Friday, July 24, 2009

¿PARA QUÉ METERSE EN HONDURAS?

Un dicho que propone evitar involucrarse en líos, embrollos inútiles. La ONU, la OEA y la UE no hacen caso y se implican en Honduras, el tercer país más pobre de América Latina, después de Haití y Nicaragua, desde hace un mes con un gobierno de facto surgido de un golpe militar y sin el reconocimiento de ningún estado del mundo. Sin embargo ahí está, desafiante.

Desde el gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama, hasta el gobierno de Cuba, de Raúl Castro, rechazaron el golpe, reconocieron la legitimidad del Presidente depuesto, instaron a su restitución en el cargo y, de ese modo, restablecer la democracia en el país centroamericano. Algo inédito.

En seis días, 33 países de la OEA suspendieron la participación de Honduras en la Organización. Por su parte, la Comisión Europea congeló un paquete de ayuda de 65,5 millones de euros y Estados Unidas, hasta ahora, se ha limitado a declarar que las relaciones se verían afectadas si el gobierno de facto no se avenía a las propuestas del mediador en el conflicto hondureño, el Presidente costarricense, Oscar Arias.

La iniciativa de Arias - restituir al Presidente Manuel Zelaya en un gobierno de unidad nacional a cambio de no acometer reformas constitucionales y adelantar las elecciones generales en un mes - no tuvo las consecuencias esperadas.

El golpe en Honduras evoca rutinas y retóricas que están vivas en la memoria, en el imaginario político de los pueblos y de la mayoría de los gobernantes latinoamericanos.

Los militares brasileños forzaron al presidente Joao Goulart a embarcarse en un avión con destino a Montevideo en 1964, del mismo modo que los militares peruanos lo hicieron con el presidente Fernando Belaunde al subirlo a un avión con destino a Buenos Aires en 1968. Después de más de 30 años, los militares hondureños lo hacen con el presidente Manuel Zelaya embarcándolo hacia San José.

El gobierno de facto niega el golpe militar, afirmando que el Ejército procedía a cumplir una orden del Tribunal Supremo de Justicia, porque el gobierno de Zelaya había transgredido la Constitución, como cuando la dictadura chilena habló de “pronunciamiento militar”, luego que el gobierno de Allende había “quebrantado la institucionalidad”, según resoluciones de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema.

Roberto Micheletti gobierna junto a ex oficiales, activos en los 16 años de dictaduras militares (1965-1981) y en gobiernos civiles represivos, implicados en la política militar de Estados Unidos contra el gobierno del FNLS nicaragüense, las guerrillas del FMLN salvadoreño y de las fuerzas de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Uno de ellos, su Ministro Consejero, el ex capitán Billy Joya Améndola, estuvo conectado a las policías secretas de Argentina y Chile en los 70 y con la Contra nicaragüense en los 80.

América Latina muestra energía política en la OEA, la que había exhibido no hacía un mes en la propia Honduras, cuando consiguió allanar a que Estados Unidos apoyara la eliminación de los motivos por los que se marginó a Cuba en 1962.
UNASUR es otra instancia con atributos, como lo demostró en la emergencia suscitada con la crisis constitucional en Bolivia. Brasil y Venezuela junto a Chile y Ecuador (próximo coordinador de UNASUR) pueden inyectar capacidad de iniciativa y cohesión, indispensable para inviabilizar a una dictadura surgida de un golpe militar.

El golpe en Honduras es un test para América Latina, pero también para la Administración Obama en su deseo de renovar la política estadounidense hacia la Región. ¿Se mantendrá la “tolerancia cero” hacia el régimen de Micheletti o habrá quienes buscarán el acomodo?

Sí, parece oportuno meterse en honduras, a propósito de Honduras. Crear espacios para que la Región debata sobre la democracia en América Latina, pues lo acontecido enseña que ésta es frágil cuando se la circunscribe a elegir (o reelegir) periódicamente a sus representantes.

Se requiere pensar y proponer instituciones representativas y deliberativas, que impliquen a los ciudadanos; políticas de desarrollo que transparenten más justicia social y estímulos para que la sociedad civil forje una cultura que considere la diversidad política y cultural como un valor, con un diálogo abierto entre ellas y la participación colectiva en la construcción de horizontes donde se proyecten imágenes de más inclusión, más igualdad y más realización personal y social; en una: más bien común.