¿QUÉ HAN DICHO EL 81,9% DE CATALANES?

En una lectura plebiscitaria de las elecciones del 21D, el independentismo pierde, recibe 149 mil 510 votos menos que los no independentistas. En una lectura política gana, porque consigue mayoría absoluta en el parlamento (por 5 escaños), por lo tanto, 55 días después que el gobierno de Rajoy lo destituyera, ha sido elegido para formar gobierno. Con una participación del 81,94%, el resultado rechaza la política del gobierno del Partido Popular hacia Cataluña y advierte que la independencia es inviable por no contar con el apoyo de una amplia mayoría de catalanes. 

Carles Puigdemont, ¿presidente, prisionero o residente en Bruselas? 

 
55 días después…

El gobierno del Partido Popular, con el apoyo de socialistas y ciudadanos, destituyó el gobierno independentista por la vía constitucional, pero no consiguió desplazar el independentismo de la Generalitat (gobierno catalán) por la vía electoral.

Los catalanes han rechazado la intervención del estado Español en Cataluña y la opción de Mariano Rajoy de doblegar a las fuerzas independentistas a través de los tribunales de justicia, modalidad propia del autoritarismo postdemocrático de gobiernos que recortan derechos, libertades y refuerzan la dimensión represiva para asegurar la gobernanza.

Los partidos por la independencia (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP) con 70 diputados (dos menos que en 2015) logran el control del parlamento y derrotan a los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, Socialistas, PSC y Populares, PP) con 57 diputados (cinco más que en 2015) y a los soberanistas no secesionistas (Catalunya en Comú – Podem)  con 8 diputados (tres menos que en 2015).

… ganan los independentistas

Así, lo previsible es que el 6 de febrero próximo se constituya un gobierno independentista,  como el anterior depuesto por el Senado español el 27 de Octubre pasado. No hay alternativa ante la imposibilidad de formar combinaciones de mayorías no independentistas ni soberanistas con acento en políticas sociales.

Las elecciones del 21D confirman la evidencia de un país –Catalunya- dividido y polarizado en dos bloques, aunque heterogéneos en su interior, consistentes: el independentismo y el constitucionalismo.

Ni el gobierno central de Mariano Rajoy ni el autonómico de Carles Puigdemont han querido acordar una agenda e iniciar un diálogo con la perspectiva de pactar una vía política democrática para solucionar una crisis que ya entra en su octavo año, cuando el Tribunal Constitucional mutiló el Estatuto catalán impugnado por el PP.

Puigdemont por ¿Puigdemont?

Las elecciones del 21D, convocadas por Rajoy, no eran para abrir una vía de solución del conflicto, sino para desplazar al independentismo del gobierno, doblegarlo. Las dificultades aumentarán con el avance de procesos judiciales que intentan poner el independentismo a la defensiva, sin iniciativa política, como ha ocurrido desde la aplicación del artículo 155 con que se destituyó el gobierno catalán.

A la intervención económica  y administrativa, en especial la policía autonómica, se añade la intromisión política a través de la Fiscalía para perseguir dirigentes políticos, entre los que destaca Carles Puigdemont, en Bruselas, y Oriol Junqueras, en prisión, cabezas de lista de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, listas que recibieron la adhesión del 43,04% de catalanes.

En este contexto,  ni Rajoy ni Puigdemont reconocen la inviabilidad de vencer el uno al otro.  El gobierno independentista, relevado a iniciativa de Rajoy, dos meses después, puede ser nuevamente elegido por una mayoría parlamentaria ganada en las elecciones convocadas por Rajoy.

Esta realidad paradojal indica que lo racional sería distenderse, dialogar y negociar, pero no parece ser ésta la tendencia, sino por el contrario, las posiciones permanecen enrocadas y por tanto lo más probable es que la convivencia política y social, junto a la situación económica, continuará degradándose.

Partida en dos

Cataluña está partida en dos, así lo demuestra, una vez más, el resultado del 21D con record de participación ciudadana: el 81,94% (4 puntos más que en 2015). El bloque independentista representa el 47,49% de los catalanes y el constitucionalista el 43,49%. El 7,45%, de Catalunya en Comú, no adhiere a bloques.

A pesar de ello, el independentismo se siente legitimado para “construir una república catalana”, como si ya fuera un país independiente, no obstante ser una ligera minoría en relación a los que no adhieren su proyecto.

Lo mismo sucedió en 2015, cuando sin mayoría de votos optó por una vía unilateral, que acabó con el gobierno depuesto, el parlamento disuelto y los dirigentes procesados, fuera del país y en la cárcel.

Doble mensaje

El mensaje del 21D es un claro rechazo al gobierno del partido popular por intervenir la Generalitat y perseguir a los dirigentes independentistas por vías judiciales. Pero más importante, un estado que desea mantener su integridad y cohesión no puede seguir ignorando a una fuerza política –el independentismo- que ha contado con una adhesión suficiente para ganar mayorías parlamentarias y elegir tres gobiernos en cinco años.

Pero el 21D es también una advertencia clara a las limitaciones de los independentistas de continuar en una confrontación autodestructiva. No tienen fuerza ni política ni social ni coactiva para doblegar a un estado- Tampoco pueden ignorar que en unas elecciones, con máxima participación, 2.212.871 de catalanes votaran a partidos no independentistas y 2.063.361 de catalanes lo hicieran por partidos independentistas.

DESENLACE CINEMATOGRÁFICO

EN CATALUÑA, tras los golpes y contragolpes a la democracia, las elecciones no resolverán el problema español en Cataluña, aunque podría dar origen a un nuevo cauce. Dependerá de qué gobierno catalán se constituya y si el bloque popular/ socialista/ciudadanos tiene capacidad política para rehacer una relación rota. La incertidumbre continúa. Por ahora, el 21D puede producir pocos cambios. La campaña electoral se prevé agria y no exenta de enfrentamientos.  

Desde Bruselas, Carles Puigdemont, candidato a presidente de Cataluña

La invalidez de la unilateralidad

La vía unilateral a la independencia en Cataluña acabó. La presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, ante un juez del Tribunal Supremo, terminó por reconocer que la declaración de la república catalana fue un acto sin efecto jurídico, por lo tanto algo simbólico, otro gesto político. Lo mismo hicieron otros cuatro miembros de la mesa del parlamento.

El reconocimiento de la invalidez de la declaración unilateral tiene sabor a derrota, a una caída brusca –si no dramática- sobre la dura realidad; revela que algo grande falló. Las palabras de Forcadell, en sede judicial, iluminan  lo que fue el  Octubre catalán.

Un mes que comenzó y terminó de manera “cinematográfica” por su narrativa visual, conmovedora y dramática: el día 1 de Octubre, el 10 de Octubre y cinco días, del 26 al 30 de Octubre, que dejaron al descubierto la inviabilidad de una estrategia alejada de la compleja realidad catalana-española-europea.

A porrazos con la épica

El 1 de Octubre, el movimiento independentista movilizó 2,2 millones de personas a votar, desbordando la orden judicial de prohibición y doblegando la represión masiva de la policía ante una resistencia contundente y pacífica.

Un triunfo épico: un movimiento ciudadano organizado, disciplinado y con determinación resistió la violenta acción policial, con imágenes que recorrieron por las redes sociales y las televisiones del mundo, causando deterioro en la reputación del gobierno español.

Pero, el referéndum del 1 de Octubre arrojó resultados magros para convencer al mundo la legitimidad de esta independencia. Ni gobiernos europeos ni del resto del mundo,  tampoco una mayoría de catalanes, validaron la votación: el 38,4%, de los más de 5,3 millones de catalanes, optó por el sí a la independencia en un evento que no tuvo las garantías democráticas suficientes, según observadores internacionales.

Primera huída

El 10 de Octubre, el presidente Carles Puigdemont, sometido a fuertes presiones internas y externas, concurre al parlamento catalán a declarar la independencia. Decenas de miles de personas esperan reunidos en la cercanía a celebrar este momento histórico. La expectación era máxima, más aún, cuando la cita se atrasaba en una  hora.

El presidente con voz mesurada y un tanto insípida se acerca al momento esperado diciendo que asume el mandato ciudadano expresado el 1 de Octubre (…)  y luego dice que suspende los efectos jurídico-políticos del mismo para dar opción a un diálogo con el Estado.  Ocho segundos dura la euforia y la frustración se prolonga en millares de personas que abandonan abruptamente la escena. 

Así, Puigdemont huye del temor de dar un salto en el vacío, un pánico escénico, ante “la nada” después de declarar la independencia.

Segunda huída

La víspera del día 26 de Octubre, de noche, las reuniones en la sede de gobierno se extienden hasta la madrugada. Después de un breve sueño, el presidente Puigdemont reúne a su gobierno, a media mañana,  para comunicar su decisión de convocar a elecciones autonómicas.

A mediodía, comienzan los preparativos: decreto presidencial, transmisión televisada, mientras tanto los partidos de gobierno se reúnen por separado. Dos diputados del partido del presidente renuncian en twitter, el partido aliado (Esquerra Republicana) plantea una eventual salida del gobierno y en el espacio urbano y virtual (redes sociales) se siente y discurre viralmente la palabra traidor, dirigida directamente al  corazón del presidente.

La comparecencia para comunicar la convocatoria se posterga una y dos veces; a la tercera Puigdemont, en medio de un clima inquietante, huye de su propia decisión de llamar a elecciones. ¿Por qué la revoca y no firma el decreto redactado? Duro tiene que ser explicarse de esta fuga al verse sin salida: cese y prisión o ser tratado como un traidor.

Tercera huída

El 27 de Octubre era el día histórico, el de la proclamación de la república en el parlamento y el de la aprobación de la intervención de Cataluña en el Senado: el llamado “choque de trenes”. La república se celebra en las escaleras del parlamento en forma discreta, con dirigentes cavilando, por lo que ya veían venir, mientras fuera la algarabía conmovía.

El presidente y sus consejeros se trasladan a deliberar al palacio a puerta cerrada, a ver qué hacer ante la intervención de Cataluña: cese del gobierno, disolución del parlamento y  convocatoria a elecciones autonómicas, las mismas que Puigdemont desechó el día anterior.

Mientras tanto, miles de personas esperan un gesto del presidente: salida al balcón o arriar la bandera española de la sede de gobierno. Ni lo uno ni lo otro. Al atardecer el presidente y sus consejeros escapan a los festejos de la gente, ante una posible e inminente llegada de la policía.  Era viernes.

Al día siguiente se pone en marcha la salida del presidente de España. Lo hace el día 29, secretamente, con una parte del gobierno: por tierra a Marsella donde coge un avión hacia Bruselas.  El país queda perplejo a mediodía del lunes 30. La otra parte del gobierno, disperso, entra en prisión tres días después. 

Las tres huídas del presidente marcan lo frágil de la vía unilateral. Pendiente queda una explicación: por qué el gobierno, los partidos, las entidades cívicas independentistas no pudieron defender ni un minuto la república preparada durante cinco años. Una explicación convincente se debe a los catalanes, independentistas y no independentistas,  

El independentismo vive (…)

La convocatoria de elecciones desde Madrid es rápidamente aceptada por los partidos independentistas. En tres días, estos comicios autonómicos pasan ser de un signo de derrota ignominiosa a una oportunidad para revalidarse: ganar en votos y escaños, constituir gobierno y rearmar el proyecto de independencia con nuevos actores y un nuevo guión.

El proyecto sigue vivo. La última encuesta seria, hecha después del 1 de octubre, el independentismo supera en 4,9 puntos a los que no lo son: 48,7% versus 43,6%.  Este resultado cambia la tendencia, en relación a la misma encuesta hecha en junio pasado, cuando los segundos (49,4%) superaban en 8,3 puntos a los primeros (41,1%).

También las calles hablan y muestran  la fortaleza del independentismo: 750 mil personas, según la policía municipal, se concentran el sábado 11 de Noviembre en Barcelona por la libertad de los presos: seis consejeros y dos consejeras del gobierno de Puigdemont por decisión de una juez de la Audiencia Nacional.

(…) a pesar de su política errática

Las elecciones son inciertas. La dirección política del independentismo, a diferencia del 2015, decide en ir en listas separadas. Puigdemont, en Bruselas y Junqueras, en prisión, disputarán la dirección del independentismo. Los programas de estos partidos indicarán el grado de cohesión y qué Cataluña quieren proyectar.

Pendiente queda la crítica a la estrategia malograda. ¿Por qué este proceso independentista iniciado y desarrollado con la ilusión de millares de gente, acaba con unos dirigentes tristes, perplejos, desarmados, unos huyendo y otros esperando ser citados a declarar?

OCTUBRE, EN CATALUÑA

El gobierno de Mariano Rajoy llegaría a Cataluña con la complicidad de socialistas y ciudadanos, igual como llegó a La Moncloa en 2016. Vendría con “la mano tendida”, pero se encontrará con “manos empuñadas”. El gobierno de Carles Puigdemont podría detenerlo volviendo a las urnas (elecciones), pero las emociones están por irse a la calle (resistencia). Banderas independentistas pueblan balcones de las ciudades, comienzan a desplegarse las españolas. 

Presidente Carles Puigdemont: elecciones o resistencia ante la imposición

El golpe del 7 de septiembre

La vía hacia la independencia unilateral ha parecido una “revolución”, mientras la suspensión de la autonomía de Cataluña a lo que más se parece es a un “golpe de estado”. La creación de una legalidad catalana propia, opuesta a la española, fracturó la base de la convivencia política y el cese del gobierno y recorte del parlamento impone la interdicción de la autonomía.

El gobierno catalán decidió romper con la Constitución española el 7 de septiembre contó con la aprobación de una mayoría de diputados, el 55%, que representa a una minoría de los catalanes, el 47,78%. Lo hizo cambiando reglas del parlamento, contra los derechos de la oposición, sin debate y desoyendo al Consejo Consultivo Estatutario, elegido por los diputados y a los juristas letrados del parlamento. Un quiebre ejercido en forma autoritaria, “a la brava”.

La mayoría absoluta de diputados forzó, por una parte, una ley de referéndum, definida “superior” a la Constitución y leyes que la contradijeran, para hacer una consulta democrática vinculante sin fijar mínimos de participación ni mayorías calificadas; y por la otra, una ley de transitoriedad jurídica, especie de micro-constitución, que regiría hasta aprobarse una Constitución republicana.

Victoria simbólica

Con esta legalidad (suspendida por el Tribunal Constitucional) logró realizar un referéndum sin garantías democráticas, a lo que se añadió una represión policial chocante contra ciudadanos en resistencia pasiva que impedía el acceso de la policía a las sedes de votaciones con el fin de incautar las urnas de votación.  

El 1 de Octubre, de los 5.313.564 catalanes, participó el 43%, votó a favor de la independencia el 38,4% y en contra el 3,3% (ningún partido llamó a marcar esta alternativa)  y se abstuvo el 56,9%, opción asumida por tres partidos de oposición, un cuarto partido declaró libertad de voto.

Con todo, el independentismo logró una victoria simbólica, porque  hubo votación, a pesar de la expresa prohibición judicial y por las imágenes de una masiva represión de la policía estatal en lugares de votación que circularon por el mundo.

Independencia, imposible sin reconocimiento

Las expectativas de proclamar la independencia estimuló el potencial movilizador ante la posibilidad de en pocos días declarar la independencia. Dos días después de las votaciones, Cataluña paró sus actividades, con el apoyo de las administraciones del gobierno y mayoría de municipalidades. En Barcelona centenares de miles de personas salieron a las calles a celebrar y protestar por lo acontecido.

Los resultados del 1 de Octubre, nadie los reconocía válidos, a excepción de los que apoyaron la independencia. Así, su declaración, sin reconocimiento de “los otros” (estados) quedaría en eso en una intención sin fuerza para iniciar su recorrido, más aún sin la mitad de catalanes, por lo menos, que tampoco la aceptaba.

Las presiones apretaban desde muy diversos lugares para que el presidente adoptara una u otra posición. Entre éstas hubo una inusual y no esperada, la del presidente del Consejo Europeo, la instancia que define las orientaciones y prioridades de las políticas de la Unión.

Donald Task, de la etnia Cachubia, minoría eslava en Polonia, le pidió al presidente catalán: “respete el orden constitucional y no anuncie la decisión que haga el diálogo imposible”. Horas después el presidente, contenido, asumía el mandato entregado el 1 de octubre (…) y agregaba que suspendía los efectos de la declaración de independencia para abrir un diálogo.

De la confusión al temible 155

El desconcierto fue general. Todos, también sus partidarios, se preguntaban si había o no declarado la independencia. Esos segundos mostraron una de las características de este largo proceso: la ambigüedad, la opacidad alimentada por un tactismo político en cada detalle del gesto, de la palabra, del silencio, del movimiento.  

El presidente Rajoy lo emplazó a que en cuatro días aclarara con un sí o no si la había declarado. No hubo respuesta precisa y el Estado apretó el botón para poner en marcha y estrenar el temido e inimaginable artículo 155 de la Constitución.

Este artículo faculta al gobierno proponer al Senado medidas necesarias para restablecer las obligaciones Constitucionales o legales incumplidas, las que deben aprobarse por mayoría absoluta. El gobierno las aplicará mediante instrucciones a las autoridades de la autonomía. Un artículo que le da amplia discrecionalidad para que las medidas sean duras o blandas. 

El golpe a la democracia

La incertidumbre subió ante el desconocimiento del calado de la aplicación del 155 (era  primera vez, que se implentaría en 39 años de vigencia de la Constitución). El gobierno del Partido Popular resolvió, en Consejo de Ministros, con el apoyo previo del PSOE y de Ciudadanos, aplicar una cirugía mayor, de gran calado: suspender la autonomía  mediante el cese de todo el gobierno catalán y recortar las facultades del parlamento, como la de ejercer el control político del gobierno.

La Generalitat (gobierno catalán) se convertiría en un ente administrativo, obediente a las instrucciones políticas de los ministerios correspondientes del gobierno central, las que, asu vez, serían controladas por el Senado (con mayoría absoluta del PP). El parlamento catalán quedaría anulado en su capacidad fiscalizadora y limitado en su capacidad legislativas, dado que el gobierno central tendría poder de veto.

Un golpe de fuerza contra las instituciones democráticas catalanas que insinúa la  voluntad de ir más allá de “restablecer el orden constitucional” como sería acometer medidas contra logros alcanzados durante los 37 años de autonomía en temas como la lengua, la educación, la cultura y en la seguridad, los asuntos exteriores  y en competencias económicas.

Nacionalismo en vez de política nacional

La vía unilateral hacia la independencia ha chocado con la realidad catalana, española y europea. La dirección independentista enrocada en la unilateralidad no atrajo a esa amplia mayoría, como es el 70% de catalanes que se declara favorable a que Cataluña decida su futuro dentro o fuera de España.

El independentismo careció de estrategia para enfrentar el no-diálogo del gobierno del Partido Popular explicando su proyecto en los pueblos de España con el fin de  encontrar complicidad, puntos en común, confianza. Tampoco desarrolló iniciativas compartidas con partidos políticos favorables al derecho de decidir de los catalanes.

También evitó encarar la falta de reconocimiento de los estados europeos y su imposibilidad de integrar la UE durante un tiempo indefinido. Para lograr empatía exterior habría tenido que plantear clara y constructivamente el por qué de su opción por la independencia, qué relaciones se proponía con España y qué rol cumpliría en la Unión Europea.  

Nuevo ciclo: de imposiciónes y enfrentamientos

El golpe contra Cataluña ante el desafío independentista cambia el escenario. La defensa de las instituciones democráticas catalanas se superpone a la declaración de independencia. La alternativa del gobierno es convocar elecciones autonómicas dejando sin aliento el golpe y renovar su legitimidad, o escribir en el último renglón de la “hoja de ruta”: declaro la independencia, como acto “épico de la derrota” en esta etapa del conflicto, que continuaría por cauces diferentes a los conocidos hasta ahora: resistencia y enfrentamiento ante la imposición.

VÉRTIGO EN CATALUÑA

En la sede del parlamento de Cataluña, antiguo polvorín del ejército de Felipe V (siglo XVIII), estallará la declaración de la independencia de un Estado bajo el reinado de Felipe VI y el gobierno de la derecha española de Mariano Rajoy. Una independencia que recibió la aprobación del 38,7% de los catalanes con derecho a voto. El gobierno de España prepara el contragolpe con una intervención en toda la línea, con la Constitución en una mano, el código penal en la otra y las policías.

Cuerpo a cuerpo, las fuerzas se encuentran ya en las calles

El gobierno de España y Cataluña se encuentran en un callejón sin salida. Ni el catalán tiene margen para echar atrás la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) ni el español no intervenir la autonomía en caso que se pronuncie la DUI en el  parlamento catalán.

La situación produce vértigo, al borde de un abismo. La sociedad percibe la inminencia de un golpe y contragolpe, en que ni la nueva astucia del gobierno catalán podría esquivarlo al proclamar la DUI sin efectividad inmediata para un hipotético diálogo, ni la manida irresolución del gobierno central podría detenerlo ante la determinación de independencia -diferida o no-. La relación de fuerzas decidirá esta fase de una contienda que iniciará una nueva etapa.   

La intervención

El Rey Felipe VI en su intervención, dos días después del 1 de Octubre, reforzó al gobierno para  que recuperara “el quebrantado Estado de Derecho y orden constitucional” por  “algunas autoridades catalanes que han demostrado una deslealtad inadmisible a los poderes del Estado”. Unas palabras desusadas que sorprendieron, pero que transparentan la firme determinación de actuar si no hay rectificación, porque o si no “todo irá a peor”, dijo Rajoy el fin de semana.

La intervención del gobierno central sobre Cataluña comenzó en plenos preparativos del referéndum unilateral del 1 de Octubre: control del Ministerio de Hacienda de las cuentas catalanas (pago de sueldos y proveedores) y control del Ministerio del Interior con el numeroso contingente de guardias civiles y policías nacionales – alrededor de 10.000 efectivos- en Cataluña.

Sólo falta el control político del gobierno central: intervenir la autonomía y obligar a corregir la actual situación desmontando las leyes de ruptura: la de referéndum que en caso de más votos Sí contempla la DUI en 48 horas y la ley de transitoriedad que norma el periodo constituyente hacia una república catalana. Intervenir Cataluña para volverla a la ley y la normalidad”, dictamina Rajoy.

El fracaso de la política

Lo que se está viviendo es otra faceta, la más dramática, de la grieta estructural del pacto constitucional de 1978. Es el desinterés del gobierno de Mariano Rajoy por reconocerla y actuar políticamente dialogando, negociando acordando. Su política autoritaria la justifica invocando a su manera la Constitución y la ley o actuando detrás de la Fiscalía del Estado o del Tribunal Constitucional, de lo que ha dispuesto a piacere.

Sobre Cataluña se viene una fuerza inconmensurable y evidenciará también el fracaso de la vía unilateral  hacia la independencia asumida el 2015, tras renunciar a la vía pactada por la persistencia del gobierno del Partido Popular de negarse a dialogar sobre el referéndum y el inicio de la persecución política a los dirigentes independentistas por la vía judicial.

El gobierno catalán optó por no hacer esfuerzo por ampliar políticamente (hacia los comunes) y socialmente (hacia los sindicatos) una alianza que expresara la amplia mayoría por el derecho a decidir de los catalanes. Tampoco salió a tiempo a conversar por las Españas para buscar sintonía, apoyos, solidaridad ante la cerrazón del centralismo, ni siquiera a una Europa, más allá de los nacionalistas. La prisa del independentismo, colocando fecha de caducidad a cada fase, lo enrocó y estancó.   

El músculo independentista

El independentismo se conformó con un firme, disciplinado y movilizado movimiento cívico, pero careció de una dirección política sólida, cohesionada, especialmente a partir de las elecciones de 2015, cuando con el 47,8% de votos y mayoría absoluta en el parlamento pasó tres meses sin formar gobierno; la rama “anticapitalista” de la CUP (10 diputados, que dan mayoría absoluta al independentismo) “mató políticamente al líder del proceso”, el presidente Artur Mas y meses después, obligó a su sucesor, Carles Puigdemont, a exponer su presidencia a un voto de confianza del parlamento.

Fue el momento en que el independentismo resolvió dar un giro enfilando hacia el referéndum unilateral. Con la voluntad política encendida inició la preparación en sigilo, moviendo a un denso tejido de organizaciones en las ciudades del área metropolitana de Barcelona, capitales de provincias y comarcas y en miles de pueblos catalanes. En el último tramo sortearon las dificultades de las fiscalías, de las policías y de las decisiones del Tribunal Constitucional y administrativas del gobierno central.

Hasta romperse

El resultado de este movimiento épico se reflejó el 1-O: votaciones a pasar de la prohibición y la represión policial que creó las imágenes que avergonzaron a España en el mundo.  Sin embargo, el referéndum unilateral si bien arrojó un respetable 42% de participación, sólo un 38,7% de los catalanes con derecho a voto marcaron el sí a la independencia frente a un 56,9% de catalanes, que optaron por abstenerse declarando la falta de garantías democráticas del referéndum.  

Un Estado, como el español, administrado por el Partido Popular, heredero de las formas autoritarias incubadas en el franquismo, se dejará caer sobre una Cataluña gobernada por una coalición nacionalista-republicana ingenua, con una fuerza movida por la emoción y el anhelo de ser reconocida como una nación con facultad de autodeterminación.

La declaración de independencia golpeará en el hemiciclo y acto seguido el contragolpe se sentirá en todo el mundo. El Estado español se estremecerá, Cataluña padecerá la fractura. Es la degradación de la democracia en España, representada en el silencio, en el no-diálogo, en la astucia, en la propaganda, en la represión y en la exclusión  del centralismo y el independentismo, ambos con la voluntad de imponer hasta romperse.  

CATALUÑA: UNA SEMANA "DE MIEDO"

Cada día será largo, un enigma. La población en Cataluña está alerta en la “trama final” hacia la representación de un referéndum. El 20 de septiembre hubo una “sinopsis” imprevista. Los actores del drama enseñaron el conflicto. Todo pinta dramático, días que conmoverán el mundo catalán, quizás al español cada día más lejos. El pronóstico es reservado, puede acabar en tragedia o en comedia o podría darse la paradoja que no consumándose el referéndum, el independentismo salga potencialmente favorecido.  

En allanamiento  a Consejería de Economía, 15 horas de manifestaciónes, hasta 40 mil personas

Octubre

Es domingo, a una semana del 1 de Octubre, fecha determinada por el gobierno catalán para hacer un referéndum por la independencia de Cataluña del Estado español. Así como en 20 días podían suceder muchas cosas inimaginables, decía, en 7 días pueden ocurrir otras tantas.

La sociedad catalana vivirá la última semana se septiembre con la incertidumbre “hasta el cuello”. En la mente Octubre, un mes que evoca “los 10 días que conmovieron al mundo” hace 10O años. En este caso, el 1 de octubre, “un día dramático”, pase lo que pase, por el solo hecho de que nadie se atreva a decir lo que pueda pasar, aunque cada uno en su intimidad imagine escenas de todo tipo, seguro, conmovedoras.

Escenificación en Rambla de Cataluña

Una “sinopsis” de lo que podría ser el próximo domingo se exhibió en las calles del centro de Barcelona –Rambla de Cataluña- cuando en las primeras horas del miércoles pasado grupos de policías de la Guardia Civil ocuparon la sede de la consejería de Economía, después de detener, uno a uno, a 14 miembros del núcleo organizador del referéndum que ha trabajado, con sigilo, bajo la dirección del vicepresidente del gobierno catalán.

Simultáneamente, otros comandos del cuerpo policial español procedieron a realizar otros 40 allanamientos, entre estos, a las sedes de otras tres consejerías (ministerios) y dependencias de instituciones del gobierno catalán. A 45 kilómetros de Barcelona, en Bigues i Riells, un pueblo de 9 mil habitantes, más efectivos de la Guardia Civil irrumpían en una imprenta. El registro arrojó la incautación de 9 millones de papeletas para llenar las urnas (aún no encontradas) el 1 de octubre. El propietario fue detenido. 

Asimismo otro grupo ingresaba al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología en busca del servidor informático imprescindible para el día de la votación. El día anterior, la misma policía, había requisado, a 28 kilómetros de Barcelona, 55 mil cartas con citaciones a presidentes y vocales de 6 mil mesas electorales.

A 10 días del referéndum, las detenciones, allanamientos e incautación de materiales electorales aceleraba el espacio mediático y las redes sociales. En minutos, la sede de la consejería de Economía, en pleno registro policial, se convirtió en el centro de una manifestación de más de 15 horas que llegó a reunir decenas de miles de personas: 40.000, según la Guardia Urbana.

La ola de indignación ante el allanamiento de las instituciones catalanas se mantuvo en una tensión. Hubo momentos expresivos y de indignación, manteniendo el carácter no violento de las movilizaciones. También hubo momentos difíciles cuando la policía catalana se vio en aprietos para que pudiera salir una funcionaria judicial de la consejería. Entrada la noche, los policías españoles sintieron el asedio y decidieron postergar su salida hasta la siete de la mañana del día siguiente.

La impronunciable violencia

“Nos van a obligar a donde no queremos llegar”, había dicho el presidente español Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont le respondió: “lo siento España, Cataluña va votar su independencia os guste o no”.  Ambas declaraciones revelan un estado de ánimo de desafío y beligerancia. La “sinopsis” vivida podría ser una anticipación del escenario de la calle del día 1, cuando la gente concurra a los lugares de votación.

A la firme determinación de los presidentes se añadirán los actores principales del próximo domingo -la policía y la gente- que se encontrarán en un campo donde es muy probable el enfrentamiento: la fuerza y la violencia, una situación sobre la cual periodistas, dirigentes y voceros de gobiernos, partidos o entidades sociales prefieren no tocar, aunque es dable pensar que suban las probabilidades que ello suceda.

“No habrá referéndum”; “votaremos”. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Un diálogo ya es imposible. Nadie piensa que ambas partes pueda renunciar a algo para hablarse antes del día mítico. Se esfuerzan por mantener un equilibrio o proporcionalidad en la acción y reacción de uno y otros. La fuerza del independentismo es la manifestación no violenta y la del gobierno de España una ley aplicada sin desbordes represivos que vulneren los derechos de las personas.

En la “sinopsis” del día 20 el gobierno ha quedado tocado por la manera abusiva de aplicar la ley tanto contra las personas detenidas como con las instituciones del gobierno catalán, en cambio los independentistas han superado la situación con autodisciplina, expresividad y espíritu de fraternidad, con vocación de mayoría, que son “mucho más que dos”.   

Los gobiernos enfrentados

El gobierno español dispone de barcos-cruceros en los puertos de Barcelona y Tarragona donde alojarán cerca de 6.000 efectivos policiales, que se sumarán al contingente permanente de la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña. Por su parte, a través de la Fiscalía intenta forzar a la policía catalana a integrarse a una coordinadora de los cuerpos policiales bajo el mando único de un coronel de la Guardia Civil. Uno de los puntos de conflicto que deberá resolverse en las próximas horas.

El gobierno catalán mantiene vivo el referéndum, a pesar, como lo ha reconocido, que ya no podrá ser como el que había organizado antes de los operativos del 20 de septiembre, y trabaja activamente su plan B que se propone que millones de catalanes salgan de sus casas a votar con una papeleta en la mano para depositarla en urnas. Algo que el gobierno español ya ha dicho que no va consentir.

La democracia degradada en toda España

La asonada policial de la semana pasada ha cambiado el cuadro político, agudizándolo. La sociedad catalana percibe que el gobierno español se ha extralimitado y se propone ya no solo impedir el referéndum, sino arrebatarle importantes cuotas de autogobierno. De hecho, ha tomado el control de sus finanzas, se empeña en subordinar a la policía autonómica y los procesos judiciales, ya abiertos contra la presidenta y miembros de la mesa del parlamento, centenares de alcaldes y altos funcionarios de gobierno, cercan la capacidad de maniobra del presidente y sus consejeros.

España comienza a inquietarse, la solidaridad emerge en Madrid, Zaragoza, Vitoria, Sevilla, Santiago de Compostela. Unidos Podemos toma una iniciativa que reúne a 10 partidos de la oposición en una Asamblea parlamentaria para enfrentar la política de Rajoy hacia Cataluña. El gobierno Vasco se distancia del español y se aparta de la negociación de los presupuestos de 2018

En Cataluña,  la alcaldía de Barcelona estrecha lazos con la Generalitat y su alcaldesa, líder de la izquierda no independentista -Cataluña en Común- se une al independentismo en la protesta contra los detenidos del día 29 (ahora en libertad con citación judicial), en defensa de las libertades, el autogobierno y las instituciones catalanas amenazadas por la represión judicial y policial.

Por su parte, el gobierno de España cuenta con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos (su socio parlamentario): La reaparición de la “gran coalición” (PP-PSOE-Cs) para desbaratar el referéndum.

Nada acabará, nada será igual 

Las incógnitas se despejarán durante el día. Dependerá del tipo de enfrentamiento y qué consecuencias humanas y políticas produzca. El 1 de Octubre nada acabará y el día siguiente lo más probable no será igual. La contienda entre el Estado español y el independentismo catalán continuará en otra fase, por conocer.

LA REBELIÓN INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA

 El centralismo español y el secesionismo catalán se enfrentan. Las leyes de ruptura institucional aprobadas son impugnadas. El gobierno catalán convoca el referéndum de autodeterminación prohibido. El parlamento autonómico se fractura. El estado español moviliza a los jueces contra las autoridades independentistas del gobierno y parlamento, mientras la policía lo hace en busca de las “pruebas del delito”.  El movimiento político-social independentista se mueve por la superficie en todo el territorio, mientras los organizadores del referéndum lo hacen sigilosos evitando ser descubiertos. Preparan el 1 de octubre. Un “día decisivo”, cuando se revelará el enigma: ¿habrá o no habrá referéndum? Nadie puede garantizarlo. A 20 días, mil cosas pueden pasar. 

En primer plano, el gobierno acusado en un parlamento fracturado por leyes de ruptura

Cuando no se cuenta con la sociedad

La política se jode en España. La argumentación razonada y crítica de las ideas y políticas, propia de una democracia parlamentaria, ha sido reemplazada por la descalificación, el insulto, el chantaje, la trampa y también por el silencio y secretismo, como vía para imponer decisiones o prolongar situaciones de conflicto. Tres problemas políticos no enfrentados con  la sociedad crispan la convivencia y degradan la democracia en España:

Primero, las consecuencias de la monumental estafa del sector financiero español a centenares de miles de ciudadanos, descubierta con el estallido de la crisis económica hace 10 años, y que contó con la negligencia, si no complicidad o subordinación, de los gobiernos socialista (2010-11) y popular desde el 2012 a las políticas de austeridad impuestas desde Europa.

Segundo, la corrupción de los partidos políticos en el poder. El Partido Popular (PP), seis años en el gobierno, implicado en 31 casos con 835 imputados, y 5 tesoreros procesados. El Partido Demócrata Catalán, seis años en el gobierno en Cataluña, con 15 sedes embargadas, con su fundador y 2 tesoreros procesados. El Partido Obrero Socialista Español (PSOE) en Andalucía, treinta y ocho años en el gobierno, con 2 presidentes procesados.

Tercero, los 14 años de política del partido popular y el gobierno de Mariano Rajoy hacia Cataluña: hostilidad, persecución y autoritarismo contra los gobiernos de izquierda socialista-republicano-ecosocialista (2003-2010), de derecha liberal-conservador (2011-2012) y el nacional-independentista (2013-2017).

El PP, heredero de la tradición centralista-autoritaria

En el conflicto hispano-catalán, subyace una realidad secular: el centralismo borbónico-militar, nacional-católico y liberal-conservador en una España invertebrada, en la que han coexistido naciones (o nacionalidades) de diferentes contexturas.

El dominio de una tradición reacia a las ideas y valores de la ilustración y la democracia, todavía influyentes en la élite y sociedad española, que no acaba de aceptar ni asumir la diversidad nacional, a pesar de los cambios hechos hacia la Europa moderna.      

El PP, fundado por Manuel Fraga, ministro de Franco desde 1962, es heredero de la idea centralista de España. La visión de la España “una, grande y libre” o la de “una gran nación” se enfrenta a esa otra, la de “los pueblos de España” o la de “las nacionalidades” o la “plurinacional”.

Estas dos miradas, solapadas por el pacto constitucional de 1978, resurgieron con agresividad cuando el gobierno de las izquierdas catalanas, encabezado por el socialista Pascual Maragall, planteó un nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña, en reemplazo del de 1980 (el del pacto del 78) con la ilusión de ser reconocida como una nación, con nuevas competencias y más capacidad de autogobierno.

La desafección emocional

El PP reaccionó de inmediato con agresividad desproporcionada: inició una campaña hostil a través de los medios de comunicación conservadores; llamó a los españoles a no comprar productos catalanes; reunió firmas en toda España contra el Estatuto y, finalmente, impugnó el Estatuto como contrario a la Constitución de 1978 ante el Tribunal Constitucional (TC), después de haber sido aprobado en el parlamento catalán, el Congreso español y refrendado democráticamente por la sociedad catalana.

El TC demoró tres años para que una mayoría de miembros, de ideología centralista afín al PP y al PSOE, desmantelaran partes fundamentales del Estatuto, como por ejemplo el capítulo de competencias en administración de justicia. Los catalanes, que habían votado a favor de un Estatuto rebajado, se sintieron pasados a llevar, engañados por el estado, ante la indiferencia y carencia de reflejos del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

El presidente catalán, el socialista José Montilla, ya en 2007, le había advertido: “las instituciones del Estado debían dar respuesta a las demandas catalanas si se quiere evitar graves consecuencias políticas, una desafección emocional de Catalunya hacia España y hacia las instituciones comunes”.

La independencia entra en escena

Fue lo que estalló el 10 de julio de 2010, en una manifestación encabezada por los máximos dirigentes de las instituciones catalanas, encabezadas con el lema “Catalunya: Som una Nació”, como protesta a la decisión del TC de amputar el Estatuto. Esa tarde las autoridades fueron  sorprendidas y desbordadas por un numeroso sector de la manifestación que gritaba a favor de la independencia.

Dos años después, el 2012, televisiones occidentales proyectaron imágenes de centenares de miles de catalanes que recorrían las calles de Barcelona, encabezada por la actual presidenta del parlamento catalán, la que presentó un documento de compromiso por la independencia a las autoridades de entonces del parlamento autonómico.

Días después el gobierno liberal-conservador de Artur Mas cambió el rumbo de su gobierno hacia una política inspirada en el derecho a decidir; llamó a elecciones, suscribió un pacto legislativo con Esquerra Republicana, el partido independentista, y más tarde un pacto de gobierno con el mismo con el fin de crear un estado independiente.  

Dos hitos: 9N y 27S

El gobierno catalán intentó dialogar con el gobierno central una consulta. La respuesta de Rajoy fue el rechazo: “Ese referéndum no se va a celebrar”, declaró el 13 de diciembre del 2013. En cuatro años ambos gobiernos apenas se han hablado, pues el español no reconoce validez al derecho a decidir; no acepta dialogar sobre un referéndum y se ha limitado a esperar que la “ocurrencia” - así denominada por Rajoy- se desvanezca.

Dos han sido los hitos de este largo proceso soberanista. El primero, el 9 de noviembre de 2014, cuando más de 2 millones de personas respondieron al llamado del gobierno catalán a  participar en una movilización cívica, en forma de consulta no vinculante. Días después, el gobierno de Rajoy se querelló contra el presidente Artur Mas, y dos consejeras y un consejero, responsables en la organización de la movilización.

Este hecho político influyó para avanzar hacia un segundo hito, el 27 de septiembre de 2015, cuando en elecciones autonómicas triunfó una alianza entre el nacionalismo liberal-conservador, los republicanos de izquierda, e independientes agrupados en movimientos cívicos, responsables de multitudinarias movilizaciones entre 2012 y 2016.

Vía unilateral hacia la independencia

Esta alianza se comprometió a arribar a la independencia a través de un proceso constituyente de 18 meses. En la elección autonómica, considerada “plebiscito” por el independentismo, la alianza nacional-independentista junto a las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), de corte anticapitalista, a pesar que no lograron una mayoría de votos frente a los no-independentistas, sí eligieron una mayoría absoluta de 73/135 diputados, posibilitándolo para emprender el proceso constituyente soberanista.

Pero un año después, en septiembre de 2016, el gobierno nacional-independentista, exigido por la CUP, modificó su hoja de ruta y planteó la realización de un referéndum unilateral, después de aprobar dos leyes de ruptura: una para respaldar el referéndum y la otra el proceso constituyente hacia una república catalana, en caso de ganar la consulta.   

Excepcionalidad catalana

Las independencias unilaterales suelen conseguirse a través de movimientos nacionales sólidos, insertos en estados en descomposición, con o sin enfrentamiento armado, y con apoyo internacional explícito, militar o político. Fue el caso de las independencias de los países surgidos en el contexto del hundimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del desmoronamiento de la Federación de las Repúblicas de Yugoeslavia. 

El movimiento independentista catalán ha conservado un fuerte arraigo social, aunque no ha logrado sumar una mayoría ciudadana de votos; cuenta con mayoría absoluta de diputados, que le ha permitido aplicar la vía unilateral hacia la independencia, pero sin apoyos internacionales relevantes ni un liderazgo político sólido, importante para atraer adhesiones y convencer que se ha conseguido una mayoría clara en la sociedad.        

Este movimiento independentista se enfrenta a un Estado español en forma, aunque con un gobierno más frágil que el de la mayoría absoluta (2012-16) y con importante apoyo internacional, especialmente europeo. No obstante, el desafío independentista catalán está desnudando una crisis político-institucional-territorial del Estado: el pacto constitucional de 1978.

La crisis es del Estado español (aún con Cataluña)

Esta crisis se acelerará con el enfrentamiento en marcha entre el Estado español hegemonizado por el proyecto centralista del Partido Popular y las instituciones catalanas hegemonizadas por el proyecto nacional-independentista. El día siguiente al 1 de octubre, es probable que sea un momento que, con los daños a la vista, se podrá ver qué curso podría tomar la crisis de España con la reivindicación soberanista catalana.

A QUIÉN LE IMPORTA FREI

"Magnicidio: la historia del crimen de mi padre”, así acaba titulándose el largo y solitario recorrido de Carmen Frei, junto a su esposo, Eugenio Ortega, fallecido avanzado el camino, y el abogado Álvaro Varela. La obra de la hija hace de antesala al inicio del juicio, como resultado de las investigaciones del juez Alejandro Madrid durante 17 años, contra tres autores, un cómplice y dos encubridores, del crimen al ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, que podría quedar para sentencia en siete meses, marzo de 2018.

Carmen Frei, como muchas mujeres, encontró la verdad con viento y marea en contra.

El dictador y los médicos

La inteligencia del Ejército de Chile intervino, con la atenta mirada del dictador Augusto Pinochet, para que Eduardo Frei Montalva, hospitalizado para ser operado de hernia al hiato, terminara sin vida, hace más de 35 años, en enero de 1982.

Médicos de la Universidad Católica se apersonaron de inmediato tras la muerte. En secreto, sin autorización familiar, lo colgaron de una escalera y vaciaron sus órganos. Veinte años después, el juez dio con la ficha, caratulada N.N, correspondiente a Frei Montalva en dependencias de la clínica de la Universidad, y también encontró la misma escalera usada el día de su deceso.

El Ejército y la Universidad Católica, dos instituciones centenarias envueltas en la participación de un crimen de Estado, según antecedentes recogidos por la instrucción judicial. Un magnicidio.

El ejército

El “Nunca más” del Ejército (2005) ha quedado en nada. Los mandos de la última década se han sumado al “pacto de silencio” que juraron decenas de generales, a comienzo de la transición, a no colaborar con jueces que investigan causas contra crímenes cometidos durante los 12 años de dictadura.

El Ejército y su “indiferencia moral”, no es coherente con una democracia que se funda en los derechos humanos y por lo tanto su actitud desafía a las instituciones democráticas: el gobierno, el parlamento y los tribunales.

El Ejército se resiste a la investigación repitiendo una y otra vez: no hay antecedentes, se quemaron, invariable respuesta ante oficios provenientes del parlamento o preguntas del juez instructor, no obstante que el juez Madrid ha verificado que el Ejército tenía carpetas sobre Frei y que esa información había sido digitalizada.

Los gobiernos

Desde hace 10 años, la presidenta Michelle Bachelet  y el presidente Sebastián Piñera con voz firme y solemne comprometieron su palabra en empeñarse por aclarar la verdad sobre la muerte del ex presidente Frei Montalva.

No cejaremos un instante en aclarar las circunstancias de su muerte (...)", decía Bachelet. "Como Presidente de Chile yo hago mío este deber de colaborar para que la muerte del presidente Frei Montalva sea de una vez por todas esclarecida (…)”, declaraba Piñera.

Sus prometedores esfuerzos quedaron ahí. No se sabe si hubo gestiones o si éstas no tuvieron resultados y optaron por dejarlo. Ni ella el 2010 ni él en el 2014 dieron cuenta de gestión alguna y ahora, la presidenta consigna lo que ya se sabe: “la justicia está llegando a quienes asesinaron al Presidente Frei Montalva”.

Los gobiernos democráticos de centroizquierda y de derecha han dado señales de impotencia ante un Ejército que conserva bien atado sus lazos con su lado oscuro, el del crimen sistemático contra dirigentes opositores a la dictadura de Pinochet, sean socialistas o comunistas o como Frei, fundador de la Falange Nacional y de la Democracia Cristiana, su máximo líder durante 36 años. 

La DC

La Democracia Cristiana, “el partido de Frei” reaccionó mal ante la iniciativa de Carmen Frei de comenzar a indagar en la idea de descubrir “Quién mató a Frei”. Muchos dirigentes se sintieron incómodos, si no molestos, de su osadía y algunos hasta intentaron sancionarla en su propio partido. Obsesionados en el poder no estaban dispuestos a tolerar dar pasos que pudieran irritar a poderes fácticos como el Ejército.

La DC demoró 15 años en recapacitar, cuando un consejo directivo se dispuso a escuchar a Carmen Frei, a interesarse por lo que había hecho para descubrir el magnicidio. Luego, en marzo de 2016, se sumó a la querella contra los responsables del crimen. El partido había evitado involucrarse en acciones que abrieran paso hacia un esclarecimiento del crimen de su fundador.

Contenta y cómoda en el poder frente al temor a la reacción militar, la dirigencia de la DC se inclinó a seguir el llamado del ex ministro de Defensa del primer gobierno de la Concertación, Patricio Rojas, cuando, en 2006, en forma airada planteó que dejaran en paz a Frei en su tumba. Casi todos callaron. Rojas es concuñado del doctor de sanidad del Ejército, Patricio Silva Garín acusado por el juez Madrid como uno de los autores del homicidio de Frei.

La justicia tiene su hora

El libro de Carmen Frei, leyéndose estos días, es un preludio del juicio y sentencia que se dictará, unos meses más, sobre la causa del crimen de Estado contra Frei Montalva. Sus páginas representan , un nuevo hito del trayecto recorrido por decenas de miles de familias chilenas. Testimonio de la búsqueda de la verdad y la justicia que se sobreponen al “peso de la noche”, que mantiene “esa tendencia casi general de la masa al reposo (como) garantía de la tranquilidad pública”.

EL SIGILO BAJO LA PIEL DE LA CONTIENDA

Vacaciones en Madrid y Barcelona. Sin embargo, el gobierno español y la Generalitat catalana han dejado activos equipos para vigilar gestos, movimientos y reaccionar con rapidez. En Cataluña todos los consejeros del gobierno tienen instrucción para hacer  vacaciones cortas (no más de 15 días) en lugares cercanos a Barcelona ante cualquier emergencia. Ambos gobiernos despidieron el año laboral moviendo piezas en su ya prolongada “guerra de posiciones”.

Por la mañana del 31 de julio, los partidos independentistas registraron la ley de referéndum en el parlamento catalán para que la mesa la admita a trámite en el ecuador de las vacaciones, el 16 de agosto (ese día Rajoy presidiría un Consejo de Ministros extraordinario en caso que se admitiese), mientras por la tarde el Tribunal Constitucional, en forma unánime, neutralizó la reforma del reglamento del parlamento, para aprobar las leyes de separación en forma express, sin discusión parlamentaria.  

¿Habrá o no habrá referéndum?

A 60 días del referéndum, el 1-O, aún no convocado, nadie parece estar interesado en el contenido de la pregunta a votar: ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? , es decir, en perfilar, unos,  la república catalana o en replantear la conducción de la Cataluña autonómica, otros.

Un desinterés que se debe a la opción del gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña, cada uno por su cuenta, de imponer sus propias reglas para impedir o conseguir que los catalanes voten. Así, la pregunta del referéndum ha sido  reemplazada por otra que circula en  calles y espacios de encuentros: ¿habrá o no habrá referéndum?

Por lo tanto, el conflicto por el referéndum anunciado podría dirimirse antes del 1.O ya no con una votación, sino con las fuerzas que logren reunir Gobierno y Generalitat. A simple vista la desigualdad es enorme, lo que estimula la reaparición del mito de David y Goliat.

Las fuerzas enfrentadas

El gobierno de España con su determinación: “no habrá referéndum en Cataluña” se apoya en el Tribunal Constitucional (de amplia mayoría conservadora) en la Fiscalía prácticamente bajo su dependencia y en una judicatura acomodada (en los años de mayoría absoluta) siempre con el auxilio de los cuerpos policiales y de seguridad del estado a su disposición.

La Generalitat con su firme voluntad: “pondremos urnas y votaremos” infunde cohesión política al gobierno; reajusta el departamento de Interior y la dirección de la policía catalana (17 mil efectivos); avanza en el armazón de su marco legal propio (con su mayoría absoluta en el parlamento catalán) y espera el apoyo masivo de una ciudadanía activada por el movimiento cívico independentista, con gran capacidad de convocatoria en toda el territorio catalán.

Entre certezas y dudas

La propaganda y descalificación de unos y otros se extiende por el espacio público, en desmedro del debate, de una discusión razonada y crítica argumentada.  El parlamento catalán fracturado, forzado por la mayoría independentista (72/63) a no debatir lo sustantivo.

La sociedad catalana observa sin sobresaltos, aunque dividida más o menos en partes iguales. En la elección general catalana (septiembre, 2015) los partidos con programa a favor de la independencia reunieron el 47,8% de las preferencias y la última encuesta seria (julio, 2017) indica que el 41,1% estaría a favor y el 49,4% en contra de la independencia.  

La polarización política va en aumento así como la incertidumbre entre los ciudadanos de a pié. Las dudas flotan en el  ambiente: ¿Cuál sería la actitud de la policía catalana (también policía judicial)? ¿Qué órdenes o instrucciones seguiría, las de sus superiores institucionales o la de los jueces? ¿Procedería a detener a dirigentes independentista por instrucción de un juez? ¿El gobierno central intervendrá la policía o la Generalitat? ¿Qué pasaría si las policías catalana y estatal recibieran órdenes  contrapuestas  el 1-O? Las interrogantes hacen referencia al uso de la fuerza o a enfrentamientos, toda vez que  ambas partes mantienen la resolución de impedir el referéndum y de poner urnas..  

La espoleta para el 6 de septiembre

Una muestra contundente ha sido la decisión de la mayoría independentista en el parlamento catalán de reformar su reglamento para con nuevas reglas aprobar las leyes de ruptura con el Estado en un día (referéndum, transitoriedad). Tan sólo un grupo parlamentario podría pedir lectura única de los proyectos de separación, lo que prácticamente anula el derecho de los diputados a presentar enmiendas y desarrollar un debate abierto sobre la ley de referéndum, definida como “suprema”, es decir, que su articulado prima sobre la Constitución del Estado y el Estatuto de Cataluña.

El gobierno de Mariano Rajoy ha reaccionado en menos de 24 horas: pidió un informe al Consejo de Estado; en seguida solicitó al Tribunal Constitucional la remoción del artículo que permite la lectura única; en media hora la admitió a trámite, quedando suspendida la reforma  impugnada hasta un pronunciamiento definitivo, el que se produciría en septiembre.

La próxima estación es el 16 de agosto, fecha en se abrirá el periodo de sesiones del parlamento catalán, 15 días antes de lo habitual. Entonces, la mesa decidiría admitir a trámite la ley de referéndum con tiempo a que esta sea aprobada (el 6 de septiembre) y sirva de marco legal para al fin convocar el referéndum del 1-O.

En Cataluña, LA BATALLA DE SEPTIEMBRE

La tormenta de un largo verano caliente ya está sobre Cataluña. Los espesos nubarrones cubren el territorio de punta a cabo. No parecen dejar ni un claro oscuro por donde se cuele alguna esperanza de que no se descargue la furia de la contienda. Los pronósticos son diversos, dudosos, épicos y terribles. La sociedad aparenta calma, pero sabe que algo va ocurrir. Un titular se atreve a decir: “se ha volado el último puente” que  podría haber unido el Palau de la Generalitat, en Cataluña, con La Moncloa, en Madrid. 

Arte urbano en medio de "guerra de posiciones": Puigdemont y Rajoy

La fuerza y la excepcionalidad

Asoma en el imaginario catalán la fuerza después de cinco años de conflicto político-institucional entre el movimiento independentista y el Estado español, representados en el  gobierno de la Generalitat de Cataluña y el  presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy.

El 1 de Octubre (1-O) es la fecha anunciada por el presidente catalán, Carles Puigdemont para librar la batalla decisiva por la independencia catalana de España mediante un referéndum. Cerca de 5,6 millones podrían votar un sí o un no a la pregunta ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?

Pero será difícil llegar a esa fecha en condiciones de decidir algo “como siempre”, “en normalidad”. Hace mucho tiempo que eso no es así. La palabra “excepcional” del proceso independentista ha sido justificativa de discursos gestos y decisiones política, sin ir más lejos, la actual alianza de gobierno “Juntos por el Sí” entre el liberal-conservador partido demócrata (ex Convergéncia Democrática de Cataluña) y Esquerra Republicana, de acento social-demócrata.

El referéndum unilateral (no acordado) se ha envuelto de dudas, que han contaminado hasta la cúpula independentista (cuatro consejeros del presidente y el secretario de gobierno han sido cesados amablemente). El gobierno de Rajoy rotundo, declara, como siempre, que no se realizará.

El conflicto ha entrado a una fase de no retorno. Unos y otros ya no se escuchan, no están dispuestos a revisar sus estrategias y objetivos de corto plazo, y ni siquiera ya les interesa lo que uno piense del otro.  En la segunda quincena de agosto o los primerísimos días de septiembre, cualquier movimiento relámpago podría desencadenar una tormenta de proporciones no imaginadas, o no.

Moncloa y Generalitat: cinco años de espaldas

Las posiciones de los gobiernos han sido invariable desde 2012: mientras el gobierno del partido popular se ha negado a dialogar con el gobierno catalán sobre un referéndum por ser inconstitucional e ilegal, el gobierno de Convergencia Democrática, CDC (hasta el 2015) y de “Juntos por el Sí” (desde enero de 2016) ha verbalizado la idea de diálogo, pero  siempre que sea sobre el referéndum.

En estos años, sin diálogo, se ha escenificado una “guerra de posiciones” en que cada uno, desde Madrid y Cataluña, con paciencia, sigilo, astucia y abundante propaganda, verbal y visual, las partes se han propuesto ganar la legitimidad del no y el sí a un referéndum de autodeterminación.

Desde la Moncloa, el gobierno de Mariano Rajoy  ha dispuesto de una mayoría absoluta en el Congreso (hasta 2016), el apoyo del tribunal Constitucional, fiscalía y tribunales de justicia y el uso de la policía y desde la Generalitat independentista ha administrado una mayoría absoluta en el Parlamento autonómico y contado con el fiel apoyo de un activo movimiento cívico en todo el territorio catalán.

Un agosto de vigilia

Llegan las vacaciones, pero la Generalitat y la Moncloa ya anunciaron una vigilia permanente, ojos abiertos, en alerta, ante cualquier incursión sorpresiva y manos a la obra en preparar iniciativas que intentarán precipitar la contienda hacia la realización o frustración del referéndum del 1-O.

La Generalitat tendrá que convocar el referéndum anunciado, promulgar la ley especial, también anunciada, que acabaría por aclarar la calidad de las garantías democráticas para efectuarlo (censo, administración neutral, nivel de participación y mayorías, campaña, uso de medios de comunicación, lugares de votación) y decidir si promulga la ley de transitoriedad antes o después del  1-O (régimen jurídico que regularía período de secesión, si ganara sí).

El sigilo comienza crear una sensación de que todo esto se hará con movimientos rápidos, dejando al margen a la oposición catalana sin chance a presentar enmiendas ni debatir “como siempre”. Se tratará de “neutralizar” al gobierno de España publicando las nuevas leyes y por lo tanto quedando a firme, antes que sean recurridas ante el Tribunal Constitucional. De este modo se dotaría de legalidad el referéndum unilateral y el período entre la proclamación de independencia (48 horas después del 1-O) hasta el establecimiento de la  república catalana.

Un  septiembre de confrontación

Algo sucederá. Las fuerzas son muy desiguales. En la Moncloa se percibe un mando único firme, sin fisuras y con apoyo crítico de la mayoría de la oposición, además de los estados europeos. La Generalitat, en cambio, saliendo de una crisis de gobierno, que, finalmente, parece cerrar filas en torno a una resuelta estrategia unilateral (como ha sido la designación de un convencido independentista al mando de la policía catalana) aunque en un marco de desgaste político y signos de desconfianza.

El partido del presidente va postergando las resoluciones claves (compra de urnas, convocatoria y ley de referéndum) lo que inevitablemente produce dudas sobre la dirección del proceso. Sin embargo,  la esperanza independentista se concentra en el movimiento social que en estos cinco años ha demostrado  capacidad organizativa, movilizadora y eficacia.

El enfrentamiento parece inevitable y dependerá del grado de su intensidad y de los costos que deje para aclarar  en  qué condiciones continuará el próximo capítulo de la contienda: el post 1-O.