Friday, June 08, 2018

LA ESPAÑA INVERTEBRADA ECHA AL PP

Entre crisis y crisis, en España, los cambios se cuelan por los intersticios de un bipartidismo que se resiste a aceptar que el pacto de convivencia democrática, suscrito hace 40 años, ya no funciona. El PSOE de Pedro Sánchez, a diferencia del que lo desalojó hace dos años, ligado a “Felipe González”, se ha atrevido a echar al PP, el partido corrupto, con el apoyo de Podemos, los independentistas catalanes, nacionalistas vascos y valenciano. Sánchez sorprende con la formación de un gobierno de mayoría femenina y, en solitario, buscar encontrarse con “su momento feliz”, ser elegido por los ciudadanos antes de dos años.

La influencia del movimiento feminista en España en el retrato del gobierno socialista de Pedro Sánchez

El bipartidismo se resiste a…

El gobierno de Pedro Sánchez tendrá el apoyo de 85 de los 350 diputados del Congreso de los Diputados. ¿Cómo gobernará? ¿Cuánto durará su gobierno con el 24% de representantes en un sistema parlamentario? Durante 37 años, España fue gobernada bajo un sistema bipartidista que daba origen a gobiernos de mayorías absolutas o mayorías relativas apoyadas por partidos nacionalistas (vasco y catalán).

En 2015 todo ello comenzó a cambiar. La emergencia de dos nuevos partidos a nivel estatal (Podemos y Ciudadanos) está modificando la política española, rígida, reacia al pacto, y siempre en la búsqueda de una mayoría absoluta para imponerse al rival. No obstante, los partidos tradicionales (Populares y Socialistas) se resisten.

Los populares han gobernado en minoría y han durado dos años y los socialistas han decidido gobernar en minoría para llamar a elecciones antes de dos años. El bipartidismo resiste aceptar la nueva realidad política y se convierte en factor de inestabilidad en vez de buscar afinidades en torno a un programa compartido. El PSOE prefiere gobernar en solitario, con 85 diputados y rechazar el ofrecimiento de Podemos de gobernar con 156.

…aceptar los cambios en la política española

Los partidos tradicionales no acaban de aceptar lo que ya en la realidad es un hecho: el pacto constitucional de 1978 (en diciembre cumple 40 años) está agotado, no funciona, sucumbió con el desarrollo de tres crisis simultáneas: financiera, territorial y política.

La crisis financiera (2009) se ha llevado por delante los derechos económicos y sociales (de los pactos de la transición) con políticas neoliberales de mano tendida – generosas - para el poder financiero y de mano encogida – austeras - para los ciudadanos.

La crisis territorial (2010) con el golpe letal al Estatuto catalán, encendiendo un proceso de autodeterminación que, soslayado por el gobierno del Partido Popular, ha acabado mal con la ruptura de la legalidad, la destitución del gobierno autonómico, la represión a sus miembros con procesos penales y encarcelamientos.

La crisis política-institucional trazada por la corrupción del Partido Popular con el caso Gürtel (2009) y el influjo del movimiento de “los indignados” (2011) que erosionaron la representación bipartidista del sistema político hasta el final abrupto del gobierno del Partido Popular y del liderazgo de Mariano Rajoy durante 14 años.

El PP es desalojado, porque es corrupto

El gobierno Popular asumió hace dos años (en segundas elecciones) gracias a la abstención del Partido Socialista (PSOE), tras forzar la dimisión de su Secretario General, Pedro Sánchez. Sin embargo, un año después (junio 2017) Sánchez volvió a liderar el partido luego de  ganar las elecciones internas.

Hasta hace dos semanas, el PSOE estaba “fuera de órbita” en la oposición, Rajoy consiguió oxígeno al aprobar los presupuestos, por dos votos. Pero, al día siguiente, la Audiencia Nacional sentenció al Partido Popular al acreditar que era una organización corrupta al ser parte de una trama de la que recogía dineros ilícitos de empresas, a cambio de adjudicaciones de obras en territorios bajo control político del PP. Así, durante 13 años.

La directiva del PSOE, luego de comprobar que el PP no reaccionaba ante la sentencia, decidió presentar la moción de censura contra Rajoy, la misma figura, por los mismos motivos, a la presentada hace un año (junio de 2017) por Podemos y que los socialistas no aprobaron. Ahora, en ocho días, Sánchez lograba reunir 180 votos (de 350) de Podemos y los partidos independentistas catalanes, nacionalistas, vascos y valenciano.

Paradojalmente, Sánchez consiguió reunir el mismo apoyo, que hace dos años insinuó procurar para ser investido presidente del gobierno y que, entonces, fue la causa del complot contra Sánchez en el PSOE, acusado de querer formar un “gobierno Frankenstein”, monstruoso, por sus apoyos.

Pedro Sánchez busca "su momento feliz"

Esta vez el liderazgo socialista de Pedro Sánchez vuelve a sorprender. Forma un gobierno de rostro femenino. El 64,7% es mujer, con 11 ministras y 6 ministros; con el ministerio de Igualdad (de género) en manos de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Es el reflejo del movimiento feminista, que se expresó el 8 de marzo pasado, dijo el presidente en su presentación.

Un gobierno que luce consistencia por la formación y experiencia del equipo ministerial; varios vienen con trayectorias en Bruselas, de gestión (como la ministra de Economía, Nadia Calviño, directora de Presupuestos en la Unión Europea) y de representación (como el ministro de Asuntos Externos, Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo). Un gobierno europeísta, la “nueva patria”, enfatizó Sánchez.

Un elemento que ha llamado la atención fue la difícil nominación de las carteras vinculadas a la seguridad. Los tres, con afinidades políticas contradictorias, provenientes de largas trayectorias en la judicatura. En Interior, Fernando Grande-Marlaska (vocal del Poder Judicial a propuesta del PP); en Defensa, Margarita Robles (vocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE) que aspiraba a dirigir Interior y Justicia, aunque con la Central Nacional de Inteligencia (CNI) en sus manos y en Justicia, Dolores Delgado (de la Unión Progresista de Fiscales, afín al ex juez Baltasar Garzón)

El equipo se presenta como “modernizador” (feminista, como ya lo anuncia su primer proyecto de ley: formación de jueces en violencia de género) y “europeísta”, con rostros de diferentes generaciones y talantes que proyectan una imagen de solidez, abierta a escuchar, dialogar y consensuar. La ambición de este gobierno del PSOE, elegido por Pedro Sánchez, es llegar a su momento feliz, antes de dos años, y ser elegido por los ciudadanos en las urnas.

Los que apoyaron a Sánchez, al margen

El gobierno socialista espera una dura oposición de la derecha, aunque habrá que esperar, probablemente hasta después de septiembre, pues en el PP está en marcha una lucha interna abierta por la sucesión de Mariano Rajoy. Ciudadanos sale debilitado al perder la ocasión de mostrar su fuerza, según las encuestas, luego que Rajoy no aceptara convocar a elecciones o renunciar con el fin de frenar la moción de censura. El partido que apoyaba al PP desde el parlamento pasa a la oposición con sus 32 diputados.

Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas que eligieron a Sánchez han quedado al margen. Podemos esperaba coaligarse a los socialistas sin mayores exigencias, con políticas progresistas, pero advierte que Sánchez prefiere ser acompañado con rostros del agrado de  las elites españolas y europeas. Lo más probable es el desarrollo de una oposición de izquierdas en caso que no arriben políticas progresistas.

Los nacionalistas vascos, pragmáticos, se conforman con revalidar las inéditas partidas presupuestarias conseguidas con Rajoy dos días antes de la moción de censura. La Generalitat de Cataluña urge un encuentro con Sánchez. Será antes de agosto. La incógnita es si será una oportunidad para iniciar un diálogo político o para continuar argumentando una política de resistencia, que es el dilema en que se mueve el nuevo gobierno catalán.

Los cambios corren sin prisas, sin pausas

Lo  vivido en dos semanas confirma los cambios en la política española. Éstos corren por debajo del ruido político en los medios de comunicación y redes sociales. Con sigilo, pausados, sorprenden: así fue el movimiento de los indignados (15M) en destacar la  corrupción de partidos como el PP, como el movimiento soberanista en Cataluña, que ha puesto en jaque la integridad territorial del estado Español.

También hoy lo es el movimiento feminista en la denuncia por la indefensión de la mujer ante la mentalidad conservadora tradicional de políticos y jueces. Cambios estimulados por magistrados valientes que han perseguido la corrupción política hasta firmar la sentencia contra delitos promovidos y amparados por el Partido Popular durante más de una década. Este hecho precipitó la censura al gobierno de Mariano Rajoy y su retiro de la política, oportunidad para que Pedro Sánchez "se pusiera en órbita" de nuevo, ahora como presidente del gobierno.

Sunday, April 01, 2018

Cataluña: MÁS DE 100 DÍAS SIN GOBIERNO

Con Cataluña intervenida por el gobierno español; el ex presidente Puigdemont en la cárcel de Neumünster (Alemania); el ex vicepresidente Junqueras en la cárcel de Estremera (España) y parte de sus dirigentes perseguidos, el independentismo tiene que decidir: o gobernar o ir a nuevas elecciones. Después de ganar el 21 de Diciembre (21-D) deben ajustarse a la realidad: gobernar con nuevos liderazgos y una nueva estrategia. Es el costo político de haber fallado en defender y sostener la independencia declarada por el parlamento catalán el 27 de Octubre pasado 27-O. 

La manifestación del movimiento cívico ante la detención de Puigdemont en Alemania

Gana el independentismo y no gobierna

Cataluña a la deriva. Los dirigentes de todo el espectro político parecen desconcertados, sin rumbo. Hace más de cien días, en las elecciones del 21-D, dos millones de catalanes (47,5% de los votos) dieron una mayoría absoluta a los partidos independentistas (70/135). Un triunfo inobjetable, reconocido hasta por sus enemigos, sin embargo aún no consiguen hacerlo efectivo: formar gobierno.

Se agiganta la paradoja cuando la formación del gobierno dejaría sin efecto la intervención del gobierno central, sustentada en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado por el Senado el 27-O. De este modo los partidos desplazados del gobierno autonómico hace cinco meses retomarían el autogobierno catalán.

Ante esta aparente absurda situación cabe la pregunta: por qué el resultado de esta elección, con una alta legitimidad democrática si se considera el índice de participación ciudadana  (79,09% del censo, la mejor marca de la historia electoral catalana) y la pluralidad de alternativas a elegir (10 formaciones políticas de las cuales  7 obtuvieron representación) no ha sido suficiente para que la mayoría absoluta del independentismo en el parlamento forme gobierno.

El sello de la anormalidad

Cataluña vive en una situación anormal: crisis del estado español en Cataluña, fractura entre el estado y las instituciones catalanas y una polarización política aguda que tiene a la sociedad catalana prácticamente dividida por la mitad.

El 27-O, Cataluña, en una hora, pasó de ser “independiente” a perder su autonomía de 38 años. Su gobierno destituido y su parlamento disuelto. Desde Madrid se convocó a elecciones autonómicas. El gobierno catalán desconcertado se desmembró. Una parte, con Carles Puigdemont, salió  del país y otra, con Oriol Junqueras, ingresó en prisión provisional por decisión judicial.

En ese contexto la elección arrojó un resultado inesperado. Ciudadanos, nacido en Barcelona (2007) con un sello de beligerancia contra el catalanismo político, consiguió la primera mayoría (más de un millón de votos), seguido de Junts per Catalunya, lista electoral que Puigdemont hizo a su medida en Bruselas, que, contra todo pronóstico, superó al favorito, su competidor, Esquerra Republicana, revalidando el liderazgo independentista del ex presidente.

La opción de Rajoy

El gobierno de Mariano Rajoy optó por una política de corte autoritario hacia la demanda independentista. Se cerró desde un comienzo al diálogo y negociación política; menospreció la fuerza del independentismo esperando que se desvaneciera al paso del tiempo y, luego, aprovechó su mayoría absoluta para ajustar el Tribunal Constitucional, reformar leyes, aumentar su peso en el Consejo General del Poder Judicial y emplear a su amaño la Fiscalía General del Estado.

De esta forma, el gobierno en vez de hacer política (proponer, dialogar, negociar y acordar) ha preferido hacer uso de la fuerza de la ley (acusar, perseguir y castigar) con la expectativa de neutralizar y desplazar la dirección independentista y erosionar la moral de su principal soporte el movimiento cívico, impulsor de la demanda soberanista hace seis años.

De la estrategia de abstenerse de iniciativas políticas, el gobierno pasó a perseguir por la vía judicial a los que planearon y ejecutaron la fallida estrategia unilateral de independencia. Su aplicación tiene a 31 dirigentes requeridos judicialmente; de estos, 24 están en carácter de procesados por delitos de rebelión (25 años), sedición (15 años) o malversación (6 años) y 10 están en prisión (siete ex miembros del gobierno; la ex presidenta del Parlamento y los dos máximos líderes del movimiento cívico).

Resistir o gobernar

El independentismo, desalojado del gobierno sacó músculo, encaró las elecciones y las ganó. El respaldo ciudadano le abrió la oportunidad de formar un nuevo gobierno y retomar la iniciativa. Sin embargo, decidió restablecer el gobierno destituido con Carles Puigdemont, que tras prometer en campaña volver, decidió quedarse en Bruselas para evitar su detención.

Mientras desde Bélgica la dirección del ex presidente Puigdemont ha menospreciado la intervención y la acción de los jueces, desde la prisión de Estremera (Madrid), el ex vicepresidente Junqueras lanzó un nuevo enfoque estratégico: formar un gobierno efectivo  con la idea de “sin miedo mirar a medio y largo plazo”.

De esta forma, Junqueras da una mirada diferente a la realidad. Ante la fuerza del estado español propone asumir el mandato de las elecciones del 21-D, preparar una estrategia que amplié la base ciudadana y fortalecer el país para encarar en mejores condiciones el problema pendiente con el gobierno español.

Los catalanes votaron y esperan…

Así, se ha abierto una discusión sobre la estrategia en el seno del independentismo: la de Puigdemont, de resistencia al estado (respaldada por Junts per Catalunya y la CUP) y la de Junqueras, de formar gobierno (respaldada por Esquerra Republicana y en sintonía con la dirección del Partido Demòcrata).

La estrategia de persecución judicial impulsada por el gobierno del Partido Popular (apoyada por Ciudadanos y consentida por el PSOE) y las disputas hegemónicas en la dirección independentista bloquean la voluntad de los catalanes de concretar un nuevo gobierno, una nueva estrategia y un nuevo liderazgo de los partidos que ganaron las elecciones del 21-D.