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Thursday, June 18, 2009

HA LLEGADO EL TIEMPO DE DECIR


La historia continua. Se escribe y reescribe. Fluye en penumbra, unas veces; a plena luz, otras. Por un tiempo lo hace apenas como un rumor, inaudible y, de pronto ruidosa, hasta a inquietar. Nada pareciera detenerla y cuando presumimos que ha llegado a su fin (el fin de la historia), la misma, sin aviso, nos sorprende. Esa historia se comprende cada vez más a través de “pequeñas historias”, relatos de muy diferentes voces decididas a librarse de sus propios miedos, después de un tiempo prolongado.

“Era una cosa que guardé de tantos dolores que me vinieron en esos tiempos (…) mis hijos me decían por qué no contaba lo que había visto, pero no podía”, cuenta la pobladora Mónica Salinas 36 años después de esa madrugada del 18 de septiembre de 1973 cuando vio cuatro cuerpos arrojados junto al muro de un cementerio, entre los que reconoció el del cantautor Víctor Jara.
“Culmina una compleja misión (de 9 años) para reivindicar plenamente como jefe militar y soldado de excelencia a un distinguido comandante en jefe cuyo recuerdo ha estado largamente ausente en los cuarteles militares (más de 30 años)”, revela el jefe del ejército, general Óscar Izurieta al inaugurar el Campo Militar San Bernardo que lleva el nombre del ex Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González, asesinado por la policía secreta de la Junta Militar de Gobierno en septiembre de 1974.
La voz individual de una pobladora y la voz institucional de un militar se conectan en el acto de descorrer un velo y dejar ver delitos de lesa humanidad cometido por funcionarios del estado (los uniformados), pero, sobre todo, ambas abren la posibilidad de reconocer la profundidad del terror, de los miedos implantados y que cada uno expresa a su manera.
La pobladora muestra su temor en forma transparente, con todas sus letras, algo que tiene que ver consigo misma, mientras el militar lo hace de forma concienzuda, algo que tiene que ver con su institución, el ejército. El comandante en jefe declara que se ha llegado al final de una difícil misión iniciada en forma discreta por el sucesor de Pinochet: rehabilitar a Prats dentro de la institución.
El antecesor de Izurieta, en el 2004, dio un paso decisivo al rendirle honores militares a Prats por primera vez desde su muerte, los que se les negaron después de su muerte. Mientras esto sucedía, Pinochet ya estaba “fuera de combate”, recluido en su residencia y con una virtual “prohibición militar” de hacer declaraciones públicas.
El mando de Izurieta reincorpora al general Prats a los cuarteles, lugares donde durante muchos años se ha temido siquiera pronunciar su nombre. Pronto, la Corte Suprema sentenciará en forma definitiva a sus asesinos, entre los que se cuentan generales, brigadieres y coroneles en retiro. En los días siguientes, ¿seguirán estas personas siendo llamadas por sus grados militares y gozando privilegios como reos rematados?
Periodistas, desde la segunda mitad de los 80, han ido narrando “pequeñas historias” en libros, reportajes y entrevistas; jueces, desde la segunda mitad de los 90, han ido reuniendo las piezas de comisiones de delitos de lesa humanidad. El rigor de ambos oficios ha permitido alentar a librarse de los temores.
Un titular de diario decidió a Mónica Silva a dar su testimonio. La sentencia de un juez, luego de una investigación de cinco años, establece una verdad jurídica que da pié a que el general Izurieta, ante sus camaradas, abra la puerta de los cuarteles y reintegre plenamente a un hombre, como dijo, “lo tuvo todo en el Ejército y lo perdió todo en el Ejército, por honor”.
Estas demostraciones, de una pobladora y de un militar, pueden ser leídas como una actitud ética, indispensable para animar a que nuevas voces liberen sus miedos y hagan que la historia prosiga -se escriba y reescriba- y fluya en busca de un futuro Chile valorizado más por la calidad humana de su convivencia social que por la rentabilidad marginal de sus negocios.


Friday, May 29, 2009

VÍCTOR JARA, EN LA HAYA Y SANTIAGO

Mientras Víctor Jara, junto a la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky, ensimismaba con su música a chilenos y flamencos y ante la presencia de la Presidenta de Chile y la Reina de Holanda en el Teatro Diligentia de La Haya, el mismo Jara reaparecía en Chile y en el mundo, luego que un juez revelara el nombre de uno de sus asesinos en el Palacio de Justicia de Santiago.

Ese mismo día, la Presidenta Bachelet ingresaba a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo hacía con la dignidad de quien ha cumplido una promesa al lograr el consentimiento del estado chileno de ratificar las competencias de dicho Tribunal. Chile fue uno de los 10 primeros en firmar a favor de su fundación, en 1998, y será el 109, el último entre los sudamericanos, en ratificarlo, en 2009.

La CPI, como dice su Fiscal Jefe, el abogado argentino, Luis Moreno Ocampo
, fue creada “para que las grandes lagunas de impunidad que hay en el mundo dejen de existir, que los perpetradores de las masacres y violaciones en masa que se llevan a cabo hoy día se castiguen y que los castigos sirvan como ejemplo para que no vuelvan a ocurrir más”.

Chile fue uno de esos lugares, cuando durante 17 años se suspendió el recurso de habeas corpus, dejando a sus ciudadanos en la indefensión, lo que permitió que las instituciones armadas y los servicios de seguridad fueran instrumentos de comisión de delitos de genocidio y de lesa humanidad, como el perpetrado por mandos del Ejército contra el director de teatro y catautor Víctor Jara.

Chile se une a 108 países que reconocen la jurisdicción de la CPI y se desmarca de Estados Unidos, Rusia y China, que rechazan su incorporación ante la eventualidad de ser investigados por delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, cometidos por sus tropas en Irak, Afganistán y Guantánamo, el primero; en Chechenia, el segundo y en el Tibet, el tercero. Además, la opinión pública mundial tiene la convicción de que los tres han practicado violaciones a los derechos humanos fuera o dentro de sus territorios.

Siete años ha demorado Chile en dar el paso hacia la justicia del siglo XXI, a favor de ciudadanos indefensos o perseguidos por los estados, suyos o extraños. Una justicia que le cierra el paso a la impunidad, cuyos “comisarios del olvido” con frecuencia suben el tono para intentar seducir con su máxima: “no miren el pasado, hay que mirar el futuro”.

Los muertos no son el pasado sobre los cuales se pasa página. Los padres o las madres, los hijos o las hijas, los seres queridos muertos, para los suyos, adquieren presencia de mil formas y en cualquier momento. Víctor Jara es como uno de esos, querido no sólo por su pueblo, sino por una humanidad que se conmueve con su música, de poesía y canto, como sucedió en aquella jornada en la ciudad de la paz, La Haya, a la que se hizo acompañar por la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky.






Tuesday, January 20, 2009

FREI Y RECABARREN

La Verdad tiene su Hora, tituló uno de sus libros Eduardo Frei Montalva en 1955. Un enunciado que se indentifica con el anuncio de la próxima aparición -o cierre- de la investigación que lleva el juez Alejandro Madrid y que llevará como rótulo: Proceso por Homicidio de Eduardo Frei Montalva.

Exhibidas las evidencias del crimen por envenenamiento contra el ex Presidente de la República a través del programa Informe Especial de TVN (2006), acotadas las pruebas de inoculación, por terceras personas, de sustancias químicas a su cuerpo enfermo, como lo acreditan informes técnicos ya en poder del juez, sólo falta establecer la identidad de los autores y de quienes indujeron u ordenaron su ejecución.

No obstante, se sabe que la operación de darle muerte fue obra de agentes del estado de la dictadura y que la investigación, como lo ha señalado el abogado de la familia: “está centrada en la Dirección de Inteligencia del Ejército”. El juez tiene una lista de nombres de sospechosos, entre otros, el que entregara personalmente el ex Mayor de Ejército, Carlos Herrera -autor del crimen de Tucapel Jiménez al mes siguiente de la muerte de Frei- a uno de los yernos del ex Presidente.

La hora de la verdad se aproxima. A días de la conmemoración de los 27 años del homicidio, el Presidente de la Corte Suprema le encomienda al juez Madrid dedicación exclusiva a esta causa. Éste, a su vez, dictamina secreto del sumario, luego de recibir pruebas que acreditan la acción de terceros. El virtual candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle insta a que oficiales o suboficiales del Ejército, hoy retirados, cuenten la verdad.

En este contexto, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta tiene el valor de admitir la eventualidad de que el juez pueda determinar que miembros del Ejército hayan intervenido en la muerte del Presidente Frei Montalva, lo que sería muy lamentable, junto con condenar un acto totalmente repudiable y actuar en consecuencia en el momento oportuno.

Este 22 de enero, alrededor de la imagen erguida de Frei Montalva, en la plaza de la Constitución, los asistentes seguirán exigiendo verdad y justicia en vez de ceder a los que instan a dar vuelta la página. El homicidio del fundador de la Democracia Cristiana y ex Presidente de Chile tuvo el mismo sentido que el de Orlando Letelier y Carlos Prats y el atentado a Bernardo Leighton: eliminar a potenciales líderes que pudieran encabezar alternativas políticas al régimen dictatorial.

Aún más, Eduardo Frei Montalva, envenenado en su lecho de enfermo, como Luis Emilio Recabarren González, detenido por agentes de la Dina y desaparecido, pertenecen a la misma familia de chilenos: los que murieron en manos de uniformados y civiles por sus ideas y su compromiso social y político.