genocidios y etnocidios; guerras de ocupación, preventivas y/o “humanitarias”; de un pasado que apesta y del que la elite huye o aborda a regañadientes, con poco interés de descubrirlo en todo lo que significa.

Hace un año, la Presidenta Bachelet regresó a Villa Grimaldi a visitar su propia historia y la de millares de chilenas y chilenos. Acompañada por ex prisioneras y prisioneros, amigas y amigos. También cámaras y reporteros que registraron y difundieron por el mundo este gran gesto humano y político, dos términos escasamente asociados.

Desde allí, la Presidenta anunció buscar mecanismos para desbloquear los impedimentos a procesar y sentenciar a acusados por crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1978. Lo hacía en respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se había pronunciado contraria a la aplicación de la llamada ley de amnistía, por ser incompatible a hacer justicia respecto a esos delitos.

La Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad es uno de los seis tratados sobre derechos humanos que la “minoría del parlamento” se resiste ratificar, obstruyendo su incorporación al ordenamiento jurídico local. La actitud de este poder del Estado debilita la legitimidad de la aspiración chilena a sentarse en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si miramos más allá del ombligo y de las fronteras, la demanda por cautelar los derechos de las víctimas de las dictaduras es una corriente de los gobiernos democráticos en América Latina. El gobierno del Presidente Lula ha conseguido, el 22 de septiembre pasado, que Tribunal Supremo permita acceder a documentos secretos y descubrir el paradero de los restos de brasileños muertos o desaparecidos en enfrentamientos entre Ejército y guerrillas durante la dictadura militar (1964-85).

A su vez, la Corte Suprema Argentina anuló, el 13 de julio pasado, los indultos del ex Presidente Menem (1989 y 1990) que exculpaban a militares responsables de desapariciones de personas y robo de bebés de detenidos desaparecidos. Con ello se ha reconocido la doctrina de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, como lo ha sostenido el gobierno del Presidente Kirchner.

También, el gobierno del Presidente Tabaré Vásquez, desde marzo de 2005, ha abierto investigaciones sobre desapariciones de personas y mandos militares podrán ser procesados por secuestros de bebés, independientemente de la Ley de Caducidad que estableció impunidad jurídica a la comisión de delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura entre 1973 y 1985.

La palabra del gobierno de la Presidenta Bachelet está empeñada con una solución en favor de la justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad, como lo demanda la Comisión de la OEA. Los parlamentarios deberán actuar no sobre un pasado, sino sobre una realidad presente, viva, que tiene pasado y que condiciona futuro. Está por verse si Chile prefiere sintonizar, esta vez, con los gobiernos democráticos cercanos o prefiere mantenerse al margen de los acuerdos mundiales sobre derechos humanos, como lo hace el gobierno del Presidente Bush.

El ex Presidente sale del Museo de Arte Moderno. Se le consulta por las alusiones que George Bush hace de Chile en una conversación con José María Aznar en febrero 2003, días antes de la invasión a Irak, reveladas por el madrileño diario El Pais. “No voy a responder cosas del pasado”, fue su respuesta. No obstante, en Estados Unidos, titulares, articulistas, columnistas de los principales diarios y cadenas de televisión destacaban las sorprendentes y novedosas revelaciones.
El tiempo en política no es cronológico, lo sucedido puede recobrar vigencia una o más veces y muchas acciones presentes pueden hacer revivir (o recordar) un pasado.
Un ejemplo local, la ausencia de personalidades de la derecha chilena en la conmemoración de los 10 años de la muerte del Cardenal Silva Henríquez, hizo presente la enemistad y el odio incoado al menos hace 45 años, cuando en 1962 tomó iniciativas a favor de los campesinos que cuestionaban el régimen de latifundio.
Un ejemplo universal, “Que sucediera una vez significa que hay la posibilidad de que se repita” decía el sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de Literatura Imre Kertész al presentar su libro autobiográfico Dossier K el miércoles 26 en Barcelona.

El Ministro Viera Gallo hace responsable a la Alianza opositora a que 6 tratados internacionales que cautelan los derechos humanos no se hayan ratificado. También la Concertación es responsable que ello sea posible, pues es el resultado del sistema de representación política (binominal) que da poder de veto a la minoría. Los partidos de la Concertación desfondaron a la Comisión de Reforma del Sistema Electoral (Comisión Böeninger) a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque percibieron que los cambios que venían hacían peligrar la reelección de muchos de sus parlamentarios y con ello la pérdida de sus dietas de casi 10 millones de pesos mensuales.
La desmejorada presentación chilena ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a que tiene derecho como cualquier otro país, es resultado de la partidocracia influenciada por el ideario del neoconservadurismo estadounidense de la llamadas “democracias gobernables”, una de cuyas expresiones más resistentes, legada por la dictadura, ha sido el sistema electoral binominal.

QUÉ HUELE BAJO LA ALFOMBRA

La acción directa de los estudiantes conmovió a la sociedad el año pasado, como la palabra directa de un monseñor la ha impresionado recientemente. Un movimiento y un discurso traslucen la desigualdad como fuente de malestar social y cultural. Un descontento corre, con más o menos intensidad, por el interior de las personas, de las familias, de los barrios, de las ciudades, de las regiones, de la sociedad chilena.


Un llamado de atención a la desigualdad social y económica, pero también en el acceso y en el trato, lo que afecta la dignidad del ciudadano y de la persona. Un malestar provocado por formas de organización y relaciones sociales impulsadas por ideas, valores y prácticas de la elite en el poder y no por motivos naturales.

Estas condiciones se dan sin fronteras, distinguen a esta época. Lo recordaba un prominente dirigente internacional: “desde hace 25 años que los desequilibrios entre Estado, mercado y sociedad se han roto a favor del mercado”. En Chile se ha perfilado un Estado acotado, a la defensiva; una sociedad civil insignificante y un mercado libre y estimulado, donde grupos empresariales nacionales y transnacionales campean.

“Crecimiento con equidad” se prometió en los 90. Dos términos que definitivamente parecen no amigarse en un modelo de producción de desequilibrios resistentes, como el adoptado desde hace 32 años en Chile y aplicado con diferentes enfoques e intenciones. Las diferencias sociales son escandalosas, dijeron los obispos en el 2005 y los partidos, de la Alianza y la Concertación, ese mismo año, prometieron programas para reducirlas.

Un año y medio después, el tema de la desigualdad había perdido notoriedad. La elite política, mediática y empresarial ni la verbalizaba ni la visualizaba. Otra vez, desde la iglesia católica asomó la cuestión: un sueldo ético debiera ser de 250 mil pesos mensuales, soltó la voz del obispo. Asombro, desaprobación y mofa fue la reacción espontánea; luego vino el reconocimiento de que algo está pendiente entre los chilenos.

La elite cuando reconoce que la mayoría de las empresas no puede retribuir esa suma, está reconociendo que el modo de organización económica vigente “no da ni el largo ni el ancho” para alcanzar ese nivel de ingreso, que se supone representa una vida digna, es decir, de personas que se sienten reconocidas, valoradas en definitiva por la sociedad.

La palabra directa de 2007, como lo fue la acción directa de 2006, descubre algo fundamental, sensible, que ha estado más o menos oculto: cómo las visiones, valores y prácticas dominantes han ido consiguiendo formar mundos cada vez más distanciados, en que los individuos compiten, en sus entornos propios, por ser reconocidos como triunfadores. Esto se muestra en ambientes de uno y otro lado de la ciudad, del llamado “Chile real”, al que unos siguen viendo exitoso y otros comienzan a verlo escandaloso.

LAS SEÑAS DE DOS MUERTES

Uno de los tópicos distintivo de la transición chilena: “dejemos atrás el pasado para mirar el futuro” se ha desvanecido. Puede, que su uso excesivo, como recurso retórico, lo haya vaciado de significado, o que la transición haya culminado y carezca de sentido pronunciarlo, o bien sea un sofisma ya inútil para conseguir determinados fines. Lo concreto es que los políticos, de amplio espectro, ya no lo proclaman.

La Presidenta Bachelet se dispone designar una Comisión Asesora de seis personas que, en seis meses, califique casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de detenciones y torturas, no declaradas ante las Comisiones Rettig (1991) y Valech (2004). Mientras tanto, las fojas de los jueces con dedicación especial conmueven con los relatos que contienen sus causas contra crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet y que comprometen a la DINA, su policía secreta y a la DINE, la inteligencia del Ejército.

También impresiona el programa de la televisión pública, Informe Especial, cuando enseña a millones de ciudadanos-telespectadores un pasado vivo, en proceso de revelaciones. Dos de ellos: “La muerte de Eduardo Frei: una conspiración secreta” (2006) y “La ratonera de calle Conferencia” (2007) representan procesos abiertos sobre hechos que ocurrieron en mayo de 1976 y diciembre-enero de 1981/82.

Dos hechos que afectan a dos mundos diferentes. Eduardo Frei, un dirigente formado en una familia de capa media, en escuela y universidad privadas, de cultura católica y Víctor Díaz entre a lo menos 26 dirigentes comunistas secuestrados, un dirigente formado en una familia de clase obrera, en la escuela pública, como autodidacta y en la fábrica, de cultura marxista. La vida de Frei y Díaz, un democratacristiano y un comunista tienen un mismo desenlace: son eliminados por funcionarios del Estado chileno.

Este aparente contrasentido se explica en parte, porque el golpe militar y la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo era para terminar con la experiencia de Allende y los cambios de estructuras iniciados con Frei, sino para demoler una democracia que, desde y con la Constitución de 1925, se habían ido incorporando en forma progresiva una amplia gama social proveniente de los sectores medios y populares.

Lo que los jueces Alejandro Madrid y Víctor Montiglio están desvelando con rigor y paciencia son elocuentes retratos de esa demolición, así como lo hicieron jueces de Estados Unidos, Italia y Argentina con las investigaciones de los crímenes contra Orlando Letelier, un socialista vinculado a elites internacionales, Bernardo Leighton, un democratacristiano pactista y Carlos Prats, un militar constitucionalista, o como, últimamente, otros jueces chilenos lo están haciendo con centenares de procesos.

Varios capítulos sobre derechos humanos están por escribirse. La Presidenta interviene sobre ese palpitante pasado, abriendo nuevos cauces. Los parlamentarios en la próxima primavera le darán forma para que ciudadanos continúen narrando sus historias ante los jueces, y los periodistas comuniquen textos y contextos de acontecimientos de un pasado vivo y, por lo tanto, con incidencia en el devenir.

El lugar común de la transición se ha revelado como falacia, porque los seres humanos somos pasado, esencialmente. Sin él no somos nadie, tampoco “futuro”. Lo mismo las sociedades, lo importante es intervenir en lo que son, pasado acumulado, y abrirle curso - “futuro” - para ser reconocido y asumido sin dobleces.

CÁMARA PARA EL CIUDADANO

La energía, como la sangre, fluye. Discurren y sustentan la vida económica y biológica de los seres humanos. La cantidad y calidad de la energía, como la de la sangre, influye en la sociedad como en el organismo. Es algo vital, en términos políticos: estratégico.

La energía está en los meollos de los acontecimientos que saltan diariamente a las pantallas y primeras planas: desastres naturales, guerras u ocupaciones militares, citas políticas, económicas o científicas o expediciones a los extremos del planeta, los polos.

En su reciente visita a Estados Unidos, el Canciller Foxley preguntó por centros tecnológicos. Buscaba ayuda para generar fuentes de energía limpias (carbón tratado, celulosa), mientras el gobierno de Bush, deseoso de acuerdos sobre energía nuclear con terceros, designaba a Paul Simon, un especialista en energía, su representante en Chile. A su vez, Venezuela, Bolivia y Argentina formalizaban el Grupo de Países Productores de Gas.

Chile, narcotizado por el exceso de consumo de sustancias mercantiles, como el de las ventajas comparativas, se adormeció con el trato suscrito con Argentina, a mediados de los 90. En lo recorrido del siglo XXI, la tranquilidad chilena y la excitación argentina, han significado que circule menos energía por la economía chilena.

Todo comienza a costar más y el desasosiego crece. El gobierno chileno sale por ayuda tecnológica. En septiembre, una comisión de gobierno entregará un informe sobre la aplicación de energía nuclear, lo que no cuadra con lo dicho por el Canciller en Estados Unidos: “está muy verde”, “es poco realista”, “requiere de un consenso inexistente”.

Un tema de interés público - de los ciudadanos - requiere de un espacio público donde éstos se reúnan a participar del conocimiento de los aspectos de diferentes alternativas de fuentes de energía y de sus ventajas y desventajas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales.

La televisión pública es uno de esos espacios. Se trata de presentar una serie de programas (sobre el tema energético) en que el ciudadano-telespectador pueda observar, sentir, pensar y conversar sobre una trama televisiva, que en forma coherente combine relatos visuales, alusivos a los contenidos con debates disciplinados por un editor.

Éste, tiene la misión de estimular la deliberación, la confrontación y la comprensión de enfoques, valores, ideas, interrogantes, experiencias y argumentos y, también, de articular o relacionar (editar sobre la marcha) el debate para que no pierda su norte: suscitar interés y entendimiento en el ciudadano-telespectador. Un editor con una inmersión acotada en el tema y capacidad de escucha y reacción para llevar el debate.

La trama, en este caso sobre la energía, integra discursos emocionales y racionales emitidos por un grupo en que se mezclen personas de diferentes cosmovisiones y mundos socioculturales. Un “espectáculo” basado en las sorpresas que depara la animación y los enlaces que posibilitan los discursos de la diferencia. Es la atracción de la incertidumbre, condición favorable para que cada programa sea un explorar sobre algo ignorado, misterioso, de algo por conocer.

Por contraste, evitar aquel “espectáculo”, basado en la competencia fatua, regulada por un segundero, de discursos repetidos, a veces, colmados de frases hechas, protagonizados por un grupo de personas que, aunque de coloridos relativamente diferentes, coinciden siempre en algo básico, que su entorno los adule y los consumidores de televisión los aplaudan.

El género debate en televisión está ahí, en pañales, y qué más propio que un canal público lo tome y cultive, pero aquello requiere de algo que comienza asomar: una revisión y discusión abierta de la ley de televisión pública, después de 14 años de vigencia. Una oportunidad para colocar la dimensión ciudadana del telespectador en el centro. Acaso no era ello el cambio prometido por el cuarto gobierno de la Concertación.

ENERGÍA MÁS MEMORIA

“La energía nuclear es la del futuro” fue la idea que paseó el presidente francés, Nicolás Sarkozy en su viaje por África meridional (Argelia y Libia), y subsahariana (Senegal, República Democrática del Congo y Gabón). El señuelo a sus interlocutores: ingresa a un “banco mundial de combustible nuclear” a cambio de comprometer la entrega de “energía del presente” (gas + petróleo).

La llave comunicacional de su itinerario - sólo roto por los celos de Marruecos, ofendida ante la inclinación de Sarkozy por su rival, Argelia - fue que “la energía del futuro” es como una madre que estimula a crecer y lograr el bienestar de la población, condición indispensable para triunfar en la lucha contra el fanatismo y el terrorismo.

Francia y la energía nuclear activan la memoria reciente. Surge la imagen exultante del Presidente del PPD, Sergio Bitar tras su visita a las centrales nucleares francesas. Entonces pregonó: “no podemos quedarnos atrás, pues en el mundo (la energía nuclear) adquiere envergadura” - a diferencia de la “energía del presente”- al afianzar la independencia y autonomía, bajar los costos y proteger el medio ambiente.

Una energía segura y limpia había dicho el Presidente Ricardo Lagos cuando exhortó a los chilenos a pensar en ella, en mayo de 2005. Dos términos jaqueados por el terremoto (6,8 grados) de Japón, en julio pasado y que obligó al alcalde de Kashiwazaki, Hiroshi Aida, a ordenar el cierre indefinido de la central nuclear más grande del mundo.

La seguridad y la limpieza y, más aún, la credibilidad de los ciudadanos en el uso de la energía nuclear se trizaron en los ojos de un alcalde espantado, mientras observaba tuberías rotas, 400 depósitos de desechos radioactivos por los suelos, 50 de ellos reventados, grietas en los tanques de combustibles, destrozos en el suelo, restos calcinados por el incendio al arder un transformador y fugas radioactivas por valorar.

El seísmo jaqueó y dio mate a la afirmación de Bitar: “Japón es un ejemplo de sismicidad y tiene instalaciones muy amplias y seguras”. Las autoridades o dirigentes - sin distingos- y medios de comunicación recargados de ideología, tienden a minimizar o encubrir los riesgos y efectos de lo que puede o acontece con el uso de energía nuclear.

Una actitud que sirve de sedante para una población con información insuficiente y conciencia confusa. Así, se deja amplia libertad a la ejecución de las estrategias de los gobiernos. La posibilidad de contrarrestarla y neutralizarla está en crear movimientos de opinión que conecten con el ciudadano, interesándolos y facilitándoles su comprensión.

En este sentido, la televisión pública, en tanto autónoma del gobierno, de los partidos políticos y de los poderes fácticos (materiales y espirituales), podría animar un conocimiento y un debate sobre las opciones energéticas para Chile, sin excluir ninguna.

La energía es un tema que tiene muchos filones para el periodista. Explorarlos y producir ciclos programáticos, como sucede en otros géneros televisivos, podrían colaborar en una concienciación ciudadana con lo esencial del periodismo: aquello imprevisible, capaz de infundir interés y suscitar conversaciones en audiencias heterogéneas con la realidad próxima y lejana, siempre inquietante.

EL LENGUAJE NO ES INOCENTE

El juez Alejandro Madrid vuelve a colocar la figura de Eduardo Frei Montalva en los medios de comunicación. Lo hace al ordenar la detención de 4 médicos, 1 enfermera, 6 ex militares y 1 ex empleado civil del ejército. Dos de esos médicos - Pedro Valdivia y Vittorio Orvietto- eran de la DINA y facultativos de la Clínica Santa María cuando el ex Presidente de la República fue internado y operado, donde agonizó y murió.

Al día siguiente de la decisión judicial, el Partido Demócrata Cristiano celebró 50 años de existencia. Su Presidenta, la senadora Soledad Alvear, refiriéndose al desenlace de la vida de Frei, dijo: “todo apunta a que el ex Presidente Frei pudo haber sido asesinado…”.

¿Por qué la Democracia Cristiana, por su voz más autorizada, aún duda o considera políticamente incorrecto asumir que su principal figura, en este medio siglo de historia, haya sido eliminada por agentes de la dictadura, a diferencia del sereno reconocimiento que hacen los familiares del extinto: “fue envenenado con gas mostaza”?.

En los años de la dictadura, frente a las denuncias de arrestos y detenciones ilegales o prolongadas, torturas y desapariciones forzadas de personas, se impuso la fórmula que decía: mientras los tribunales no dictaminen qué sucedió, no se puede afirmar que lo denunciado sea verdad.

Entonces los tribunales poco o nada investigaban de aquellas denuncias. Sin embargo, personas e instituciones que defendían los derechos humanos se formaban y expresaban la convicción de que tras los hechos denunciados había un sistema de represión ejercido por uniformados y civiles sustentado por un Estado dictatorial.

En cambio ahora sí, los tribunales están investigando aquellas denuncias. Éstas, una a una, están ratificando lo que esas personas e instituciones, durante la dictadura, habían afirmado sin necesidad de un “visado judicial”. Los tribunales se han incorporado, cada vez con más eficacia, a administrar justicia con aquella parte de la sociedad chilena atropellada en sus derechos fundamentales, en la que estaba Eduardo Frei y los democratacristianos.

Resulta paradójico que la Presidenta de la Democracia Cristiana continúe hablando en condicional sobre los hechos sucedidos en el ecuador de la dictadura, enero de 1982. Las resoluciones de jueces sobre casos que han afectado a otros prominentes políticos chilenos asesinados y las numerosas y calificadas evidencias reunidas por el juez Madrid convergen en el asesinato.

CHILE Y BOLIVIA EN ALTA MAR (2)

El Chile gobernado por Michelle Bachelet conversa con la Bolivia gobernada con Evo Morales. Lo hace sin reproches, como los que profiriera el ex Presidente Ricardo Lagos en Monterrey (2005) y fuera aplaudido con fervor por chilenos de todos los pelajes. Chile, desde hace 128 años, está habituado a un trato arrogante con sus vecinos andinos, especialmente Bolivia, más débil, tras la victoria militar de 1879.

Esa soberbia de sentirse superior la muestra con palabras: “el problema de Chile es su barrio”, Chile está para jugar con los países de “primera división”; con gestos: la renuncia de Edmundo Pérez como Cónsul General en La Paz, porque se le había agotado la paciencia (abril, 2003), la acefalía de la representación diplomática chilena en La Paz por 10 meses, la destitución del sucesor, Emilio Ruiz-Tagle, a ocho meses de designado (septiembre, 2004), por formular declaraciones diplomáticas que pretendían crear confianza con en el país vecino.

Pero lo que hace más daño es la política de no escuchar “al otro”: sus reclamaciones, sus argumentos, sus alternativas. Adoptar la opción tajante de intentar invalidar su voz y racionamiento al decirle que lo suyo no tiene valor, porque ha quedado zanjado, en el caso que nos ocupa, en el terreno de las armas (1979) y definitivamente archivado en el terreno de la diplomacia (1904).

Los tratados internacionales, como las constituciones y las leyes, generan obligaciones, no obstante, éstas pueden modificarse si los estados y los ciudadanos, según sea el caso, así lo determinan luego de reconocer una realidad cambiante, de desarrollar un debate reservado, primero, abierto después y de usar mecanismos previamente convenidos para resolver los contenidos y los términos de lo que se desea modificar.

La política regional del gobierno chileno se define de “integración abierta”. El Canciller Alejandro Foxley, en entrevista al diario neoconservador El Mercurio, decía que las relaciones de Chile con los vecinos, Bolivia uno de ellos, es central para la integración chilena en América Latina y desde ahí proyectarse al mundo. Sería iluso pensar que Chile pudiera participar en un mundo globalizado desde una posición solitaria en la región y, agregaba, que Chile debe aprender a convivir con los diferentes tipos de democracia existentes y en este contexto ser un factor de convergencia. Ello requiere de credibilidad internacional y una de las varas para medirla es la calidad de las relaciones con los próximos, los vecinos.

Encuestas de opinión pública muestran que una mayoría no desea que el gobierno negocie con Bolivia un acceso soberano al Pacífico. El canciller Foxley, en la entrevista aludida, se lamenta del alto porcentaje de chilenos en desacuerdo con la propuesta de “un mar para Bolivia” y apela a desplegar una tarea educativa para que los chilenos entiendan que los países tienen que integrarse de verdad en el siglo XXI.

La pregunta es: qué tipo de relación desea Chile con Bolivia en el largo plazo; qué características y términos debiera tener la integración con Bolivia y entonces, preguntarse si conviene a un Chile integrado a su región y desde ahí al mundo global un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El gobierno de Michelle Bachelet ha comenzado a responder esta pregunta, lo hace escuchando al gobierno de Evo Morales.

Cuando las confianzas sean firmes, sería oportuno considerar que los ciudadanos bolivianos y chilenos dispusieran de elementos que le permitiera creer que es posible aquella “integración de verdad”, mencionada por el canciller chileno. Un aporte a que los chilenos puedan comprender por qué una amistad cívica y una integración de proyectos compartidos con el mundo y la cultura andina, que representa Bolivia, es mejor, que la arrogancia -altiva o indiferente- predominante hasta ahora y que lo más probable conduciría a restar crédito integracionista a Chile en la región y, por ende, siguiendo al Canciller, debilitar su proyección en el mundo global.

CHILE Y BOLIVIA, HACIA ALTA MAR (1)

¿Qué nuevo hay entre Chile y Bolivia que conversan sin sobresaltos?, a diferencia de los malhumores de Perú con Chile, que le reclama 37.900 metros cuadrados de espacio marítimo al querer trazar una bisectriz, en vez de la actual paralela, desde el punto de la Concordia o, en contraposición a los espesos encuentros de Chile con Argentina debido a la falta de fluido que, se suponía, haría circular como por un tubo una nueva amistad.

Desde julio de 2006, Chile y Bolivia conversan alejados del bullicio de la farándula mediática, como si estuvieran, ambos, en algo que les es propio, como en medio del mar, pacífico hasta ahora. Evo Morales, un indígena y Michelle Bachelet, una mujer se han reunido 8 veces en 1,8 año de gobierno. Sus colaboradores lo hacen desde hace 1 año en un Comité Binacional de Consultas Políticas. Trece temas están ahí, sobre la mesa, incluido uno, el número seis: el acceso al mar de Bolivia.

El que fuera activista cocalero, dirigente campesino, fundador y diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y luego elegido Presidente por mayoría absoluta (53,74%), el segundo de la historia de su país, navega y empuña el timón ya no de frente a las costas, como se estaba habituado a hacerlo en los espacios multilaterales, sino enfilado de modo que la navegación sea paralela a la ribera.

La opción de Morales es ensayar una nueva carta de navegación, como las que se emprenden para reconocer, en este caso las inmensidades y los límites que van a una y otra banda. Este rumbo lo hace junto a Chile. Y aquí parece estar la novedad significativa: la falta de acceso soberano al mar de Bolivia no es un problema de uno ni de otro. Es de los dos, es un “problema conjunto” y, por lo tanto, ha de conversarse entre ambos y en un tiempo lo suficientemente amplio como para no estrellarse en las abruptas costas nortinas, sino que hacerlo a través de la inmensidad del Pacífico.

Se crea un contexto en que el tiempo no requiere de límites fijos, dramáticos. Al contrario, se precisa de tiempo para explorar, reconocer, diferenciar y descubrir “en conjunto” los territorios mentales y físicos que permitan deshacer, añadir y unir una variedad de elementos. Urdir confianza en sí mismos y con el otro hasta sentirse cómodos en esas confianzas. Convencerse de que uno y otro pueden, y es deseable que lo hagan, colocar el pasado por delante, de cara al futuro, para poder “en conjunto” efectivamente acordar las bases de una nueva relación, más próxima a los retos, de ambos, del siglo XXI, que de los errores, de ambos, del siglo XIX y XX.

La opción boliviana es conversar sin sobresaltos de la “reintegración marítima”, un concepto diferente al de “reivindicación marítima”, pues considera que el “problema conjunto”, de Chile y Bolivia, no tiene ya como único “puerto” un acceso soberano al Pacífico, sino que este “puerto” podrá ser real si es parte de una integración contenida de muchos otros aspectos, cuyos algunos titulares están entre los 13 temas en conversación. El diálogo ha reemplazado a la presión y si éste es verdadero, con confianza, surgirá algo diferente a lo que actualmente está en la cabeza de Bolivia y Chile, de lo contrario sería una parodia.

TIENEN LA PALABRA … DIPUTADOS

Un grupo de diputados durante 60 días, dos veces a la semana, trabajarán en público, ante los ciudadanos-televidentes. Esta vez no aparecerán maquillados en estudios escenificados para ser protagonistas de un espectáculo. No obstante, podrían convertir su propia sala de reuniones en una juerga mediática - de farándula - con guiones y técnicas útiles para liquidar o blanquear las imágenes políticas de sus invitados.

Una de las funciones primordiales de los diputados en una democracia es la de fiscalizar los actos de gobierno. Elegidos por los ciudadanos, los representan y su deber es velar por sus derechos que puedan ser afectados por decisiones, procedimientos y conductas del gobierno. Esta condición del diputado -mandatario de los ciudadanos- es una dimensión fundamental en su desempeño, diferente a esa otra dimensión, la político-ideológica.

Coherente con los ciudadanos, un diputado, de gobierno o de oposición, en una comisión investigadora puede arribar a una convicción de que los actos, procedimientos y conductas de un gobierno, independiente de su color político-ideológico, pueden ser acertadas o equivocadas, causante o no, en este caso, del fiasco del proyecto de modernización del sistema del transporte público de la ciudad metropolitana.

A los diputados no se les ha elegido para escenificar talk show donde los roles están prefijados para un espectáculo en que se trata de denostar y humillar al otro estimulando el morbo del público, sino para legislar a favor de los ciudadanos y fiscalizar al gobierno ante hechos fundados que puedan perjudicar los derechos de los ciudadanos.

Es común en Chile y en otras partes, que los políticos sean indiferentes o se irriten ante la crítica a las “democracias actualmente existentes”. Nada parece decirles a los políticos chilenos que más de 2,5 millones de personas hayan optado por no hacer uso del derecho a elegir representantes, tampoco se inmutan frente a la desconfianza y deshonestidad (sobretodo por la incoherencia entre el decir y el hacer) que los ciudadanos señalan a través de encuestas de opinión pública.

La ejemplaridad pública de los políticos ha desaparecido del imaginario chileno. ¿Qué puede leer el ciudadano común cuando ve a sus representantes y sus líderes de hacer un uso mercantil de la notoriedad mediática o de la fama social que cosechan en el ejercicio de la política?

La decisión de los 82 diputados de investigar es acertada. Sin embargo, se espera que el trabajo del grupo sea y parezca transparente, limpio. Es una oportunidad para rehabilitar virtudes cívicas como la firmeza de convicciones, la claridad de exposición y el respeto hacia el otro: el colega, el invitado y, especialmente, el ciudadano-televidente.

La disyuntiva de los diputados es, o descubrir a los responsables de la ineptitud política u ocultarlos mediante el programa habitual de juerga mediática.

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UNA PREGUNTA PARA CHILE

Tengo una pregunta para usted. ¿Cuánto vale un café?, pregunta Jesús Cerdán. Unos 0,80 céntimos, responde, el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y Cerdán le comenta: “eso era en los tiempos del abuelo Pachi”. Veintitres días después, la tímida voz de Violeta Aranguren, la pensionista que recibe 300 euros mensuales (214 mil 500 pesos), dice “si no es mucha molestia, ¿podría decirme qué gana? El Presidente del Partido Popular, de derechas, Mariano Rajoy traga saliva, le hace repetir la pregunta y emprende la fuga. Una semana después diría “es que me quedé cortado” y entonces decide soltar lo que le atragantaba: 8000 euros (5 millones 720 mil pesos).



La televisión pública española consigue re-escenificar la política. La coloca en una dimensión de democracia directa, crea un ágora en que, cara a cara, escogidos de acuerdo a sofisticadas muestras, 100 ciudadanos se encuentran con la autoridad, en este caso política. La audiencia desborda toda su imaginación y se dispone a disfrutar una relación política genuina: la del ciudadano con el político. Más de 7 millones de miradas se asomaron a ver -parte o toda- cada una de las funciones, de dos horas de duración.

El atractivo de la escenificación es algo intangible: la incertidumbre o lo imprevisible, determinado por un desusado espectro de diversidades de género, de edades, de nacionalidades, de regiones, de condiciones sociales y económicas, de procedencias culturales, ideológicas y políticas, que pretende significar la sociedad, la ciudadanía frente a la figura del gobernante, del político.

El alto grado de lo imprevisible está íntimamente vinculado al ensanche de las condiciones de libertad de los ciudadanos (en este caso de los 100) y con la reducción de los grados de protección (o de seguridad) del político (Rodríguez Zapatero y Rajoy). Más libertad, menos seguridad, lo contrario a las actuales tendencias dominantes en las relaciones sociales en Occidente. Una ecuación cada vez más escasa y, quizás, en parte por eso, más deseada y agradecida.

Las reacciones afloraron: “hubo democracia de la buena”, “libertad y autenticidad” o se alcanzó algo propio de la política: “hablar de cosas que nos afectan en nuestras vidas cotidianas”. Este espacio de televisión ha logrado develar una relación muy diferente a la que despliegan los políticos desde el hemiciclo, de sus sedes partidarias o desde los propios medios de comunicación, cuando no están en relación a los ciudadanos.

Este sujeto complejo por lo diverso, el ciudadano, ha traído en este espacio de relación directa con el político, un frescor, una cordura, una atención, una emoción con su timidez, con su rudeza, con su nerviosismo, con su sencillez a la política que, dejada sólo al arbitrio de los políticos, se degrada o, lo que es lo mismo, se corrompe en España, “aquí - en Chile- y en la quebrada del ají”.

ALÓ, HABLA EL CANCILLER…

Los tiempos no están para epopeyas, no lo están para contemplar poemas narrativos referidos a hechos heroicos, históricos o legendarios. La fuerza inapelable de la “razón de estado” ha hecho retroceder a los guerreros chilenos, peruanos y bolivianos representados con ojos del siglo XXI, ha dejado mudos a ciudadanos e historiadores de estos tres países y ha ocultado las imágenes de niños y maestros de hoy, que aprehenden de las epopeyas protagonizadas por los guerreros del siglo XIX.

El cuarto gobierno de la Concertación, como los tres anteriores, ha discado el celular de la televisión pública. La censura se ha dejado escuchar en el interlocutor y ha procedido a cumplir los deseos de un atribulado canciller, postergando en forma indefinida su eventual proyección.

La censura del canciller, por una parte, impide que los ciudadanos-telespectadores puedan contemplar, pensar y debatir acerca de la relación con los vecinos y, por otra, acosa a la estación televisiva en su función de pensar, imaginar y producir con libertad un servicio de comunicación relevante para todos los chilenos.

La exhibición de una serie de tres capítulos sobre la tragedia que enemistó, hasta hoy mismo, a Chile con dos de sus vecinos quedó postergada “hasta nueva orden”, como se decía hasta no hace mucho. O hasta que el gobierno peruano le haga saber al canciller chileno que ya la epopeya no le incomoda en el trato con su propia oposición. O hasta que la televisión pública se decida a hacer valer su autonomía.

La independencia de la televisión en su gestión financiera no tiene correspondencia con su gestión editorial. En el gobierno de Aylwin, como ahora en el de Bachelet, presionó para impedir la proyección de programas, entonces que afectaría la tranquilidad del Ejército de Pinochet y ahora la del gobierno peruano de Alan García.



Pero, más bochornosa fue la relación de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y de Lagos con la televisión pública. En el primero, desde La Moneda se urdió la destitución del Presidente del Directorio de TVN, porque éste no satisfacía las expectativas informativas. En el segundo, desde La Moneda se maquinó a presión la renuncia de un directorio que se suponía autónomo, es decir, que sus cargos expiraban de acuerdo a unos tiempos normados y no a la discrecionalidad del Presidente de la República.

El liderazgo de Michelle Bachelet, validado por una ciudadanía que la eligió Presidenta de la República, se fundó en la expectativa de un cambio: el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. La serie Epopeya, por los antecedentes entregados, es un documento precisamente para pensar y formarse una opinión sobre los vínculos con Perú y Bolivia, sin embargo el canciller se aleja de su liderazgo al impedir a los ciudadanos a acercarse a uno de los problemas internacionales más relevantes de este gobierno: la relación con sus vecinos.

¡AÚN HAY PLAZA, CIUDADANOS!

A la vista está el aniversario del primer año del gobierno de Michelle Bachelet, como lo está la plaza de la Ciudadanía envallada, vigilada y vacía desde hace medio año. Desde el 10 de septiembre cuando personas, nunca identificadas, aprovecharon el paso de una manifestación conmemorativa del 11 de septiembre por el costado de La Moneda, arrojaron una “molotov” sobre una de sus ventanas.

Un contrasentido es restringir a los ciudadanos esta plaza “de la Ciudadanía”, por parte de un gobierno que desde su comienzo planteó la rehabilitación del ciudadano hasta entonces minusvalorado por una Constitución que conserva aún huellas de la llamada “democracia protegida y eficiente” o por estilos tecnocráticos en el ejercicio de gobierno.

Demasiado castigo para los ciudadanos estos seis meses, a no ser que la plaza haya sido abolida por su no uso transformándose, como una vez le escuché decir a uno de sus vigilantes, “en un área de seguridad interna de la sede del Gobierno”. De ser así podría hacerse explícito de que la plaza ha pasado ser el cuarto patio de La Moneda.

La idea original de la plaza era la creación de un híbrido lúdico y cívico. El paseo y el acontecimiento. Recogía la memoria de la Alameda histórica: el paseo familiar, el juego, el encuentro amistoso junto a la manifestación social, cultural y política. Una plaza polivalente, concurrida por la diversidad de la ciudad.

Toda una representación de la modernidad (o posmodernidad, si se quiere), en un contexto de transparencia que se prolongaba hasta la Plaza Almagro. Pero, la idea ha sido intervenida por el dominio de la estética del orden y la seguridad, donde la expresión humana se excluye; el lugar se convierte en un no-lugar: espacio desocupado, de restringido tránsito de peatones. Lo visible es el policía que vigila e inhibe, imponiéndose un vacío monumental; lo contrario a una estética formada con la presencia de la diversidad, del movimiento, de la expresividad cívica, propio de una cultura democrática.

La Presidenta Bachelet, levantada por una amplia ciudadanía entusiasta, esperanzada, más que por la estrecha esfera política abúlica, conformista, podría pensar en como devolverle este espacio histórico y renovado a los chilenos. Bien podría ensayar algunos pasos, como sostener “diálogos ciudadanos” al aire libre, aprovechando las características semiduras del lugar. Una plaza abierta a sostener encuentros cívicos donde se pregunta, se escucha, se responde, se explica, se critica, se propone.

Uno de los métodos que aconsejan para superar el temor ciudadano a la intimidación y a la agresión es el uso del espacio público: calles, pasajes, plazas y así inhibir la acción violenta. La ocupación lúdica y cívica de la plaza por los ciudadanos y de éstos con sus representantes podrían forjar una identificación con el lugar, indispensable para su defensa social ante la acción del malhechor y del inurbano.

EL LADO OSCURO DEL EJÉRCITO

La dictadura de Augusto Pinochet envenenó al ex Presidente de la República, el democratacristiano Eduardo Frei Montalva. Una verdad que, poco a poco, se va trasluciendo de los textos que acumulan los 13 volumenes del expediente que lleva el juez Alejandro Madrid. Observar las evidencias (los hechos) induce a volver la mirada hacia el Ejército, entonces manipulado por su Comandante en jefe, el dictador.

En esta ocasión, la dictadura no usa su policía secreta (la CNI), sino pone en acción la Inteligencia del Ejército (la DINE), una estructura institucional. La condición de la víctima. postrada en una clínica, no requería de un operativo estridente, intimidatorio, violento, sino de una acción encubierta desplegada con habilidad, fineza, inteligencia. El arma empleada no necesitaba simbolizar fuerza, poderío, orgullo, sino debía ser discreta, silenciosa, confusa.

La denuncia judicial por homicidio, presentada por la família Frei, apunta a la inteligencia militar y a civiles. La mira está puesta hacia el personal de la DINE y personal médico, que transitaron día y noche alrededor del entonces principal líder de la disidencia democrática. En la presentación relucen las palabras “homicidio” y “gas mostaza”, el arma empleada.

Un arma química de exterminio masivo como la que usaron los soldados estadounienses contra los vietmamitas a fines de los 60 y comienzo de los 70 o la empleada por los soldados del Ejército de Sadam Husein en la campaña contra la población kurda entre febrero y septiembre de 1988, cuando el ex dictador gozaba del apoyo político y militar del gobieno republicano de Estados Unidos durante la guerra contra Irán.

La misma arma química es usada contra Frei Montalva. El honor del Ejército chileno está comprometido. La defensa de la família Frei acusa a la institución de no prestar colaboración con el juez. En su momento, el Comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre lo desmintió, en términos semejantes a los que esgrimieron, ante otras demandas, sus antecesores Izurieta y Pinochet.

El “nunca más” que pronunciara Cheyre en su ejercicio, queda en una retórica vana si no se la acompaña con una actitud valiente para encarar delitos pendientes que tocan a la institución, como el caso del homicidio de Frei Montalva.

El Ejército es una institución del Estado, por lo tanto, con discreción y firmeza algún rol debiera jugar el Gobierno, en particular la Presidenta de la República. Hay una “razón de estado” para ello si consideramos que ésta no opera sólo para opacar ciertos hechos que comprometen intereses superiores, sino también para transparentar hechos que comprometen valores superiores.

La verdad incomoda al ver como el hombre está envenenando el planeta Tierra. También lo es reconocer los rostros que desde la primera línea y la trastienda intoxicaron letalmente al ex Presidente de la República.

El hecho sucedió justo a la mitad del régimen dictatorial, cuando la sociedad civil y política, reprimida, apenas se expresaba. La primera denuncia responsable la hizo Carmen Frei desde su asiento en el Senado, en octubre de 2002 y, a pesar de reportajes y entrevistas aparecidas en The Clinic, Televisión Nacional y Canal 13, más las informaciones de la defensa de la família y de su principal miembro, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en el 2006, la sociedad civil y política apenas se expresa. La indiferencia parece ser más cómoda.

LOS HIJOS DE DON QUIJOTE

El gobierno de Jacques Chirac, urgido por los pobres sin domicilio fijo (los sin techo) ha recurrido a uno de los principios del pasado revolucionario francés – la igualdad- para salir del trance puesto por un sorprendente movimiento, Los Hijos de Don Quijote.

Este valor de la revolución democrática contra el absolutismo, muy disminuído en Chile y en América Latina, ha sido rescatado por el gobierno galo de derecha, presentando en el parlamento un proyecto de ley, que se votará en febrero y que universalizará en forma progresiva el derecho a una vivienda digna.

En el 2012, los residentes sin techo o en viviendas precarias en Francia podrán reclamar ante un tribunal para que se le exija al Estado cumplir con el derecho humano a una vivienda digna, como actualmente sucede con la educación y la sanidad.

En Paris están Los Hijos de Don Quijote, nacidos de la pareja de un actor y su amigo, que alojados en una carpa bajo el puente de Austerlitz, proyectaron a través de internet imágenes de miseria del mundo rico. La prensa y la televisión reprodujeron las vistas y la opinión pública se activó preocupando al gobierno.

Los sin domicilio fijo cubrieron el espacio público frecuentado por turistas con cientos de carpas. La respuesta oficial en vez de la fuerza policial con sus bastones fue la razón política con la iniciativa legal, destinada a resolver un problema pendiente de un grupo de ciudadanos, entre 80 y 100 mil personas (0,12 y 0,15%) de la población francesa.

Como si los sin techo chilenos hubieran acampado en la interdicta plaza de la Ciudadanía, la opinión pública hubiera simpatizado con el movimiento y el gobierno de Michele Bachelet, de centro-izquierda, diera una respuesta cívica. Un sueño, como el de los franceses del 26 de octubre pasado, cuando iniciaron su testimonio social bajo el puente del Sena.

Unos movimientos ciudadanos emergen en los países de la Unión Europea ante lo que denominan la violencia urbanística e inmobiliaria de las grandes empresas del sector y agencias financieras, como la que prolifera en la España del Mediterráneo (Marbella, Benidorm, etc) y la de las grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Sevilla, etc) ejercida por la especulación de los megaproyectos urbanos y de la multiplicación de viviendas vacías.

Un Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Kothari (como los que iban a Chile en los 70 y 80 a conocer el estado de los derechos humanos) en su misión a España concluyó que el interés bancario de las hipotecas, la carencia de vivienda pública y la especulación en el uso del suelo tiene sumido al país en una grave crisis de vivienda y recomienda al gobierno socialista reconsiderar la actual política económica y social.


También en Chile surgen movimientos ciudadanos ante esta misma violencia urbanística e inmobiliaria como los de Ñuñoa y Vitacura. Ambos están enfrentando la agresivividad de las inmobiliarias apoyadas por los alcaldes de esas comunas. Asimismo, los deudores hipotecarios mediante su acción directa y el diálogo consiguen que el gobierno intervenga en un problema social que compromete el derecho a la vivienda, el mismo derecho que exigen Los Hijos de Don Quijote y los sin domicilio fijo, que también mediante la acción directa, están consiguiendo que el Estado lo reconozca y garantice a toda la población.

LA GRAN CONCERTACIÓN

De vuelta de vacaciones, se precipitarán evaluaciones con motivo del primer aniversario del gobierno de Michele Bachelet, el cuarto de la Concertación. Las encuestas, como le es propio, retratarán un presente, lo inmediato, pero se hace necesario extender la mirada. Ello requiere disponer de información procesada suceptible de interpretación y predicción sobre las políticas comprometidas.

La participación ciudadana es una de esas políticas llamadas a distinguir a este gobierno de los tres anteriores. En este campo, el sistema electoral binominal fue el compromiso más relevante. Una comisión ad hoc inició un proceso de consultas, estudió alternativas, evacuó un informe en vista a la elaboración de un proyecto de ley para que los parlamentarios debatieran y decidieran.

El resultado no pudo ser más sorprendente. A la negativa de los partidos de la Alianza a participar de un cambio de sistema, los de la Concertación, conocido el informe, se plegaron a la decisión de la Alianza: “perfeccionar el sistema”. El Gobierno quedó sin apoyo, mas la propia Presidenta fue desautorizada por partidos de la Concertación cuando planteó la idea de convocar a un plebiscito si la Alianza bloqueaba el proyecto en el parlamento.

Los partidos oficialistas renunciaron al cambio del sistema, plegándose a una parte de la oposición que estudia un “perfeccionamiento”, es decir, reafirmarlo con una fórmula que conceda un cupo al partido comunista. Ha sido un “compromiso retórico” durante 15 años, señaló Edgardo Böeninger, tras fracasar la misión que le encargó la Presidenta Bachelet. “Los parlamentarios de la Concertación y de la Alianza no desean cambiar ni los territorios ni los electores”, dijo.

La predicción hecha por el ex Presidente Lagos en su cuenta anual del 2004 se ha cumplido. Los parlamentarios de todo el espectro político coinciden en continuar repartiéndose los escaños de acuerdo a una de las principales herencias de la dictadura de Pinochet: el sistema binominal.

Un sistema electoral en que dos bloques de partidos determinan quienes serán sus diputados y senadores, ratificados, en la gran mayoría de los distritos y circunscripciones, por los ciudadanos; un principio semejante (aunque no con resultados iguales) a lo que sucedía en la Unión Soviética, en que un partido determinaba a sus candidatos y los ciudadanos concurrían a ratificarlos en las urnas. En el caso chileno las posibilidades de elección de los ciudadanos son mínimas; en el caso soviético eran nulas.

La lógica del binominalismo electoral es clave para cerrar intentos de apertura que contradigan los principios fundamentales del modelo de desarrollo político, económico y social, cuyo dinamismo se sustenta en un incremento ininterrumpido de un desigual reparto del poder, de la riqueza de los ingresos y de las oportunidades entre los diversos sectores sociales y culturales de la ciudadanía. Aquello que con cierto cinismo, de vez en cuando, se le llama “escándalo social o moral”.

El discurso de la Presidenta sobre participación ciudadana no ha tenido ambiente en los partidos que la apoyan. Éstos continúan como viviendo en una “transición política” (aunque la declaran concluida) con una ciudadanía de mínima intensidad, inexpresiva. Ya el mismo concepto de participación (a no ser que sea subordinada), incomoda.

En vez de ciudadanos prefieren videntes de espectáculos fabricados por las televisiones con el material que extraen de delitos, corrupciones y surtido de banalidades políticas y de la farándula. Formas mediáticas que afianzan a un ciudadano alejado del conocimiento, del debate, de la iniciativa y de sus capacidades de decisión, más allá del acto de comprar y vender, indispensable para construir sentido a sus vidas en la familia, el barrio, el estudio, el trabajo, la sociedad; en suma, en la política.