DIÁLOGO O VIOLENCIA, NO HAY VUELTA

El 15 de septiembre, a tres días que inicie su andadura el año del bicentenario de la independencia, comienza a regir el Tratado Internacional (o Convenio 169 de OIT) que compromete a Chile cambiar sus relaciones con los aymara, colla, diaguita, kawéskar, likanantay, mapuche, quechua, rapa nui y yámana, los nueve pueblos indígenas que cohabitan con el pueblo chileno en territorios administrados por el Estado de Chile.

Chile reconoce y respeta la aspiración de estos nueve pueblos “a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lengua, religiones, dentro del marco del Estado”, según considera el Convenio.

La gran novedad es el reconocimiento de la diversidad de pueblos (cualitativamente diferente a étnias) que cohabitan en Chile, y que esta validación exige inaugurar una nueva relación (un nuevo trato) entre el Estado y los pueblos indígenas, concebidos éstos como sujetos colectivos, protegidos por el derecho, para ejercer sus capacidades de deliberación y decisión sobre sus prioridades en la consecución de su desarrollo económico, social y cultural en armonía y con la cooperación del Estado chileno.

El Tratado suscrito parece una gran oportunidad para que, ahora los 10 pueblos, se reunan en círculo a dialogar sobre una agenda que atienda los contenidos, estilos y tiempos para aplicar el Convenio e ir dando forma a un país pluricultural que incorpore gradualmente la diversidad en su narración política.

Una coyuntura propicia para torcer las dinámicas históricas dominantes del trato a lo indígena en Chile: ignorancia, trivialidad, discriminación, marginalización y represión. Los pueblos indígenas deseaban el Tratado y el estado chileno lo ha aprobado y ratificado.

Una coincidencia fundamental: el marco político-jurídico-valórico para plasmar una nueva convivencia. Sin embargo, nadie espera celebrar nada el día 15 de septiembre y es probable que la vigencia del Convenio pase despercibida.

Las políticas legislativas de reconocimiento y de reparación de los gobiernos de la Concertación no dan la medida ni la profundidad de la llamada “deuda histórica” que tiene el estado chileno, especialmente con el pueblo mapuche, el 87% de la población indígena. Personas entendidas en el tema mapuche apuntan que a los gobiernos les ha faltado aceptar la naturaleza política de un conflicto histórico.

Los problemas no son con un sector de la población chilena, sino con un pueblo, diferente al chileno, que reclama la aceptación de su indentidad propia, derechos que, contenidos en el Convenio 169, el estado debe incorporar a su ordenamiento jurídico y la restitución de tierras o territorios usurpados por la fuerza de las armas y de las leyes aprobadas para legitimar la apropiación por parte de particulares.

El desafío del estado chileno es asumir el cambio que le exige el Tratado: identificarse como un estado formado por pueblos distintos dispuestos a acordar una nueva forma de relación, desarrollando una convivencia basada en el respeto mutuo. Ello exige abandonar el ideario liberal decimonónico de los estados homogéneos que se proponen integrar a las minorías étnico-culturales subordinándolas.

Hace un año, el gobierno dio un gran paso al ratificar el Convenio 169, pero luego no ha logrado comunicar convicción ni confianza sobre el tema indígena. Hace un mes echó atrás un debate sobre un Código de Conducta para las inversiones en el habitat indígena luego de recibir la inquietud de los grandes empresarios. A quince días de entrar en vigor el Convenio, el Senado aprobó la reforma constitucional sobre pueblos indígenas sin consultarles como lo indica el Convenio.

Ni un acto público que transmita a los chilenos el mensaje de un nuevo tiempo para las relaciones con los pueblos indígenas. Las legislaciones y sus aplicaciones han quedado cortas, lejos de resolver los complejos problemas. La administración cae en una actitud mustia ante las dificultades de echar adelante una agenda indígena y sólo muestra una actitud vigorosa cuando en forma compulsiva responde con represión y leyes especiales a quienes han optado por desplegar un movimiento de ocupación de predios. Mira mas sobre estos temas aqui.

VIENTOS DE AMÉRICA DEL SUR

Los gobiernos de la América del Sur están inquietos. El despliegue de tropas estadounidenses en siete bases colombianas dispara la incertidumbre en la región. Los presidentes integrantes de UNASUR, en forma imprevista, se autoconvocan para reunirse extraordinariamente en San Carlos de Bariloche, luego de escuchar de boca del Presidente Chávez que dicha operación militar podría derivar en tragedia.

En marzo de 2008, tropas colombianas ingresaron en forma ilícita a territorio ecuatoriano matando a 16 combatientes de las FARC, entre ellos a su número dos, el comandante Raúl Reyes. Desde entonces las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia están rotas, a pesar de la labor mediadora de la OEA.

Recientemente, el gobierno de Colombia acusó a Venezuela de desviar armamento hacia la guerrilla: La respuesta fue congelar las relaciones (la quinta vez en este siglo) y amenazar con aplicar medidas económicas (corte de suministro de petróleo, nacionalizaciones de empresas, interrupción de intercambios comerciales) que afectarían intereses colombianos.

En este contexto, se filtran las avanzadas negociaciones entre los gobiernos de Obama y Uribe para fortalecer la presencia militar estadounidense en Colombia aprovechando el cierre de la base militar de Manta (Ecuador), luego que el gobierno de Ecuador cancelara el acuerdo militar con Estados Unidos de 1999.

Tropas estadounidenses en el epicentro de un conflicto que compromete a tres países, dos de los cuales –Venezuela y Ecuador- son aliados y que, tras procesos constituyentes, desarrollan políticas, con sus particularidades, contrapuestas a los moldes establecidos por Washington.

El argumento del nuevo pacto militar es combatir a un ejército guerrillero de 45 años de data y el negocio del narcotráfico, insoluble desde hace 30 años. Pero, las desconfianzas recargadas de los gobiernos de Chávez, Correa y de Morales, se vislumbran en otros como Brasil.

El Presidente Lula ha propuesto a que los presidente de UNASUR dialoguen cara a cara con el Presidente Obama, en la cita en Argentina, con el fin de conocer qué tipo de relaciones desea Estados Unidos con América Latina y discutir el tema de las tropas estadounidenses en las bases colombianas.

Como el golpe militar en Honduras, el pacto militar colombo-estadounidense adquiere una dimensión multilateral. En el primero opera la institucionalidad de la OEA, en la segunda la prudencia política de UNASUR, la misma que actuó para colaborar en la solución a la crisis institucional en Bolivia hace un año.

No obstante, la vara del desafío actual es mucho más alta. Como lo expresara el Presidente brasileño: “vamos a tener que ponernos de acuerdo respecto al futuro de la Unasur, porque debe haber una relación amistosa entre nosotros, un grado de confianza y de sinceridad, de lo contrario se corre el riesgo de crear un club de amigos rodeado de enemigos en vez de una institución de integración”.

¿Es posible desarrollar una instancia donde convivan diferentes posiciones entre gobiernos sudamericanos que se perfilen en el mundo en forma independiente y en diálogo con el gobierno de Estados Unidos?

Promete el próximo capítulo que escribirán los presidentes el 28 de agosto en San Carlos de Bariloche. El paisaje de sus lagos, bosques y montañas, en un clima frío y por donde atraviesan sin pausa vientos del Pacífico, ¿atempererarán las formas de Chávez, sincerarán el alma de Uribe, afinarán la personalidad de Correa, estimularán la vivacidad de Cristina, activarán los latidos del corazón de Lula?

¿PARA QUÉ METERSE EN HONDURAS?

Un dicho que propone evitar involucrarse en líos, embrollos inútiles. La ONU, la OEA y la UE no hacen caso y se implican en Honduras, el tercer país más pobre de América Latina, después de Haití y Nicaragua, desde hace un mes con un gobierno de facto surgido de un golpe militar y sin el reconocimiento de ningún estado del mundo. Sin embargo ahí está, desafiante.

Desde el gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama, hasta el gobierno de Cuba, de Raúl Castro, rechazaron el golpe, reconocieron la legitimidad del Presidente depuesto, instaron a su restitución en el cargo y, de ese modo, restablecer la democracia en el país centroamericano. Algo inédito.

En seis días, 33 países de la OEA suspendieron la participación de Honduras en la Organización. Por su parte, la Comisión Europea congeló un paquete de ayuda de 65,5 millones de euros y Estados Unidas, hasta ahora, se ha limitado a declarar que las relaciones se verían afectadas si el gobierno de facto no se avenía a las propuestas del mediador en el conflicto hondureño, el Presidente costarricense, Oscar Arias.

La iniciativa de Arias - restituir al Presidente Manuel Zelaya en un gobierno de unidad nacional a cambio de no acometer reformas constitucionales y adelantar las elecciones generales en un mes - no tuvo las consecuencias esperadas.

El golpe en Honduras evoca rutinas y retóricas que están vivas en la memoria, en el imaginario político de los pueblos y de la mayoría de los gobernantes latinoamericanos.

Los militares brasileños forzaron al presidente Joao Goulart a embarcarse en un avión con destino a Montevideo en 1964, del mismo modo que los militares peruanos lo hicieron con el presidente Fernando Belaunde al subirlo a un avión con destino a Buenos Aires en 1968. Después de más de 30 años, los militares hondureños lo hacen con el presidente Manuel Zelaya embarcándolo hacia San José.

El gobierno de facto niega el golpe militar, afirmando que el Ejército procedía a cumplir una orden del Tribunal Supremo de Justicia, porque el gobierno de Zelaya había transgredido la Constitución, como cuando la dictadura chilena habló de “pronunciamiento militar”, luego que el gobierno de Allende había “quebrantado la institucionalidad”, según resoluciones de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema.

Roberto Micheletti gobierna junto a ex oficiales, activos en los 16 años de dictaduras militares (1965-1981) y en gobiernos civiles represivos, implicados en la política militar de Estados Unidos contra el gobierno del FNLS nicaragüense, las guerrillas del FMLN salvadoreño y de las fuerzas de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Uno de ellos, su Ministro Consejero, el ex capitán Billy Joya Améndola, estuvo conectado a las policías secretas de Argentina y Chile en los 70 y con la Contra nicaragüense en los 80.

América Latina muestra energía política en la OEA, la que había exhibido no hacía un mes en la propia Honduras, cuando consiguió allanar a que Estados Unidos apoyara la eliminación de los motivos por los que se marginó a Cuba en 1962.

UNASUR es otra instancia con atributos, como lo demostró en la emergencia suscitada con la crisis constitucional en Bolivia. Brasil y Venezuela junto a Chile y Ecuador (próximo coordinador de UNASUR) pueden inyectar capacidad de iniciativa y cohesión, indispensable para inviabilizar a una dictadura surgida de un golpe militar.

El golpe en Honduras es un test para América Latina, pero también para la Administración Obama en su deseo de renovar la política estadounidense hacia la Región. ¿Se mantendrá la “tolerancia cero” hacia el régimen de Micheletti o habrá quienes buscarán el acomodo?

Sí, parece oportuno meterse en honduras, a propósito de Honduras. Crear espacios para que la Región debata sobre la democracia en América Latina, pues lo acontecido enseña que ésta es frágil cuando se la circunscribe a elegir (o reelegir) periódicamente a sus representantes.

Se requiere pensar y proponer instituciones representativas y deliberativas, que impliquen a los ciudadanos; políticas de desarrollo que transparenten más justicia social y estímulos para que la sociedad civil forje una cultura que considere la diversidad política y cultural como un valor, con un diálogo abierto entre ellas y la participación colectiva en la construcción de horizontes donde se proyecten imágenes de más inclusión, más igualdad y más realización personal y social; en una: más bien común.

HA LLEGADO EL TIEMPO DE DECIR

La historia continua. Se escribe y reescribe. Fluye en penumbra, unas veces; a plena luz, otras. Por un tiempo lo hace apenas como un rumor, inaudible y, de pronto ruidosa, hasta a inquietar. Nada pareciera detenerla y cuando presumimos que ha llegado a su fin (el fin de la historia), la misma, sin aviso, nos sorprende. Esa historia se comprende cada vez más a través de “pequeñas historias”, relatos de muy diferentes voces decididas a librarse de sus propios miedos, después de un tiempo prolongado.

“Era una cosa que guardé de tantos dolores que me vinieron en esos tiempos (…) mis hijos me decían por qué no contaba lo que había visto, pero no podía”, cuenta la pobladora Mónica Salinas 36 años después de esa madrugada del 18 de septiembre de 1973 cuando vio cuatro cuerpos arrojados junto al muro de un cementerio, entre los que reconoció el del cantautor Víctor Jara.

“Culmina una compleja misión (de 9 años) para reivindicar plenamente como jefe militar y soldado de excelencia a un distinguido comandante en jefe cuyo recuerdo ha estado largamente ausente en los cuarteles militares (más de 30 años)”, revela el jefe del ejército, general Óscar Izurieta al inaugurar el Campo Militar San Bernardo que lleva el nombre del ex Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González, asesinado por la policía secreta de la Junta Militar de Gobierno en septiembre de 1974.

LATIDOS EN LA OEA

América Latina y El Caribe se paran en sus propios pies. Representantes de sus 32 países ingresaron a la asamblea de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, decididos a levantar el anatema contra Cuba impuesto por Estados Unidos, junto a 14 países americanos, en la reunión de Punta del Este, en 1962.

Una personalidad que ya había mostrado en la Cumbre de Presidentes de Sauípe, en 2008. Ahí acordaron crear una organización de estados latinoamericanos y del caribe en México el 2010, un año simbólico cuando la mayoría de los estados latinoamericanos estén conmemorando el bicentenario de su independencia nacional.

El Presidente Lula, anfitrón en Sauípe, se pronunció a favor de la integración de Cuba en los principales foros de diálogo de la Región. En la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, frente al Presidente Barack Obama, los mandatarios latinoamericanos y del caribe centraron sus miradas en la gran ausente, Cuba. Reivindicaron el levantamiento del embargo estadounidense y Obama prometió una “nueva dirección” en sus relaciones con la isla.

La reunión de la OEA se convertía en un verdadero test para las relaciones entre Obama y la Región. Estados Unidos entraba como el único país sin relaciones diplomáticas con Cuba. Horas antes de la apertura de la asamblea, el Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en su discurso de toma de posesión del gobierno, ante un público exultante, había declarado el inmediato reconocimiento al Gobierno de Cuba.

La Canciller estadounidense, Hillary Clinton, arribó a San Pedro Sula con la idea de que un levantamiento del castigo tenía como condición la reorientación política del gobierno cubano hacia formas democráticas y respeto a los derechos humanos. Una idea sin acogida, dado que los motivos dados para excluir a Cuba en Punta del Este fueron su definición ideológica y alineamiento político en el contexto de la Guerra Fría.

Al final, los discursos de los representantes de la Región eran de alegría y satisfacción y Estados Unidos, resignado, se había allanado a remover el obstáculo para iniciar un diálogo con Cuba en vista a su regreso a la OEA. Algo que resultará dependiendo del curso que adquiera el diálogo bilateral abierto entre los gobiernos de Obama y Castro.

“La política de Estados Unidos hacia Cuba ha fracasado”, afirmó la propia Canciller Clinton hace dos meses. Lo ha verificado en la OEA, un espacio en que solía a hacer prevalecer sus posiciones. Ahora, ha tenido el mérito de escuchar y enmendar, coherente con lo que expresara el Presidente Obama en Trinidad y Tobago, de “buscar un nuevo comienzo con Cuba”, distante de la beligerancia, arrogancia y desprecio de tiempos no muy lejanos.

Estados Unidos se ha encontrado con una América Latina y El Caribe unida en torno a reincorporar a Cuba que, a pesar de sus diferentes motivos para ello, comparte una idea de dignidad, autovaloración y de justicia, relegando la actitud pusilánime, oportunista o, simplemente, a subordinarse ante el poder, sea por temor o por dinero.

Lo vivido en San Pedro Sula muestra a una América Latina y El Caribe más sensible a forjarse una identidad en el mundo, con capacidad de arribar a acuerdos respetándose sus diversidades ideológicas y que, tomando en serio su independencia e igualdad en el trato con Estados Unidos, puede, con firmeza, flexibilidad y transparencia, obtener nuevos logros en el contexto regional y global y más, reconocimiento de sus ciudadanos.

VÍCTOR JARA, EN LA HAYA Y SANTIAGO

Mientras Víctor Jara, junto a la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky, ensimismaba con su música a chilenos y flamencos y ante la presencia de la Presidenta de Chile y la Reina de Holanda en el Teatro Diligentia de La Haya, el mismo Jara reaparecía en Chile y en el mundo, luego que un juez revelara el nombre de uno de sus asesinos en el Palacio de Justicia de Santiago.

Ese mismo día, la Presidenta Bachelet ingresaba a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo hacía con la dignidad de quien ha cumplido una promesa al lograr el consentimiento del estado chileno de ratificar las competencias de dicho Tribunal. Chile fue uno de los 10 primeros en firmar a favor de su fundación, en 1998, y será el 109, el último entre los sudamericanos, en ratificarlo, en 2009.

La CPI, como dice su Fiscal Jefe, el abogado argentino, Luis Moreno Ocampo, fue creada “para que las grandes lagunas de impunidad que hay en el mundo dejen de existir, que los perpetradores de las masacres y violaciones en masa que se llevan a cabo hoy día se castiguen y que los castigos sirvan como ejemplo para que no vuelvan a ocurrir más”.

Chile fue uno de esos lugares, cuando durante 17 años se suspendió el recurso de habeas corpus, dejando a sus ciudadanos en la indefensión, lo que permitió que las instituciones armadas y los servicios de seguridad fueran instrumentos de comisión de delitos de genocidio y de lesa humanidad, como el perpetrado por mandos del Ejército contra el director de teatro y catautor Víctor Jara.

Chile se une a 108 países que reconocen la jurisdicción de la CPI y se desmarca de Estados Unidos, Rusia y China, que rechazan su incorporación ante la eventualidad de ser investigados por delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, cometidos por sus tropas en Irak, Afganistán y Guantánamo, el primero; en Chechenia, el segundo y en el Tibet, el tercero. Además, la opinión pública mundial tiene la convicción de que los tres han practicado violaciones a los derechos humanos fuera o dentro de sus territorios.

Siete años ha demorado Chile en dar el paso hacia la justicia del siglo XXI, a favor de ciudadanos indefensos o perseguidos por los estados, suyos o extraños. Una justicia que le cierra el paso a la impunidad, cuyos “comisarios del olvido” con frecuencia suben el tono para intentar seducir con su máxima: “no miren el pasado, hay que mirar el futuro”.

Los muertos no son el pasado sobre los cuales se pasa página. Los padres o las madres, los hijos o las hijas, los seres queridos muertos, para los suyos, adquieren presencia de mil formas y en cualquier momento. Víctor Jara es como uno de esos, querido no sólo por su pueblo, sino por una humanidad que se conmueve con su música, de poesía y canto, como sucedió en aquella jornada en la ciudad de la paz, La Haya, a la que se hizo acompañar por la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky.

OBAMA RESBALA

El Presidente Obama resbala. Cae en el lodazal que dejó su antecesor a sus pies. Le ha distraido la ansiedad por amnistiar la densa realidad heredada.

Un sentimiento propio de los gobiernos post-autoritarios urgidos por eliminar el pasado del presente y gobernar mirando el futuro. Como si el presente no fuera, en realidad, otra cosa que acumulación de pasado y éste, que se pretende soslayar, no condicionara el mañana.

Obama da marcha atrás: restituye las comisiones militares, que había votado en contra como senador en el 2006, y suprimido como Presidente en el 2009, para juzgar a los presos en Guantánamo y decide no publicar las fotos, como había prometido en marzo pasado, que muestran las torturas que agentes del estado infringieron a prisioneros.

El miedo infundido durante la “guerra contra el terrorismo” se asoma en ambas decisiones. La promesa de reconocer los derechos humanos queda pendiente, al menos para los 241 detenidos, (¡sólo tres están sometidos a juicio militar en base a testimonios de segunda mano!). ¿Por qué no se les acusa y procesa como a cualquier persona demandada en las cortes civiles de Estados Unidos?

La palabra del Presidente se desvanece ante la del Pentágono. Éste advierte que la publicación de las fotografías sería como “arrojar petróleo sobre los incendios de Irak y Afganistán”. ¿Por qué el transparentar hechos del “pasado” no se lee como un potente hito de reconocimiento y rectificación y de expresión de voluntad de construir un futuro de respeto de los derechos humanos en cualquier parte del mundo?

El legado de Bush está vivo, actúa. El resbalón de Obama así lo evidencia. Los presos de Guantánamo seguirán como “enemigos combatientes”, expresión que había suprimido no hace dos meses y las imágenes de “la guerra contra el terrorismo”, otro término eliminado por el discurso oficial, seguirán ahí, prisioneras, junto a las víctimas de las torturas.

El gobierno de Obama se asemeja a gobiernos democráticos de transición conocidos en América Latina. Su gestión se despliega en un campo resbaladizo en que la dureza del pasado se mezcla con la fragilidad del porvenir. ¿Cómo invertir la consistencia de uno y otro momento?

Lo primero es reconocer lo que se es en un momento determinado. El análisis del pensador francés Tzvetan Todorov sobre la “guerra contra el terrorismo” demuestra que “las democracias pueden adoptar actitudes totalitarias sin cambiar su estructura global”.

Bush, y continúan los parecidos con América Latina, invocó la “seguridad nacional” para suspender las libertades y garantías personales y reforzar su poder en desmedro del Congreso, lo que le permitió avalar, como legal, secuestros de personas sospechosas, trasladarlas por diferentes países en forma clandestina, mantenerlas detenidas en forma indifinida, sin cargos, en cárceles secretas o campos especiales y sometiéndolas a torturas físicas y síquicas.

El gobierno de Bush comprometió a las Fuerzas Armadas y la Cia en decisiones, instrucciones y actos que quebrantan derechos constitucionales, convenios y leyes internacionales sobre derechos humanos.

Una legislación paralela contaminó todo el sistema legal y los servicios de seguridad lograron una autonomía, sin ningún tipo de control democrático, concluyeron ocho juristas internacionales, entre otros, Mary Robinson, ex Alta Comisionada de la ONU, Arthur Chaskalson, Presidente del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Suprema de Argentina, después de tres años de investigar la “guerra contra el terrorismo” liderada por Estados Unidos.

Estados Unidos ingresa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la confianza de 167 gobiernos, una instancia boicoteada por el gobierno de Bush. Hace unos años, el Presidente Bill Clinton vinculó a Estados Unidos al Tribunal Penal Internacional a semanas de expirar su mandato, el Presidente George W Bush, lo desligó a meses de comenzarlo, ¿qué hará el Presidente Barack Obama?

LA SOMBRA DEL XIX

¿Por qué Chile tiene una gran dificultad para cerrar conflictos centenarios, como los limítrofes con Perú, de soberanía marítima con Bolivia o de territorios con el pueblo Mapuche? En los tres hubo intervención militar: guerra, ocupaciones, humillaciones, que han dejado secuelas de tal profundidad que siguen siendo capaces de desafiar tratados suscritos por ambas partes, como el caso de Perú. Con Argentina no hubo guerra y fueron resueltos por vías diplomáticas y políticas.

Otro estorbo ha sido el negacionismo de Chile frente a estos conflictos no superados. Éste pareció ceder, cuando el gobierno de Aylwin admitió que había algo pendiente con los indígenas. Legisló a su favor reconociendo sus tierras, una cultura y educación propia y su derecho de participación. También, cuando el gobierno de Bachelet acepta considerar la demanda marítima, uno de los 13 temas a negociar con Bolivia, y asume reconocer a los pueblos indígenas al ratificar el Convenio 169 de la OIT (Naciones Unidas) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Esta apertura, de encarar en vez de negar las diferencias, se cierra con la reforma constitucional destinada a adecuar las normas locales a lo establecido en el Convenio 169. Ésta desconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y no admite que el pueblo mapuche sea sujeto de derecho - ni político ni jurídico- difuminándolo en personas, organizaciones y comunidades. Tampoco acepta la propiedad de las tierras ancestrales indígena y restringe la propiedad y uso de las aguas.

Qué distinta es la conducta de Brasil. Su Corte Suprema Federal, por 10 votos contra 1, decidió a favor del gobierno de Lula el contencioso mantenido con los arroceros del estado de Roraima. La decisión judicial restituye 17 mil kilómetros cuadrados de territorio (algo inferior a la provincia de Cautín) para que 19.000 indígenas exploten sus tierras y obliga a políticos locales y productores de arroz a dejar el lugar, en virtud de derechos adquiridos de los indígenas que ocupaban dicho territorio antes de la llegada de los europeos, reconocidos en forma expresa por la Constitución de Brasil.

El estado chileno retrocede al siglo XVIII, cuando los padres de los independentistas adoptaron la máxima “se acata y no se cumple”. Con ello reconocían el mandato del Rey, pero incumplían de hecho sus normas. Lo mismo sucede ahora: se reconoce el tratado vinculante de Naciones Unidas, pero se le resta todo impacto en la práctica.

El Convenio 169 dice: “los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos” y afirma “el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales” y exige a los suscritos “respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.

Chile consiente estos principios, pero vuelve el negacionismo. No acepta la diversidad, tener un “nuevo trato”, de igualdad, con los pueblos indígenas; considerarlos pueblos diferentes, con su autonomía. Lo demuestra el Ministro Viera-Gallo: “en ningún caso el colectivo (pueblo indígena) puede ser considerado como un sujeto o ente autónomo capaz, entre el individuo y el Estado, al cual se le atribuyan potestades públicas o quede sometido a un ordenamiento jurídico distinto al que rige en el Estado”.

Los fantasmas se disparan, invadidos por temores sienten el acecho de una amenaza, de un potencial enemigo dentro de casa, como ese “despojado por las armas” de sus tierras en el siglo XIX. Con esa mentalidad decimonónica difícilmente se podrá cohabitar en “amistad cívica” en una época de globalización que se distingue por esa “complejidad de lo real” como es convivir con lo diverso – en la interculturalidad- entre pueblos diferentes sea en contextos estatales o supraestatales.

CUBA, regresa… ESTADOS UNIDOS, también

El Presidente de Cuba, Raúl Castro estrecha la mano del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama y el ex Presidente George Bush enfrente a una Comisión Verdad que investiga las atrocidades de la “guerra contra el terrorismo”. Dos momentos de ficción, pero sobre los que se ha comenzado a trabajar para llevarlos a la realidad.

Escenas con significados opuestos. El saludo, la invitación al diálogo, la posibilidad de acuerdo; y la obligación a declarar, la acusación, la posibilidad de condena política. Las expectativas se disparan por una transición o flexibilización política del régimen cubano de un lado, y por reestablecer el ideario de libertad y de derechos humanos en Estados Unidos, de otro.

El retiro de Fidel Castro, los anuncios de Raúl Castro de emprender “reformas estructurales” y convocar al VI Congreso del Partido Comunista, a lo que se suma la promesa del Presidente Obama de explorar un diálogo político, colocan a la isla en el centro de la brisa que sopla en América Latina y Estados Unidos a favor de un entendimiento multilateral.

En dos cumbres presidenciales (diciembre, 2008), caribeños y sudamericanos apoyan el fin del embargo estadounidense contra Cuba de hace 50 años (octubre de 1960). América Latina se cohesiona por el regreso de Cuba a la OEA y se propone convencer al gobierno de Obama a seguir ese camino, enfilando las relaciones interamericanas hacia una política de siglo XXI, de apertura, intercambio y pluralidad.

La Habana, un lugar de peregrinación. Doce presidentes latinoamericanos la visitan en menos de tres meses, con la expectativa de hablar con Fidel Castro. Un líder retirado, pero que suscita paradojas y un obsesivo interés mediático, a diferencia de aquel otro Presidente retirado, George W Bush, deslucido y acusado de quebrantar el sagrado ideario de la Constitución Americana.

La credibilidad y orgullo estadounidense están tocados. En Estados Unidos se hurga en los meandros de una trama totalitaria. El Washington Post saca a la luz “el aterrador pensamiento pos 11-S del equipo legal de Bush”: “imagínense un lugar donde los soldados pueden derribar puertas sin órdenes de registro y donde los ciudadanos pueden ser encerrados indefinidamente sin juicio. Imagínense que el líder de ese lugar tiene el poder de silenciar a los disidentes y a la prensa. Imagínense aún más: que ese hombre puede de forma unilateral romper cualquier tratado que no le guste…”

Este pensamiento que se tradujo en la Ley Patriot que restringió los derechos individuales de los ciudadanos y redujo las facultades del Congreso y los Tribunales de Justicia, dotando de amplia discrecionalidad al Presidente para embestir en Estados Unidos y el mundo contra el “enemigo combatiente” en la “guerra contra el terrorismo”.

Todo un estímulo para que los demonios se desaten sin límites en prácticas degradantes, similares a las acontecidas en el conosur latinoamericano, justificadas con los mismos conceptos de seguridad nacional. Estados Unidos vive su propia transición: "debemos saber lo que se ha hecho en nuestro nombre para poder restaurar nuestro liderazgo moral", dice el presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy.

Las voces surten. Una Comisión Verdad independiente se postula para saber de las salvajadas esparcidas por cuatro continentes. Frederick Schwarz, miembro de la Comisión Church (1975) que escrutó a la CIA, con su experiencia, dice: “creo que existen muchas cosas que sucedieron en los últimos ocho años de las que no tenemos ni idea". A la tentación de “dar vuelta la hoja”, el senador Leahy reacciona: "no se puede pasar página sin haberla leído antes" y el 60% de los estadounidenses asiente.

Cuba viene de regreso y Estados Unidos también. La isla se abre a dialogar en los foros latinoamericanos y la gran potencia se abre a conversar con los países del mundo. América Latina, más acogedora que a fines del siglo XX, y Estados Unidos, resuelto a depurarse de tanta vileza contraida en el siglo XXI, pueden sepultar el último vestigio de la “guerra fría” en la Región: el embargo, y comenzar a convivir con algo propio de la era de la glocalización: el diálogo multilateral basado en el respeto a la diversidad.

A LA PUERTA DEL JUEZ

Un día de éstos, el juez Alejandro Madrid abrirá la puerta de su despacho y comunicará su convicción de que el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva fue asesinado. Lo más probable es que se expanda un aire de consternación y segundos de silencio sean seguidos de descargas de condenas. Los deseos de aclarar y juzgar predominarán a los de sustraerse y pasar página, pero, ¿y después…?

El crimen contra Frei Montalva es otro de tantos cometidos en Chile y en el extranjero que compromete a militares y civiles de la trama de servicios de seguridad del Estado, pero, además es una oportunidad para actualizar la calidad de un régimen que todavía unos lo representan encabezado por un dictador y otros por un Presidente.

Probablemente, partidarios y detractores de dicho régimen prefieran no revisar nada y repetir “dejemos atrás el pasado y miremos el futuro”, como si de tanto machacarlo produjera la superación del conflicto. Basta ver la crispación producida con la reciente elección del Presidente del Senado en un hombre de confianza del dictador/Presidente.

Desde el comienzo de la transición democrática, en 1990, los Tribunales de Justicia vienen hurgando en los órganos vitales del régimen: de qué se nutrían, cómo circulaba su sangre y cómo coordinaban sus movimientos para lograr sus objetivos de seguridad, un concepto que, junto al del libremercado, configuró la ideología fundamental del régimen para “hacer de Chile una gran nación”, decían.

Los resultados de la acción de los jueces - no contestadas- , corroboran lo que personas e instituciones denunciaron como crímenes que violaban en forma sistemática los principios de la Declaración de Derechos Humanos. Lo nuevo, en estos años, es que los Tribunales chilenos - validados por todos- sean los que establecen el padrón de los orígenes, métodos y fines en los delitos cometidos por militares y civiles entre 1973 y 1990.

¿Qué hubiera ocurrido de “haber puesto una lápida definitiva sobre el pasado” (crímenes y violaciones de derechos humanos) durante el primer gobierno de la Concertación, como continua sosteniendo uno de los fundadores de la coalición? Probablemente, nadie hubiera reparado en el rastro extraviado, durante 20 años, en el hospital de la Universidad Católica: la ficha caratulada como N.N. y que resultó ser del ex Presidente Frei Montalva, lo que derivó en la apertura de las investigaciones judiciales.

La lápida sugerida habría sellado el engaño de hacer creer que la muerte de Frei Montalva no fue por envenenamiento, sino por complicaciones posoperatorias. Habría sido como someter a una sociedad, aún sedada por el miedo, a un shock, exponiéndola a secuelas irreversibles: confundirla al no saber identificar las razones de sus temores, angustias y horrores vividos durante 17 años, ni si sus dolores eran consecuencia de excesos focalizados de grupos vinculados al poder o de una planificación consciente, sustentada por el propio régimen de dictadura.

No hay otra cura de la sociedad como la que produce la justicia, dice el poeta argentino Juan Gelman que, como Carmen Frei y sus hijos y tantas otras madres e hijas en Chile, buscó la verdad de su nieta desaparecida, de 7 meses, hasta encontrarla después de 24 años. Esa, la justicia que procura el juez Alejandro Madrid es el tratamiento, la que hace posible que, antes de abrir la puerta de su despacho, haya facilitado que el candidato presidencial de la derecha chilena haya reconocido a la luz del día: “Tengo la convicción íntima de que Eduardo Frei Montalva murió en circunstancias muy extrañas y anómalas…”. Hace dos años esa evidencia, al menos, no la admitía en público.

¿EMPATE? NO, UN SAQUEO

¿Por qué TVN le da un portazo a Salvador Allende, cuando hace seis meses lo mostraba como “el más grande de la historia de Chile”? Las 1973 revoluciones por minutos no pasarán… por sus pantallas. El director del filme, Fernando Valenzuela dice que la explicación dada fue que si se accedía a mostrarse su película, después podría llegar una otra sobre Pinochet.

En la argumentación asoma la figura del cínico que simula ecuanimidad, equilibrio, en este caso, entre dos personas de conductas públicas que representaron valores muy lejos de ser equivalentes, como es la que subyace a la explicación de la negativa de TVN.

No obstante, la razón esgrimida no es casual ni aislada. Por muchos años se difundió que Chile vivió entre 1970 y 1973 una “dictadura marxista”, sin libertades o que, si no la había, el gobierno de Allende se proponía implantar un régimen comunista. De ahí se explica el golpe de estado que instaura el llamado régimen militar y que más tarde se reconoció como “la dictadura de Pinochet”.

Una dictadura (o cuasi dictadura) frente a otra dictadura es el esquema de pensamiento contenido en la decisión de negarse a la petición de Valenzuela, como si los ya casi 29 años de libertad no fuera tiempo suficiente para que la dirección del canal no distinga ni valore los talantes de Allende y Pinochet (y sus gobiernos) de acuerdo a sus conductas y responsabilidades en los hechos.

Ya en el mismo 11 de septiembre se producen dos hechos que hablan de sus atributos: Allende, que cumple su promesa de defender la democracia en La Moneda y que sólo lo sacarían de allí muerto y Pinochet, que rompe su juramento de soldado de defender la Constitución al encabezar una insurrección armada destruyendo La Moneda, cerrando el Parlamento y neutralizando la acción de los Tribunales al proscribir el Habeas Corpus.

Nada puede igualarse a lo vivido entre 1973 y 1990 respecto a la historia de Chile del siglo XX. El uso del mando militar para cometer masacres contra prisioneros, como la llamada Caravana de la Muerte; la operación de una policía secreta comandada por oficiales de Ejército que secuestró a miles de chilenos y que, conducidos a lugares secretos, fueron torturados, muchos asesinados y desaparecidos y que actuó intercambiando prisioneros con servicios secretos extranjeros y atentando contra la vida de prominentes chilenos en Buenos Aires, Roma y Washington.

La propia Televisión Nacional entregó, el 2006, un retrato de esos tiempos, cuando sus pantallas presentaron las evidencias sobre el descenlace de la vida del ex Presidente Eduardo Frei Montalva que, aunque aún no se haya establecido “la verdad jurídica”, (tampoco se ha hecho sobre la mayoría de los desaparecidos) ya no hay dudas de que agentes del estado lo eliminaron, como tampoco las hay con los detenidos-desaparecidos.

El “no” a las 1973 revoluciones por minuto muestra la actitud del que prefiere la comodidad a encarar el asunto con criterios éticos, estéticos, históricos y de interés público. Opta por el empate entre Allende y Pinochet, un resultado muy distinto al “veredicto mediático” emitido por TVN el 18 de septiembre de 2008.

FREI Y RECABARREN

La Verdad tiene su Hora, tituló uno de sus libros Eduardo Frei Montalva en 1955. Un enunciado que se indentifica con el anuncio de la próxima aparición -o cierre- de la investigación que lleva el juez Alejandro Madrid y que llevará como rótulo: Proceso por Homicidio de Eduardo Frei Montalva.

Exhibidas las evidencias del crimen por envenenamiento contra el ex Presidente de la República a través del programa Informe Especial de TVN (2006), acotadas las pruebas de inoculación, por terceras personas, de sustancias químicas a su cuerpo enfermo, como lo acreditan informes técnicos ya en poder del juez, sólo falta establecer la identidad de los autores y de quienes indujeron u ordenaron su ejecución.

No obstante, se sabe que la operación de darle muerte fue obra de agentes del estado de la dictadura y que la investigación, como lo ha señalado el abogado de la familia: “está centrada en la Dirección de Inteligencia del Ejército”. El juez tiene una lista de nombres de sospechosos, entre otros, el que entregara personalmente el ex Mayor de Ejército, Carlos Herrera -autor del crimen de Tucapel Jiménez al mes siguiente de la muerte de Frei- a uno de los yernos del ex Presidente.

La hora de la verdad se aproxima. A días de la conmemoración de los 27 años del homicidio, el Presidente de la Corte Suprema le encomienda al juez Madrid dedicación exclusiva a esta causa. Éste, a su vez, dictamina secreto del sumario, luego de recibir pruebas que acreditan la acción de terceros. El virtual candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle insta a que oficiales o suboficiales del Ejército, hoy retirados, cuenten la verdad.

En este contexto, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta tiene el valor de admitir la eventualidad de que el juez pueda determinar que miembros del Ejército hayan intervenido en la muerte del Presidente Frei Montalva, lo que sería muy lamentable, junto con condenar un acto totalmente repudiable y actuar en consecuencia en el momento oportuno.

Este 22 de enero, alrededor de la imagen erguida de Frei Montalva, en la plaza de la Constitución, los asistentes seguirán exigiendo verdad y justicia en vez de ceder a los que instan a dar vuelta la página. El homicidio del fundador de la Democracia Cristiana y ex Presidente de Chile tuvo el mismo sentido que el de Orlando Letelier y Carlos Prats y el atentado a Bernardo Leighton: eliminar a potenciales líderes que pudieran encabezar alternativas políticas al régimen dictatorial.

Aún más, Eduardo Frei Montalva, envenenado en su lecho de enfermo, como Luis Emilio Recabarren González, detenido por agentes de la Dina y desaparecido, pertenecen a la misma familia de chilenos: los que murieron en manos de uniformados y civiles por sus ideas y su compromiso social y político.