VÍCTOR JARA, EN LA HAYA Y SANTIAGO

Mientras Víctor Jara, junto a la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky, ensimismaba con su música a chilenos y flamencos y ante la presencia de la Presidenta de Chile y la Reina de Holanda en el Teatro Diligentia de La Haya, el mismo Jara reaparecía en Chile y en el mundo, luego que un juez revelara el nombre de uno de sus asesinos en el Palacio de Justicia de Santiago.

Ese mismo día, la Presidenta Bachelet ingresaba a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo hacía con la dignidad de quien ha cumplido una promesa al lograr el consentimiento del estado chileno de ratificar las competencias de dicho Tribunal. Chile fue uno de los 10 primeros en firmar a favor de su fundación, en 1998, y será el 109, el último entre los sudamericanos, en ratificarlo, en 2009.

La CPI, como dice su Fiscal Jefe, el abogado argentino, Luis Moreno Ocampo, fue creada “para que las grandes lagunas de impunidad que hay en el mundo dejen de existir, que los perpetradores de las masacres y violaciones en masa que se llevan a cabo hoy día se castiguen y que los castigos sirvan como ejemplo para que no vuelvan a ocurrir más”.

Chile fue uno de esos lugares, cuando durante 17 años se suspendió el recurso de habeas corpus, dejando a sus ciudadanos en la indefensión, lo que permitió que las instituciones armadas y los servicios de seguridad fueran instrumentos de comisión de delitos de genocidio y de lesa humanidad, como el perpetrado por mandos del Ejército contra el director de teatro y catautor Víctor Jara.

Chile se une a 108 países que reconocen la jurisdicción de la CPI y se desmarca de Estados Unidos, Rusia y China, que rechazan su incorporación ante la eventualidad de ser investigados por delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, cometidos por sus tropas en Irak, Afganistán y Guantánamo, el primero; en Chechenia, el segundo y en el Tibet, el tercero. Además, la opinión pública mundial tiene la convicción de que los tres han practicado violaciones a los derechos humanos fuera o dentro de sus territorios.

Siete años ha demorado Chile en dar el paso hacia la justicia del siglo XXI, a favor de ciudadanos indefensos o perseguidos por los estados, suyos o extraños. Una justicia que le cierra el paso a la impunidad, cuyos “comisarios del olvido” con frecuencia suben el tono para intentar seducir con su máxima: “no miren el pasado, hay que mirar el futuro”.

Los muertos no son el pasado sobre los cuales se pasa página. Los padres o las madres, los hijos o las hijas, los seres queridos muertos, para los suyos, adquieren presencia de mil formas y en cualquier momento. Víctor Jara es como uno de esos, querido no sólo por su pueblo, sino por una humanidad que se conmueve con su música, de poesía y canto, como sucedió en aquella jornada en la ciudad de la paz, La Haya, a la que se hizo acompañar por la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky.

OBAMA RESBALA

El Presidente Obama resbala. Cae en el lodazal que dejó su antecesor a sus pies. Le ha distraido la ansiedad por amnistiar la densa realidad heredada.

Un sentimiento propio de los gobiernos post-autoritarios urgidos por eliminar el pasado del presente y gobernar mirando el futuro. Como si el presente no fuera, en realidad, otra cosa que acumulación de pasado y éste, que se pretende soslayar, no condicionara el mañana.

Obama da marcha atrás: restituye las comisiones militares, que había votado en contra como senador en el 2006, y suprimido como Presidente en el 2009, para juzgar a los presos en Guantánamo y decide no publicar las fotos, como había prometido en marzo pasado, que muestran las torturas que agentes del estado infringieron a prisioneros.

El miedo infundido durante la “guerra contra el terrorismo” se asoma en ambas decisiones. La promesa de reconocer los derechos humanos queda pendiente, al menos para los 241 detenidos, (¡sólo tres están sometidos a juicio militar en base a testimonios de segunda mano!). ¿Por qué no se les acusa y procesa como a cualquier persona demandada en las cortes civiles de Estados Unidos?

La palabra del Presidente se desvanece ante la del Pentágono. Éste advierte que la publicación de las fotografías sería como “arrojar petróleo sobre los incendios de Irak y Afganistán”. ¿Por qué el transparentar hechos del “pasado” no se lee como un potente hito de reconocimiento y rectificación y de expresión de voluntad de construir un futuro de respeto de los derechos humanos en cualquier parte del mundo?

El legado de Bush está vivo, actúa. El resbalón de Obama así lo evidencia. Los presos de Guantánamo seguirán como “enemigos combatientes”, expresión que había suprimido no hace dos meses y las imágenes de “la guerra contra el terrorismo”, otro término eliminado por el discurso oficial, seguirán ahí, prisioneras, junto a las víctimas de las torturas.

El gobierno de Obama se asemeja a gobiernos democráticos de transición conocidos en América Latina. Su gestión se despliega en un campo resbaladizo en que la dureza del pasado se mezcla con la fragilidad del porvenir. ¿Cómo invertir la consistencia de uno y otro momento?

Lo primero es reconocer lo que se es en un momento determinado. El análisis del pensador francés Tzvetan Todorov sobre la “guerra contra el terrorismo” demuestra que “las democracias pueden adoptar actitudes totalitarias sin cambiar su estructura global”.

Bush, y continúan los parecidos con América Latina, invocó la “seguridad nacional” para suspender las libertades y garantías personales y reforzar su poder en desmedro del Congreso, lo que le permitió avalar, como legal, secuestros de personas sospechosas, trasladarlas por diferentes países en forma clandestina, mantenerlas detenidas en forma indifinida, sin cargos, en cárceles secretas o campos especiales y sometiéndolas a torturas físicas y síquicas.

El gobierno de Bush comprometió a las Fuerzas Armadas y la Cia en decisiones, instrucciones y actos que quebrantan derechos constitucionales, convenios y leyes internacionales sobre derechos humanos.

Una legislación paralela contaminó todo el sistema legal y los servicios de seguridad lograron una autonomía, sin ningún tipo de control democrático, concluyeron ocho juristas internacionales, entre otros, Mary Robinson, ex Alta Comisionada de la ONU, Arthur Chaskalson, Presidente del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Suprema de Argentina, después de tres años de investigar la “guerra contra el terrorismo” liderada por Estados Unidos.

Estados Unidos ingresa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la confianza de 167 gobiernos, una instancia boicoteada por el gobierno de Bush. Hace unos años, el Presidente Bill Clinton vinculó a Estados Unidos al Tribunal Penal Internacional a semanas de expirar su mandato, el Presidente George W Bush, lo desligó a meses de comenzarlo, ¿qué hará el Presidente Barack Obama?

LA SOMBRA DEL XIX

¿Por qué Chile tiene una gran dificultad para cerrar conflictos centenarios, como los limítrofes con Perú, de soberanía marítima con Bolivia o de territorios con el pueblo Mapuche? En los tres hubo intervención militar: guerra, ocupaciones, humillaciones, que han dejado secuelas de tal profundidad que siguen siendo capaces de desafiar tratados suscritos por ambas partes, como el caso de Perú. Con Argentina no hubo guerra y fueron resueltos por vías diplomáticas y políticas.

Otro estorbo ha sido el negacionismo de Chile frente a estos conflictos no superados. Éste pareció ceder, cuando el gobierno de Aylwin admitió que había algo pendiente con los indígenas. Legisló a su favor reconociendo sus tierras, una cultura y educación propia y su derecho de participación. También, cuando el gobierno de Bachelet acepta considerar la demanda marítima, uno de los 13 temas a negociar con Bolivia, y asume reconocer a los pueblos indígenas al ratificar el Convenio 169 de la OIT (Naciones Unidas) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Esta apertura, de encarar en vez de negar las diferencias, se cierra con la reforma constitucional destinada a adecuar las normas locales a lo establecido en el Convenio 169. Ésta desconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y no admite que el pueblo mapuche sea sujeto de derecho - ni político ni jurídico- difuminándolo en personas, organizaciones y comunidades. Tampoco acepta la propiedad de las tierras ancestrales indígena y restringe la propiedad y uso de las aguas.

Qué distinta es la conducta de Brasil. Su Corte Suprema Federal, por 10 votos contra 1, decidió a favor del gobierno de Lula el contencioso mantenido con los arroceros del estado de Roraima. La decisión judicial restituye 17 mil kilómetros cuadrados de territorio (algo inferior a la provincia de Cautín) para que 19.000 indígenas exploten sus tierras y obliga a políticos locales y productores de arroz a dejar el lugar, en virtud de derechos adquiridos de los indígenas que ocupaban dicho territorio antes de la llegada de los europeos, reconocidos en forma expresa por la Constitución de Brasil.

El estado chileno retrocede al siglo XVIII, cuando los padres de los independentistas adoptaron la máxima “se acata y no se cumple”. Con ello reconocían el mandato del Rey, pero incumplían de hecho sus normas. Lo mismo sucede ahora: se reconoce el tratado vinculante de Naciones Unidas, pero se le resta todo impacto en la práctica.

El Convenio 169 dice: “los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos” y afirma “el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales” y exige a los suscritos “respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.

Chile consiente estos principios, pero vuelve el negacionismo. No acepta la diversidad, tener un “nuevo trato”, de igualdad, con los pueblos indígenas; considerarlos pueblos diferentes, con su autonomía. Lo demuestra el Ministro Viera-Gallo: “en ningún caso el colectivo (pueblo indígena) puede ser considerado como un sujeto o ente autónomo capaz, entre el individuo y el Estado, al cual se le atribuyan potestades públicas o quede sometido a un ordenamiento jurídico distinto al que rige en el Estado”.

Los fantasmas se disparan, invadidos por temores sienten el acecho de una amenaza, de un potencial enemigo dentro de casa, como ese “despojado por las armas” de sus tierras en el siglo XIX. Con esa mentalidad decimonónica difícilmente se podrá cohabitar en “amistad cívica” en una época de globalización que se distingue por esa “complejidad de lo real” como es convivir con lo diverso – en la interculturalidad- entre pueblos diferentes sea en contextos estatales o supraestatales.

CUBA, regresa… ESTADOS UNIDOS, también

El Presidente de Cuba, Raúl Castro estrecha la mano del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama y el ex Presidente George Bush enfrente a una Comisión Verdad que investiga las atrocidades de la “guerra contra el terrorismo”. Dos momentos de ficción, pero sobre los que se ha comenzado a trabajar para llevarlos a la realidad.

Escenas con significados opuestos. El saludo, la invitación al diálogo, la posibilidad de acuerdo; y la obligación a declarar, la acusación, la posibilidad de condena política. Las expectativas se disparan por una transición o flexibilización política del régimen cubano de un lado, y por reestablecer el ideario de libertad y de derechos humanos en Estados Unidos, de otro.

El retiro de Fidel Castro, los anuncios de Raúl Castro de emprender “reformas estructurales” y convocar al VI Congreso del Partido Comunista, a lo que se suma la promesa del Presidente Obama de explorar un diálogo político, colocan a la isla en el centro de la brisa que sopla en América Latina y Estados Unidos a favor de un entendimiento multilateral.

En dos cumbres presidenciales (diciembre, 2008), caribeños y sudamericanos apoyan el fin del embargo estadounidense contra Cuba de hace 50 años (octubre de 1960). América Latina se cohesiona por el regreso de Cuba a la OEA y se propone convencer al gobierno de Obama a seguir ese camino, enfilando las relaciones interamericanas hacia una política de siglo XXI, de apertura, intercambio y pluralidad.

La Habana, un lugar de peregrinación. Doce presidentes latinoamericanos la visitan en menos de tres meses, con la expectativa de hablar con Fidel Castro. Un líder retirado, pero que suscita paradojas y un obsesivo interés mediático, a diferencia de aquel otro Presidente retirado, George W Bush, deslucido y acusado de quebrantar el sagrado ideario de la Constitución Americana.

La credibilidad y orgullo estadounidense están tocados. En Estados Unidos se hurga en los meandros de una trama totalitaria. El Washington Post saca a la luz “el aterrador pensamiento pos 11-S del equipo legal de Bush”: “imagínense un lugar donde los soldados pueden derribar puertas sin órdenes de registro y donde los ciudadanos pueden ser encerrados indefinidamente sin juicio. Imagínense que el líder de ese lugar tiene el poder de silenciar a los disidentes y a la prensa. Imagínense aún más: que ese hombre puede de forma unilateral romper cualquier tratado que no le guste…”

Este pensamiento que se tradujo en la Ley Patriot que restringió los derechos individuales de los ciudadanos y redujo las facultades del Congreso y los Tribunales de Justicia, dotando de amplia discrecionalidad al Presidente para embestir en Estados Unidos y el mundo contra el “enemigo combatiente” en la “guerra contra el terrorismo”.

Todo un estímulo para que los demonios se desaten sin límites en prácticas degradantes, similares a las acontecidas en el conosur latinoamericano, justificadas con los mismos conceptos de seguridad nacional. Estados Unidos vive su propia transición: "debemos saber lo que se ha hecho en nuestro nombre para poder restaurar nuestro liderazgo moral", dice el presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy.

Las voces surten. Una Comisión Verdad independiente se postula para saber de las salvajadas esparcidas por cuatro continentes. Frederick Schwarz, miembro de la Comisión Church (1975) que escrutó a la CIA, con su experiencia, dice: “creo que existen muchas cosas que sucedieron en los últimos ocho años de las que no tenemos ni idea". A la tentación de “dar vuelta la hoja”, el senador Leahy reacciona: "no se puede pasar página sin haberla leído antes" y el 60% de los estadounidenses asiente.

Cuba viene de regreso y Estados Unidos también. La isla se abre a dialogar en los foros latinoamericanos y la gran potencia se abre a conversar con los países del mundo. América Latina, más acogedora que a fines del siglo XX, y Estados Unidos, resuelto a depurarse de tanta vileza contraida en el siglo XXI, pueden sepultar el último vestigio de la “guerra fría” en la Región: el embargo, y comenzar a convivir con algo propio de la era de la glocalización: el diálogo multilateral basado en el respeto a la diversidad.

A LA PUERTA DEL JUEZ

Un día de éstos, el juez Alejandro Madrid abrirá la puerta de su despacho y comunicará su convicción de que el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva fue asesinado. Lo más probable es que se expanda un aire de consternación y segundos de silencio sean seguidos de descargas de condenas. Los deseos de aclarar y juzgar predominarán a los de sustraerse y pasar página, pero, ¿y después…?

El crimen contra Frei Montalva es otro de tantos cometidos en Chile y en el extranjero que compromete a militares y civiles de la trama de servicios de seguridad del Estado, pero, además es una oportunidad para actualizar la calidad de un régimen que todavía unos lo representan encabezado por un dictador y otros por un Presidente.

Probablemente, partidarios y detractores de dicho régimen prefieran no revisar nada y repetir “dejemos atrás el pasado y miremos el futuro”, como si de tanto machacarlo produjera la superación del conflicto. Basta ver la crispación producida con la reciente elección del Presidente del Senado en un hombre de confianza del dictador/Presidente.

Desde el comienzo de la transición democrática, en 1990, los Tribunales de Justicia vienen hurgando en los órganos vitales del régimen: de qué se nutrían, cómo circulaba su sangre y cómo coordinaban sus movimientos para lograr sus objetivos de seguridad, un concepto que, junto al del libremercado, configuró la ideología fundamental del régimen para “hacer de Chile una gran nación”, decían.

Los resultados de la acción de los jueces - no contestadas- , corroboran lo que personas e instituciones denunciaron como crímenes que violaban en forma sistemática los principios de la Declaración de Derechos Humanos. Lo nuevo, en estos años, es que los Tribunales chilenos - validados por todos- sean los que establecen el padrón de los orígenes, métodos y fines en los delitos cometidos por militares y civiles entre 1973 y 1990.

¿Qué hubiera ocurrido de “haber puesto una lápida definitiva sobre el pasado” (crímenes y violaciones de derechos humanos) durante el primer gobierno de la Concertación, como continua sosteniendo uno de los fundadores de la coalición? Probablemente, nadie hubiera reparado en el rastro extraviado, durante 20 años, en el hospital de la Universidad Católica: la ficha caratulada como N.N. y que resultó ser del ex Presidente Frei Montalva, lo que derivó en la apertura de las investigaciones judiciales.

La lápida sugerida habría sellado el engaño de hacer creer que la muerte de Frei Montalva no fue por envenenamiento, sino por complicaciones posoperatorias. Habría sido como someter a una sociedad, aún sedada por el miedo, a un shock, exponiéndola a secuelas irreversibles: confundirla al no saber identificar las razones de sus temores, angustias y horrores vividos durante 17 años, ni si sus dolores eran consecuencia de excesos focalizados de grupos vinculados al poder o de una planificación consciente, sustentada por el propio régimen de dictadura.

No hay otra cura de la sociedad como la que produce la justicia, dice el poeta argentino Juan Gelman que, como Carmen Frei y sus hijos y tantas otras madres e hijas en Chile, buscó la verdad de su nieta desaparecida, de 7 meses, hasta encontrarla después de 24 años. Esa, la justicia que procura el juez Alejandro Madrid es el tratamiento, la que hace posible que, antes de abrir la puerta de su despacho, haya facilitado que el candidato presidencial de la derecha chilena haya reconocido a la luz del día: “Tengo la convicción íntima de que Eduardo Frei Montalva murió en circunstancias muy extrañas y anómalas…”. Hace dos años esa evidencia, al menos, no la admitía en público.

¿EMPATE? NO, UN SAQUEO

¿Por qué TVN le da un portazo a Salvador Allende, cuando hace seis meses lo mostraba como “el más grande de la historia de Chile”? Las 1973 revoluciones por minutos no pasarán… por sus pantallas. El director del filme, Fernando Valenzuela dice que la explicación dada fue que si se accedía a mostrarse su película, después podría llegar una otra sobre Pinochet.

En la argumentación asoma la figura del cínico que simula ecuanimidad, equilibrio, en este caso, entre dos personas de conductas públicas que representaron valores muy lejos de ser equivalentes, como es la que subyace a la explicación de la negativa de TVN.

No obstante, la razón esgrimida no es casual ni aislada. Por muchos años se difundió que Chile vivió entre 1970 y 1973 una “dictadura marxista”, sin libertades o que, si no la había, el gobierno de Allende se proponía implantar un régimen comunista. De ahí se explica el golpe de estado que instaura el llamado régimen militar y que más tarde se reconoció como “la dictadura de Pinochet”.

Una dictadura (o cuasi dictadura) frente a otra dictadura es el esquema de pensamiento contenido en la decisión de negarse a la petición de Valenzuela, como si los ya casi 29 años de libertad no fuera tiempo suficiente para que la dirección del canal no distinga ni valore los talantes de Allende y Pinochet (y sus gobiernos) de acuerdo a sus conductas y responsabilidades en los hechos.

Ya en el mismo 11 de septiembre se producen dos hechos que hablan de sus atributos: Allende, que cumple su promesa de defender la democracia en La Moneda y que sólo lo sacarían de allí muerto y Pinochet, que rompe su juramento de soldado de defender la Constitución al encabezar una insurrección armada destruyendo La Moneda, cerrando el Parlamento y neutralizando la acción de los Tribunales al proscribir el Habeas Corpus.

Nada puede igualarse a lo vivido entre 1973 y 1990 respecto a la historia de Chile del siglo XX. El uso del mando militar para cometer masacres contra prisioneros, como la llamada Caravana de la Muerte; la operación de una policía secreta comandada por oficiales de Ejército que secuestró a miles de chilenos y que, conducidos a lugares secretos, fueron torturados, muchos asesinados y desaparecidos y que actuó intercambiando prisioneros con servicios secretos extranjeros y atentando contra la vida de prominentes chilenos en Buenos Aires, Roma y Washington.

La propia Televisión Nacional entregó, el 2006, un retrato de esos tiempos, cuando sus pantallas presentaron las evidencias sobre el descenlace de la vida del ex Presidente Eduardo Frei Montalva que, aunque aún no se haya establecido “la verdad jurídica”, (tampoco se ha hecho sobre la mayoría de los desaparecidos) ya no hay dudas de que agentes del estado lo eliminaron, como tampoco las hay con los detenidos-desaparecidos.

El “no” a las 1973 revoluciones por minuto muestra la actitud del que prefiere la comodidad a encarar el asunto con criterios éticos, estéticos, históricos y de interés público. Opta por el empate entre Allende y Pinochet, un resultado muy distinto al “veredicto mediático” emitido por TVN el 18 de septiembre de 2008.

FREI Y RECABARREN

La Verdad tiene su Hora, tituló uno de sus libros Eduardo Frei Montalva en 1955. Un enunciado que se indentifica con el anuncio de la próxima aparición -o cierre- de la investigación que lleva el juez Alejandro Madrid y que llevará como rótulo: Proceso por Homicidio de Eduardo Frei Montalva.

Exhibidas las evidencias del crimen por envenenamiento contra el ex Presidente de la República a través del programa Informe Especial de TVN (2006), acotadas las pruebas de inoculación, por terceras personas, de sustancias químicas a su cuerpo enfermo, como lo acreditan informes técnicos ya en poder del juez, sólo falta establecer la identidad de los autores y de quienes indujeron u ordenaron su ejecución.

No obstante, se sabe que la operación de darle muerte fue obra de agentes del estado de la dictadura y que la investigación, como lo ha señalado el abogado de la familia: “está centrada en la Dirección de Inteligencia del Ejército”. El juez tiene una lista de nombres de sospechosos, entre otros, el que entregara personalmente el ex Mayor de Ejército, Carlos Herrera -autor del crimen de Tucapel Jiménez al mes siguiente de la muerte de Frei- a uno de los yernos del ex Presidente.

La hora de la verdad se aproxima. A días de la conmemoración de los 27 años del homicidio, el Presidente de la Corte Suprema le encomienda al juez Madrid dedicación exclusiva a esta causa. Éste, a su vez, dictamina secreto del sumario, luego de recibir pruebas que acreditan la acción de terceros. El virtual candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle insta a que oficiales o suboficiales del Ejército, hoy retirados, cuenten la verdad.

En este contexto, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta tiene el valor de admitir la eventualidad de que el juez pueda determinar que miembros del Ejército hayan intervenido en la muerte del Presidente Frei Montalva, lo que sería muy lamentable, junto con condenar un acto totalmente repudiable y actuar en consecuencia en el momento oportuno.

Este 22 de enero, alrededor de la imagen erguida de Frei Montalva, en la plaza de la Constitución, los asistentes seguirán exigiendo verdad y justicia en vez de ceder a los que instan a dar vuelta la página. El homicidio del fundador de la Democracia Cristiana y ex Presidente de Chile tuvo el mismo sentido que el de Orlando Letelier y Carlos Prats y el atentado a Bernardo Leighton: eliminar a potenciales líderes que pudieran encabezar alternativas políticas al régimen dictatorial.

Aún más, Eduardo Frei Montalva, envenenado en su lecho de enfermo, como Luis Emilio Recabarren González, detenido por agentes de la Dina y desaparecido, pertenecen a la misma familia de chilenos: los que murieron en manos de uniformados y civiles por sus ideas y su compromiso social y político.

LAS 12 EN LA MONEDA

Es inusual que 12 naciones acuerden en seis horas algo tan claro y rotundo como lo que expresa la Declaración de La Moneda: respaldo pleno y decidido al Presidente constitucional Evo Morales y rechazo enérgico al intento de golpe civil a través de una insurrección en marcha (sabotajes, ocupaciones y matanzas) promovida por los prefectos de cuatro departamentos del país.

La diplomacia no acostumbra a esta capacidad de resolución: un texto de compromiso nítido y en tan breve tiempo entre gobiernos con políticas e intereses internacionales muy diversos.

También es excepcional que las 12 naciones sudamericanas estén al mismo tiempo gobernadas por representantes elegidos por sus ciudadanos en elecciones válidas. A esto se agrega un entendimiento compartido: la pobreza y el desarrollo requiere de la cooperación regional, como por ejemplo en las áreas de la energía y de las infraestructuras.

La legitimidad democrática de los gobiernos es un rasgo inseparable a la relación crecimiento/justicia social, condición para que los pueblos logren igualdad de oportunidades, el principal desafío vigente de los países que suscribieron la Declaración.

Los bolivianos han soportado una gran inestabilidad política: 23 cambios de presidentes en los últimos 32 años y padecen niveles de pobreza preocupantes: son los 9º más pobres entre los países sudamericanos de acuerdo a su PIB.

El gobierno de Evo Morales acaba de obtener –el 10 de agosto- el respaldo del 67,1% de los bolivianos, mientras el bloque opositor logró el 32,59%. Sin embargo, no fue suficiente para superar la crisis política, luego que los prefectos que se le oponen en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando fueran reelectos.

Desde hace más de un año Morales pretende sacar adelante una Constitución que cambia el sistema político. Se propone redistribuir el poder configurando un estado con una base económica sólida y una vigorosa representación de las 35 comunidades indias. Proyecto anatematizado por el bloque de prefectos de territorios ricos en petróleo, gas y agroindustria y de mayoría blanca.

La Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), formada hace cuatro meses e inspirada por el Presidente Lula, expresa un compromiso a la idea democrática sustentada en gobiernos y parlamentos elegidos por los ciudadanos. Asume la idea de que estabilidad democrática y cooperación regional son vitales para el futuro de los pueblos sudamericanos en un contexto mundial de capitalismo global.

La Unasur integrada por gobiernos tan diversos como el de Uribe, en Colombia, fiel a las políticas del Presidente Bush y el de Chávez, en Venezuela, devoto de las políticas de Fidel Castro, comprometió su presencia activa en el diálogo entre el gobierno de Morales y los prefectos opositores.

La Declaración emitida por la Presidenta chilena comunicaba el compromiso de las 12 a ayudar a la democracia boliviana a librarse de la insurrección en movimiento y conseguir que unos y otros se sientan a conversar, enfilar unos procedimientos que flexibilicen las posiciones encontradas y luego propongan acuerdos y alternativas que se confirmen y diriman con la intervención de los ciudadanos a través de mecanismos democráticos.

El escenario donde paría tan desacostumbrado consenso era el Palacio de La Moneda, donde aún flotaba en el aire el 35 aniversario (11 de septiembre) de cuando el humo y las llamas salieron de su interior esparciendo por el mundo el hecho que la democracia chilena había sido destruida luego que una prolongada insurrección civil consiguiera imponerse con la intervención de las fuerzas armadas.

UN TRATO EQUIVOCADO

La Presidenta Bachelet se ha estrellado contra la ocurrencia de unos senadores de considerar los derechos humanos en la decisión política de nominar un ministro de la Corte Suprema. Sorprende que la Presidenta postulara a Alfredo Pfeiffer, un conocido juez que, por sus sentencias, es un valedor de la amnistía decretada, en 1978, para proteger a miembros de las fuerzas armadas, carabineros y civiles que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1973 y 1978.

Los acuerdos políticos tienen sus límites. Intentar soslayar la facultad deliberativa del senado para este tipo de decisiones y no cuidar la prudencia política al elegir a una persona de posiciones jurídicas extremas, como es negarse a hacer justicia ante crímenes contra la humanidad, terminan menoscabando la ascendiente de la Presidenta.

El desconcierto aumenta cuando está fresca la sentencia que demuestra la autoría de militares chilenos del asesinato a su ex comandante en jefe, general Carlos Prats, crimen cubierto por la amnistía. También extraña cuando, recientemente, numerosos países han confiado en Chile al escogerle para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Menos se entiende el traspié cuando la propia Presidenta prometió, hace un tiempo, eliminar los impedimentos para procesar y sentenciar a acusados por crímenes de lesa humanidad, en respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, contraria a la aplicación de la amnistía por ser incompatible a hacer justicia respecto a esos delitos.

Los partidos de derecha (UDI y RN) - con o sin el liderazgo de Sebastián Piñera- muestran su talante. Entusiastas abogados del juez Pfeiffer evidencian, una vez más, lo implicados que están con ese pasado de horror protegido por la amnistía.

Sus parlamentarios, en lo que va de este siglo, se han resistido a que Chile adhiera a los instrumentos que regulan la conducta de los estados del mundo en relación a los derechos humanos. Rechazan a ratificación de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas; la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Planea en su subconciencia ese deseo compulsivo de poner fin a que los tribunales de justicia continúen haciendo lo que eludieron durante 17 años. Es lo que la UDI y RN exteriorizan cuando plantean privarle al Instituto de Derechos Humanos facultades para seguir causas judiciales relacionadas con violaciones de los derechos humanos en Chile.

Haciendo un grueso raconto, la derecha - ahora en el parlamento- justificó las detenciones y ejecuciones administrativas; calificó la denuncia de la tortura y las desapariciones de personas como exageraciones e inventos de una campaña internacional; admitió “excesos” explicables por los odios creados entre 1964 y 1973; y, ahora, descubriéndose la verdad e identidad de los criminales, lamenta, sin nunca implicar al régimen dictatorial, a su líder ni a los mandos de las fuerzas armadas y de orden del periodo 1973-1990.

El episodio del sorprendente acuerdo de ascender al juez Pfeiffer a la Corte Suprema y el súbito rechazo al momento de la votación, enseña como el ejercicio de la libertad y deliberación abierta oxigena a una democracia debilitada por el asedio de los que urden intricados arreglos que allanan el camino a los que buscan imponer la estrategia del olvido.

EUROPA, A LA DERECHA SIN DERECHOS

Unos 400.000 inmigrantes latinoamericanos empadronados en España podrían ser deportados a sus países, luego que el gobierno socialista se sumara a la mayoría de gobiernos de derechas en Europa en criminalizar a los extranjeros sin papeles radicados en los 27 países de la Unión.

Ocho gobiernos sudamericanos condenaron prontamente la decisión europea, calificándola de discriminatoria y transgresora de derechos humanos. Sobresalen los gobiernos colombiano y mexicano, (de derechas) ocupados en captar apoyos en sus respectivas guerras contra la guerrilla y las mafias.

La posición del gobierno de Rodríguez Zapatero fue avalada por 16 votos (de 19) de socialistas españoles que, contraviniendo a su grupo en el Parlamento Europeo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron), aprobaron una propuesta defendida, entre otros, por la extrema derecha de los Le Pen, Fini, Bossi, Haider y los Kaczynski.

El atributo de “ilegal” a extranjeros sin papeles, una normativa que faculte a la autoridad administrativa para encerrarles y la ejecución de expulsiones sin derecho a retornar durante un número de años, son postulados que germinaron en los programas de los partidos de derecha xenófoba y que han sido asumidos por una derecha populista (Sarkozy, Berlusconi), otra conservadora (Merkel, Rajoy), y una izquierda social-liberal (Brown) a los que el socialismo de Rodríguez Zapatero es el último en arribar.

Personas que en rigor no han cometido delito son objeto de internamiento por orden administrativa, en lugares que no son cárceles, por entre 6 y 18 meses para finalmente ser expulsadas con prohibición expresa de retornar en un periodo de tiempo. Todo esto se parece mucho a figuras seudo-jurídicas aplicadas por dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano.

Entonces se invocaba la “seguridad nacional” ante la “insurrección del comunismo internacional”; ahora se apela a una “seguridad policial” ante el “caos”, “la delincuencia”, y también a las tradiciones y costumbres occidentales frente a la “contaminación cultural” proveniente del mundo árabe e islámico. Es pertinente esgrimir, en este caso, el argumento del escritor Carlos Fuentes cuando analiza la política de Bush contra los ciudadanos estadounidenses: “La democracia no puede so pretexto de ‘seguridad’, adoptar las reglas de una dictadura”.

De los 3 millones 124 mil 625 extranjeros no comunitarios, actualmente empadronados, por lo menos el 76% de éstos llegaron sin papeles. Posteriormente fueron favorecidos por los procesos de regularizaciones de los gobiernos de Felipe González, desde 1986, de José María Aznar y de Rodríguez Zapatero, hasta el 2005, mediante los cuales consiguieron permisos de residencia y de trabajo.

Ha sido esta forma, “clandestina” -como ahora subraya el gobierno- y no la llegada de inmigrantes con contrato de trabajo bajo el brazo, como los inmigrantes han beneficiado a España: “en los últimos seis años el 38% del crecimiento del PIB de España se debe a la inmigración. Los inmigrantes aportan ya el 7,4% de las cotizaciones a la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto”.

Toda una paradoja, cuando el mismo día que el Parlamento europeo votaba a favor del ideario xenófobo contra la inmigración, España le otorgaba el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales al pensador francés, de origen búlgaro, Tzvetan Todorov, protagonista de las batallas por una Europa abierta y diversa y que considera que “la identidad europea se basa en la renuncia a la violencia. La proximidad de los otros no sólo no es ya una amenaza, sino que se convierte en una fuente de beneficios”.

LAS DEPORTACIONES VUELVEN A EUROPA

A Europa se le ha metido el miedo en el cuerpo en los primeros años del siglo XXI, como le sucediera a Roma hace 2.390 años, cuando los senones se presentaron en Chiusi (Toscana) para ocupar tierras buenas. En el caso actual no son tierras, sino puestos de trabajo y no precisamente de los buenos, pero, como antaño, el temor europeo es a los “bárbaros”, es decir, los extranjeros tercermundistas, como se les estigmatiza.

El Parlamento Europeo ha aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la “directiva contra la inmigración ilegal” de los 27 países de la Unión Europea. A favor votaron los 40 nacionalistas de extrema derecha, 217 populares, 57 liberales y 34 socialistas (españoles y alemanes); la abstención y rechazo vino de los 37 de izquierda unida y 38 verdes, 149 socialistas, 49 populares y 27 liberales.

La directiva establece la facultad de los gobiernos a proceder a la detención administrativa de inmigrantes sin papeles (unos 8 millones) mientras tramita la expulsión a su país de origen en un periodo de 90 a 540 días en centros de detención que no son cárceles y la expulsión de menores de edad a su país o a un tercero que no sea el suyo.

“Los políticos prefieren tratarnos como a delincuentes. Es más fácil eso que integrar”, decía con la claridad del sabio Bachcu, un bengalí que lidera el “Movimiento de Sin Papeles” desde Roma, la misma desde donde los romanos aterrados, en el 390 a. de C, las emprendieron contra los “bárbaros” de entonces.

El raciocinio de Bachcu afloró en medio de la campaña electoral, abril pasado, en que la derecha de Berlusconi y el centro-izquierda de Veltroni hicieron de la seguridad un caballo de batalla y “cuando en un cartel electoral pone seguridad, quiere decir una cosa: los inmigrantes somos criminales”, aseguraba el líder inmigrante.

La resolución europea criminaliza a los inmigrantes estableciendo dos categorías de extranjeros: legales e ilegales. La figura del “inmigrante ilegal” sancionada en el primer consejo de ministro del gobierno italiano es asumida virtualmente por los 27 países. Toda una rotunda señal de lo que se avecina es el hecho de que la primera decisión europea vinculante sea un proyecto asociado a la represión, en vez de la acogida e integración, a los extranjeros no comunitarios.

La disposición de violar derechos humanos se instala en la legislación europea. 44 países de África y América Latina instaron a que no se aprobara la directiva, lo mismo hicieron 50 personalidades del mundo del arte y de la cultura, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Asociación Europea de Derechos Humanos. Además de dos prominentes personalidades europeas, Jacques Delors y Michel Rocard, que llamaron al Parlamento a no aprobar el proyecto represivo.

Los inmigrantes del siglo XXI no harán lo de los senones: destruir Roma como represalia a las humillaciones recibidas, pero tampoco se irán, como ellos lo hicieron, sino que se quedarán y podrán venir más, porque las migraciones de personas forman parte de las posibilidades y necesidades del Sur y el Norte del mundo, aunque los gobiernos europeos, temerosos, se propongan tramitar deportaciones masivas, parecidas a las vividas en el siglo XX.

HOJA DE RUTA: IRAK, AFGANISTÁN Y PALESTINA

El “dinero fácil” vertido de los grifos financieros, tras el 11-S, para evitar la desaceleración deriva en crisis económica mundial, como la “guerra fácil”, tras el 11-S, para cambiar el mapa político en el Golfo y el Medio Oriente termina en una “anemia política” mundial. En ambos casos, el gobierno de Bush no sólo ha dañado a los suyos, sino a economías regionales y locales y a la política mundial, disparando la inseguridad y el miedo. Mientras tanto, los gobernantes del resto del mundo observan y esperan.

“La estrategia en Irak está saliendo bien. Estoy seguro que estamos ganando la guerra”, notificó, ufano, el candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain al celebrar el quinto año de la invasión. Esta visión radiante del aspirante presidencial desaparece cinco días después: las muertes de soldados estadounidenses superan las 4.000 y las facciones chiítas escenifican la lucha por el poder en las ciudades del sur de Irak.

Enfrentados, el Ejército del gobierno de Al Maliki con el Ejército del Mahdi de Múqtada al Sáder, en la oposición. La aviación estadounidense se deja caer sobre Basora, ante la sorpresa por la resistencia encontrada”, como lo reconoce el Ministro de Defensa iraquí, Abdel Yasim.

“No hemos visto nada igual desde que las tropas extranjeras llegaron el 2003”, resume un habitante desde la ciudad petrolera de Basora, el pulmón económico del país, donde se genera el 80% de los ingresos de Irak.

Pero, a Estados Unidos no sólo le ha salido mal la estrategia en Irak, sino que otro tanto le sucede en Afganistán. Sus 20.000 soldados, junto a otros 30.000 del resto de países de la OTAN, no han podido doblegar a los talibanes. Más, pierden terreno luego que la rebelión se ha expandido por toda la mitad meridional del país.

La merma de las fuerzas occidentales en el país musulmán excede lo militar. Las 2.740 incursiones aéreas contra la guerrilla en el 2007 (20% más que el 2006), el doble de las realizadas en Irak el mismo año, ha determinado un incremento de muertes de civiles (más de 1.000 en el 2007, según Naciones Unidas).

Este hecho ha disparado el deterioro de la opinión pública sobre la presencia de la OTAN. Una encuesta, en seis provincias afectadas por la guerra, arrojó el resultado de que más de la mitad de los consultados considerara tan responsable de los daños y bajas civiles al ejército de la OTAN como a la guerrilla talibán.

A siete años de la intervención (2001), Estados Unidos insiste en la estrategia de “escalada militar”. Decide aumentar en 3.000 sus efectivos mientras los demás países dudan o se resisten. Nada les dice el impulso que da la organización guerrillera el 2005, cuando las tropas estadounidenses crecen de 8.000 a 20.000. Desde entonces son más eficaces, amplían su área de influencia y consiguen desacreditar a las tropas extranjeras.

Pero el gobierno de Bush continúa su inaudita cosecha en el Medio Oriente. Qué resultados traen la Conferencia de Annapolis en enero y la visita de Bush a los países árabes en febrero. Sólo logra vender armas, pero todos le dan la espalda en el intento de enfrentarlos a Irán en el Golfo y a Hamas en Palestina.

El Representante Especial en Medio Oriente, Tony Blair dice sindicas que ya no funciona la estrategia de USA y la UE de aislar a Hamas en Gaza. El Ministro francés, Jean Pierre Jouyet remata: “quizás nos equivocamos al boicotear los resultados democráticos que dieron la victoria a Hamas. Hay que cambiar la realidad, porque con la actual no vamos a ninguna parte”.

Lo mismo podría decirse de Afganistán e Irak, después de siete y cinco años de las invasiones, convertidos en territorios troceados, caricaturas de Estado.

DESPUÉS DE CINCO AÑOS

La guerra en Irak, concebida en el rancho de Crawford (Texas) para ganarla en cuatro días, con 1.500 objetivos evitándose vidas inocentes, cumplió su quinto año. El Presidente de Estados Unidos, desde el Pentágono, ha repetido las palabras dichas, desde la Casa Blanca en el 2003: “no aceptaremos más resultado que la victoria”. La sentencia evoca a ese Hitler que no admitía si no la victoria, cuando ya estaba atrapado en su bunker.

Algo parecido le sucede a Bush. Ciego, ante una guerra sectaria y la presencia de Al Qaeda, que arribó a Irak atraída por la administración estadounidense, no puede retirar a sus más de 150 mil efectivos, a pesar de que su enemigo, Sadam Husein y sus colaboradores o están muertos o a punto de ser ahorcados.

La condición de ser iraquí se evapora y adquiere consistencia ser chií o suní o kurdo o alinearse con el Consejo Islámico Supremo o con el Movimiento Sadrista si se es chií o en algunas de las varias facciones suníes. La guerra sectaria ha hecho su limpieza étnica dividiendo Bagdad en barrios y zonas homogéneas étnica y religiosamente creando una división infranqueable.

Así lo describe a El Mundo de Madrid el chófer Majid Kaem Yusef: “antes yo era taxista y recorría todo Bagdad, además de hacer la ruta entre Bagdad y Amán o Damasco. Ahora no puedo hacerla, porque al ser chií no puedo atravesar zonas suníes sin sufrir el riesgo de que me maten.

El 15% de los conductores que conozco han tenido problemas. Al menos 10 conocidos han sido secuestrados en los últimos tres años. Ahora los taxistas chiíes trabajamos en barrios chiíes y los suníes en los sectores suníes, nunca nos mezclamos…".

A los límites mentales de la población se suman las fronteras físicas en la ciudad para dificultar el movimiento de los combatientes terroristas. Esta apariencia de seguridad se sostiene con más efectivos: “donde hay más tropas hay menos violencia” afirman observadores. Pero, el gobierno sigue sin lograr unidad entre las fuerzas políticas repercutiendo en una administración policial y judicial desastrosa y caótica.

Tras el retiro de las tropas británicas en el sur, las milicias rivales chiís –la organización Báder y el ejército del Mahdi- toman posiciones para hacerse del control de Basora, centro principal de la actividad petrolera del país. Del desenlace de la competencia de estas fuerzas hostiles chiitas (que representan el 60% de la población) dependerá en gran medida el futuro de Irak.

La guerra emprendida por Estados Unidos ha llevado a la tumba a Sadam y el baazismo, pero su salvajada política y bélica ha desgarrado a Irak, un país que se desangra, lo que ha abierto una incertidumbre inquietante porque en medio está su propia existencia.

Otro indicio de la derrota es la promesa de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca cuando prometen retirar las tropas en forma paulatina hasta el 2012, pero sobre todo invocan ayuda: Clinton a los aliados de EEUU, Obama a la ONU, para intentar una salida política que por sí mismos ya no pueden lograr.

El aspirante republicano, el ex combatiente en Vietnam John MacCain ofrece más de lo mismo: “estamos ganando la guerra, pero nos queda mucho por hacer”, sin advertir que ya la perdieron y que, lo más probable es que la salida de las tropas, a diferencia de Vietnam, no será la de una estampida cinematográfica, sino de unos cabizbajos soldados, porque en 1975 hubo unos vietnamitas unidos, en cambio esta vez, el año que sea, habrán unos iraquíes troceados en etnias, religiones y sectas.

CUAL EJÉRCITO: ¿ÉSTE O ÁQUEL? O ¿ES LO MISMO?

El minirelato del general (R) Gonzalo Santelices es el de un protagonista secundario y testigo de primera línea del crimen contra 14 prisioneros que, atados y vendados, no tuvieron ninguna capacidad para defenderse. Esta es una escena, ocurrida en un descampado cerca de Antofagasta, de la secuencia de delitos cometidos por oficiales y suboficiales del Ejército en un recorrido por ciudades del norte y centro del país, en lo que se denominó la “Caravana de la Muerte”.

La narración del entonces subteniente veintiañero enseña el aire de excitación que animaba a los oficiales y sus órdenes que destrozaban los cuerpos hasta dejarlos sin asomo de aliento. La eliminación fue el método de la “limpieza político-ideológica” ordenada por los mandos superiores del Ejército y a la que muchos, como Santelices, no pudieron más que rendirse, obedeciendo sin más.

La “Caravana de la Muerte” es un retrato de época. Identifica a un proceso político ordenado por el verbo eliminar. Entonces, los que tenían la palabra, o el poder total, lo conjugaron de incontables formas por todos los rincones. “Eliminar al enemigo interno”, rezaba la ideología, colgada en la Constitución de 1980 hasta que el Comandante en Jefe del Ejército, el mismo que comisionó a uno de sus generales a emprender la caravana, abandonara el gobierno.

Las imágenes salpican al lector que sigue el breve relato del hasta hace unos días novena antigüedad del ejército. La eliminación (como exterminio, aniquilamiento o matanza) fraguada por hombres nerviosos, enardecidos o enceguecidos, sin permitir ni una milésima para detenerse, pensar, dudar. Entre la orden y la obediencia no cabía nada, sino cumplirla en la quietud de una madrugada cualquiera, de una cárcel dormida y de un desierto mudo. La ciudad y el páramo manso, roto por unos hombres delirantes.

Escenas en un espacio y tiempo lejos u ocultos de “los otros”, en la “soledad del silencio”. Sólo posibles de rehacer por los presentes. Uno de ellos ha enseñado un trazo 35 años después. Era el ejército de la época, el que a través de la cadena de mando, como precisa Santelices, ordenaba eliminar.

Ese reconocimiento está pendiente, porque el ejército, junto con tener oficiales que reprocharon la práctica de la eliminación, siendo castigados, desalojados de sus cargos y retirados de la institución, éste fue conducido por un Comandante en Jefe con el respaldo de generales y oficiales suficientes para prolongar el método de la eliminación en espacios abiertos, recintos militares, cárceles secretas y en ciudades como Buenos Aires, Roma y Washington.

El mando del Comandante en jefe, general Pinochet y de los generales y oficiales que le siguieron, empuñó las armas del Ejército contra numerosos chilenos, ordenando su uso en su contra: prisioneros, desarmados e indefensos. Como lo indica el que fuera jefe de la Guarnición del Ejército de Santiago: “lamentablemente, militares que dieron las órdenes no han asumido las consecuencias de la responsabilidad del mando. Hay gente enjuiciada que cumplió órdenes, pero quienes las dieron siguen en silencio”.

El juez Víctor Montiglio tiene la palabra, y sus colegas que continúan investigando crímenes contra la humanidad.

EL "CASO DE BARCELONA"

El Embajador chileno en España se retiró “preocupado” del juicio contra dos jóvenes chilenos que, junto a un argentino, están acusados de agredir a un policía municipal de Barcelona y como consecuencia de ello quedó disminuido de por vida. Osvaldo Puccio espera “recuperar la tranquilidad con el fallo”.

Menos diplomático, el Senador Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, volvió a Chile “con la sensación de que los tres son inocentes, porque la fiscal formula peguntas inconducentes a establecer pruebas que demuestren su responsabilidad. Yo espero que los jueces, ahí sentados, corrijan esta aberración jurídica en un país, como España, en que se cree que existe el imperio de la ley”.

El abogado Gonzalo Boye, defensor de Rodrigo Lanza, el que lanzó la piedra en la frente del guardia, según la policía, confesó que el tribunal que dictará el fallo es el mismo que le negó tramitar diligencias claves para investigar el caso y que ha demostrado evidente parcialidad.

Entre los rechazos del juez instructor sobresale el no dar lugar a la petición de la defensa de solicitar las declaraciones y la presencia del entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, que, el mismo día del suceso, informó que el guardia había recibido el impacto de una maceta arrojada desde lo alto de la casa de la fiesta en cuestión.

A esta versión se contrapone la elaborada con posterioridad por la Guardia Urbana, la que sostiene que su compañero cayó producto de una pedrada frontal salida de las manos de Lanza, único elemento en que la Fiscal basa su acusación. El presidente del Tribunal en el juicio manifiesto un desinterés por conocer sobre las posibilidades de que una maceta hubiera sido el objeto que impactó al policía. Objetó cada pregunta del abogado Boye que hacía referencia a la misma, diciendo que “no eso no interesaba al tribunal”.

Sin embargo, ante el mismo, cuatro de seis peritos, entre ellos médicos forenses y neurocirujanos y catedráticos de la especialidad descartaron la caída hacia atrás en posición rígida del policía, como resultado de una pedrada. Por el contrario, afirmaron que, según los informes, se deduce una caída hacia delante y, por lo tanto, el impacto del objeto (posibilidad de una maceta) el policía lo recibió en la parte posterior o en un lado de la cabeza.

A dos años del suceso, el 4 de febrero de 2006, la policía detuvo a tres sudamericanos y seis europeos, acusando a los primeros de agresión a un policía y a los demás de lanzar objetos peligrosos. Los chilenos y el argentino fueron torturados por la policía urbana y autonómica (el ministro del interior del gobierno catalán, el ecosocialista Joan Saura, instruyó la colocación de cámaras de vigilancia en todos los recintos de detención de los mossos d’esquadra (policía catalana) ante evidencias de que se tortura en sus cuarteles).

Tras el acontecimiento, la Guardia Urbana dio luz verde para que desaparecieran los objetos (piedras, trozos de macetas, restos de vidrios, latas, etc) arrojados en el lugar, y los servicios, contratados por el ayuntamiento, hicieran una profunda limpieza, lo que ha condicionado en forma importante la acción investigadora de la justicia.

La animadversión de la policía contra los jóvenes chilenos y argentino, sin antecedentes penales, se trasladó al juez instructor. Éste negó concederles la libertad provisional y desestimó en forma sistemática diligencias indagatorias presentadas por la defensa. Resultado, una acusación basada exclusivamente en el atestado elaborado por la Guardia Urbana y que los 18 policías repitieron de memoria ante el tribunal. Su presidente, a su vez, hizo valer sus facultades para contener indagaciones en el juicio disfuncionales a la acusación de la fiscal.

Tras todo ello, el Embajador Puccio, interesado en el caso, informa a la Cancillería, el Senador Naranjo se entrevista con sus autoridades y prevenirlas ante la posibilidad de consumarse “un acto de aberración jurídica” y, que si así fuera, dice, “no podemos quedarnos mirando como si nada pasara”.

UN 10 DE DICIEMBRE POR CINCO PAÍSES

Mientras el ex dictador peruano Alberto Fujimori, sentado ante el tribunal, ha comenzado a responder la acusación de transgredir los derechos humanos en su país, el Presidente argentino, Néstor Kirchner, de pié ante el Congreso, le entrega el gobierno de a la Presidente electa, Cristina Fernández. Es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Perú y Argentina lo simbolizan con esa afinidad de justicia y democracia, no siempre acogida por los que administran procesos de transición.

El Estado peruano ha logrado, con la colaboración del chileno, procesar a al ex dictador. Su Corte Suprema, 15 días antes, condenó a prisión a 10 ex ministros de Fujimori por participar en el autogolpe del 5 de abril de 1992. Una decisión que crea jurisprudencia de cara a políticos o militares dispuestos, en el futuro, a tramar golpes de estado, acto reconocido en la sentencia como marco político generador de violaciones de los derechos humanos, uno de los motivos por los cuales se juzga a Fujimori.

Así como Perú logra sobreponerse con justicia, Argentina lo hace con democracia. El Tribunal Supremo anuló las leyes de Punto final y Obediencia Debida y los actos de indultos a favor de los jefes militares que impedían procesar a personas por “delitos de lesa humanidad”, hechos, según el Tribunal, “contrarios a la Constitución y a toda la comunidad internacional” y, por lo tanto, “el estado tiene la obligación de esclarecerlos e identificar a sus culpables”.

El gobierno de Kirchner removió, con el apoyo del Congreso y la ratificación de la Corte los obstáculos para procesar a personas que infringieron, entre otras disposiciones, la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Argentina colaboró a dar forma a este instrumento jurídico vinculante de carácter universal al ser crímenes de lesa humanidad.

En 2007, El Tribunal Supremo de Uruguay reconoció el carácter permanente para los delitos de desaparición forzada y la sustracción de menores y, por lo tanto, la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad (o amnistía), promulgada en tres días por el gobierno de José María Sanguinetti, en 1986, ante la presión militar. El 4 de septiembre, demócratas uruguayos, incómodos con la amnistía a delitos de lesa humanidad, iniciaron una campaña ciudadana para que los uruguayos le abran cauce político a la justicia pronunciándose sobre la Ley de Caducidad en el 2009.

En Brasil, el gobierno de Lula condenó, en agosto pasado, por primera vez, las dictaduras militares (1964- 1985) al presentar el informe que concluye diciendo que los crímenes fueron por una “decisión consciente de los gobiernos de la época” y con “pleno conocimiento de las más altos jefes de las Fuerzas Armadas”, descartando que hayan sido obra de individuos sin control de sus superiores. La demanda por abrir los “archivos de los gobiernos militares” ha logrado revocar el plazo de 50 años decretado por el ex Presidente Cardoso. Sin embargo, la justicia continúa pendiente.

Chile, candidato a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene su deuda con el mundo al aún no ratificar 5 convenciones internacionales de derechos humanos, como la de Protección de Personas por Desapariciones Forzosas, Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).

Tampoco ha cumplido su promesa de superar la autoamnistía de 1978, que impide hacer justicia en delitos de lesa humanidad ni doblegar las resistencias a un Instituto de Derechos Humanos competente para seguir procesos por violaciones de los derechos humanos. Ello, en parte se explica por un sistema electoral que entrega un virtual “poder de veto” a la derecha y en el caso de la CPI, que Chile otrora patrocinó, se agrega el temor a recibir sanciones de Bush, especialmente en el negocio militar.

Perú y Argentina sobresalen en el paisaje de los derechos humanos en el Conosur. Uruguay no se conforma consigo mismo y se da ánimo para abrirle cauce político a la justicia. Brasil reaparece, con la condena oficial a los regímenes militares, pero sus crímenes de estado siguen impunes y Chile acumula su deuda con el mundo, en forma paradójica, por una de las obras de Pinochet, el sistema electoral vigente, más allá del primer año de su muerte.

LA MEMORIA PASEA POR LA CALLE

La memoria está activada en España. Desde el inicio de siglo asoman trozos de historias no contados. Se agiganta la opinión de que la elite política de la transición pasó de puntillas por la guerra y la dictadura: dejar “todo en silencio cerrado, bien cerrado”, así como el Caudillo, antes de su hora, quiso dejar “todo atado, bien atado”.

Hacer memoria inquieta a los que vencen con descargas brutales, sin límites, pero además aflige a sus herederos - políticos o sociológicos- e intranquiliza a quienes ahora, con poder, prefieren, si no el silencio, hablar bajo, poco y de vez en cuando.

En España comienzan a escarbarse fosas comunes donde yacen identidades fusiladas en la guerra civil, pero también en ese periodo difuso, difícil de datar su comienzo y final: la transición española, aquella representada por una imagen rebosante de cordialidad, serenidad, armonía y efectividad, que “muestra cada vez menos e impide cada vez más comprender los hechos históricos que supuestamente representa”.

La memoria viva se pone en movimiento: documenta y conmueve por la televisión, anima tertulias radiales, impregna reportajes, fotografías y comentarios en páginas a diario, testimonia y explica empinándose en el escenario del panel o conferencista. La memoria se despliega en el espacio cultural exponiéndose con todos los medios, tradicionales y modernos. La transición española, la idílica, es escrutada.

En Transición, exposición de los historiadores Ricard Vinyes, Manel Risques y del ensayista Antoni Marí, anuncia, de entrada, un relato de los ciudadanos que protagonizaron la transición y no el de las elites políticas que la monopolizaron; la de los que vieron morir a Franco en la cama y dieron muerte a la dictadura en la calle.

Un tiempo movido por huelgas ilegales que, reprimidas, erosionaron el franquismo desencadenando la politización democrática; por ocupaciones de universidades; por maestros y escuelas innovadoras que encararon el molde autoritario; por jóvenes y mujeres que resquebrajaron el cerco de la familia patriarcal, dando aire a la expresión de la sexualidad y la diferencia; por recitales y conciertos convertidos en manifestaciones que llenaron el espacio público, y por movimientos y campañas cívicas a favor de la amnistía, el fin de la pena de muerte y la diversidad territorial.

En medio de esta convulsión, el Consejo Nacional del Movimiento sesionó, a puertas cerradas del 17 al 21 de febrero de 1971. “¿Qué sucede en España?”, preguntan. “El proceso de envalentonamiento social es claro”, afirman y “dónde están nuestros pensadores políticos?, ¿por qué no salen?, ¿existen?”, cuestionan. “Algo huele mal, el régimen se debilita peligrosamente”, dicen. “En las condiciones actuales sólo con Franco el Movimiento sobrevive, pero sin él no sobrevivirá”, anticipan. “Hay que luchar contra todos los subversivos, retomar la iniciativa y recuperar la calle”, proponen.

Los protagonistas de la transición colocaron en jaque el régimen cuatro años antes de la muerte del Jefe. Los ciudadanos no abandonaron la calle hasta desatar todo lo que ataba a la libertad. Después, la elite política y mediática suministró sobredosis de silencio, y triunfalismo, cargando la mochila del país con demasiada injusticia no reconocida.

La ley de memoria histórica, recién aprobada, insinúa eso: dar consistencia a verdades en hechos no asumidos, restablecer equilibrios que la elite política negó. A esto, la derecha española llama el “fin del espíritu de la transición”, esto es, “olvidar la dictadura, rebajar el nivel de tiranía de aquel régimen, relativizando al máximo los efectos devastadores del franquismo que tuvo sobre la sociedad española”, como lo escribe La Memoria Insumisa de Nicolás Sartorius y Javier Alfada.

LA DERECHA MIRA A ESPAÑA Y...

La derecha chilena, liderada por el empresario Sebastián Piñera, cuando vuelve su mirada hacia España se reconoce en el Partido Popular (PP), actualmente tutelado por el aznarismo, término acuñado por el fallecido escritor Manuel Vázquez Montalbán en referencia a su líder, el ex Presidente del Gobierno, José María Aznar.

El PP, presidido por Aznar, desarrolló a partir de 1993 la estrategia del “desalojo” de los socialistas del gobierno. Logró su objetivo en tres años con una oposición áspera que no dio respiro al gobierno de Felipe González -más de una década en el poder- depreciado por su letargo ante las evidencias de corrupción, a lo que sumó actos ilegales en la lucha contra ETA.

La derecha retornó, unida en un solo partido, con franquistas vehementes y enfriados y descendientes con lenguaje liberal-democrático, pero de talante autoritario, estilo que simbolizó el chillido que Aznar arrojara al Presidente del Gobierno desde el estrado en el parlamento: “¡Váyase señor González!”.

La estrategia del “desalojo” intenta implementarla parte de la derecha chilena para desplazar a la Concertación, coalición que -más de década y media en el gobierno- evidencia fatiga y falta de cohesión, sin reflejos para evitar conductas de corrupción y carente de entusiasmo hacia su actual liderazgo femenino.

La derecha chilena se mira en una derecha que impugna la sentencia del tribunal español que condena a 17 yihadistas por su participación en el atentado terrorista de la mañana del 11 de marzo de 2004, que dejó 191 muertos y 1.857 heridos que viajaban en cuatro trenes hacia Madrid, tres días antes de las elecciones generales.

Entonces, el gobierno de Aznar, de cara a las elecciones del 14 de marzo, optó por acusar a ETA como autora del atentado, a pesar de que la policía, la tarde del mismo día del suceso, la había descartado y seguía la pista de los yihadistas. La incoherencia entre el discurso oficial y la acción policial fue advertida y, favorito en las encuestas, perdió las elecciones.

El partido de la derecha española no admitió la derrota dada por los ciudadanos que acudieron en masa a votar. La muestra de ello es que durante estos tres años, apoyado por el diario El Mundo y la radio COPE (de la Iglesia Católica), “contra toda evidencia”, insiste en la presencia de ETA en el atentado, desafiando el proceso de tres años y la sentencia judicial de la semana pasada.

El PP tuvo la misma actitud, durante tres años, al insistir, “contra toda evidencia”, en la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, para justificar la decisión de participar en su invasión. Hoy guardan silencio sobre aquello, lo que probablemente harán en un tiempo más respecto a sus tesis sobre el atentado del 11-M.

Lo mismo sucede con la ley de memoria histórica. El PP la impugna diciendo que produce “división entre los españoles”, pero tras esta afirmación cobija el deseo de pasar página, por la complicidad con el franquismo que muestra al rechazar la condena de ese “proyecto genocida con miles y miles de fusilados después de la guerra no como víctimas de una venganza, sino de un monstruoso proyecto de depuración de la sociedad española a través del exterminio”, según señalara, hace unos días, el historiador Josep Fontana en el Coloquio Internacional Memorial Democrático-Políticas Públicas de la Memoria.

Este es el talante de la derecha española de los últimos 14 años con la que comulga la derecha chilena.

PREMIO Y CASTIGO

El juez Carlos Cerda ha recibido - en 2007 - un premio internacional por su afán de hacer justicia ante las violaciones de derechos humanos en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mismo juez recibió - en 2006 - un castigo de los partidos de la derecha al rechazar sus parlamentarios su ascenso a la Corte Suprema por “malas calificaciones” recibidas tras resistir, en 1986, la orden de amnistiar a militares y miembros del Comando Conjunto que había procesado. En total 40 uniformados, 33 en servicio activo.

La coincidencia temporal y de motivos para otorgar un premio e infringir un castigo al juez Cerda, y que la honra venga de una institución internacional vinculada a la justicia y la repulsa provenga de los partidos vinculados a la dictadura, hace revivir esa relación antagónica, entre los que se hacían cargo de los derechos humanos y los que eran complacientes o sumisos ante sus violaciones contra los que eran calificados de “subversivos”, “comunistas”, “antipatriotas”, o a esos que “algo habrán hecho”.

La derecha ¿se distancia de Pinochet?, ¿lo abandona? Tras la detención en Londres, ésta lucha en forma vehemente por su retorno a Chile. De vuelta, rechaza que sea juzgado, aunque, tocado su liderazgo, comienza a incomodarle: desaparece de su discurso y escabulle la pregunta o la alusión a su “presencia”. Cuando desde Washington se le acusa de enriquecimiento ilícito instintivamente huye. Su territorio político se cubre de silencio, uno que otro susurra… decepción.

La tumba política del dictador parece sellada. Sin embargo, tras su muerte biológica, filtra su hedor. Lo irradia pegado a los cuerpos de su esposa, sus hijas e hijos y oficiales de Ejército retirados que desfilan hacia lugares de reclusión. La derecha arremete contra el juez. En el hemiciclo, sus parlamentarios, sin vergüenza, arrancan de la celebración que suscita este paso hacia una justicia que no acaban de asimilar.

La derecha se esfuerza por “pasar piola”, pero el maquillaje se le corre cada vez que re-aparece este espectro de larga vida llamado Pinochet. Lo tiene muy prendido en su entraña. Por más que jueces vayan levantando velos extendidos durante 33 años (1973-2006), revelando la trama de su régimen y enseñando los detalles de su crueldad y astucia, la derecha en vez de seguir el derrotero de la justicia, opta por el de la impunidad, recubriéndola de una retórica de consenso, estabilidad, progreso y futuro.

No hay mañana sin ayer, lucía seductor el lema del 30 aniversario del golpe de las Fuerzas Armadas y de Orden que arrasó con la democracia republicana de la Constitución de 1925. Una frase sugerente y útil para releer la experiencia de los 17 años de dictadura, con sus anexos (de los 16 siguientes).

“Por qué apoyaron lo que apoyaron; por qué no hablaron; por qué no miraron y cómo se las arreglaron para no saber”, pregunta la Presidenta Bachelet el pasado 5 de octubre. Si en vez de huir, aceptaran revisar su ayer con los hechos que comenzaron a develarse en Lonquén (1979), y que jueces, como Cánovas, Bañados, Benquis, Cerda, Muñoz, Juica, Solís, Montiglio, Madrid, entre otros, continuaron y continúan destapando, podrían liberarse del espectro y lucir sin maquillaje. Una contribución al mañana.

MIRADAS

Chile, primavera de 2007. Empresarios advierten que “el estado de derecho está siendo quebrantado” por trabajadores en conflicto; añaden que “el gobierno no está ejerciendo su autoridad” y a, renglón seguido, dicen que “la Presidenta es incapaz de tomar decisiones”, concluyendo que hay “un vacío de poder”. Un plagio del relato de sus antecesores de la SNA y de la SOFOFA, cuando maniobraron y financiaron la preparación del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La descripción se complementa con el reclamo a coro de la derecha: más “mano dura” e incluso uno de ellos sueña con “toque de queda en algunas poblaciones”. El broche lo pone el aspirante presidencial Sebastián Piñera: “hace falta más liderazgo presidencial para recuperar el rumbo y el ritmo que nuestro país está perdiendo”.