Es inusual que 12 naciones acuerden en seis horas algo tan claro y rotundo como lo que expresa la Declaración de La Moneda: respaldo pleno y decidido al Presidente constitucional Evo Morales y rechazo enérgico al intento de golpe civil a través de una insurrección en marcha (sabotajes, ocupaciones y matanzas) promovida por los prefectos de cuatro departamentos del país.
La diplomacia no acostumbra a esta capacidad de resolución: un texto de compromiso nítido y en tan breve tiempo entre gobiernos con políticas e intereses internacionales muy diversos.
También es excepcional que las 12 naciones sudamericanas estén al mismo tiempo gobernadas por representantes elegidos por sus ciudadanos en elecciones válidas. A esto se agrega un entendimiento compartido: la pobreza y el desarrollo requiere de la cooperación regional, como por ejemplo en las áreas de la energía y de las infraestructuras.
La legitimidad democrática de los gobiernos es un rasgo inseparable a la relación crecimiento/justicia social, condición para que los pueblos logren igualdad de oportunidades, el principal desafío vigente de los países que suscribieron la Declaración.
Los bolivianos han soportado una gran inestabilidad política: 23 cambios de presidentes en los últimos 32 años y padecen niveles de pobreza preocupantes: son los 9º más pobres entre los países sudamericanos de acuerdo a su PIB.
El gobierno de Evo Morales acaba de obtener –el 10 de agosto- el respaldo del 67,1% de los bolivianos, mientras el bloque opositor logró el 32,59%. Sin embargo, no fue suficiente para superar la crisis política, luego que los prefectos que se le oponen en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando fueran reelectos.
Desde hace más de un año Morales pretende sacar adelante una Constitución que cambia el sistema político. Se propone redistribuir el poder configurando un estado con una base económica sólida y una vigorosa representación de las 35 comunidades indias. Proyecto anatematizado por el bloque de prefectos de territorios ricos en petróleo, gas y agroindustria y de mayoría blanca.
La Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), formada hace cuatro meses e inspirada por el Presidente Lula, expresa un compromiso a la idea democrática sustentada en gobiernos y parlamentos elegidos por los ciudadanos. Asume la idea de que estabilidad democrática y cooperación regional son vitales para el futuro de los pueblos sudamericanos en un contexto mundial de capitalismo global.
La Unasur integrada por gobiernos tan diversos como el de Uribe, en Colombia, fiel a las políticas del Presidente Bush y el de Chávez, en Venezuela, devoto de las políticas de Fidel Castro, comprometió su presencia activa en el diálogo entre el gobierno de Morales y los prefectos opositores.
La Declaración emitida por la Presidenta chilena comunicaba el compromiso de las 12 a ayudar a la democracia boliviana a librarse de la insurrección en movimiento y conseguir que unos y otros se sientan a conversar, enfilar unos procedimientos que flexibilicen las posiciones encontradas y luego propongan acuerdos y alternativas que se confirmen y diriman con la intervención de los ciudadanos a través de mecanismos democráticos.
El escenario donde paría tan desacostumbrado consenso era el Palacio de La Moneda, donde aún flotaba en el aire el 35 aniversario (11 de septiembre) de cuando el humo y las llamas salieron de su interior esparciendo por el mundo el hecho que la democracia chilena había sido destruida luego que una prolongada insurrección civil consiguiera imponerse con la intervención de las fuerzas armadas.
La diplomacia no acostumbra a esta capacidad de resolución: un texto de compromiso nítido y en tan breve tiempo entre gobiernos con políticas e intereses internacionales muy diversos.
También es excepcional que las 12 naciones sudamericanas estén al mismo tiempo gobernadas por representantes elegidos por sus ciudadanos en elecciones válidas. A esto se agrega un entendimiento compartido: la pobreza y el desarrollo requiere de la cooperación regional, como por ejemplo en las áreas de la energía y de las infraestructuras.
La legitimidad democrática de los gobiernos es un rasgo inseparable a la relación crecimiento/justicia social, condición para que los pueblos logren igualdad de oportunidades, el principal desafío vigente de los países que suscribieron la Declaración.
Los bolivianos han soportado una gran inestabilidad política: 23 cambios de presidentes en los últimos 32 años y padecen niveles de pobreza preocupantes: son los 9º más pobres entre los países sudamericanos de acuerdo a su PIB.
El gobierno de Evo Morales acaba de obtener –el 10 de agosto- el respaldo del 67,1% de los bolivianos, mientras el bloque opositor logró el 32,59%. Sin embargo, no fue suficiente para superar la crisis política, luego que los prefectos que se le oponen en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando fueran reelectos.
Desde hace más de un año Morales pretende sacar adelante una Constitución que cambia el sistema político. Se propone redistribuir el poder configurando un estado con una base económica sólida y una vigorosa representación de las 35 comunidades indias. Proyecto anatematizado por el bloque de prefectos de territorios ricos en petróleo, gas y agroindustria y de mayoría blanca.
La Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), formada hace cuatro meses e inspirada por el Presidente Lula, expresa un compromiso a la idea democrática sustentada en gobiernos y parlamentos elegidos por los ciudadanos. Asume la idea de que estabilidad democrática y cooperación regional son vitales para el futuro de los pueblos sudamericanos en un contexto mundial de capitalismo global.
La Unasur integrada por gobiernos tan diversos como el de Uribe, en Colombia, fiel a las políticas del Presidente Bush y el de Chávez, en Venezuela, devoto de las políticas de Fidel Castro, comprometió su presencia activa en el diálogo entre el gobierno de Morales y los prefectos opositores.
La Declaración emitida por la Presidenta chilena comunicaba el compromiso de las 12 a ayudar a la democracia boliviana a librarse de la insurrección en movimiento y conseguir que unos y otros se sientan a conversar, enfilar unos procedimientos que flexibilicen las posiciones encontradas y luego propongan acuerdos y alternativas que se confirmen y diriman con la intervención de los ciudadanos a través de mecanismos democráticos.
El escenario donde paría tan desacostumbrado consenso era el Palacio de La Moneda, donde aún flotaba en el aire el 35 aniversario (11 de septiembre) de cuando el humo y las llamas salieron de su interior esparciendo por el mundo el hecho que la democracia chilena había sido destruida luego que una prolongada insurrección civil consiguiera imponerse con la intervención de las fuerzas armadas.
