POR LAS CALLES NUEVAMENTE

La Concertación está ante la disyuntiva de optar por un cambio de la Ley Orgánica de la Enseñanza establecida por la dictadura de Pinochet o por establecer algunas correcciones de acuerdo con la derecha.

La alternativa del cambio significa distanciarse de la estrategia, seguida los últimos 20 años, de consensos con la derecha: "la democracia de los acuerdos", y acercarse a una estrategia de sumar fuerzas en la sociedad para transformar el régimen político constitucional.

Se trataría de postular el paso de una democracia protegida o restringida (por un régimen electoral que vulnera los principios de representatividad y de voluntad popular de los ciudadanos) hacia una democracia representativa (régimen electoral proporcional y no excluyente) y participativa (primarias electorales, plebiscitos en casos calificados).

La mayoría de la derecha parece dispuesta a conservar los fundamentos constitucionales (Carta Fundamental y leyes orgánicas, incluida la ley electoral binominal) que garantizan un modelo de crecimiento basado en el libre mercado y la subsidiaridad del estado, impugnado por el movimiento social en el área de la enseñanza.

La Concertación debe decidir si abrir o no un periodo constituyente y realizar reformas profundas en las leyes orgánicas. Para ello tendría que conseguir una mayoría social y política movilizada, semejante a la de 1988, y conseguir una amplia y sólida representación.

Sin embargo, la Concertación parece lejos de ello. Según encuestas recientes, la coalición cuenta con una precaria aprobación ciudadana (17%) y un creciente rechazo (46%). Entre sus dirigentes se advierte perplejidad ante el movimiento social sólido e impotencia ante una derecha intransigente y también desorientada.

Y si no existe cohesión ni sobre una evaluación sobre el pasado reciente, ni un diagnóstico sobre el presente ni un programa común de futuro, qué los reune. Lo peor sería que fuera el régimen electoral binominal el que los mantuviera juntos para no perder muchos escaños. Lo ilusionante sería re-unirse para reconducir la política y la economía hacia un horizonte de un país culturalmente democrático, más de todos, no segregados como acontece en la educación.

Ello exige reconocer que tras el Chile "exitoso" de la “estabilidad (de la política) y el crecimiento (de los mercados)”, viven los chilenos que sienten que ni se les escucha ni representa en la política y que son manipulados y estafados en los mercados.

Pero, sobre todo, la Concertación podría asumir la novedad y acercarse a una sociedad cada vez más libre de temores y por ende más lúcida para pensar, discernir y actuar colectivamente, por sí mismos. Ya lo hizo en 1988 con el movimiento social que se abrió camino en 1983.

LOS ESTUDIANTES DAN LA NOTA

Los dirigentes del movimiento estudiantil pronuncian la palabra plebiscito tras cumplirse el tercer mes de movilizaciones sociales por el cambio del sistema educacional. Una institución democrática tan antigua como la república romana y tan contemporánea como la que reconoce la Constitución Suiza o las que emplean estados democráticos como Italia, Inglaterra o Uruguay e Islandia para que los ciudadanos resuelvan sobre temas relevantes para la sociedad.

La Constitución chilena considera el plebiscito en forma muy restrictiva. La alternativa de los estudiantes surge ante la incapacidad del gobierno y la mayoría del parlamento a considerar un cambio del paradigma educacional: sistema de educación privada con fines de lucro y de educación pública municipalizada establecido durante la dictadura de Pinochet.

A más de 30 años hay un amplio consenso de que la educación en Chile tiene un deficiente standard de calidad y ha sido una instancia reproductora de las crecientes desigualdades sociales. A pesar de ello, los gobiernos de la Concertación optaron por mantener lo fundamental del sistema.

El actual gobierno de derecha se resiste cambiar la idea dominante de una educación como bien de consumo en que el Estado salvaguarde la libertad de las familias a escoger la clase de educación en un contexto de libremercado educacional, en vez de la idea de una educación como bien público en que el Estado garantice a todos a acceder y recibir una educación de calidad en un contexto de derecho social de la educación.

El conflicto entre el movimiento social de los estudiantes y el gobierno de derecha es en torno al carácter neoliberal (libremercadista) de los principios establecidos en la Constitución y en su respectiva ley orgánica constitucional, promulgada por el dictador el 10 de marzo de 1990, un día antes de abandonar el gobierno.

La demanda de cambio del sistema parece imposible. Éste exige una reforma a la Constitución y a la ley Orgánica de Enseñanza, lo que implica disponer de mayorías especiales que ni los partidos de gobierno ni de oposición tienen como consecuencia del sistema electoral binominal establecido en dictadura. Un cambio sólo sería posible mediante un acuerdo entre gobierno y oposición y no como expresión de una mayoría parlamentaria surgida de la voluntad soberana de los ciudadanos.

El enfrentamiento entre el gobierno y los estudiantes pone nuevamente en evidencia la realidad de una democracia restringida (propia de la época en que la ideología de la "gobernabilidad" se impuso en el marco de la lucha contra el comunismo internacional) que cuestiona la representatividad de la democracia realmente existente.

El plebiscito es un llamado de atención a una clase política desprestigiada por su falta de sensibilidad a los cambios que ocurren en la sociedad y confundida por la envergadura de los movimientos sociales, que expresan sentimientos y raciocinios cada vez más extendidos en la ciudadanía y que los partidos políticos, encapsulados en sus dinámicas de poder, o no se animan o se resisten representar.

Si el plebiscito no es el mecanismo de resolución democrática aceptado para dirimir la contienda sobre la demanda por el derecho a una educación de calidad garantizada por el Estado, los partidos de la Concertación debieran luchar por abrir un periodo constituyente con el fin de elaborar una nueva Constitución que establezca una democracia abierta a las demandas de la sociedad y no restringida a la defensa de principios e intereses de sectores sociales que dominaron amparados en la dictadura de Pinochet.

Los partidos de la Concertación debieran apostar por el futuro y representar a cada vez más ciudadanos, quitando de encima las ataduras que aún quedan. Como lo reconoció, en diciembre de 2008, uno de sus fundadores, el Ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de la Concertación, Enrique Silva Cimma, refiriéndose a las reformas constitucionales de 1989 y 2005: “no quedamos satisfechos, porque se mantienen en esta Constitución una serie de cosas que nos amarran”, por lo que “debe ser entonces cambiada íntegramente”.

LA RADICALIDAD DE ALTAMIRANO

Carlos Altamirano ha brincado y descendido a las profundidades de su propia historia. Lo ha hecho con sorprendente vigor mental, a los 88 años, semejante al mostrado por su cuerpo cuando lo elevó como campeón sudamericano de salto alto en la mítica jornada del atletismo chileno en 1946, la llamada “noche de Mario Recordón”.

Este nuevo salto, hacia sí mismo y sus circunstancias, no lo ha hecho en solitario, sino bajo el estímulo de conversaciones con su editor, el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, en más de 80 sesiones en el lapso de más de dos años.

Altamirano, uno de los políticos chilenos más controvertidos de la segunda mitad del siglo XX, en el epílogo de su “gran relato” se identifica con la afirmación del Premio Nobel de Literatura, José Saramago: “mientras más viejo más sabio, mientras más sabio más radical”.

Él mismo se reconoce como parte de una historia marcada por la radicalización: la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos; la de los jóvenes en el mundo, fijada en el mayo del 68 en Francia; la revolución cultural en China; la lucha armada en América Latina a partir de la revolución cubana; la opción por los pobres de la Iglesia Latinoamericana a partir del Concilio Vaticano II; y la lucha contra la guerra en VietNam en el mundo.

El gobierno de Salvador Allende fue hito de esa radicalización. Una experiencia ingénua para el autor, sea leída en lógica legalista o de defensa armada. Un gobierno que encaminó su política hacia un callejón sin salida, exponiéndose a ser avasallada por la acción desestabilizadora de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de los grupos del gran capital representados por la derecha chilena.

Pero la radicalidad de Carlos Altamirano no acabó con el fin de la democracia en Chile. Más, se volvió aguda en su exilio en la RDA - país símbolo del socialismo real- al caer en la cuenta de que la ortodoxia marxista-leninista derivaba en mera dictadura sobre toda la sociedad. Abandonó la tesis de la violencia revolucionaria como “partera de la historia” y postuló la renovación del socialismo en la idea de superar, mediante una “alianza sociocultural”, el capitalismo como sociedad, “en el plano efectivo de la condición humana”.

Un nuevo socialismo, sacudido de los dogmatismos, constructor de un movimiento social de izquierda que, unido por un pensamiento actualizado y crítico y por objetivos de largo plazo, se haga cargo de los desafíos presentes abiertos por una nueva época aún sin nombre.

La idea de renovación lanzada a fines de los 70 y madurada en los 80 no cuajó en el socialismo chileno, el que una vez que se deshizo del marxismo leninismo, adoptó un pensamiento posibilista que derivó en la connivencia, sino en la aceptación de gruesos trazos de las ideas neoliberales en boga.

Las memorias críticas, a sus casi 90 años, no abandonan un sello de juventud: su radicalidad, representada en sus saltos, en este caso al futuro, que arranca de la evaluación crítica de una derrota, de las dudas propias de tiempos de incertidumbre y de la búsqueda de una sociedad socialista sustentable.

EL ESCRITOR Y EL OLVIDO

La culpa alojada en la intimidad del escritor se esparce por la silenciosa sala de Casa América de Catalunya. Héctor Abad, periodista y escritor antioqueño, contenido, confiesa el sentimiento de culpa que l llevó a escribir El olvido que seremos (2005), la novela, traducida a varios idiomas, que habla de su padre, Héctor Abad Gómez, médico comprometido con los derechos humanos, asesinado por paamilitares el 25 de agosto de 1987.

Me gusta su olor, y tanmbién el ecuerdo de su olor... Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su opa y la meticulosa limpieza de su cuerpo", escribe su hijo convencido que con más amor habría intentado sacar a su padre de en medio de lo que afirma era una "campaña delirante", las vividas durante los intentos de pacificar Colombia durante el gobierno de Rómulo Betancourt.

¿Cuál habría sido la respuesta de su padre ante el requerimiento exigente de su hijo?

Abad quiere hablar de literatura, de sus otros libros, como de Oriente empieza en El Cairo (2002), una crónica novelada tras vivir dos meses en la capital egipcia, y que casi toda la edición (unos 1.900 ejemplares) yace en el sótano de su casa luego que la editorial Mondadori se la devolviera, resignada, ante el fracaso de venta.

Contar historias es el oficio del novelista. Influenciado por la novela italiana clásica, como El Decamerón, el escritor asume la idea de entonces de contar historias para apartarse de la idea de la muerte, del horror. Es lo que hace en Fragmentos de amor furtivo (1998) donde una pareja entregada al disfrute erótico escapa de la violencia que corre por las calles de su ciudad, Medellín.

Escéptico de su país, por un momento creyó en “la ola verde”, encabezada por los matemáticos Antanas Mockus y Sergio Fajardo, derrotados por Juan Manuel Santos en las elecciones de 2010. En su Medellín mejorado, reconoce, vive recogido, aunque periodista prolífico, distante del mundanal ruido.

Rechaza cualquier insinuación de jugar un rol público y el espectro de la figura de su padre reaparece, cuando con fuerza emocional dice: “nada con procesos de paz, no, jamás dar la mano a asesinos sean paramilitares o guerrilleros”.

Un público casi enteramente colombiano pregunta. Abad ha vuelto a España, país que siente como su segunda casa, después de 10 años de “castigo”, pues se autoimpuso no pisar tierra de sus antepasados por la despreciable obligación impuesta por el Estado español a los colombianos a “medigar permisos de visas”.

Vuelve a Medellín, a su cobijo, con su culpa y con el reconocimiento de innumerables lectores por haber intentado recuperar a su padre en la novela que lleva el nombre el primer verso de Epitafio, un poema de Borges, encontrado por su hijo en el bolsillo del pantalón de su padre luego que los sicarios vaciaran sus cargadores en su cuerpo: "Ya somos el olvido que seremos..."

EL MITO, NADA EXTRAÑO

¡¡¡Mitos… mitos… mitos!!! , contradice, muy molesto, a su interlocutor luego de escuchar unos juicios (u opiniones) que considera falsos, sólo explicables por la ignorancia de quien lo dice, o bien de unas creencias, tantas veces repetidas, que parecen verdades no cualesquieras, sino de esas incontrovertibles, inmutables.

Mito, palabra asociada a pasado remoto, a forma de pensamiento arcaico, propio de civilizaciones primitivas, ya superadas por el progreso técnico, el saber científico y la praxis política del hombre racional y emancipado.

Sin embargo, el mito es una forma de pensamiento porfiado, resistente a extinguirse y que, como desde su origen, se construye con palabras que a través del habla, la oralidad, va configurando un discurso, un relato que se integra a un sistema de pensamiento o cultura que lo valida como historia verdadera, “sagrada”.

Los mitos de la democracia chilena se titula la obra del sociologo chileno Felipe Portales, empeñado en des-cubrir rasgos que, desde tiempos bicentenarios, van tramando el curso de una historia omitida o troceada de modo de protegerla de malentendidos, sospechas o de interpretaciones que pudieran cuestionar relatos ya validados por el “cánones establecidos” desde tiempos lejanos.

Hasta el 11 de septiembre de 1973, Chile se percibía a sí mismo como una excepcionalidad en América Latina por su “ininterrumpida institucionalidad democrática”. Tras el golpe militar y durante la dictadura de Pinochet, se observó que lo vivido entonces era “algo extraño, ajeno a la historia de Chile”.

Esta autoconciencia de singularidad, de notabilidad fantástica, continuó con el “adiós América Latina” al imponerse una estrategia de crecimiento económico neoliberal, a lo que se unió, más tarde, la idea de una “modélica transición democrática”.

El volumen II de Los mitos de la democracia chilena aborda trece años (1925-1938) desde la llamada “dictadura cívico militar” que tuteló la presidencia del civil Aturo Alessandri e impuso la Constitución del 25, pasando por la dictadura del Coronel Carlos Ibáñez, un periodo de interregno de conspiraciones de militares de derecha e izquierda, hasta la segunda presidencia de Alessandri cuando gobernó con facultades extraordinarias y estado de sitio, como una “dictadura”legal”.

En este periodo, de auge de los totalitarismos en Europa, se refuerza un Estado autoritario que despliega su violencia en masacres obreras, campesinas y estudiantiles; en la represión de dirigentes sindicales y estudiantiles; en la práctica de la tortura, el asesinato y el desaparecimiento de personas en manos de la policía; en el exilio y relegaciones de dirigentes políticos; en el empastelamiento de diarios y revistas.

El autor, des-cubierta esta hebra de la historia la extiende con la ayuda y el respaldo de más de 3 mil documentos, que van denunciando que lo vivido durante la dictadura de Pinochet no era algo excepcional, pues muchos de sus ingredientes, a su manera, ya se habían probado.

Pero, la historia no termina allí, en el epílogo se constata la validación, hasta ahora, de la presencia inmutable y monumental de Alessandri, en uno de los frentes del palacio presidencial, al que el autor llama “el mayor exponente del autoritarismo civil del sigloXX”, y en el otro frente del palacio, se yergue la figura de Diego Portales, “la figura más representativa del autoritarismo civil del siglo XIX”.

Una demostración tangible de que el mito, el de la democracia chilena, sigue en pié, pero probablemente sin la misma consistencia si, como se muestra en este libro, “la actitud ilustrada de la sospecha”, como señala el filósofo Josep Ramoneda (Contra la Indiferencia), logra penetrar entre los que están dispuesto a “pensar por sí mismo, que quiere decir que todo es suceptible de crítica: que no hay nada sagrado”.

LA ÉTICA Y LOS MOSSOS: ¿SE OPONEN?

¿Por qué el conseller de Interior, Felip Puig se propone eliminar el Código de Ética de los Mossos d’Esquadra? Un Código de Ética es un instrumento que expone los valores de una institución (como puede ser el de la policía catalana); codifica ciertas normas de conducta por las cuales deben desempeñarse los profesionales (policías) y especifica sanciones en caso de verificarse faltas en el ejercicio de sus funciones.

¿Acaso resulta vejatorio que una policía se rija de acuerdo a un código de conducta adecuado para cumplir los objetivos institucionales en el marco de los derechos humanos? Las policías previenen, vigilan, participan en indagaciones ante comisiones de delitos y reprimen actos que contravengan las normas legales establecidas. 

Sus funciones propias los exponen a que se extralimiten, cometan excesos o, en algunos casos, recurran a prácticas de abuso de poder, lesionando los derechos de las personas detenidas.

Desde una democracia que se propone garantizar los derechos humanos, algo distintivo del modelo político eruropeo, un Código de conducta policial puede ser un aporte para estimular proximidad en la relación policía-ciudadano, derivando en más colaboración y comprensión mútua y para proyectar la institución policial como un referente social de seguridad ciudadana con ascendencia y confiabilidad.

La supresión del Código de Ética de los Mossos d’Esquadra sería una señal de que estos profesionales no requieren de normas éticas para velar por un correcto ejercicio profesional, como si lo tienen otras profesiones (médicos, abogados, periodistas, etc). ¿Es que se piensa que actuar profesionalmente de acuerdo a una ética claramente establecida está reñido con la actividad policial?

El conseller Puig, así como decidió finalmente mantener las cámaras de vídeo en cuarteles de Mossos d’Esquadra, podría hacer otro tanto con el Código de Ética de la institución policial, sin perjuicio que sea revisado de manera que los policías participen en su reelaboración y se sientan comprometidos éticamente con su servicio profesional.

NI MAS, NI MENOS

Son los primeros días del Govern de CiU, después de siete años en la oposición, justo cuando se inicia la segunda década del siglo XXI,

El cambio político del President Mas sucede en medio del desaliento ciudadano. El paro, los recortes de sueldos, las ejecuciones de hipotecas y la percepción, cada vez más intensa y extendida, de que los más responsables de la crisis económica – entidades financieras y grandes inversionistas- se han recuperado y vuelven a influir, presionar e imponer ajustes económicos sobre gran parte de la ciudadanía.

El nuevo gobierno también asume en medio de frustraciones acumuladas de parte significativa de ciudadanos. Los reveses de la gestión política de los gobiernos de izquierdas (tripartitos) han jibarizado l’Estatut de Catalunya impidiendo conseguir más facultades políticas, más autogobierno e independencia respecto de las políticas del Estado español, e incluso cuestiona avances conseguidos, como en política lingüística.

En ese contexto, el discurso del President Mas (de investidura, de posesión del govern y de fin de año) esboza la idea de un gobierno que se propone incentivar entusiasmo entre los ciudadanos para sostener con eficacia la recuperación económica y defensa del estado de bienestar, por una parte, y el desarrollo de un catalanismo capaz de avanzar gradualmente hacia nuevas cotas de autogobierno.

Emprender y, especialmente, transmitir a una ciudadanía incrédula y desorientada, perspectivas de avance y posibilidades ciertas de obtener logros requiere de una política nacional, no sectaria, de diálogo permanente con las demás fuerzas catalanistas y formas de comunicación creativas con la trama de organizaciones de la sociedad civil catalana.

El discurso de Mas, en sus primeras intervenciones, sugiere crear un clima político que deje atrás la discordia estéril y domine un debate en vista a darle consistencia a una política nacional frente a la crisis económica y al conflicto con el Estado español.

Una actitud fundamental de inclusión asoma en los acuerdos de la mesa del Parlament, de la investidura del Govern y también en la sorprendente designación de Ferran Mascarell, un socialista catalanista, como conseller en Cultura.

No obstante, esta acitud no concuerda con la actitud confrontacional de Felip Puig, político de la nomenclatura Convergente, que antes de asumir anunció eliminar las principales iniciativas hechas por su antecesor, Joan Saura: Código de Ética de los Mossos; cámaras de vídeovigilancia en cuarteles policiales y velocidad máxima de 80km/hrs en las carreteras del área Metropolitana de Barcelona.

Pronto, el político tuvo que matizar sus dichos, pero quedó resonando en la plaza esta vieja actitud de hacer política de levantar la voz para decir que todo lo del adversario nada vale, algo así como ese clima inhóspito que se cuece en Madrid entre el PP y el PSOE.

LA FÓRMULA DEL MATEMÁTICO

El verde tiñe la amoratada política en Colombia. El partido de los ex alcaldes de Bogotá, Antanas Mockus, Luis E. Garzón y Enrique Peñaloza, más el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, planean pintar el país con políticas transparentes y economías limpias, junto a ciudadanos interesados en solucionar sus problemas y los de su entorno.

Más de 3 millones de colombianos votaron a la pareja verde Mockus/Fajardo en las dos vueltas de las elecciones presidenciales en mayo y junio pasado. Una fórmula que se distancia del eje vertical izquierda/derecha para desplegar una red ciudadana comprometida en hacer políticas de progreso social, que desplacen el dominio de políticos (de izquierda y derecha) que buscan “prebendas clientelísticas”.

Además del verde, irrumpen las matemáticas en la forma de hacer política. Sergio Fajardo (54), un académico matemático, resolvió, con otros, pasar del “deber ser” al “hacer” a fines del siglo pasado. En Medellín, reunió a personas de procedencias sociales y profesionales diferentes , sensibles ante una Colombia que, sumida en políticas irreductibles, la dejaba sin horizonte.

La tarea era compartir unos principios básicos a partir de los cuales plantear problemas fundamentales y, una vez definidos, formular una política de tratamiento que buscaba , como resultado, la confianza de ciudadanos desesperanzados. Con este método, proveniente de las matemáticas, arribaron a la política.

Uno de los principios básicos es la elección de los medios, claves para hacer posible el fin. El diálogo a pié de calle se convirtió en la forma por excelencia para conseguir la confianza ciudadana. Con Fajardo, como candidato a la alcaldía de Medellín , lo intentaron el 2000 sin conseguirlo. Lo repitieron en las elecciones del 2003, ganándolas por la mayoría más alta de todas las elecciones de la historia de la ciudad.

La credibilidad obtenida fue el resultado de una relación de igualdad establecida en meticulosos recorrido por la piel de la ciudad -calle por calle- hablando y escuchando a la gente para entenderla. Con cuatro años de gestión, Fajardo se retiró con una aprobación del 80% de los vecinos, sucediéndole como alcalde, en las elecciones del 2007, Alonso Salazar, uno de sus miembros en el gabinete.

El matemático asimilado a la política, luego de reunir 700 mil firmas para aspirar a la Presidencia de la Republica el 2010, con el Movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia, se retiró para integrar, como postulante a vicepresidente, la fórmula encabezada por Antanas Mockus, otro matemático, además de filósofo.

ESTADOS UNIDOS ANTE LOS OJOS DEL MUNDO

La guerra sucia fue una seña de identidad de las dictaduras militares latinoamericanas (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia) en los años 70 y 80 del siglo pasado. Era la estrategia decidida por la cabeza de estados dictatoriales e implementadas por uniformados y civiles protegidos por estructuras ad hoc al margen de las leyes nacionales o internacionales (incluso de las fabricadas por las propias dictaduras) para exterminar al enemigo.

Hoy, la guerra sucia compromete a Estados Unidos, tenida como la más importante de las democracias en el mundo. La implicación en ella, ya no sólo por el apoyo político y militar que le proporcionó, en su momento, a esas dictaduras, sino a su propio ejercicio del poder, como lo certifican los centenares de miles de informes, revelados por Wikileaks, de los militares estadounidenses remitidos al Pentágono.

El gobierno de Bush, tras el atentado terrorista del 11-S, transgredió la legislación internacional y estableció normas excepcionales (sobrepasando la propia Constitución estadounidense) para eliminar el enemigo. Atacó Irak para derrocar la dictadura de Hussein y de paso se llevó por delante el Estado iraquí, quedando el territorio bajo la ocupación del ejército estadounidense durante siete años.

El secuestro, las cárceles secretas, la tortura sistemática, la ejecución sumaria, la detención prolongada sin juicio y el traslado de prisioneros en forma clandestina por diversos países fueron prácticas de las dictaduras militares latinoamericanas en la llamada “guerra contra la subversión comunista”. Todas ellas recibieron el repudio de la comunidad internacional.

Estados Unidos, según los informes despachados al Pentágono, aplica las mismas prácticas en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Tras el gobierno de Bush, el Presidente Obama decidió poner fin a los métodos y estratégias empleadas por su antecesor, pero no dio luz verde a iniciar investigaciones administrativas, menos judiciales, contra los responsables de las rutinas degradantes de la política de Bush.

En Argentina, Chile, Uruguay y Perú (tras la dictadura de Fujimori en los 90), los gobiernos democráticos, a diferencia del de Estados Unidos, sí abrieron investigaciones para establecer la verdad de lo sucedido y procesos judiciales para penalizar a los responsables de las sistemáticas transgresiones a los derechos humanos.

El Pentágono defiende el silencio, y, por lo tanto, la impunidad de los culpables invocando la seguridad nacional, el mismo concepto usado por los dictadores militares latinoamericanos para justificar sus políticas. La ideología de la seguridad nacional, la que los militares estadounidenses enseñaron en sus escuelas a los pares latinoamericanos en los años 60, vuelve para acreditar la política de exterminio del enemigo en Irak.

DIÁLOGO O VIOLENCIA, NO HAY VUELTA

El 15 de septiembre, a tres días que inicie su andadura el año del bicentenario de la independencia, comienza a regir el Tratado Internacional (o Convenio 169 de OIT) que compromete a Chile cambiar sus relaciones con los aymara, colla, diaguita, kawéskar, likanantay, mapuche, quechua, rapa nui y yámana, los nueve pueblos indígenas que cohabitan con el pueblo chileno en territorios administrados por el Estado de Chile.

Chile reconoce y respeta la aspiración de estos nueve pueblos “a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lengua, religiones, dentro del marco del Estado”, según considera el Convenio.

La gran novedad es el reconocimiento de la diversidad de pueblos (cualitativamente diferente a étnias) que cohabitan en Chile, y que esta validación exige inaugurar una nueva relación (un nuevo trato) entre el Estado y los pueblos indígenas, concebidos éstos como sujetos colectivos, protegidos por el derecho, para ejercer sus capacidades de deliberación y decisión sobre sus prioridades en la consecución de su desarrollo económico, social y cultural en armonía y con la cooperación del Estado chileno.

El Tratado suscrito parece una gran oportunidad para que, ahora los 10 pueblos, se reunan en círculo a dialogar sobre una agenda que atienda los contenidos, estilos y tiempos para aplicar el Convenio e ir dando forma a un país pluricultural que incorpore gradualmente la diversidad en su narración política.

Una coyuntura propicia para torcer las dinámicas históricas dominantes del trato a lo indígena en Chile: ignorancia, trivialidad, discriminación, marginalización y represión. Los pueblos indígenas deseaban el Tratado y el estado chileno lo ha aprobado y ratificado.

Una coincidencia fundamental: el marco político-jurídico-valórico para plasmar una nueva convivencia. Sin embargo, nadie espera celebrar nada el día 15 de septiembre y es probable que la vigencia del Convenio pase despercibida.

Las políticas legislativas de reconocimiento y de reparación de los gobiernos de la Concertación no dan la medida ni la profundidad de la llamada “deuda histórica” que tiene el estado chileno, especialmente con el pueblo mapuche, el 87% de la población indígena. Personas entendidas en el tema mapuche apuntan que a los gobiernos les ha faltado aceptar la naturaleza política de un conflicto histórico.

Los problemas no son con un sector de la población chilena, sino con un pueblo, diferente al chileno, que reclama la aceptación de su indentidad propia, derechos que, contenidos en el Convenio 169, el estado debe incorporar a su ordenamiento jurídico y la restitución de tierras o territorios usurpados por la fuerza de las armas y de las leyes aprobadas para legitimar la apropiación por parte de particulares.

El desafío del estado chileno es asumir el cambio que le exige el Tratado: identificarse como un estado formado por pueblos distintos dispuestos a acordar una nueva forma de relación, desarrollando una convivencia basada en el respeto mutuo. Ello exige abandonar el ideario liberal decimonónico de los estados homogéneos que se proponen integrar a las minorías étnico-culturales subordinándolas.

Hace un año, el gobierno dio un gran paso al ratificar el Convenio 169, pero luego no ha logrado comunicar convicción ni confianza sobre el tema indígena. Hace un mes echó atrás un debate sobre un Código de Conducta para las inversiones en el habitat indígena luego de recibir la inquietud de los grandes empresarios. A quince días de entrar en vigor el Convenio, el Senado aprobó la reforma constitucional sobre pueblos indígenas sin consultarles como lo indica el Convenio.

Ni un acto público que transmita a los chilenos el mensaje de un nuevo tiempo para las relaciones con los pueblos indígenas. Las legislaciones y sus aplicaciones han quedado cortas, lejos de resolver los complejos problemas. La administración cae en una actitud mustia ante las dificultades de echar adelante una agenda indígena y sólo muestra una actitud vigorosa cuando en forma compulsiva responde con represión y leyes especiales a quienes han optado por desplegar un movimiento de ocupación de predios. Mira mas sobre estos temas aqui.

VIENTOS DE AMÉRICA DEL SUR

Los gobiernos de la América del Sur están inquietos. El despliegue de tropas estadounidenses en siete bases colombianas dispara la incertidumbre en la región. Los presidentes integrantes de UNASUR, en forma imprevista, se autoconvocan para reunirse extraordinariamente en San Carlos de Bariloche, luego de escuchar de boca del Presidente Chávez que dicha operación militar podría derivar en tragedia.

En marzo de 2008, tropas colombianas ingresaron en forma ilícita a territorio ecuatoriano matando a 16 combatientes de las FARC, entre ellos a su número dos, el comandante Raúl Reyes. Desde entonces las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia están rotas, a pesar de la labor mediadora de la OEA.

Recientemente, el gobierno de Colombia acusó a Venezuela de desviar armamento hacia la guerrilla: La respuesta fue congelar las relaciones (la quinta vez en este siglo) y amenazar con aplicar medidas económicas (corte de suministro de petróleo, nacionalizaciones de empresas, interrupción de intercambios comerciales) que afectarían intereses colombianos.

En este contexto, se filtran las avanzadas negociaciones entre los gobiernos de Obama y Uribe para fortalecer la presencia militar estadounidense en Colombia aprovechando el cierre de la base militar de Manta (Ecuador), luego que el gobierno de Ecuador cancelara el acuerdo militar con Estados Unidos de 1999.

Tropas estadounidenses en el epicentro de un conflicto que compromete a tres países, dos de los cuales –Venezuela y Ecuador- son aliados y que, tras procesos constituyentes, desarrollan políticas, con sus particularidades, contrapuestas a los moldes establecidos por Washington.

El argumento del nuevo pacto militar es combatir a un ejército guerrillero de 45 años de data y el negocio del narcotráfico, insoluble desde hace 30 años. Pero, las desconfianzas recargadas de los gobiernos de Chávez, Correa y de Morales, se vislumbran en otros como Brasil.

El Presidente Lula ha propuesto a que los presidente de UNASUR dialoguen cara a cara con el Presidente Obama, en la cita en Argentina, con el fin de conocer qué tipo de relaciones desea Estados Unidos con América Latina y discutir el tema de las tropas estadounidenses en las bases colombianas.

Como el golpe militar en Honduras, el pacto militar colombo-estadounidense adquiere una dimensión multilateral. En el primero opera la institucionalidad de la OEA, en la segunda la prudencia política de UNASUR, la misma que actuó para colaborar en la solución a la crisis institucional en Bolivia hace un año.

No obstante, la vara del desafío actual es mucho más alta. Como lo expresara el Presidente brasileño: “vamos a tener que ponernos de acuerdo respecto al futuro de la Unasur, porque debe haber una relación amistosa entre nosotros, un grado de confianza y de sinceridad, de lo contrario se corre el riesgo de crear un club de amigos rodeado de enemigos en vez de una institución de integración”.

¿Es posible desarrollar una instancia donde convivan diferentes posiciones entre gobiernos sudamericanos que se perfilen en el mundo en forma independiente y en diálogo con el gobierno de Estados Unidos?

Promete el próximo capítulo que escribirán los presidentes el 28 de agosto en San Carlos de Bariloche. El paisaje de sus lagos, bosques y montañas, en un clima frío y por donde atraviesan sin pausa vientos del Pacífico, ¿atempererarán las formas de Chávez, sincerarán el alma de Uribe, afinarán la personalidad de Correa, estimularán la vivacidad de Cristina, activarán los latidos del corazón de Lula?

¿PARA QUÉ METERSE EN HONDURAS?

Un dicho que propone evitar involucrarse en líos, embrollos inútiles. La ONU, la OEA y la UE no hacen caso y se implican en Honduras, el tercer país más pobre de América Latina, después de Haití y Nicaragua, desde hace un mes con un gobierno de facto surgido de un golpe militar y sin el reconocimiento de ningún estado del mundo. Sin embargo ahí está, desafiante.

Desde el gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama, hasta el gobierno de Cuba, de Raúl Castro, rechazaron el golpe, reconocieron la legitimidad del Presidente depuesto, instaron a su restitución en el cargo y, de ese modo, restablecer la democracia en el país centroamericano. Algo inédito.

En seis días, 33 países de la OEA suspendieron la participación de Honduras en la Organización. Por su parte, la Comisión Europea congeló un paquete de ayuda de 65,5 millones de euros y Estados Unidas, hasta ahora, se ha limitado a declarar que las relaciones se verían afectadas si el gobierno de facto no se avenía a las propuestas del mediador en el conflicto hondureño, el Presidente costarricense, Oscar Arias.

La iniciativa de Arias - restituir al Presidente Manuel Zelaya en un gobierno de unidad nacional a cambio de no acometer reformas constitucionales y adelantar las elecciones generales en un mes - no tuvo las consecuencias esperadas.

El golpe en Honduras evoca rutinas y retóricas que están vivas en la memoria, en el imaginario político de los pueblos y de la mayoría de los gobernantes latinoamericanos.

Los militares brasileños forzaron al presidente Joao Goulart a embarcarse en un avión con destino a Montevideo en 1964, del mismo modo que los militares peruanos lo hicieron con el presidente Fernando Belaunde al subirlo a un avión con destino a Buenos Aires en 1968. Después de más de 30 años, los militares hondureños lo hacen con el presidente Manuel Zelaya embarcándolo hacia San José.

El gobierno de facto niega el golpe militar, afirmando que el Ejército procedía a cumplir una orden del Tribunal Supremo de Justicia, porque el gobierno de Zelaya había transgredido la Constitución, como cuando la dictadura chilena habló de “pronunciamiento militar”, luego que el gobierno de Allende había “quebrantado la institucionalidad”, según resoluciones de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema.

Roberto Micheletti gobierna junto a ex oficiales, activos en los 16 años de dictaduras militares (1965-1981) y en gobiernos civiles represivos, implicados en la política militar de Estados Unidos contra el gobierno del FNLS nicaragüense, las guerrillas del FMLN salvadoreño y de las fuerzas de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Uno de ellos, su Ministro Consejero, el ex capitán Billy Joya Améndola, estuvo conectado a las policías secretas de Argentina y Chile en los 70 y con la Contra nicaragüense en los 80.

América Latina muestra energía política en la OEA, la que había exhibido no hacía un mes en la propia Honduras, cuando consiguió allanar a que Estados Unidos apoyara la eliminación de los motivos por los que se marginó a Cuba en 1962.

UNASUR es otra instancia con atributos, como lo demostró en la emergencia suscitada con la crisis constitucional en Bolivia. Brasil y Venezuela junto a Chile y Ecuador (próximo coordinador de UNASUR) pueden inyectar capacidad de iniciativa y cohesión, indispensable para inviabilizar a una dictadura surgida de un golpe militar.

El golpe en Honduras es un test para América Latina, pero también para la Administración Obama en su deseo de renovar la política estadounidense hacia la Región. ¿Se mantendrá la “tolerancia cero” hacia el régimen de Micheletti o habrá quienes buscarán el acomodo?

Sí, parece oportuno meterse en honduras, a propósito de Honduras. Crear espacios para que la Región debata sobre la democracia en América Latina, pues lo acontecido enseña que ésta es frágil cuando se la circunscribe a elegir (o reelegir) periódicamente a sus representantes.

Se requiere pensar y proponer instituciones representativas y deliberativas, que impliquen a los ciudadanos; políticas de desarrollo que transparenten más justicia social y estímulos para que la sociedad civil forje una cultura que considere la diversidad política y cultural como un valor, con un diálogo abierto entre ellas y la participación colectiva en la construcción de horizontes donde se proyecten imágenes de más inclusión, más igualdad y más realización personal y social; en una: más bien común.

HA LLEGADO EL TIEMPO DE DECIR

La historia continua. Se escribe y reescribe. Fluye en penumbra, unas veces; a plena luz, otras. Por un tiempo lo hace apenas como un rumor, inaudible y, de pronto ruidosa, hasta a inquietar. Nada pareciera detenerla y cuando presumimos que ha llegado a su fin (el fin de la historia), la misma, sin aviso, nos sorprende. Esa historia se comprende cada vez más a través de “pequeñas historias”, relatos de muy diferentes voces decididas a librarse de sus propios miedos, después de un tiempo prolongado.

“Era una cosa que guardé de tantos dolores que me vinieron en esos tiempos (…) mis hijos me decían por qué no contaba lo que había visto, pero no podía”, cuenta la pobladora Mónica Salinas 36 años después de esa madrugada del 18 de septiembre de 1973 cuando vio cuatro cuerpos arrojados junto al muro de un cementerio, entre los que reconoció el del cantautor Víctor Jara.

“Culmina una compleja misión (de 9 años) para reivindicar plenamente como jefe militar y soldado de excelencia a un distinguido comandante en jefe cuyo recuerdo ha estado largamente ausente en los cuarteles militares (más de 30 años)”, revela el jefe del ejército, general Óscar Izurieta al inaugurar el Campo Militar San Bernardo que lleva el nombre del ex Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González, asesinado por la policía secreta de la Junta Militar de Gobierno en septiembre de 1974.

LATIDOS EN LA OEA

América Latina y El Caribe se paran en sus propios pies. Representantes de sus 32 países ingresaron a la asamblea de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, decididos a levantar el anatema contra Cuba impuesto por Estados Unidos, junto a 14 países americanos, en la reunión de Punta del Este, en 1962.

Una personalidad que ya había mostrado en la Cumbre de Presidentes de Sauípe, en 2008. Ahí acordaron crear una organización de estados latinoamericanos y del caribe en México el 2010, un año simbólico cuando la mayoría de los estados latinoamericanos estén conmemorando el bicentenario de su independencia nacional.

El Presidente Lula, anfitrón en Sauípe, se pronunció a favor de la integración de Cuba en los principales foros de diálogo de la Región. En la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, frente al Presidente Barack Obama, los mandatarios latinoamericanos y del caribe centraron sus miradas en la gran ausente, Cuba. Reivindicaron el levantamiento del embargo estadounidense y Obama prometió una “nueva dirección” en sus relaciones con la isla.

La reunión de la OEA se convertía en un verdadero test para las relaciones entre Obama y la Región. Estados Unidos entraba como el único país sin relaciones diplomáticas con Cuba. Horas antes de la apertura de la asamblea, el Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en su discurso de toma de posesión del gobierno, ante un público exultante, había declarado el inmediato reconocimiento al Gobierno de Cuba.

La Canciller estadounidense, Hillary Clinton, arribó a San Pedro Sula con la idea de que un levantamiento del castigo tenía como condición la reorientación política del gobierno cubano hacia formas democráticas y respeto a los derechos humanos. Una idea sin acogida, dado que los motivos dados para excluir a Cuba en Punta del Este fueron su definición ideológica y alineamiento político en el contexto de la Guerra Fría.

Al final, los discursos de los representantes de la Región eran de alegría y satisfacción y Estados Unidos, resignado, se había allanado a remover el obstáculo para iniciar un diálogo con Cuba en vista a su regreso a la OEA. Algo que resultará dependiendo del curso que adquiera el diálogo bilateral abierto entre los gobiernos de Obama y Castro.

“La política de Estados Unidos hacia Cuba ha fracasado”, afirmó la propia Canciller Clinton hace dos meses. Lo ha verificado en la OEA, un espacio en que solía a hacer prevalecer sus posiciones. Ahora, ha tenido el mérito de escuchar y enmendar, coherente con lo que expresara el Presidente Obama en Trinidad y Tobago, de “buscar un nuevo comienzo con Cuba”, distante de la beligerancia, arrogancia y desprecio de tiempos no muy lejanos.

Estados Unidos se ha encontrado con una América Latina y El Caribe unida en torno a reincorporar a Cuba que, a pesar de sus diferentes motivos para ello, comparte una idea de dignidad, autovaloración y de justicia, relegando la actitud pusilánime, oportunista o, simplemente, a subordinarse ante el poder, sea por temor o por dinero.

Lo vivido en San Pedro Sula muestra a una América Latina y El Caribe más sensible a forjarse una identidad en el mundo, con capacidad de arribar a acuerdos respetándose sus diversidades ideológicas y que, tomando en serio su independencia e igualdad en el trato con Estados Unidos, puede, con firmeza, flexibilidad y transparencia, obtener nuevos logros en el contexto regional y global y más, reconocimiento de sus ciudadanos.

VÍCTOR JARA, EN LA HAYA Y SANTIAGO

Mientras Víctor Jara, junto a la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky, ensimismaba con su música a chilenos y flamencos y ante la presencia de la Presidenta de Chile y la Reina de Holanda en el Teatro Diligentia de La Haya, el mismo Jara reaparecía en Chile y en el mundo, luego que un juez revelara el nombre de uno de sus asesinos en el Palacio de Justicia de Santiago.

Ese mismo día, la Presidenta Bachelet ingresaba a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo hacía con la dignidad de quien ha cumplido una promesa al lograr el consentimiento del estado chileno de ratificar las competencias de dicho Tribunal. Chile fue uno de los 10 primeros en firmar a favor de su fundación, en 1998, y será el 109, el último entre los sudamericanos, en ratificarlo, en 2009.

La CPI, como dice su Fiscal Jefe, el abogado argentino, Luis Moreno Ocampo, fue creada “para que las grandes lagunas de impunidad que hay en el mundo dejen de existir, que los perpetradores de las masacres y violaciones en masa que se llevan a cabo hoy día se castiguen y que los castigos sirvan como ejemplo para que no vuelvan a ocurrir más”.

Chile fue uno de esos lugares, cuando durante 17 años se suspendió el recurso de habeas corpus, dejando a sus ciudadanos en la indefensión, lo que permitió que las instituciones armadas y los servicios de seguridad fueran instrumentos de comisión de delitos de genocidio y de lesa humanidad, como el perpetrado por mandos del Ejército contra el director de teatro y catautor Víctor Jara.

Chile se une a 108 países que reconocen la jurisdicción de la CPI y se desmarca de Estados Unidos, Rusia y China, que rechazan su incorporación ante la eventualidad de ser investigados por delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, cometidos por sus tropas en Irak, Afganistán y Guantánamo, el primero; en Chechenia, el segundo y en el Tibet, el tercero. Además, la opinión pública mundial tiene la convicción de que los tres han practicado violaciones a los derechos humanos fuera o dentro de sus territorios.

Siete años ha demorado Chile en dar el paso hacia la justicia del siglo XXI, a favor de ciudadanos indefensos o perseguidos por los estados, suyos o extraños. Una justicia que le cierra el paso a la impunidad, cuyos “comisarios del olvido” con frecuencia suben el tono para intentar seducir con su máxima: “no miren el pasado, hay que mirar el futuro”.

Los muertos no son el pasado sobre los cuales se pasa página. Los padres o las madres, los hijos o las hijas, los seres queridos muertos, para los suyos, adquieren presencia de mil formas y en cualquier momento. Víctor Jara es como uno de esos, querido no sólo por su pueblo, sino por una humanidad que se conmueve con su música, de poesía y canto, como sucedió en aquella jornada en la ciudad de la paz, La Haya, a la que se hizo acompañar por la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky.

OBAMA RESBALA

El Presidente Obama resbala. Cae en el lodazal que dejó su antecesor a sus pies. Le ha distraido la ansiedad por amnistiar la densa realidad heredada.

Un sentimiento propio de los gobiernos post-autoritarios urgidos por eliminar el pasado del presente y gobernar mirando el futuro. Como si el presente no fuera, en realidad, otra cosa que acumulación de pasado y éste, que se pretende soslayar, no condicionara el mañana.

Obama da marcha atrás: restituye las comisiones militares, que había votado en contra como senador en el 2006, y suprimido como Presidente en el 2009, para juzgar a los presos en Guantánamo y decide no publicar las fotos, como había prometido en marzo pasado, que muestran las torturas que agentes del estado infringieron a prisioneros.

El miedo infundido durante la “guerra contra el terrorismo” se asoma en ambas decisiones. La promesa de reconocer los derechos humanos queda pendiente, al menos para los 241 detenidos, (¡sólo tres están sometidos a juicio militar en base a testimonios de segunda mano!). ¿Por qué no se les acusa y procesa como a cualquier persona demandada en las cortes civiles de Estados Unidos?

La palabra del Presidente se desvanece ante la del Pentágono. Éste advierte que la publicación de las fotografías sería como “arrojar petróleo sobre los incendios de Irak y Afganistán”. ¿Por qué el transparentar hechos del “pasado” no se lee como un potente hito de reconocimiento y rectificación y de expresión de voluntad de construir un futuro de respeto de los derechos humanos en cualquier parte del mundo?

El legado de Bush está vivo, actúa. El resbalón de Obama así lo evidencia. Los presos de Guantánamo seguirán como “enemigos combatientes”, expresión que había suprimido no hace dos meses y las imágenes de “la guerra contra el terrorismo”, otro término eliminado por el discurso oficial, seguirán ahí, prisioneras, junto a las víctimas de las torturas.

El gobierno de Obama se asemeja a gobiernos democráticos de transición conocidos en América Latina. Su gestión se despliega en un campo resbaladizo en que la dureza del pasado se mezcla con la fragilidad del porvenir. ¿Cómo invertir la consistencia de uno y otro momento?

Lo primero es reconocer lo que se es en un momento determinado. El análisis del pensador francés Tzvetan Todorov sobre la “guerra contra el terrorismo” demuestra que “las democracias pueden adoptar actitudes totalitarias sin cambiar su estructura global”.

Bush, y continúan los parecidos con América Latina, invocó la “seguridad nacional” para suspender las libertades y garantías personales y reforzar su poder en desmedro del Congreso, lo que le permitió avalar, como legal, secuestros de personas sospechosas, trasladarlas por diferentes países en forma clandestina, mantenerlas detenidas en forma indifinida, sin cargos, en cárceles secretas o campos especiales y sometiéndolas a torturas físicas y síquicas.

El gobierno de Bush comprometió a las Fuerzas Armadas y la Cia en decisiones, instrucciones y actos que quebrantan derechos constitucionales, convenios y leyes internacionales sobre derechos humanos.

Una legislación paralela contaminó todo el sistema legal y los servicios de seguridad lograron una autonomía, sin ningún tipo de control democrático, concluyeron ocho juristas internacionales, entre otros, Mary Robinson, ex Alta Comisionada de la ONU, Arthur Chaskalson, Presidente del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Suprema de Argentina, después de tres años de investigar la “guerra contra el terrorismo” liderada por Estados Unidos.

Estados Unidos ingresa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la confianza de 167 gobiernos, una instancia boicoteada por el gobierno de Bush. Hace unos años, el Presidente Bill Clinton vinculó a Estados Unidos al Tribunal Penal Internacional a semanas de expirar su mandato, el Presidente George W Bush, lo desligó a meses de comenzarlo, ¿qué hará el Presidente Barack Obama?

LA SOMBRA DEL XIX

¿Por qué Chile tiene una gran dificultad para cerrar conflictos centenarios, como los limítrofes con Perú, de soberanía marítima con Bolivia o de territorios con el pueblo Mapuche? En los tres hubo intervención militar: guerra, ocupaciones, humillaciones, que han dejado secuelas de tal profundidad que siguen siendo capaces de desafiar tratados suscritos por ambas partes, como el caso de Perú. Con Argentina no hubo guerra y fueron resueltos por vías diplomáticas y políticas.

Otro estorbo ha sido el negacionismo de Chile frente a estos conflictos no superados. Éste pareció ceder, cuando el gobierno de Aylwin admitió que había algo pendiente con los indígenas. Legisló a su favor reconociendo sus tierras, una cultura y educación propia y su derecho de participación. También, cuando el gobierno de Bachelet acepta considerar la demanda marítima, uno de los 13 temas a negociar con Bolivia, y asume reconocer a los pueblos indígenas al ratificar el Convenio 169 de la OIT (Naciones Unidas) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Esta apertura, de encarar en vez de negar las diferencias, se cierra con la reforma constitucional destinada a adecuar las normas locales a lo establecido en el Convenio 169. Ésta desconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y no admite que el pueblo mapuche sea sujeto de derecho - ni político ni jurídico- difuminándolo en personas, organizaciones y comunidades. Tampoco acepta la propiedad de las tierras ancestrales indígena y restringe la propiedad y uso de las aguas.

Qué distinta es la conducta de Brasil. Su Corte Suprema Federal, por 10 votos contra 1, decidió a favor del gobierno de Lula el contencioso mantenido con los arroceros del estado de Roraima. La decisión judicial restituye 17 mil kilómetros cuadrados de territorio (algo inferior a la provincia de Cautín) para que 19.000 indígenas exploten sus tierras y obliga a políticos locales y productores de arroz a dejar el lugar, en virtud de derechos adquiridos de los indígenas que ocupaban dicho territorio antes de la llegada de los europeos, reconocidos en forma expresa por la Constitución de Brasil.

El estado chileno retrocede al siglo XVIII, cuando los padres de los independentistas adoptaron la máxima “se acata y no se cumple”. Con ello reconocían el mandato del Rey, pero incumplían de hecho sus normas. Lo mismo sucede ahora: se reconoce el tratado vinculante de Naciones Unidas, pero se le resta todo impacto en la práctica.

El Convenio 169 dice: “los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos” y afirma “el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales” y exige a los suscritos “respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.

Chile consiente estos principios, pero vuelve el negacionismo. No acepta la diversidad, tener un “nuevo trato”, de igualdad, con los pueblos indígenas; considerarlos pueblos diferentes, con su autonomía. Lo demuestra el Ministro Viera-Gallo: “en ningún caso el colectivo (pueblo indígena) puede ser considerado como un sujeto o ente autónomo capaz, entre el individuo y el Estado, al cual se le atribuyan potestades públicas o quede sometido a un ordenamiento jurídico distinto al que rige en el Estado”.

Los fantasmas se disparan, invadidos por temores sienten el acecho de una amenaza, de un potencial enemigo dentro de casa, como ese “despojado por las armas” de sus tierras en el siglo XIX. Con esa mentalidad decimonónica difícilmente se podrá cohabitar en “amistad cívica” en una época de globalización que se distingue por esa “complejidad de lo real” como es convivir con lo diverso – en la interculturalidad- entre pueblos diferentes sea en contextos estatales o supraestatales.