LA DEMOCRACIA NO ES SÓLO VOTAR

La mayoría de españoles no quiere ir a nuevas elecciones, serían las cuartas en cuatro años. Los votos del 28A hablan de confiar en un gobierno de coalición de izquierdas encabezado por el socialista Pedro Sánchez y rechazar un gobierno de coalición entre derechas y ultraderecha. Sin embargo, la paradoja es que ni el  PSOE ni UP confían, aún después de 10 meses de la "entente” valorada por los ciudadanos en abril.   

Las izquierdas fracasan en el primer intento

Las izquierdas representadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Unidas Podemos (UP), paradojalmente, han concluido en dar un paso que abre una segunda oportunidad a las derechas a gobernar España, luego que fracasara una negociación, de no más de cuatro días, para investir como presidente al socialista Pedro Sánchez.

Si el candidato socialista no consigue una mayoría para ser investido presidente en un segundo intento, el próximo 20 de septiembre, los ciudadanos serán convocados a concurrir, el 10 de noviembre, por cuarta vez a las urnas en cuatro años, algo que rechaza una amplia mayoría de españoles.

El PSOE mandatado por el Rey para reunir una mayoría parlamentaria y formar gobierno fracasó en su primer intento, después de 88 días desde que ganó las elecciones. No logró atraer a partidos de derechas a una abstención que habría evitado una negociación con UP ni tampoco consiguió persuadir a éstas a que apoyara la investidura a cambio de un pacto.

Sánchez, tuvo el gobierno a la mano

Lo sorprendente es que Sánchez tenía reunido los votos necesarios para ser elegido en segunda votación: 173 votos a favor y 170 en contra, suficiente para ser el primer presidente de un gobierno de coalición (con Unidas Podemos) en la democracia parlamentaria de 41 años.

Pedro Sánchez dejó pasar una oportunidad inédita ante un electorado que le había reconocido como “buen gobierno” su gestión de 10 meses, que, aunque minoritario (85 diputados), había conseguido estabilidad con el reconocido aporte de UP en el parlamento, su competidor de izquierdas.

Los 10 meses de la “entente” entre PSOE y UP

Ambos suscribieron un pacto presupuestario elogiado por su acento de  recuperación social, después de 12 años de crisis: destrucción de empleo y precariedad laboral. Además, ambos acordaron y lograron sacar delante algo inusual: un reajuste del 22,3% (más 164,10 euros mensuales) del salario mínimo interprofesional.

La constatación del “buen gobierno” fue reconocido por la ciudadanía, que premió al PSOE de Pedro Sánchez aumentando en un 6,0% los votos respecto a 2016 (de 22,6% al 28,6%) y mantuvo en pié el peso de UP (42 diputados) a pesar de los duros conflictos internos y fuga de talentosos dirigentes.

El gobierno de 10 meses también fue valorado por su esfuerzo en darle una nueva posición a España en Europa, sustituyendo el rol de Italia, perjudicada por la deriva nacional-populista de Matteo Salvini y  también por haber practicado una política de distensión con el gobierno catalán, el principal conflicto pendiente de la actual democracia española.

España se integra, electoralmente, a Europa

Las elecciones del 28 de abril pusieron a España a tono con la nueva realidad en Europa: la extrema derecha como fuerza política real. La aparición de Vox en el Congreso (24 diputados, representando al 10,26% con 2.677.173 votos) ha cambiado la fisonomía de la derecha perdiendo todo atisbo de centralidad política y en la izquierda ha asomado ese discurso simplificador o estigmatizador.

Tras 10 meses de diálogo, cordialidad política y acuerdos expectantes, el PSOE y UP han estallado como “viejos enemigos” al verse como amenaza en vez de como “nuevos socios” ante la inminente tarea de distribuirse competencias de gobierno (ministerios), algo imprescindible para formar un gobierno de coalición.

El PSOE, sabiéndose primera mayoría, distante a  3.124.732 de votos del segundo, el Partido Popular (PP), y teniendo tres veces más diputados que UP declaró que su opción era formar un gobierno monocolor, en solitario, excluyendo la alternativa de las UP: el gobierno de coalición de izquierdas y progreso.

Por su parte UP, invadido de desconfianzas exigía gobernar en coalición con un reparto de competencias acorde con la proporcionalidad de votos obtenidos en la elección del 28A, como garantía para el desarrollo de un gobierno de izquierdas y progreso.

El “no es no”  de Sánchez a un “gobierno de coalición”

El PSOE nunca aceptó de buena gana la coalición de gobierno planteada por UP.  De hecho esperó hasta la última semana para iniciar las negociaciones y lo hizo intentando liquidar esa alternativa vetando a Pablo Iglesias en el gobierno y luego, ante el sorpresivo retiro de Iglesias para posibilitar la coalición, en cuatro días sobrevino la degradación, ininteligible para el votante, algo así como hacer y deshacer propuestas y cunda la desconfianza para acabar en un no acuerdo.

Pasado el trago amargo, Pedro Sánchez se rehízo extendiendo  rápidamente el certificado de defunción de un gobierno de coalición y volvió a reafirmar su deseo de gobierno monocolor facilitado por la abstención del PP o Ciudadanos o por la cooperación de UP a cambio de un pacto  programático apoyado desde el parlamento.

Europa: a la baja bipartidismo y gobiernos de partido único

El PSOE vuelve a postular un gobierno de partido único, como si tuviera mayoría absoluta o a punto de conseguirla. Sánchez descarta la coalición de izquierda y sueña con la abstención del PP, la misma los socialistas le concedieron al PP para investir a Mariano Rajoy en 2016, para lo cual tuvieron que destituir a Sánchez de la secretaría general del PSOE.

Sánchez porfía ante la realidad política y no acaba de asumir los resultados de las tres últimas elecciones (2015, 2016, 2019). El voto de la ciudadanía ha terminado con el bipartidismo vigente durante 38 años y ha validado con su apoyo a tres nuevos partidos con peso decisorio. Los datos son concluyentes: mientras el PP y PSOE, en 2008,  representaron el 83,81% de españoles,  en 2019 representan el 45,38%

Tampoco el PSOE atiende la realidad europea en la que las mayorías absolutas tienden a extinguirse y los gobiernos de coalición se extienden, algo que por lo demás identifica a las democracias parlamentarias. Actualmente en Europa de 27 gobiernos, 16 son coaliciones de dos o más partidos y 5 son mayorías absolutas de partido único.

Nuevas elecciones, lo que quieren las derechas

Ocho semanas tiene Sánchez para decidir si prefiere ser presidente ahora con un acuerdo con UP o consiguiendo la abstención de de algún partido de derecha o arriesgar perder en nuevas elecciones ante las tres derechas dispuestas a pactar entre ellas como ha quedado recientemente demostrado en la formación de los gobiernos de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia.

Nuevas elecciones en el horizonte político, el 10 de noviembre, contra la opinión del 95% del electorado del  PSOE y UP, mientras el electorado de las derechas las espera. Las quieren el 64% del electorado del PP, el 52% del electorado de Ciudadanos y el 79,9% de Vox, el partido de ultra derecha.

Por eso el PSOE y UP podrían consumar el contrasentido de darle una segunda oportunidad a las derechas y la ultraderecha para gobernar España. Los partidos que pueden formar gobierno juegan con su prestigio político y con la confianza que les entregó la mayoría del electorado español que dijo no querer un gobierno dirigido por el “aznarista” Casado, el “autoritario” Rivera y el “ultraderechista” Abascal.

Las izquierdas, “nadie sabe para quién trabajan”

A las derechas les bastaría aumentar en 30 escaños su representación parlamentaria, algo probable si acuerdan listas electorales con omisiones y con la decepción de una parte del electorado de izquierdas que se abstendría.

El PSOE y UP si realmente quieren un acuerdo de gobierno tendrían que hacer un ejercicio de reconocimiento de sus límites y comprometerse más allá de la investidura. La pregunta es si desean iniciar, como socios, un nuevo rumbo de gobierno de izquierdas, progreso y por una Europa más social y democrática.

La encrucijada es entre, por una parte, formar un gobierno PSOE pactado con UP y apoyado o facilitado por el nacionalismo vasco (PNB y Bildu) la parte más fuerte del independentismo catalán (ERC) y el valenciano (Compromis) y, por la otra, convocar nuevas elecciones en la que la alianza de derechas y ultraderecha aumentaría sus probabilidades de llegar a la Moncloa, facilitadas por la incapacidad de las izquierdas de escuchar y entender a la mayoría de ciudadanos que votaron en abril pasado.

LOS INDECISOS DECIDIRÁN

En tres años y cuatro meses España habrá vivido tres elecciones generales y dos mociones de censura al gobierno. Síntoma de inestabilidad y desorientación política. Al fondo, la crisis económica (2008), no superada para millones de españoles, y la crisis territorial en Cataluña (2010). Ambas desbordan el pacto constitucional (1978). Qué hacer: proponer un nuevo pacto o mantener el malestar o la confrontación hasta que... Entretanto llega Vox, la ultraderecha, lo que faltaba para que apareciera el miedo.

VOX entra en escena

El 41% del electorado no se decide a quién votar, a menos de quince días de las elecciones generales del 28 de abril (28A). Una muestra del dramático cambio político que se vive en España desde el 2015. Entonces, Podemos -por la izquierda- le dio el golpe letal al reinado del bipartidismo PP-PSOE durante 25 años y, ahora, Vox -por la derecha, podría ser decisivo en el inicio de un gobierno de coalición de la derecha liberal-conservadora y la ultra-derecha nacional-populista y darle un golpe definitivo al erosionado pacto del 78.

Un mar de dudas se mueve en el océano mental de ciudadanos extenuados por unos dirigentes y partidos degradados o por la corrupción, la ineptitud, la aspereza o el engaño político que circula por todos los territorios de la geografía política española.

Los pronósticos son observados con desdén después que ninguna encuesta se enterara, hace cuatro meses, de la potencia de la ultra derecha española. Vox, exhibió en Andalucía, el territorio más poblado de las 17 autonomías españolas su estreno en las instituciones con 12 diputados (11%), vitales para desalojar al PSOE del poder andaluz, después de mantenerlo 36 años en forma ininterrumpida.

Colisión o Coalición

Hasta hace cuatro años, en la política española se elegía si el PP o el PSOE gobernaban con mayoría absoluta o si uno de los dos tenía que negociar una adhesión de algún partido nacionalista vasco o catalán. Así imperaron gobiernos de uno u otro signo como si fueran de partido único, reacios al pacto de gobierno o gobiernos de coalición.     

La elección del próximo 28A decidirá si Vox logra, como en Andalucía, sumar diputados para acordar un gobierno de coalición de derechas, encabezado por el PP o si el PSOE de Pedro Sánchez logra sumar con Unidos Podemos (UP) para pactar un gobierno de izquierda, con apoyo parlamentario del nacionalismo vasco y los republicanos catalanes o sumar con Ciudadanos (Cs) un gobierno de difícil tesitura política.

De derechas

Un gobierno de coalición de derecha y extrema derecha significaría colocar a España en un proceso de “ajuste político estructural”: re-centralización del poder político en desmedro de la des-centralización autonómica. Una involución, más cuando se declara que la idea es mantener la unidad de la nación española amenazada por la izquierda (“traidora”) y los independentistas catalanes (“enemigos de España”).

Los discursos radicales del PP de Pablo Casado (discípulo de José María Aznar) de Cs y de Vox, en campaña, y las ideas programáticas prefiguran algo que ya está en el aire europeo: fórmulas que necesitan una combinación de autoritarismo político (recortes de derechos) y neoliberalismo económico (desigualdades y exclusiones)

De izquierdas

El PSOE de Pedro Sánchez es el favorito para encabezar, por primera vez en 40 años, un gobierno de coalición de izquierdas. Dos últimas encuestas le dan una amplia ventaja sobre el segundo, el PP. La del CIS (entidad pública), del 8 de abril, da una diferencia de 9 puntos (29,8% y 21%) y una semana después la del diario La Vanguardia le da 10 puntos de ventaja sobre el PP (31,1% y 21%). 

Pero Sánchez, si sumara los votos con CS, podría resolver, como hace dos años, explorar la reedición de una alianza con el partido de derecha, aunque le separa la radicalización de Cs sobre la cuestión de Cataluña: partidario a intervenir la autonomía indefinidamente y el  ya inequívoco talante derechista luego de apoyar al PP ante la moción de censura y desprenderse de su vertiente socialdemócrata.

 ¿Una coalición a la portuguesa?

Diferente es la relación PSOE-UP luego del rol desempeñado por Pablo Iglesias en el éxito de la moción de censura que dio origen al gobierno del PSOE. Durante los nueve meses del gobierno del PSOE ambos partidos negociaron y aprobaron reformas sociales y suscribieron un pacto de presupuestos.

En caso de que Sánchez no reuniera los votos necesitaría el apoyo del nacionalismo vasco y si tampoco fuera suficiente, el del independentismo catalán, es decir, los mismos que hicieron posible que el PSOE volviera a La Moncloa en junio pasado, pero en el peor de los casos, también podría suceder, como en 2016, unas segundas elecciones.

Entre dos visiones

En menos de 15 días la marea de indecisos reventará ante las urnas con su voto sobre el futuro gobierno de España: si las derechas sostenidas por una ultra derecha que propone iniciar una cruzada por la “reconquista de España” o las izquierdas que proponen encaminar una salida al malestar social que habita en millones de españoles y gestionar el conflicto catalán mediante diálogo y acuerdos que tracen una vía democrática para decidir qué tipo de relación de convivencia política tener entre Cataluña y España. 

LA ESPAÑA INVERTEBRADA ECHA AL PP

Entre crisis y crisis, en España, los cambios se cuelan por los intersticios de un bipartidismo que se resiste a aceptar que el pacto de convivencia democrática, suscrito hace 40 años, ya no funciona. El PSOE de Pedro Sánchez, a diferencia del que lo desalojó hace dos años, ligado a “Felipe González”, se ha atrevido a echar al PP, el partido corrupto, con el apoyo de Podemos, los independentistas catalanes, nacionalistas vascos y valenciano. Sánchez sorprende con la formación de un gobierno de mayoría femenina y, en solitario, buscar encontrarse con “su momento feliz”, ser elegido por los ciudadanos antes de dos años.

La influencia del movimiento feminista en España en el retrato del gobierno socialista de Pedro Sánchez

El bipartidismo se resiste a…

El gobierno de Pedro Sánchez tendrá el apoyo de 85 de los 350 diputados del Congreso de los Diputados. ¿Cómo gobernará? ¿Cuánto durará su gobierno con el 24% de representantes en un sistema parlamentario? Durante 37 años, España fue gobernada bajo un sistema bipartidista que daba origen a gobiernos de mayorías absolutas o mayorías relativas apoyadas por partidos nacionalistas (vasco y catalán).

En 2015 todo ello comenzó a cambiar. La emergencia de dos nuevos partidos a nivel estatal (Podemos y Ciudadanos) está modificando la política española, rígida, reacia al pacto, y siempre en la búsqueda de una mayoría absoluta para imponerse al rival. No obstante, los partidos tradicionales (Populares y Socialistas) se resisten.

Los populares han gobernado en minoría y han durado dos años y los socialistas han decidido gobernar en minoría para llamar a elecciones antes de dos años. El bipartidismo resiste aceptar la nueva realidad política y se convierte en factor de inestabilidad en vez de buscar afinidades en torno a un programa compartido. El PSOE prefiere gobernar en solitario, con 85 diputados y rechazar el ofrecimiento de Podemos de gobernar con 156.

…aceptar los cambios en la política española

Los partidos tradicionales no acaban de aceptar lo que ya en la realidad es un hecho: el pacto constitucional de 1978 (en diciembre cumple 40 años) está agotado, no funciona, sucumbió con el desarrollo de tres crisis simultáneas: financiera, territorial y política.

La crisis financiera (2009) se ha llevado por delante los derechos económicos y sociales (de los pactos de la transición) con políticas neoliberales de mano tendida – generosas - para el poder financiero y de mano encogida – austeras - para los ciudadanos.

La crisis territorial (2010) con el golpe letal al Estatuto catalán, encendiendo un proceso de autodeterminación que, soslayado por el gobierno del Partido Popular, ha acabado mal con la ruptura de la legalidad, la destitución del gobierno autonómico, la represión a sus miembros con procesos penales y encarcelamientos.

La crisis política-institucional trazada por la corrupción del Partido Popular con el caso Gürtel (2009) y el influjo del movimiento de “los indignados” (2011) que erosionaron la representación bipartidista del sistema político hasta el final abrupto del gobierno del Partido Popular y del liderazgo de Mariano Rajoy durante 14 años.

El PP es desalojado, porque es corrupto

El gobierno Popular asumió hace dos años (en segundas elecciones) gracias a la abstención del Partido Socialista (PSOE), tras forzar la dimisión de su Secretario General, Pedro Sánchez. Sin embargo, un año después (junio 2017) Sánchez volvió a liderar el partido luego de  ganar las elecciones internas.

Hasta hace dos semanas, el PSOE estaba “fuera de órbita” en la oposición, Rajoy consiguió oxígeno al aprobar los presupuestos, por dos votos. Pero, al día siguiente, la Audiencia Nacional sentenció al Partido Popular al acreditar que era una organización corrupta al ser parte de una trama de la que recogía dineros ilícitos de empresas, a cambio de adjudicaciones de obras en territorios bajo control político del PP. Así, durante 13 años.

La directiva del PSOE, luego de comprobar que el PP no reaccionaba ante la sentencia, decidió presentar la moción de censura contra Rajoy, la misma figura, por los mismos motivos, a la presentada hace un año (junio de 2017) por Podemos y que los socialistas no aprobaron. Ahora, en ocho días, Sánchez lograba reunir 180 votos (de 350) de Podemos y los partidos independentistas catalanes, nacionalistas, vascos y valenciano.

Paradojalmente, Sánchez consiguió reunir el mismo apoyo, que hace dos años insinuó procurar para ser investido presidente del gobierno y que, entonces, fue la causa del complot contra Sánchez en el PSOE, acusado de querer formar un “gobierno Frankenstein”, monstruoso, por sus apoyos.

Pedro Sánchez busca "su momento feliz"

Esta vez el liderazgo socialista de Pedro Sánchez vuelve a sorprender. Forma un gobierno de rostro femenino. El 64,7% es mujer, con 11 ministras y 6 ministros; con el ministerio de Igualdad (de género) en manos de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Es el reflejo del movimiento feminista, que se expresó el 8 de marzo pasado, dijo el presidente en su presentación.

Un gobierno que luce consistencia por la formación y experiencia del equipo ministerial; varios vienen con trayectorias en Bruselas, de gestión (como la ministra de Economía, Nadia Calviño, directora de Presupuestos en la Unión Europea) y de representación (como el ministro de Asuntos Externos, Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo). Un gobierno europeísta, la “nueva patria”, enfatizó Sánchez.

Un elemento que ha llamado la atención fue la difícil nominación de las carteras vinculadas a la seguridad. Los tres, con afinidades políticas contradictorias, provenientes de largas trayectorias en la judicatura. En Interior, Fernando Grande-Marlaska (vocal del Poder Judicial a propuesta del PP); en Defensa, Margarita Robles (vocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE) que aspiraba a dirigir Interior y Justicia, aunque con la Central Nacional de Inteligencia (CNI) en sus manos y en Justicia, Dolores Delgado (de la Unión Progresista de Fiscales, afín al ex juez Baltasar Garzón)

El equipo se presenta como “modernizador” (feminista, como ya lo anuncia su primer proyecto de ley: formación de jueces en violencia de género) y “europeísta”, con rostros de diferentes generaciones y talantes que proyectan una imagen de solidez, abierta a escuchar, dialogar y consensuar. La ambición de este gobierno del PSOE, elegido por Pedro Sánchez, es llegar a su momento feliz, antes de dos años, y ser elegido por los ciudadanos en las urnas.

Los que apoyaron a Sánchez, al margen

El gobierno socialista espera una dura oposición de la derecha, aunque habrá que esperar, probablemente hasta después de septiembre, pues en el PP está en marcha una lucha interna abierta por la sucesión de Mariano Rajoy. Ciudadanos sale debilitado al perder la ocasión de mostrar su fuerza, según las encuestas, luego que Rajoy no aceptara convocar a elecciones o renunciar con el fin de frenar la moción de censura. El partido que apoyaba al PP desde el parlamento pasa a la oposición con sus 32 diputados.

Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas que eligieron a Sánchez han quedado al margen. Podemos esperaba coaligarse a los socialistas sin mayores exigencias, con políticas progresistas, pero advierte que Sánchez prefiere ser acompañado con rostros del agrado de  las elites españolas y europeas. Lo más probable es el desarrollo de una oposición de izquierdas en caso que no arriben políticas progresistas.

Los nacionalistas vascos, pragmáticos, se conforman con revalidar las inéditas partidas presupuestarias conseguidas con Rajoy dos días antes de la moción de censura. La Generalitat de Cataluña urge un encuentro con Sánchez. Será antes de agosto. La incógnita es si será una oportunidad para iniciar un diálogo político o para continuar argumentando una política de resistencia, que es el dilema en que se mueve el nuevo gobierno catalán.

Los cambios corren sin prisas, sin pausas

Lo  vivido en dos semanas confirma los cambios en la política española. Éstos corren por debajo del ruido político en los medios de comunicación y redes sociales. Con sigilo, pausados, sorprenden: así fue el movimiento de los indignados (15M) en destacar la  corrupción de partidos como el PP, como el movimiento soberanista en Cataluña, que ha puesto en jaque la integridad territorial del estado Español.

También hoy lo es el movimiento feminista en la denuncia por la indefensión de la mujer ante la mentalidad conservadora tradicional de políticos y jueces. Cambios estimulados por magistrados valientes que han perseguido la corrupción política hasta firmar la sentencia contra delitos promovidos y amparados por el Partido Popular durante más de una década. Este hecho precipitó la censura al gobierno de Mariano Rajoy y su retiro de la política, oportunidad para que Pedro Sánchez "se pusiera en órbita" de nuevo, ahora como presidente del gobierno.

Cataluña: MÁS DE 100 DÍAS SIN GOBIERNO

Con Cataluña intervenida por el gobierno español; el ex presidente Puigdemont en la cárcel de Neumünster (Alemania); el ex vicepresidente Junqueras en la cárcel de Estremera (España) y parte de sus dirigentes perseguidos, el independentismo tiene que decidir: o gobernar o ir a nuevas elecciones. Después de ganar el 21 de Diciembre (21-D) deben ajustarse a la realidad: gobernar con nuevos liderazgos y una nueva estrategia. Es el costo político de haber fallado en defender y sostener la independencia declarada por el parlamento catalán el 27 de Octubre pasado 27-O. 

La manifestación del movimiento cívico ante la detención de Puigdemont en Alemania

Gana el independentismo y no gobierna

Cataluña a la deriva. Los dirigentes de todo el espectro político parecen desconcertados, sin rumbo. Hace más de cien días, en las elecciones del 21-D, dos millones de catalanes (47,5% de los votos) dieron una mayoría absoluta a los partidos independentistas (70/135). Un triunfo inobjetable, reconocido hasta por sus enemigos, sin embargo aún no consiguen hacerlo efectivo: formar gobierno.

Se agiganta la paradoja cuando la formación del gobierno dejaría sin efecto la intervención del gobierno central, sustentada en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado por el Senado el 27-O. De este modo los partidos desplazados del gobierno autonómico hace cinco meses retomarían el autogobierno catalán.

Ante esta aparente absurda situación cabe la pregunta: por qué el resultado de esta elección, con una alta legitimidad democrática si se considera el índice de participación ciudadana  (79,09% del censo, la mejor marca de la historia electoral catalana) y la pluralidad de alternativas a elegir (10 formaciones políticas de las cuales  7 obtuvieron representación) no ha sido suficiente para que la mayoría absoluta del independentismo en el parlamento forme gobierno.

El sello de la anormalidad

Cataluña vive en una situación anormal: crisis del estado español en Cataluña, fractura entre el estado y las instituciones catalanas y una polarización política aguda que tiene a la sociedad catalana prácticamente dividida por la mitad.

El 27-O, Cataluña, en una hora, pasó de ser “independiente” a perder su autonomía de 38 años. Su gobierno destituido y su parlamento disuelto. Desde Madrid se convocó a elecciones autonómicas. El gobierno catalán desconcertado se desmembró. Una parte, con Carles Puigdemont, salió  del país y otra, con Oriol Junqueras, ingresó en prisión provisional por decisión judicial.

En ese contexto la elección arrojó un resultado inesperado. Ciudadanos, nacido en Barcelona (2007) con un sello de beligerancia contra el catalanismo político, consiguió la primera mayoría (más de un millón de votos), seguido de Junts per Catalunya, lista electoral que Puigdemont hizo a su medida en Bruselas, que, contra todo pronóstico, superó al favorito, su competidor, Esquerra Republicana, revalidando el liderazgo independentista del ex presidente.

La opción de Rajoy

El gobierno de Mariano Rajoy optó por una política de corte autoritario hacia la demanda independentista. Se cerró desde un comienzo al diálogo y negociación política; menospreció la fuerza del independentismo esperando que se desvaneciera al paso del tiempo y, luego, aprovechó su mayoría absoluta para ajustar el Tribunal Constitucional, reformar leyes, aumentar su peso en el Consejo General del Poder Judicial y emplear a su amaño la Fiscalía General del Estado.

De esta forma, el gobierno en vez de hacer política (proponer, dialogar, negociar y acordar) ha preferido hacer uso de la fuerza de la ley (acusar, perseguir y castigar) con la expectativa de neutralizar y desplazar la dirección independentista y erosionar la moral de su principal soporte el movimiento cívico, impulsor de la demanda soberanista hace seis años.

De la estrategia de abstenerse de iniciativas políticas, el gobierno pasó a perseguir por la vía judicial a los que planearon y ejecutaron la fallida estrategia unilateral de independencia. Su aplicación tiene a 31 dirigentes requeridos judicialmente; de estos, 24 están en carácter de procesados por delitos de rebelión (25 años), sedición (15 años) o malversación (6 años) y 10 están en prisión (siete ex miembros del gobierno; la ex presidenta del Parlamento y los dos máximos líderes del movimiento cívico).

Resistir o gobernar

El independentismo, desalojado del gobierno sacó músculo, encaró las elecciones y las ganó. El respaldo ciudadano le abrió la oportunidad de formar un nuevo gobierno y retomar la iniciativa. Sin embargo, decidió restablecer el gobierno destituido con Carles Puigdemont, que tras prometer en campaña volver, decidió quedarse en Bruselas para evitar su detención.

Mientras desde Bélgica la dirección del ex presidente Puigdemont ha menospreciado la intervención y la acción de los jueces, desde la prisión de Estremera (Madrid), el ex vicepresidente Junqueras lanzó un nuevo enfoque estratégico: formar un gobierno efectivo  con la idea de “sin miedo mirar a medio y largo plazo”.

De esta forma, Junqueras da una mirada diferente a la realidad. Ante la fuerza del estado español propone asumir el mandato de las elecciones del 21-D, preparar una estrategia que amplié la base ciudadana y fortalecer el país para encarar en mejores condiciones el problema pendiente con el gobierno español.

Los catalanes votaron y esperan…

Así, se ha abierto una discusión sobre la estrategia en el seno del independentismo: la de Puigdemont, de resistencia al estado (respaldada por Junts per Catalunya y la CUP) y la de Junqueras, de formar gobierno (respaldada por Esquerra Republicana y en sintonía con la dirección del Partido Demòcrata).

La estrategia de persecución judicial impulsada por el gobierno del Partido Popular (apoyada por Ciudadanos y consentida por el PSOE) y las disputas hegemónicas en la dirección independentista bloquean la voluntad de los catalanes de concretar un nuevo gobierno, una nueva estrategia y un nuevo liderazgo de los partidos que ganaron las elecciones del 21-D.

¿QUÉ HAN DICHO EL 81,9% DE CATALANES?

En una lectura plebiscitaria de las elecciones del 21D, el independentismo pierde, recibe 149 mil 510 votos menos que los no independentistas. En una lectura política gana, porque consigue mayoría absoluta en el parlamento (por 5 escaños), por lo tanto, 55 días después que el gobierno de Rajoy lo destituyera, ha sido elegido para formar gobierno. Con una participación del 81,94%, el resultado rechaza la política del gobierno del Partido Popular hacia Cataluña y advierte que la independencia es inviable por no contar con el apoyo de una amplia mayoría de catalanes. 

Carles Puigdemont, ¿presidente, prisionero o residente en Bruselas? 

 
55 días después…

El gobierno del Partido Popular, con el apoyo de socialistas y ciudadanos, destituyó el gobierno independentista por la vía constitucional, pero no consiguió desplazar el independentismo de la Generalitat (gobierno catalán) por la vía electoral.

Los catalanes han rechazado la intervención del estado Español en Cataluña y la opción de Mariano Rajoy de doblegar a las fuerzas independentistas a través de los tribunales de justicia, modalidad propia del autoritarismo postdemocrático de gobiernos que recortan derechos, libertades y refuerzan la dimensión represiva para asegurar la gobernanza.

Los partidos por la independencia (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP) con 70 diputados (dos menos que en 2015) logran el control del parlamento y derrotan a los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, Socialistas, PSC y Populares, PP) con 57 diputados (cinco más que en 2015) y a los soberanistas no secesionistas (Catalunya en Comú – Podem)  con 8 diputados (tres menos que en 2015).

… ganan los independentistas

Así, lo previsible es que el 6 de febrero próximo se constituya un gobierno independentista,  como el anterior depuesto por el Senado español el 27 de Octubre pasado. No hay alternativa ante la imposibilidad de formar combinaciones de mayorías no independentistas ni soberanistas con acento en políticas sociales.

Las elecciones del 21D confirman la evidencia de un país –Catalunya- dividido y polarizado en dos bloques, aunque heterogéneos en su interior, consistentes: el independentismo y el constitucionalismo.

Ni el gobierno central de Mariano Rajoy ni el autonómico de Carles Puigdemont han querido acordar una agenda e iniciar un diálogo con la perspectiva de pactar una vía política democrática para solucionar una crisis que ya entra en su octavo año, cuando el Tribunal Constitucional mutiló el Estatuto catalán impugnado por el PP.

Puigdemont por ¿Puigdemont?

Las elecciones del 21D, convocadas por Rajoy, no eran para abrir una vía de solución del conflicto, sino para desplazar al independentismo del gobierno, doblegarlo. Las dificultades aumentarán con el avance de procesos judiciales que intentan poner el independentismo a la defensiva, sin iniciativa política, como ha ocurrido desde la aplicación del artículo 155 con que se destituyó el gobierno catalán.

A la intervención económica  y administrativa, en especial la policía autonómica, se añade la intromisión política a través de la Fiscalía para perseguir dirigentes políticos, entre los que destaca Carles Puigdemont, en Bruselas, y Oriol Junqueras, en prisión, cabezas de lista de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, listas que recibieron la adhesión del 43,04% de catalanes.

En este contexto,  ni Rajoy ni Puigdemont reconocen la inviabilidad de vencer el uno al otro.  El gobierno independentista, relevado a iniciativa de Rajoy, dos meses después, puede ser nuevamente elegido por una mayoría parlamentaria ganada en las elecciones convocadas por Rajoy.

Esta realidad paradojal indica que lo racional sería distenderse, dialogar y negociar, pero no parece ser ésta la tendencia, sino por el contrario, las posiciones permanecen enrocadas y por tanto lo más probable es que la convivencia política y social, junto a la situación económica, continuará degradándose.

Partida en dos

Cataluña está partida en dos, así lo demuestra, una vez más, el resultado del 21D con record de participación ciudadana: el 81,94% (4 puntos más que en 2015). El bloque independentista representa el 47,49% de los catalanes y el constitucionalista el 43,49%. El 7,45%, de Catalunya en Comú, no adhiere a bloques.

A pesar de ello, el independentismo se siente legitimado para “construir una república catalana”, como si ya fuera un país independiente, no obstante ser una ligera minoría en relación a los que no adhieren su proyecto.

Lo mismo sucedió en 2015, cuando sin mayoría de votos optó por una vía unilateral, que acabó con el gobierno depuesto, el parlamento disuelto y los dirigentes procesados, fuera del país y en la cárcel.

Doble mensaje

El mensaje del 21D es un claro rechazo al gobierno del partido popular por intervenir la Generalitat y perseguir a los dirigentes independentistas por vías judiciales. Pero más importante, un estado que desea mantener su integridad y cohesión no puede seguir ignorando a una fuerza política –el independentismo- que ha contado con una adhesión suficiente para ganar mayorías parlamentarias y elegir tres gobiernos en cinco años.

Pero el 21D es también una advertencia clara a las limitaciones de los independentistas de continuar en una confrontación autodestructiva. No tienen fuerza ni política ni social ni coactiva para doblegar a un estado- Tampoco pueden ignorar que en unas elecciones, con máxima participación, 2.212.871 de catalanes votaran a partidos no independentistas y 2.063.361 de catalanes lo hicieran por partidos independentistas.

DESENLACE CINEMATOGRÁFICO

EN CATALUÑA, tras los golpes y contragolpes a la democracia, las elecciones no resolverán el problema español en Cataluña, aunque podría dar origen a un nuevo cauce. Dependerá de qué gobierno catalán se constituya y si el bloque popular/ socialista/ciudadanos tiene capacidad política para rehacer una relación rota. La incertidumbre continúa. Por ahora, el 21D puede producir pocos cambios. La campaña electoral se prevé agria y no exenta de enfrentamientos.  

Desde Bruselas, Carles Puigdemont, candidato a presidente de Cataluña

La invalidez de la unilateralidad

La vía unilateral a la independencia en Cataluña acabó. La presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, ante un juez del Tribunal Supremo, terminó por reconocer que la declaración de la república catalana fue un acto sin efecto jurídico, por lo tanto algo simbólico, otro gesto político. Lo mismo hicieron otros cuatro miembros de la mesa del parlamento.

El reconocimiento de la invalidez de la declaración unilateral tiene sabor a derrota, a una caída brusca –si no dramática- sobre la dura realidad; revela que algo grande falló. Las palabras de Forcadell, en sede judicial, iluminan  lo que fue el  Octubre catalán.

Un mes que comenzó y terminó de manera “cinematográfica” por su narrativa visual, conmovedora y dramática: el día 1 de Octubre, el 10 de Octubre y cinco días, del 26 al 30 de Octubre, que dejaron al descubierto la inviabilidad de una estrategia alejada de la compleja realidad catalana-española-europea.

A porrazos con la épica

El 1 de Octubre, el movimiento independentista movilizó 2,2 millones de personas a votar, desbordando la orden judicial de prohibición y doblegando la represión masiva de la policía ante una resistencia contundente y pacífica.

Un triunfo épico: un movimiento ciudadano organizado, disciplinado y con determinación resistió la violenta acción policial, con imágenes que recorrieron por las redes sociales y las televisiones del mundo, causando deterioro en la reputación del gobierno español.

Pero, el referéndum del 1 de Octubre arrojó resultados magros para convencer al mundo la legitimidad de esta independencia. Ni gobiernos europeos ni del resto del mundo,  tampoco una mayoría de catalanes, validaron la votación: el 38,4%, de los más de 5,3 millones de catalanes, optó por el sí a la independencia en un evento que no tuvo las garantías democráticas suficientes, según observadores internacionales.

Primera huída

El 10 de Octubre, el presidente Carles Puigdemont, sometido a fuertes presiones internas y externas, concurre al parlamento catalán a declarar la independencia. Decenas de miles de personas esperan reunidos en la cercanía a celebrar este momento histórico. La expectación era máxima, más aún, cuando la cita se atrasaba en una  hora.

El presidente con voz mesurada y un tanto insípida se acerca al momento esperado diciendo que asume el mandato ciudadano expresado el 1 de Octubre (…)  y luego dice que suspende los efectos jurídico-políticos del mismo para dar opción a un diálogo con el Estado.  Ocho segundos dura la euforia y la frustración se prolonga en millares de personas que abandonan abruptamente la escena. 

Así, Puigdemont huye del temor de dar un salto en el vacío, un pánico escénico, ante “la nada” después de declarar la independencia.

Segunda huída

La víspera del día 26 de Octubre, de noche, las reuniones en la sede de gobierno se extienden hasta la madrugada. Después de un breve sueño, el presidente Puigdemont reúne a su gobierno, a media mañana,  para comunicar su decisión de convocar a elecciones autonómicas.

A mediodía, comienzan los preparativos: decreto presidencial, transmisión televisada, mientras tanto los partidos de gobierno se reúnen por separado. Dos diputados del partido del presidente renuncian en twitter, el partido aliado (Esquerra Republicana) plantea una eventual salida del gobierno y en el espacio urbano y virtual (redes sociales) se siente y discurre viralmente la palabra traidor, dirigida directamente al  corazón del presidente.

La comparecencia para comunicar la convocatoria se posterga una y dos veces; a la tercera Puigdemont, en medio de un clima inquietante, huye de su propia decisión de llamar a elecciones. ¿Por qué la revoca y no firma el decreto redactado? Duro tiene que ser explicarse de esta fuga al verse sin salida: cese y prisión o ser tratado como un traidor.

Tercera huída

El 27 de Octubre era el día histórico, el de la proclamación de la república en el parlamento y el de la aprobación de la intervención de Cataluña en el Senado: el llamado “choque de trenes”. La república se celebra en las escaleras del parlamento en forma discreta, con dirigentes cavilando, por lo que ya veían venir, mientras fuera la algarabía conmovía.

El presidente y sus consejeros se trasladan a deliberar al palacio a puerta cerrada, a ver qué hacer ante la intervención de Cataluña: cese del gobierno, disolución del parlamento y  convocatoria a elecciones autonómicas, las mismas que Puigdemont desechó el día anterior.

Mientras tanto, miles de personas esperan un gesto del presidente: salida al balcón o arriar la bandera española de la sede de gobierno. Ni lo uno ni lo otro. Al atardecer el presidente y sus consejeros escapan a los festejos de la gente, ante una posible e inminente llegada de la policía.  Era viernes.

Al día siguiente se pone en marcha la salida del presidente de España. Lo hace el día 29, secretamente, con una parte del gobierno: por tierra a Marsella donde coge un avión hacia Bruselas.  El país queda perplejo a mediodía del lunes 30. La otra parte del gobierno, disperso, entra en prisión tres días después. 

Las tres huídas del presidente marcan lo frágil de la vía unilateral. Pendiente queda una explicación: por qué el gobierno, los partidos, las entidades cívicas independentistas no pudieron defender ni un minuto la república preparada durante cinco años. Una explicación convincente se debe a los catalanes, independentistas y no independentistas,  

El independentismo vive (…)

La convocatoria de elecciones desde Madrid es rápidamente aceptada por los partidos independentistas. En tres días, estos comicios autonómicos pasan ser de un signo de derrota ignominiosa a una oportunidad para revalidarse: ganar en votos y escaños, constituir gobierno y rearmar el proyecto de independencia con nuevos actores y un nuevo guión.

El proyecto sigue vivo. La última encuesta seria, hecha después del 1 de octubre, el independentismo supera en 4,9 puntos a los que no lo son: 48,7% versus 43,6%.  Este resultado cambia la tendencia, en relación a la misma encuesta hecha en junio pasado, cuando los segundos (49,4%) superaban en 8,3 puntos a los primeros (41,1%).

También las calles hablan y muestran  la fortaleza del independentismo: 750 mil personas, según la policía municipal, se concentran el sábado 11 de Noviembre en Barcelona por la libertad de los presos: seis consejeros y dos consejeras del gobierno de Puigdemont por decisión de una juez de la Audiencia Nacional.

(…) a pesar de su política errática

Las elecciones son inciertas. La dirección política del independentismo, a diferencia del 2015, decide en ir en listas separadas. Puigdemont, en Bruselas y Junqueras, en prisión, disputarán la dirección del independentismo. Los programas de estos partidos indicarán el grado de cohesión y qué Cataluña quieren proyectar.

Pendiente queda la crítica a la estrategia malograda. ¿Por qué este proceso independentista iniciado y desarrollado con la ilusión de millares de gente, acaba con unos dirigentes tristes, perplejos, desarmados, unos huyendo y otros esperando ser citados a declarar?

OCTUBRE, EN CATALUÑA

El gobierno de Mariano Rajoy llegaría a Cataluña con la complicidad de socialistas y ciudadanos, igual como llegó a La Moncloa en 2016. Vendría con “la mano tendida”, pero se encontrará con “manos empuñadas”. El gobierno de Carles Puigdemont podría detenerlo volviendo a las urnas (elecciones), pero las emociones están por irse a la calle (resistencia). Banderas independentistas pueblan balcones de las ciudades, comienzan a desplegarse las españolas. 

Presidente Carles Puigdemont: elecciones o resistencia ante la imposición

El golpe del 7 de septiembre

La vía hacia la independencia unilateral ha parecido una “revolución”, mientras la suspensión de la autonomía de Cataluña a lo que más se parece es a un “golpe de estado”. La creación de una legalidad catalana propia, opuesta a la española, fracturó la base de la convivencia política y el cese del gobierno y recorte del parlamento impone la interdicción de la autonomía.

El gobierno catalán decidió romper con la Constitución española el 7 de septiembre contó con la aprobación de una mayoría de diputados, el 55%, que representa a una minoría de los catalanes, el 47,78%. Lo hizo cambiando reglas del parlamento, contra los derechos de la oposición, sin debate y desoyendo al Consejo Consultivo Estatutario, elegido por los diputados y a los juristas letrados del parlamento. Un quiebre ejercido en forma autoritaria, “a la brava”.

La mayoría absoluta de diputados forzó, por una parte, una ley de referéndum, definida “superior” a la Constitución y leyes que la contradijeran, para hacer una consulta democrática vinculante sin fijar mínimos de participación ni mayorías calificadas; y por la otra, una ley de transitoriedad jurídica, especie de micro-constitución, que regiría hasta aprobarse una Constitución republicana.

Victoria simbólica

Con esta legalidad (suspendida por el Tribunal Constitucional) logró realizar un referéndum sin garantías democráticas, a lo que se añadió una represión policial chocante contra ciudadanos en resistencia pasiva que impedía el acceso de la policía a las sedes de votaciones con el fin de incautar las urnas de votación.  

El 1 de Octubre, de los 5.313.564 catalanes, participó el 43%, votó a favor de la independencia el 38,4% y en contra el 3,3% (ningún partido llamó a marcar esta alternativa)  y se abstuvo el 56,9%, opción asumida por tres partidos de oposición, un cuarto partido declaró libertad de voto.

Con todo, el independentismo logró una victoria simbólica, porque  hubo votación, a pesar de la expresa prohibición judicial y por las imágenes de una masiva represión de la policía estatal en lugares de votación que circularon por el mundo.

Independencia, imposible sin reconocimiento

Las expectativas de proclamar la independencia estimuló el potencial movilizador ante la posibilidad de en pocos días declarar la independencia. Dos días después de las votaciones, Cataluña paró sus actividades, con el apoyo de las administraciones del gobierno y mayoría de municipalidades. En Barcelona centenares de miles de personas salieron a las calles a celebrar y protestar por lo acontecido.

Los resultados del 1 de Octubre, nadie los reconocía válidos, a excepción de los que apoyaron la independencia. Así, su declaración, sin reconocimiento de “los otros” (estados) quedaría en eso en una intención sin fuerza para iniciar su recorrido, más aún sin la mitad de catalanes, por lo menos, que tampoco la aceptaba.

Las presiones apretaban desde muy diversos lugares para que el presidente adoptara una u otra posición. Entre éstas hubo una inusual y no esperada, la del presidente del Consejo Europeo, la instancia que define las orientaciones y prioridades de las políticas de la Unión.

Donald Task, de la etnia Cachubia, minoría eslava en Polonia, le pidió al presidente catalán: “respete el orden constitucional y no anuncie la decisión que haga el diálogo imposible”. Horas después el presidente, contenido, asumía el mandato entregado el 1 de octubre (…) y agregaba que suspendía los efectos de la declaración de independencia para abrir un diálogo.

De la confusión al temible 155

El desconcierto fue general. Todos, también sus partidarios, se preguntaban si había o no declarado la independencia. Esos segundos mostraron una de las características de este largo proceso: la ambigüedad, la opacidad alimentada por un tactismo político en cada detalle del gesto, de la palabra, del silencio, del movimiento.  

El presidente Rajoy lo emplazó a que en cuatro días aclarara con un sí o no si la había declarado. No hubo respuesta precisa y el Estado apretó el botón para poner en marcha y estrenar el temido e inimaginable artículo 155 de la Constitución.

Este artículo faculta al gobierno proponer al Senado medidas necesarias para restablecer las obligaciones Constitucionales o legales incumplidas, las que deben aprobarse por mayoría absoluta. El gobierno las aplicará mediante instrucciones a las autoridades de la autonomía. Un artículo que le da amplia discrecionalidad para que las medidas sean duras o blandas. 

El golpe a la democracia

La incertidumbre subió ante el desconocimiento del calado de la aplicación del 155 (era  primera vez, que se implentaría en 39 años de vigencia de la Constitución). El gobierno del Partido Popular resolvió, en Consejo de Ministros, con el apoyo previo del PSOE y de Ciudadanos, aplicar una cirugía mayor, de gran calado: suspender la autonomía  mediante el cese de todo el gobierno catalán y recortar las facultades del parlamento, como la de ejercer el control político del gobierno.

La Generalitat (gobierno catalán) se convertiría en un ente administrativo, obediente a las instrucciones políticas de los ministerios correspondientes del gobierno central, las que, asu vez, serían controladas por el Senado (con mayoría absoluta del PP). El parlamento catalán quedaría anulado en su capacidad fiscalizadora y limitado en su capacidad legislativas, dado que el gobierno central tendría poder de veto.

Un golpe de fuerza contra las instituciones democráticas catalanas que insinúa la  voluntad de ir más allá de “restablecer el orden constitucional” como sería acometer medidas contra logros alcanzados durante los 37 años de autonomía en temas como la lengua, la educación, la cultura y en la seguridad, los asuntos exteriores  y en competencias económicas.

Nacionalismo en vez de política nacional

La vía unilateral hacia la independencia ha chocado con la realidad catalana, española y europea. La dirección independentista enrocada en la unilateralidad no atrajo a esa amplia mayoría, como es el 70% de catalanes que se declara favorable a que Cataluña decida su futuro dentro o fuera de España.

El independentismo careció de estrategia para enfrentar el no-diálogo del gobierno del Partido Popular explicando su proyecto en los pueblos de España con el fin de  encontrar complicidad, puntos en común, confianza. Tampoco desarrolló iniciativas compartidas con partidos políticos favorables al derecho de decidir de los catalanes.

También evitó encarar la falta de reconocimiento de los estados europeos y su imposibilidad de integrar la UE durante un tiempo indefinido. Para lograr empatía exterior habría tenido que plantear clara y constructivamente el por qué de su opción por la independencia, qué relaciones se proponía con España y qué rol cumpliría en la Unión Europea.  

Nuevo ciclo: de imposiciónes y enfrentamientos

El golpe contra Cataluña ante el desafío independentista cambia el escenario. La defensa de las instituciones democráticas catalanas se superpone a la declaración de independencia. La alternativa del gobierno es convocar elecciones autonómicas dejando sin aliento el golpe y renovar su legitimidad, o escribir en el último renglón de la “hoja de ruta”: declaro la independencia, como acto “épico de la derrota” en esta etapa del conflicto, que continuaría por cauces diferentes a los conocidos hasta ahora: resistencia y enfrentamiento ante la imposición.