Los diversos rostros de los
movimientos sociales asoman tras los resultados de la elección municipal. La de Eloísa González que llamó a
“no prestar el voto” como rechazo a un sistema político de fuertes
restricciones a la participación democrática, una opción que forma parte de de
esa inmensa mayoría de ciudadanos, un 61%, que no participó en la elección
municipal.
También afloran las de Giorgio
Jackson y Camila Vallejo con las derrotas de alcaldes de derecha que se
ensañaron contra las movilizaciones
estudiantiles, como es el caso de Santiago (Pablo Zalaquett), Providencia (Cristian Labbé) y Ñuñoa (Pedro Sabat).
Pero también en la derrota del
gobierno de derechas encabezado por Sebastián Piñera emergen las imágenes como
las de Iván Fuentes (movimiento de
Aysén), Andrea Cisternas (movimiento de Freirina), José Mardones (movimiento de
Calama), entre muchas otras de diferentes movimientos que han enfrentado las
políticas económicas y medio ambientales.
Es la primera elección general
tras la emergencia de movimientos sociales (2011-2012) que ponen en cuestión un
modelo político (“democracia gobernable”) y económico (“crecimiento
neoliberal”) excluyente de una participación y control ciudadana, y el rechazo
a una clase política interesada más en mantener sus posiciones de poder que en
conectar con una ciudadanía cada vez más exigente.
Los resultados son claros: la
desafección ciudadana se experimenta, en
forma ininterrumpida desde hace más de 20 años, en la participación electoral: del
79,4% en 1992 al 57,4% en 2008. Ahora, en 2012, se profundiza con la
participación de un 39% de los ciudadanos.
El voto voluntario ha quitado el
último dique de contención (la obligatoriedad del voto) y deja en evidencia la
carencia de representatividad democrática del sistema político. La elite
política ha sido reacia a asumir este proceso de desafección que tiene
múltiples motivos.
Un fenómeno que requiere de un
estudio serio, aunque seguro no se debe a una causa. Entre otras se pueden
plantear: la pasividad o indiferencia de personas satisfechas; la percepción de
alternativas altamente indiferenciadas; el rechazo a sucesivas malas prácticas de
los partidos políticos; el cansancio a la insensibilidad de alcaldes repetidos,
parlamentarios o autoridades de gobierno ante malestares sociales, la
convicción de que su voto no decide, sino ratifica lo decidido por los partidos,
de acuerdo a un sistema electoral, etc.
¿Persistirán los partidos y las
instituciones políticas en eludir responsabilidades de continuar debilitando la
democracia representativa? Y ¿Continuarán siendo insensibles al sentimiento de
parte importante de la sociedad de abrir un periodo constituyente que
resuelva las causas de los conflictos sociales
y políticos que no hacen más que
acumular desafección a un sistema democrático de baja calidad?
El ex Presidente Ricardo Lagos planteaba que la derrota del gobierno se debía a “que no
escucharon la voz profunda de la ciudadanía, de los movimientos sociales”. Y
tiene razón, aunque estos movimientos tampoco le dieron una victoria global a
la oposición, sin perjuicio que incidieran en triunfos emblemáticos, de candidaturas con nuevas figuras y planteadas con amplitud como,
entre otras, la de Tohá en Santiago,
Errázuriz en Providencia y Fernández en Ñuñoa.
En su conjunto ha triunfado una oposición
muy fragmentada, en cuatro bloques, de centro-izquierda y de izquierdas, ha
triunfado sumando el 57,02% (Concertación: 27,32%; Por un Chile Justo: 22,10%;
El Cambio por Ti: 4,51% y Mas Humanos: 3,05%). La novedad es que la Concertación,
como coalición y proyecto, ya no es la alternativa única a la derecha.
Cada vez se plantea con más insistencia
y apoyo la necesidad de fundar una nueva alianza con unidad programática que
señale un proyecto de “revolución
democrática” (concepto surgido desde el movimiento social) que cambie principios
y normas constitucionales ideadas para consolidar un Estado como instrumento
para garantizar una sociedad de mercado.
Para ese tipo de cambio no se
puede esperar una colaboración de la derecha, como ha quedado demostrado en los
intentos de reformas del sistema electoral, pero sí se puede esperar de la construcción de una nueva alternativa política
democrática sensible a conocer, interpretar e incluir inquietudes, ideas y
dinámicas que se encuentran entre parte importante de los 8 millones de
ciudadanos que no fueron a votar en las últimas elecciones municipales.
