Thursday, November 22, 2012

TOHÁ Y FREI

"Vengo como ciudadano a estar al lado del Presidente, esa es mi responsabilidad... los que estamos en La Moneda no saldremos sino por nuestra propia voluntad ... el plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976". 

Estas palabras de José Tohá sorprenden al imaginar su serenidad imperturbable en medio del violento asedio militar, pero, a su vez, muestran sentimientos humanos, valores políticos y una conducta conmovedora al transparentar consecuencia entre su convicción y su responsabilidad, algo que en la actualidad se suele separar, sacrificando una respecto de la otra, sea por conveniencia o por una razón pragmática.

Tohá había dejado hacía unas semanas el gobierno, pero en forma imprevista, volvió, como ciudadano,  para estar al lado del Presidente, que representa, en ese momento de vida o muerte, su convicción política democrática: un gobierno elegido libremente por seis años y que el alzamiento militar se abocaba a destruir. 

José Tohá, "prisionero de guerra" en Isla Dawson, fue ingresado el 1 de febrero en el hospital del Ejército de Chile y un mes y medio después, este hombre, de 1 metro 95 y con 47 kilos de peso, fue estrangulado en la pieza 303 del recinto castrense.

Ante la versión militar del suicidio, la vida de Tohá, como la de miles de otros chilenos, no dejó de latir. En su caso, su presencia era difícil de percibir. Había sido Ministro de Defensa, conocedor y cercano a  generales del Ejército que urdieron el golpe, había intimado con varios de ellos, como Prats y su segundo, Pinochet, considerado como alguien leal a la Constitución.

Llega, ahora, el momento de la justicia: del saber quiénes ordenaron y participaron en su ejecución y por qué lo hicieron. Es la forma civilizada de afrontar la situación una vez comprobado el crímen, decía el ex Presidente Ricardo Lagos.

Tohá era un prisionero del Ejército; a su muerte sus responsables informaron que se había suicidado, y 38 años después se comprueba que no, que había sido estrangulado. Ante ello, qué ha dicho su actual comandante en jefe. Silencio, como si fuese una institución refundada, que no asume sus responsabilidades anteriores, cuando el mando lo ejercía el general Augusto Pinochet

El ex jefe del Ejército, Juan Emilo Cheyre, durante el gobierno de Lagos, comprometió un "Nunca más" ante los hechos sucedidos en el pasado y que implicaban a la institución en violaciones de derechos humanos. Sin embargo el Ejército ha sido resistente a colaborar en la causa que lleva el juez Madrid por el crimen contra el ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Un "Nunca más" efectivo, no retórico, significa entre otras cosas colaborar con la justicia en casos como el del ex Presidente de la República y como lo será el del ex Ministro de Defensa y que implican a la institución del Ejército de Chile.

Frei envenenado en la Clínica Santa María, Tohá estrangulado en el Hospital Militar. Los procesos judiciales abiertos, el primero avanzado y estancado; el segundo, acalarado la consumación del crimen, comienza de cara a identificar los culpables y sus motivos. Y frente a ello ¿qué hacen los partidos democráticos?

Frei, fundador de la Democracia Cristiana, Presidente de Chile, líder de la oposición ante la dictadura en 1980; Tohá, dirigente destacado del Partido Socialista, Vicepresidente de la República, "prisionero de guerra" del Ejército de Chile. ¿Por qué los partidos políticos no tienen iniciativas ante el Gobierno, el Ejército y el Parlamento que colaboren con la justicia?

El Presidente Piñera comprometió su palabra hace dos años en hacer todo lo posible, en su calidad de Jefe de Estado, para que el Ejército colaborara con el juez Madrid. Sin embargo, no se conocen sus gestiones.  Los casos de Frei y Tohá, entre muchos otros, no son asuntos sólo familiares.

Ambos fueron asesinados por sus convicciones y responsabilidades políticas, por lo tanto extraña que sus propios partidos (democratacristiano y socialista) adopten una actitud pasiva, de espera. Pero también los demás partidos (comunista, radical y PPD) comprometidos con los derechos humanos.

De la UDI y Renovación Nacional, validados como partidos democráticos, poco o nada se puede esperar, dado que aún no condenan un régimen dictatorial que cometió crímenes de lesa humanidad como lo documentó la Comisión Rettig (1991) y la Comisión Valech (2005) y como, poco a poco lo han ido confirmando las sentencias de los Tribunales de Justicia chilenos.
 

Wednesday, October 31, 2012

ELECCIONES, MOVIMIENTO SOCIAL Y “REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”


Los diversos rostros de los movimientos sociales asoman tras los resultados de la elección  municipal. La de Eloísa González que llamó a “no prestar el voto” como rechazo a un sistema político de fuertes restricciones a la participación democrática, una opción que forma parte de de esa inmensa mayoría de ciudadanos, un 61%, que no participó en la elección municipal.

También afloran las de Giorgio Jackson y Camila Vallejo con las derrotas de alcaldes de derecha que se ensañaron  contra las movilizaciones estudiantiles, como es el caso de Santiago (Pablo Zalaquett), Providencia  (Cristian Labbé) y Ñuñoa (Pedro Sabat).

Pero también en la derrota del gobierno de derechas encabezado por Sebastián Piñera emergen las imágenes como las de Iván Fuentes (movimiento  de Aysén), Andrea Cisternas (movimiento de Freirina), José Mardones (movimiento de Calama), entre muchas otras de diferentes movimientos que han enfrentado las políticas económicas y medio ambientales.

Es la primera elección general tras la emergencia de movimientos sociales (2011-2012) que ponen en cuestión un modelo político (“democracia gobernable”) y económico (“crecimiento neoliberal”) excluyente de una participación y control ciudadana, y el rechazo a una clase política interesada más en mantener sus posiciones de poder que en conectar con una ciudadanía cada vez más exigente.

Los resultados son claros: la desafección ciudadana  se experimenta, en forma ininterrumpida desde hace más de 20 años, en la participación electoral: del 79,4% en 1992 al 57,4% en 2008. Ahora, en 2012, se profundiza con la participación de un 39% de los ciudadanos.

El voto voluntario ha quitado el último dique de contención (la obligatoriedad del voto) y deja en evidencia la carencia de representatividad democrática del sistema político. La elite política ha sido reacia a asumir este proceso de desafección que tiene múltiples motivos.

Un fenómeno que requiere de un estudio serio, aunque seguro no se debe a una causa. Entre otras se pueden plantear: la pasividad o indiferencia de personas satisfechas; la percepción de alternativas altamente indiferenciadas; el rechazo a sucesivas malas prácticas de los partidos políticos; el cansancio a la insensibilidad de alcaldes repetidos, parlamentarios o autoridades de gobierno ante malestares sociales, la convicción de que su voto no decide, sino ratifica lo decidido por los partidos, de acuerdo a un sistema electoral, etc.

¿Persistirán los partidos y las instituciones políticas en eludir responsabilidades de continuar debilitando la democracia representativa? Y ¿Continuarán siendo insensibles al sentimiento de parte importante de la sociedad de abrir un periodo constituyente que resuelva  las causas de los conflictos sociales y políticos  que no hacen más que acumular desafección a un sistema democrático de baja calidad?

El ex  Presidente Ricardo Lagos planteaba que  la derrota del gobierno se debía a “que no escucharon la voz profunda de la ciudadanía, de los movimientos sociales”. Y tiene razón, aunque estos movimientos tampoco le dieron una victoria global a la oposición, sin perjuicio que incidieran en triunfos emblemáticos, de candidaturas  con nuevas figuras y planteadas con amplitud como, entre otras,  la de Tohá en Santiago, Errázuriz en Providencia y Fernández en Ñuñoa.

En su conjunto ha triunfado una oposición muy fragmentada, en cuatro bloques, de centro-izquierda y de izquierdas, ha triunfado sumando el 57,02% (Concertación: 27,32%; Por un Chile Justo: 22,10%; El Cambio por Ti: 4,51% y Mas Humanos: 3,05%). La novedad es que la Concertación, como coalición y proyecto, ya no es la alternativa única a la derecha.

Cada vez se plantea con más insistencia y apoyo la necesidad de fundar una nueva alianza con unidad programática que señale un proyecto de  “revolución democrática” (concepto surgido desde el movimiento social) que cambie principios y normas constitucionales ideadas para consolidar un Estado como instrumento para garantizar una sociedad de mercado.

Para ese tipo de cambio no se puede esperar una colaboración de la derecha, como ha quedado demostrado en los intentos de reformas del sistema electoral, pero sí se puede esperar de la  construcción de una nueva alternativa política democrática sensible a conocer, interpretar e incluir inquietudes, ideas y dinámicas que se encuentran entre parte importante de los 8 millones de ciudadanos que no fueron a votar en las últimas elecciones municipales.