CHÁVEZ Y AMÉRICA LATINA

El funeral de Hugo Chávez dibujó un retrato de una América Latina renovada. Presidentes de derechas e izquierdas mostraron una Región unida y diversa, más independiente de Estados Unidos y respetuosa del pluralismo político. Una realidad muy diferente a la que habitualmente se proyecta en los grandes medios de comunicación occidentales, acostumbrados a demonizar a Chávez y estigmatizar a los países latinoamericanos en buenos y malos. 

Un retrato de América Latina

“La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”. Así batía su “artefacto” el poeta Nicanor Parra (Premio Cervantes, 2011) y golpeaba al mismo tiempo a la revolución cubana y el imperialismo norteamericano. Era 1972. 

Cuarenta y un años después, aquel antipoema reaparecía en la la Academia Militar de Caracas, ante el féretro donde reposaba el cuerpo de Hugo Chávez, el militar que gobernó Venezuela durante 14 años, siendo elegido cuatro veces Presidente en elecciones limpias, auditadas por observadores internacionales.

Los Presidentes de derechas y de izquierdas  de todos los países latinoamericanos (Dilma Rousseff y Cristina Fernández, ausentes, concurrieron el día anterior), se reunieron en la sede militar convocados por la figura o memoria de Chávez.

El “antipoema” de Parra se convertía en un retrato vivo de una de las tendencias de la actual América Latina: la unidad diversa, muy diferente a la uniformidad o el equilibrio, buscando todos juntos la inserción y participación en el nuevo mundo en formación, mediante la cooperación, la justicia social y el pluralismo político.

Castro y Piñera encabezan los honores a Chávez

Dos muestras elocuentes: las palabras del Vicepresidente Maduro hacia José Manuel Santos, recordando el reencuentro de Venezuela y Colombia, protagonizado por Chávez y el propio Santos y la respuesta, no verbal, conmovedora, de Santos en la ceremonia. Asimismo el agradecimiento especial de Maduro hacia Sebastián Piñera, por las  expresiones inusuales de afecto y de reconocimiento del Presidente chileno hacia Hugo Chávez    

Chávez protagonista

La presencia de los gobernantes de derechas e izquierdas no fueron meramente protocolarias, sino de valoración a Chávez como uno de los protagonistas de la América Latina de la post-guerra fría, independiente de Estados Unidos y edificadora de una coordinación política de acuerdo a procedimientos democráticos.

El Presidente venezolano participó en esta construcción, siendo un decidido y entusiasta forjador de la UNASUR (Unión de Naciones de América del Sur), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) y del ALBA  (Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América).

Un gobernante incómodo

Chávez  fue un gobernante incómodo y los grandes medios de comunicación de occidente lo demonizaron como un “tirano propio de una república bananera", como un "dictador bárbaro".

La pregunta es: qué parecido se puede establecer entre Chávez y los jefes de aquellas repúblicas como Trujillo, Somoza, Duvalier, Castillo Armas, Pérez Jiménez, Stroessner; qué sintonías se pueden sostener entre Chávez y dictadores como Pinochet, Videla, Banzer, Ríos Montt y los cinco militares que gobernaron Brasil entre 1964 i 1985

¿Sería posible imaginar que si Chávez hubiese sido un tirano bananero o un dictador bárbaro habría sido homenajeado  por Presidentes de derecha y izquierdas reunidos? "Qué extraño dictador", este  Chávez, decía el escritor uruguayo, Eduardo Galeano.

Gobernando un país con una Constitución participada, votada y aceptada por todos, con elecciones limpias, medios de comunicación de oposición, sin policías ni cárceles secretas, ni maquinarias de tortura a los disidentes ni desaparecidos por motivos políticos. 

Un carácter autoritario y democrático

Chávez pertenece a la generación política de Dilma Rousseff y de Michelle Bachelet, aunque de orígenes culturales distintos. Él era un militar rebelde, con una formación contrapuesta a los militares que estudiaron en las academias de Estados Unidos, que torturaron a Rousseff i Bachelet.  Era un comandante atrevido, de lenguaje directo e insolente.  

Como político autodidacta poseía un carisma popular y religioso, ejerció  el poder usando formas autoritarias y democráticas. Con un ideario de nacionalismo latinoamericano (“bolivariano”) y revolucionario (“socialista”) puso la riqueza del país al servicio de los intereses populares, en beneficio de los pobres, rompiendo con la Venezuela “saudita” del petróleo y del millón y medio de analfabetos, gobernada por las oligarquías económicas y políticas (conservadores y socialdemócratas).

Esta política visibilizó a los pobres despertando un amplio entusiasmo populares. Una mujer, en estos días lo sintetizaba así: "Venezuela es el único país donde los ricos están descontentos y los pobres están felices” y  esa realidad descoloca y contraría a los grandes medios de comunicación de occidente.

Ni héroe, ni villano

Ni Dios ni demonio, ni héroe ni villano. Chávez se forjó un liderazgo y estilo político ofensivo, perturbador, a veces incomprensible, pero siempre orientado hacia una idea de solidaridad, de más igualdad, justicia social, de un mundo más humano, diferente al  que exhibe el capitalismo, sobre todo su vertiente neoliberal.

En el legado, leído por Maduro en la ceremonia, animaba a los venezolanos a contribuir a la preservación de la vida del planeta y de la especie humana, sin bombas nucleares ni fuerzas destructivas que contaminan los ríos, los mares y la atmósfera. Decía: por sobre el capitalismo y el socialismo, o cualquier creencia religiosa, política o ideológica, está el ser humano.

Este mensaje, como los Presidentes latinoamericanos de izquierdas y derechas en Caracas, vuelve a conectar con uno de los “antipoemas” de Parra: "socialistas y capitalistas del mundo uníos, antes que sea demasiado tarde".

EL NO DE PIÑERA

Los mandatarios internacionales han partido. Continua el conflicto chileno-mapuche. Aparece su cara esencialmente política. El Presidente Piñera categórico dice: Chile es una sola nación, sin discusión. El Estado chileno empata el tiempo y no asume que enfrente tiene un pueblo diferente, no fácil de entender y con el cual está obligado a convivir, por más que se esfuerce en eliminarlo.

la dificultad del Estado chileno

El Presidente Piñera, luego de rechazar la invitación a un parlamento mapuche que le hicieran líderes políticos, territoriales y tradicionales en Temuco, a los que descalificó de no representativos, respondió a las demandas de autodeterminación diciendo: "Chile es una sola nación y no está dispuesto a poner en cuestión las bases de la unidad del país".

Este es el problema de fondo que el Presidente no desea abordar, como ya lo señalaba el diputado Gonzalo Arenas (UDI) cuando decía que la clase política (gobierno y oposición) no está por tratar el conflicto en toda su profundidad, pues "las soluciones tienen un costo político y financiero gigantesco, y en las lógicas del poder no se condicen con las rentabilidades políticas o electorales".

El ex Presidente Lagos también mostraba su escepticismo ante las "leyes urgentes" que prepara el gobierno, diciendo que eso no solucionaría problemas tan profundos y, agregaba, que se requería "un gran entendimiento nacional" y el establecer "políticas de Estado".

    

El conflicto chileno-mapuche comienza a entenderse como un problema político de envergadura, en vez de considerarlo como un tema de pobreza, económico-asistencial, y de orden público o terrorismo. Sin embargo, el Estado chileno si bien ha reconocido a los pueblos originarios al suscribir el Convenio 169, no los reconoce en la propia Constitución Polítca del Estado.

las armas y el dinero

Hasta ahora, Chile no acepta ni verse ni reconocerse ni aceptarse como Estado plurinacional y pluricultural. Considera que todos sus habitantes pertenecen a un mismo pueblo, el chileno, desconociendo los derechos políticos de los pueblos originarios, anteriores a la formación del Estado chileno.

Tampoco asume que  el conflicto chileno-mapuche tiene su origen en la opción del Estado de conquistar el Wallmapu y cuenta la historia con la leyenda de la "pacificación de la Araucanía", cuando está documentada la usurpación del territorio mapuche mediante la violencia estatal entre 1861 y 1883, cuando el Ejército chileno, tras derrotar al boliviano y el peruano en el norte, pasó por Santiago hacia el sur, a liquidar la resistencia de los descendientes de Lautaro y Caupolicán.

Una operación que respondió a los intereses de un Estado oligárquico al que El Mercurio de Valparaíso de 24 de mayo de 1859 le indicaba que el engrandecimiento de Chile se solucinaba disponiendo de más territorio y para ello promovía la conquista de Arauco. Dos años después se iniciaron  las acciones militares contra el pueblo mapuche.

El Estado dictatorial de Pinochet razonó de la misma manera respecto del engrandecimiento de Chile. Éste, se produciría con la apropiación privada de nuevas tierras donde libremente grandes inversionistas extranjeros o nacionales (forestales, energéticos y mineros) explotaran recursos naturales con ventajas comparativas respecto a otros países. La invasión de estos inversionistas, incentivados y protegidos por el Estado chileno, ha significado, hasta ahora, el despojo de tierras y viviendas a familias mapuche  y desplazamientos forzosos hacia áreas urbanas.

 parlamento y encaje

La acción  militar decimonónica fue parte de la formación del estado-nación chileno, como la acción militar-política- privatizadora del siglo veinte forma parte de su inserción en una economía globalizada. Pero en el siglo XXI, el Estado chileno se enfrenta no a un "enemigo poderoso", como lo definía el Ministro del Interior, sino a un pueblo empoderado y a segmentos de la sociedad chilena más permeables a reconocer, respetar y crear espacio a que "el otro", "la diferencia", se exprese y desarrolle de acuerdo a su propia personalidad.  

Abordar de verdad el conflicto chileno- mapuche requiere como condición precisamente lo contrario a lo que plantea el Presidente Piñera, esto es, replantearse la unidad de Chile a como hasta ahora se ha entendido (una nación, una lengua, una cultura, la "occidental", etc).

Para ello se necesita un Estado chileno que "parlamente" (o dialogue) con el pueblo mapuche, para entender de qué se trata y agende en conjunto contenidos de una deuda que será costosa política y económicamente para Chile, pero que con visión de futuro, conocimiento y sensibilidad histórica e inteligencia política pueda  encontrar encajes virtuosos para que ambos pueblos se sientan cómodos y con voluntad política de convivir en una paz basada en el respeto mutuo.

 el "peso de la noche" en el siglo veintiuno

Se trata de intentar modernizar el modelo de Estado chileno, abandonando esa unidad excluyente que resulta del dominio del dinero y el poder armado, estatal (militar o policial) y se abra a una nueva unidad donde diferentes pueblos puedan desarrollarse cada uno de acuerdo a su propia personalidad y decisión de sus comunidades y de sus ciudadanos.

En estos días, Jorge Arrate, co-autor del libro Weichen, planteaba si Chile le había preguntado a los mapuche si querían crecer como el resto de Chile. Atender una pregunta como ésta sería reconocer la existencia de más de un pueblo, de una nación, de un sujeto político soberano (con derecho a decidir). Aceptar responderla positivamente sería comenzar a construir una unidad inclusiva (Chile) entre pueblos profundamente diferentes y capaces de relacionarse bajo las reglas de cooperación en vez de dominación.

El jefe del Estado chileno ha respondido negativamente: la unidad de Chile no se discute, es la de siempre, con una sola nación. Con esta actitud del Presidente (secundada en silencio por dirigentes políticos de una u otras alianzas) el conflicto chileno- mapuche se prolongará, con más o menos violencia de ambas partes, a lo largo de la vida y la muerte iniciada hace más de un siglo y medio. 

ESTADO CHILENO PREFIERE IGNORAR

Gobierno y oposición se unen ante violencia de origen mapuche. Comuneros mapuche exigen perdón ante violencia histórica del Estado chileno. Sobre el problema de fondo, "mejor no meterse". Cuántos más Luschinger-Mackay y Lemuy para que el Estado chileno reconozca su fracaso de someter al pueblo mapuche desde hace un siglo y medio.

conflicto chileno-mapuche

El Estado chileno condena la violencia de procedencia mapuche con votos de representantes de partidos de derechas, centro e izquierdas en el Senado y la Cámara de Diputados, mientras una "Cumbre Mapuche", con más de 300 comuneros en el cerro Ñielol, plantea al Estado chileno que pida perdón por los "atropellos históricos" contra el pueblo mapuche. 

El contraste de las imagenes del Presidente del Senado, Camilo Escalona (PS) y del Ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI) en la testera del Senado en Valparaíso tras la votación, con el de las mujeres y hombres mapuche en el cerro de Temuco tras pancartas: recuperación de tierras, autodeterminación, desmilitarización,  muestran los términos del conflicto. 

El Estado lo representa como conflicto mapuche, en cambio el pueblo mapuche como conflicto interétnico chileno- mapuche. El Estado chileno no reconoce al pueblo mapuche como diferente al chileno y el pueblo mapuche reivindica la diferencia y exige que se le reconozca.

"mapuche no se sienten chilenos"

Como señala Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012, para resolver el conflicto es básico que el Estado chileno entienda, reconozca y asuma que "que los mapuche no se sienten chilenos". Esto significa optar por un nuevo trato: de Estado a pueblo, diferente al chileno, en una relación diálogo, horizontal, cualitativamente diferente a la actual: relación de autoridad, de sometimiento, sino de criminalización.

Además, el Estado chileno debe reconocer la evidencia histórica que la violencia en la región de La Araucanía fue instalada por el mismo Estado cuando procedió a conquistar militarmente los territorios mapuche en la segunda mitad del siglo XIX  y continuó con la imposición de las reducciones indígenas; con el aval al robo de tierras mapuche y el impulso de decretos y leyes para el despojo de propiedades y tierras ancestrales para invadirlos con grandes inversiones extranjeras.

Esta violencia persistente del Estado chileno -militar, policial y legal- , genera una violencia, de resistencia o de defensa de lo propio de sectores del pueblo mapuche.  De esta relación de violencia del conflicto chileno-mapuche son víctimas Suarez Maullín, Lemún, Huentecura, Collihuín, Luchsinger, Mackay, Catrileo, Cariqueo, entre otros. 

 trato discriminatorio

Otro elemento en  que reconoce el conflicto chileno- mapuche es en la reacción ante el crimen. Cuando son mapuche los asesinados las autoridades del Estado no se conmueven, explican o justifican, a lo más lamentan; siempre los responsables quedan impunes y protegidos por las instituciones, a diferencia de si el asesinado es chileno, como en el caso de Luchsinger-Mackay, la conmoción es nacional, la condena expresiva y la respuesta del Estado: mano dura, todo el peso de la ley, allanamientos y abusos policiales.

En este mismo caso, las comunidades mapuche han rechazado el crimen del matrimonio chileno, también la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), caratulada de terrorista por el Estado chileno. Plantean el diálogo como principio para resolver el conflicto, convocan parlamentos para aunar un planteamiento de reivindicación de sus derechos históricos (territorio, tierras, autonomía, autogobierno) que les permita asentar las bases política, económicas para el desarrollo social y cultural propio del pueblo mapuche.

"mejor no nos metamos"

Y al Estado le interesa parlamentar con el mapuche. El diputado Guillermo Arenas (UDI), de la región de La Araucanía, plantea que los políticos, de gobierno y de oposición, -los mismos que votaron contra la violencia de origen mapuche-, no tienen voluntad  de abordar el fondo del conflicto ("mejor no nos metamos") por el "alto costo político y financiero" que significa y la falta de "rentabilidad política y electoral" que implica.

El diputado UDI por la región de La Araucanía revela que la mayoría cree que "el problema de los mapuche es la pobreza y si los sacamos de la pobreza se van a olvidar de que son mapuche, y todos felices y contentos, pues es lo mejor que les puede pasar a ellos" y escabullen la complejidad que introduce el "orgullo, la reivindicación étnica y cultural", y concluye que las soluciones pasan por el reconocimiento de sus derechos políticos.

Dominan los criterios de "los que no saben", como señala Arenas, que son los que piden mano dura, exigen estados de emergencia y leyes antiterroristas, en la inteligencia militar,  por sobre de "los que más saben", que confían en la inteligencia política.

la palabra, a los "que más saben"

Es momento que el Estado reconozca que en Chile co-habitan diferentes pueblos, que lo establezca en la Constitución; inicie un diálogo cara a cara, horizontal,  entre representantes del Estado y de las comunidades mapuche; definan una agenda común, no unilateral, sobre los temas que permitan al pueblo mapuche tener una base material para ejercer un autogobierno que les permita decidir su desarrollo político, económico y cultural en convivencia y respeto mútuo con la sociedad chilena.

La visión unilateral sobre la violencia que se desprende de la declaración del Senado y la Cámara es un consenso apropiado para legitimar la política represiva y antiterrorista del Ministerio del Interior, pero inútil para abrir un diálogo como el que comunidades mapuche comienzan a exigir.

Para buscar salidas, habría que escuchar a "los que más saben", como sugiere el diputado Arenas. Entre estos hay muchos chilenos y que en conjunto con mapuche podrían ser foco de atención y atracción para que la sociedad exija al Estado chileno un cambio de rumbo en vista a conseguir la convivencia pacífica con el pueblo mapuche.

Uno de estos chilenos se pregunta: ¿Cuántos episodios trágicos como la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, o el asesinato del niño Alex Lemun se necesitan para que desde el Estado y la sociedad chilena entendamos, como parece haberlo entendido hoy el pueblo mapuche, que el diálogo (parlamento) de buena fe sobre las raíces del conflicto y sobre nuevas formas de relación entre pueblos diferentes que comparten un mismo territorio, es el único camino posible?

LAS HERIDAS ABIERTAS DEL SIGLO XIX

El Estado chileno sigue liado con sus tres triunfos militares del siglo XIX: Perú, Bolivia y Arauco (o Wallmapu). La avidez por conseguir la condición de "país moderno y desarrollado", anunciada desde los 90, poco se aviene con la incapacidad de superar los conflictos decimonónicos con sus vecinos del norte y con el pueblo mapuche del sur. 

Los gobiernos o se resisten o no saben cómo asumir las cuestiones pendientes que se arrastran desde hace más de un siglo y medio: se refugian en tratados suscritos tras la victoria armada, o en el predominio militar por un armamentismo ininterrumpido durante los últimos 40 años, o en el respaldo (y temor) de una sociedad con un arraigado sentimiento de superioridad y desprecio hacia los pueblos derrotados.

El Estado chileno, en 25 años, en guerras de conquista se hizo con  los territorios  boliviano (Antofagasta), peruano (Tarapacá) y mapuche (al sur del río Bío Bío). Chile, con ninguno de los vencidos de entonces,  ha podido consolidar una paz firme, ni amistad sincera, ni confianza mutua.

Con Perú ha imperado la distancia, una paz hecha de silencios, recientemente acariciada con dinero chileno y personal de servicio doméstico peruano. Sin embargo, el Estado peruano ha demostrado habilidad para llevar a Chile ante un Tribunal internacional con el fin de definir límites marítimos que Chile creía zanjados.   

Falta sinceridad y sobra temor entre Chile y Perú. Prevalecen las características propias de la no amistad. En el sustrato de ese silencio sospechoso continúan humeando las brasas de la odiosa experiencia decimonónica y que de cuando e vez se atizan con textos escolares o periodísticos o con actos y actitudes de menosprecio y racismo, ante lo cual no hay tratado ni inversión que valga.

Con Bolivia ha imperado la arrogancia y el cinismo. Chile no sólo le arrebató la provincia de Antofagasta, sino el Pacífico. Lo internó a la fuerza, como a un prisionero, dictándole cadena perpetua: un país sin vista al mar, según un Tratado de Paz y Amistad (1904) conseguido bajo ocupación militar del litoral en litigio.

Sin relaciones de estado plenas desde hace 35 años, el gobierno de Michelle Bachelet aceptó conversar con Bolivia sobre la mediterraneidad. Un acto de reconocimiento que el gobierno de Sebastián Piñera niega, volviendo a sentenciar: los tratados son intangibles, no hay nada pendiente. Entre tanto, el gobierno de Evo Morales busca como arrastrar a Chile a un tribunal internacional que revise la validez de un tratado que trajo una paz seca, sin vida y una amistad irreconocible entre ambos estados.

Con el pueblo mapuche ha imperado la violencia armada, la del despojo de tierras y la del trato humillante. Aquí nunca ha habido ni paz ni amistad. El Estado chileno, tras la conquista del Wallmapu con el Ejército de la Guerra del Pacífico, ignora y castiga. Las treguas son invadidas por las culpas de la elite winka: la deuda con el pueblo mapuche.

Ésta elite se resiste a reconocer que Chile es una realidad plurinacional y pluricultural. No está dispuesta a reconocer constitucionalmente la categoría de pueblo indígena, diferente a pueblo chileno y, por lo tanto, con derechos diferenciados. Vive con la expectativa que los mapuche dejarán de ser mapuche o lo sean en forma residual, reducida, folclórica.

El pueblo mapuche, a su manera, reivindica, lucha y resiste. El Estado chileno se lía y se sube a las cumbres de seguridad, manda policías, endurece leyes, acaricia la más preciada, la ley antiterrorista, legada por la dictadura. El Ministro del Interior desafía y se plantea enfrentar a "un enemigo poderoso con apoyos comunicacionales e internacionales". ¿El "enemigo interno"? Figura a eliminar física y políticamente, acuñada por las dictaduras de seguridad nacional. ¿Un lapsus o un estado de confusión o de ofuscación? 

Chile aspira a ser un país moderno, desarrollado, pero vive sus principales conflictos como si para el mundo moderno y desarrollado del siglo XXI, las guerras militares ganadas en el siglo XIX fueran fuente de legitimidad suficiente para mantener los vacíos, las injusticias y las odiosidades que esas guerras generaron. 

LA DC Y EL JUEZ MUÑOZ

"Importa el color del gato para que cace ratones", como importa "la coherencia en política", y que los acuerdos deben reconocer valores como "la libertad y el bien común" y "la identidad de cada cual", decía el Presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker en su debate con el Partido Comunista.

La Democracia Cristiana con los votos de la senadora Soledad Alvear y del senador Patricio Walker, en la comisión del Senado, aprueban el ascenso del juez Juan Manuel Muñoz a la Corte Suprema. La decisión forma parte de "un acuerdo marco" entre Gobierno y oposición para "mantener  equilibrios políticos" (en el Poder Judicial). 

Los candidatos a ministros en la Corte Suprema deben ser examinados por una comisión del Senado teniendo a la vista sus antecedentes profesionales como jueces y escuchando sus respuestas a las  preguntas formuladas por los senadores de la comisión. 

Para la senadora Alvear y el senador Walker (don Patricio) fue suficiente que el magistrado Muñoz expresara que sus ideas jurídicas habían evolucionado en relación a sus actos de votar en contra de investigar crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet.

Ambos senadores DC no tuvieron reparos a que el juez Muñoz votara a favor del amparo de los seis acusados, por el juez Alejandro Madrid, de haber participado en el crimen por envenenamiento del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, decisión no refrendada por la instancia superior de justicia. 

La opción de los senadores contradice la opinión del Presidente de la DC al no importarles el color del gato con tal de cumplir el acuerdo con la derecha. Es decir, que les resulta indiferente que Muñoz haya favorecido o no investigar delitos de violaciones graves de los derechos humanos cometidos por la dictadura.

El Presidente Walker sostiene que una de las esencias de la democracia es "la disposición a la negociación, el compromiso y la transacción" y añade: "buscando siempre la coherencia". En rigor, esas disposiciones son propias de la política y pueden resultar favorables a la democracia como también pueden ser  perjudiciales, según los casos concretos.

Respecto al voto favorable al ascenso del juez Muñoz, sus antecedentes indican que su nombramiento no se aviene con los valores de la democracia, pues su desempeño no se ha distinguido por favorecer los derechos humanos, como es negarse y obstaculizar la investigación de delitos de lesa humanidad contra miles de chilenos, entre otros, el que fuera fundador y máximo líder de la Democracia Cristiana, el ex Presidente Frei Montalva. 

Los senadores democratacristianos justifican su voto diciendo que es parte de un acuerdo con la derecha, pero éste  no cumple con el requisito de coherencia política que plantea el senador Walker (don Ignacio)  para negociar y suscribir compromisos, pues, como el mismo señala, uno de los aspectos inherentes (de identidad) a la DC es "el valor universal de los derechos humanos" y, en este caso, se está premiando a un juez que ha fallado a favor de la impunidad de delitos contra el derecho a la vida.

Diferente es el caso de senadores de la DC Mariano Ruiz-Esquide y Eduardo Frei RuizTagle que sí les importa el color del gato y votaran en contra del ascenso del juez Muñoz, los mismo harán los senadores del PPD e igual conducta se espera de los senadores del PS. 

La decisión sobre el ascenso del juez Muñoz es un test para comprobar si hay unidad en un aspecto que pertenece al campos de los derechos humanos entre los partidos de la Concertación que gobernaron los últimos 20 años.

Por ahora, la actitud de dos senadores DC es la propia de un pasado cercano, como la transición a la democracia, en que la libertad estaba limitada por el miedo a una involución dictatorial, y no la de una democracia que goce de una libertad amplia como para distinguir claramente el color del gato por el que se vota. 

¿DÓNDE PONER LOS PIES?

La Democracia Cristiana y el Partido Comunista discuten sobre donde poner los pies en un eventual gobierno de coalición: si en el gobierno o en la calle. Todo ello después de haber compartido con satisfacción la experiencia de apoyo mútuo en las últimas elecciones municipales.

Un incordio en que ni unos ni otros saben qué tipo de gobierno estaría dispuesta encabezar la candidata silenciosa Michelle Bachelet, residente en Nueva York. Una polémica sin siquiera haber intercambiado ni una línea programática sobre objetivos, estrategias, planes y estilo de gobierno.

Parece que los partidos aún no asimilan que desde el comienzo de la transición, en los 90, la desafección de los ciudadanos respecto de la clase política que gobierna y legisla se acentúa hasta que el 60% de los chilenos, mayores de 18 años, optaron en octubre pasado por no concurrir a las urnas.

El abstencionismo, consolidado con el voto voluntario, representa que la mayoría de los chilenos rechaza o es indiferente a las propuestas de los partidos políticos. Cada vez más "no los representan", deteriorando la legitimidad de las instituciones  de la democracia.

La crisis de representatividad se cristaliza en el gran distanciamiento entre el gobierno (de los consensos y disensos de la clase política) y la calle. Sería más propio que los elegidos por los ciudadanos para gobernar y legislar pusieran sus dos pies en el gobierno y en la calle y no sólo uno en los gabinetes y el otro en el espacio público o los dos pies en los despachos y hemiciclos y ninguno donde vive o malvive la gente.

Los políticos y la calle se apartaron rápidamente. Se trataba de neutralizar cualquier motivo de involución autoritaria, el miedo al Ejército comandado por el dictador (hasta 1998). Luego, en los 2000, la Concertación ( los partidos de gobierno) se acomodó en el poder sobreprotegido por el sistema binominal y optó por no tomar riesgos y acercarse a la calle a explicar los límites y posibilidades de la Constitución de los 80 reformada gradualmente, de acuerdo al visado dado por los partidos que apoyaron a Pinochet.

La economía de libre mercado crecía con desigualdad. Los grandes grupos económicos e inversionistas externos marcaban el rumbo con la complacencia de la clase política (partidos de la Concertación y de la derecha). Las ilusiones espaciadas por la sociedad se fueron en forma gradual transformando en malestar social. El 2006 fue el primer aviso serio: "la revolución de los pingüinos".

En 2011 un movimiento social puso a la clase política a la defensiva. La calle le impugnó su falta de personalidad, su complacencia y, en algunos casos, maridaje con los poderes que dominan sin límites el mercado, abusando e incluso violando sus propias leyes. El lucro en la educación pasó ser el icono que cuestiona las bases del modelo económico establecido en dictadura y perfeccionado en democracia.

El cambio pasa por el fin del sistema electoral binominal (que permite a los partidos de derecha neutralizarlo). Con un Parlamento efectivamente representativo se podría abrir un periodo constituyente para cambiar una Constitución que mantiene intocadas las bases ideológicas y normativas (quorum para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales) de un modelo económico en que los grandes intereses privados configuran una sociedad de consumidores, desigual y fragmentada.   

Un cambio de esa envergadura requiere de un gobierno con una amplia base política en el parlamento y de la calle, es decir, de un fuerte y activo apoyo social. En ambos espacios se necesitan, entre muchos otros, los dos pies de democratascristianos y comunistas.

Pero antes que eso, cabría escuchar la voluntad de la que se supone sería la Presidenta y volver a sentir y escuchar bien a ese 60% de los chilenos que, por ahora, dicen "nadie nos representa". Así, partidos y movimientos sociales podrían reunirse, discutir y acordar un programa para lograr una mayoría que posibilite sacudirse de las causas políticas y económicas que deterioran la legitimidad de la democracia y producen un malestar indudable en la mayoría de la sociedad.
  

TOHÁ Y FREI

"Vengo como ciudadano a estar al lado del Presidente, esa es mi responsabilidad... los que estamos en La Moneda no saldremos sino por nuestra propia voluntad ... el plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976". 

Estas palabras de José Tohá sorprenden al imaginar su serenidad imperturbable en medio del violento asedio militar, pero, a su vez, muestran sentimientos humanos, valores políticos y una conducta conmovedora al transparentar consecuencia entre su convicción y su responsabilidad, algo que en la actualidad se suele separar, sacrificando una respecto de la otra, sea por conveniencia o por una razón pragmática.

Tohá había dejado hacía unas semanas el gobierno, pero en forma imprevista, volvió, como ciudadano,  para estar al lado del Presidente, que representa, en ese momento de vida o muerte, su convicción política democrática: un gobierno elegido libremente por seis años y que el alzamiento militar se abocaba a destruir. 

José Tohá, "prisionero de guerra" en Isla Dawson, fue ingresado el 1 de febrero en el hospital del Ejército de Chile y un mes y medio después, este hombre, de 1 metro 95 y con 47 kilos de peso, fue estrangulado en la pieza 303 del recinto castrense.

Ante la versión militar del suicidio, la vida de Tohá, como la de miles de otros chilenos, no dejó de latir. En su caso, su presencia era difícil de percibir. Había sido Ministro de Defensa, conocedor y cercano a  generales del Ejército que urdieron el golpe, había intimado con varios de ellos, como Prats y su segundo, Pinochet, considerado como alguien leal a la Constitución.

Llega, ahora, el momento de la justicia: del saber quiénes ordenaron y participaron en su ejecución y por qué lo hicieron. Es la forma civilizada de afrontar la situación una vez comprobado el crímen, decía el ex Presidente Ricardo Lagos.

Tohá era un prisionero del Ejército; a su muerte sus responsables informaron que se había suicidado, y 38 años después se comprueba que no, que había sido estrangulado. Ante ello, qué ha dicho su actual comandante en jefe. Silencio, como si fuese una institución refundada, que no asume sus responsabilidades anteriores, cuando el mando lo ejercía el general Augusto Pinochet

El ex jefe del Ejército, Juan Emilo Cheyre, durante el gobierno de Lagos, comprometió un "Nunca más" ante los hechos sucedidos en el pasado y que implicaban a la institución en violaciones de derechos humanos. Sin embargo el Ejército ha sido resistente a colaborar en la causa que lleva el juez Madrid por el crimen contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Un "Nunca más" efectivo, no retórico, significa entre otras cosas colaborar con la justicia en casos como el del ex Presidente de la República y como lo será el del ex Ministro de Defensa y que implican a la institución del Ejército de Chile.

Frei envenenado en la Clínica Santa María, Tohá estrangulado en el Hospital Militar. Los procesos judiciales abiertos, el primero avanzado y estancado; el segundo, acalarado la consumación del crimen, comienza de cara a identificar los culpables y sus motivos. Y frente a ello ¿qué hacen los partidos democráticos?

Frei, fundador de la Democracia Cristiana, Presidente de Chile, líder de la oposición ante la dictadura en 1980; Tohá, dirigente destacado del Partido Socialista, Vicepresidente de la República, "prisionero de guerra" del Ejército de Chile. ¿Por qué los partidos políticos no tienen iniciativas ante el Gobierno, el Ejército y el Parlamento que colaboren con la justicia?

El Presidente Piñera comprometió su palabra hace dos años en hacer todo lo posible, en su calidad de Jefe de Estado, para que el Ejército colaborara con el juez Madrid. Sin embargo, no se conocen sus gestiones.  Los casos de Frei y Tohá, entre muchos otros, no son asuntos sólo familiares.

Ambos fueron asesinados por sus convicciones y responsabilidades políticas, por lo tanto extraña que sus propios partidos (democratacristiano y socialista) adopten una actitud pasiva, de espera. Pero también los demás partidos (comunista, radical y PPD) comprometidos con los derechos humanos.

De la UDI y Renovación Nacional, validados como partidos democráticos, poco o nada se puede esperar, dado que aún no condenan un régimen dictatorial que cometió crímenes de lesa humanidad como lo documentó la Comisión Rettig (1991) y la Comisión Valech (2005) y como, poco a poco lo han ido confirmando las sentencias de los Tribunales de Justicia chilenos.

 

ELECCIONES, MOVIMIENTO SOCIAL Y “REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”

Los diversos rostros de los movimientos sociales asoman tras los resultados de la elección  municipal. La de Eloísa González que llamó a “no prestar el voto” como rechazo a un sistema político de fuertes restricciones a la participación democrática, una opción que forma parte de de esa inmensa mayoría de ciudadanos, un 61%, que no participó en la elección municipal.

También afloran las de Giorgio Jackson y Camila Vallejo con las derrotas de alcaldes de derecha que se ensañaron  contra las movilizaciones estudiantiles, como es el caso de Santiago (Pablo Zalaquett), Providencia  (Cristian Labbé) y Ñuñoa (Pedro Sabat).

Pero también en la derrota del gobierno de derechas encabezado por Sebastián Piñera emergen las imágenes como las de Iván Fuentes (movimiento  de Aysén), Andrea Cisternas (movimiento de Freirina), José Mardones (movimiento de Calama), entre muchas otras de diferentes movimientos que han enfrentado las políticas económicas y medio ambientales.

Es la primera elección general tras la emergencia de movimientos sociales (2011-2012) que ponen en cuestión un modelo político (“democracia gobernable”) y económico (“crecimiento neoliberal”) excluyente de una participación y control ciudadana, y el rechazo a una clase política interesada más en mantener sus posiciones de poder que en conectar con una ciudadanía cada vez más exigente.

Los resultados son claros: la desafección ciudadana  se experimenta, en forma ininterrumpida desde hace más de 20 años, en la participación electoral: del 79,4% en 1992 al 57,4% en 2008. Ahora, en 2012, se profundiza con la participación de un 39% de los ciudadanos.

El voto voluntario ha quitado el último dique de contención (la obligatoriedad del voto) y deja en evidencia la carencia de representatividad democrática del sistema político. La elite política ha sido reacia a asumir este proceso de desafección que tiene múltiples motivos.

Un fenómeno que requiere de un estudio serio, aunque seguro no se debe a una causa. Entre otras se pueden plantear: la pasividad o indiferencia de personas satisfechas; la percepción de alternativas altamente indiferenciadas; el rechazo a sucesivas malas prácticas de los partidos políticos; el cansancio a la insensibilidad de alcaldes repetidos, parlamentarios o autoridades de gobierno ante malestares sociales, la convicción de que su voto no decide, sino ratifica lo decidido por los partidos, de acuerdo a un sistema electoral, etc.

¿Persistirán los partidos y las instituciones políticas en eludir responsabilidades de continuar debilitando la democracia representativa? Y ¿Continuarán siendo insensibles al sentimiento de parte importante de la sociedad de abrir un periodo constituyente que resuelva  las causas de los conflictos sociales y políticos  que no hacen más que acumular desafección a un sistema democrático de baja calidad?

El ex  Presidente Ricardo Lagos planteaba que  la derrota del gobierno se debía a “que no escucharon la voz profunda de la ciudadanía, de los movimientos sociales”. Y tiene razón, aunque estos movimientos tampoco le dieron una victoria global a la oposición, sin perjuicio que incidieran en triunfos emblemáticos, de candidaturas  con nuevas figuras y planteadas con amplitud como, entre otras,  la de Tohá en Santiago, Errázuriz en Providencia y Fernández en Ñuñoa.

En su conjunto ha triunfado una oposición muy fragmentada, en cuatro bloques, de centro-izquierda y de izquierdas, ha triunfado sumando el 57,02% (Concertación: 27,32%; Por un Chile Justo: 22,10%; El Cambio por Ti: 4,51% y Mas Humanos: 3,05%). La novedad es que la Concertación, como coalición y proyecto, ya no es la alternativa única a la derecha.

Cada vez se plantea con más insistencia y apoyo la necesidad de fundar una nueva alianza con unidad programática que señale un proyecto de  “revolución democrática” (concepto surgido desde el movimiento social) que cambie principios y normas constitucionales ideadas para consolidar un Estado como instrumento para garantizar una sociedad de mercado.

Para ese tipo de cambio no se puede esperar una colaboración de la derecha, como ha quedado demostrado en los intentos de reformas del sistema electoral, pero sí se puede esperar de la  construcción de una nueva alternativa política democrática sensible a conocer, interpretar e incluir inquietudes, ideas y dinámicas que se encuentran entre parte importante de los 8 millones de ciudadanos que no fueron a votar en las últimas elecciones municipales.