QUÉ HUELE BAJO LA ALFOMBRA

La acción directa de los estudiantes conmovió a la sociedad el año pasado, como la palabra directa de un monseñor la ha impresionado recientemente. Un movimiento y un discurso traslucen la desigualdad como fuente de malestar social y cultural. Un descontento corre, con más o menos intensidad, por el interior de las personas, de las familias, de los barrios, de las ciudades, de las regiones, de la sociedad chilena.


Un llamado de atención a la desigualdad social y económica, pero también en el acceso y en el trato, lo que afecta la dignidad del ciudadano y de la persona. Un malestar provocado por formas de organización y relaciones sociales impulsadas por ideas, valores y prácticas de la elite en el poder y no por motivos naturales.

Estas condiciones se dan sin fronteras, distinguen a esta época. Lo recordaba un prominente dirigente internacional: “desde hace 25 años que los desequilibrios entre Estado, mercado y sociedad se han roto a favor del mercado”. En Chile se ha perfilado un Estado acotado, a la defensiva; una sociedad civil insignificante y un mercado libre y estimulado, donde grupos empresariales nacionales y transnacionales campean.

“Crecimiento con equidad” se prometió en los 90. Dos términos que definitivamente parecen no amigarse en un modelo de producción de desequilibrios resistentes, como el adoptado desde hace 32 años en Chile y aplicado con diferentes enfoques e intenciones. Las diferencias sociales son escandalosas, dijeron los obispos en el 2005 y los partidos, de la Alianza y la Concertación, ese mismo año, prometieron programas para reducirlas.

Un año y medio después, el tema de la desigualdad había perdido notoriedad. La elite política, mediática y empresarial ni la verbalizaba ni la visualizaba. Otra vez, desde la iglesia católica asomó la cuestión: un sueldo ético debiera ser de 250 mil pesos mensuales, soltó la voz del obispo. Asombro, desaprobación y mofa fue la reacción espontánea; luego vino el reconocimiento de que algo está pendiente entre los chilenos.

La elite cuando reconoce que la mayoría de las empresas no puede retribuir esa suma, está reconociendo que el modo de organización económica vigente “no da ni el largo ni el ancho” para alcanzar ese nivel de ingreso, que se supone representa una vida digna, es decir, de personas que se sienten reconocidas, valoradas en definitiva por la sociedad.

La palabra directa de 2007, como lo fue la acción directa de 2006, descubre algo fundamental, sensible, que ha estado más o menos oculto: cómo las visiones, valores y prácticas dominantes han ido consiguiendo formar mundos cada vez más distanciados, en que los individuos compiten, en sus entornos propios, por ser reconocidos como triunfadores. Esto se muestra en ambientes de uno y otro lado de la ciudad, del llamado “Chile real”, al que unos siguen viendo exitoso y otros comienzan a verlo escandaloso.

LAS SEÑAS DE DOS MUERTES

Uno de los tópicos distintivo de la transición chilena: “dejemos atrás el pasado para mirar el futuro” se ha desvanecido. Puede, que su uso excesivo, como recurso retórico, lo haya vaciado de significado, o que la transición haya culminado y carezca de sentido pronunciarlo, o bien sea un sofisma ya inútil para conseguir determinados fines. Lo concreto es que los políticos, de amplio espectro, ya no lo proclaman.

La Presidenta Bachelet se dispone designar una Comisión Asesora de seis personas que, en seis meses, califique casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de detenciones y torturas, no declaradas ante las Comisiones Rettig (1991) y Valech (2004). Mientras tanto, las fojas de los jueces con dedicación especial conmueven con los relatos que contienen sus causas contra crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet y que comprometen a la DINA, su policía secreta y a la DINE, la inteligencia del Ejército.

También impresiona el programa de la televisión pública, Informe Especial, cuando enseña a millones de ciudadanos-telespectadores un pasado vivo, en proceso de revelaciones. Dos de ellos: “La muerte de Eduardo Frei: una conspiración secreta” (2006) y “La ratonera de calle Conferencia” (2007) representan procesos abiertos sobre hechos que ocurrieron en mayo de 1976 y diciembre-enero de 1981/82.

Dos hechos que afectan a dos mundos diferentes. Eduardo Frei, un dirigente formado en una familia de capa media, en escuela y universidad privadas, de cultura católica y Víctor Díaz entre a lo menos 26 dirigentes comunistas secuestrados, un dirigente formado en una familia de clase obrera, en la escuela pública, como autodidacta y en la fábrica, de cultura marxista. La vida de Frei y Díaz, un democratacristiano y un comunista tienen un mismo desenlace: son eliminados por funcionarios del Estado chileno.

Este aparente contrasentido se explica en parte, porque el golpe militar y la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo era para terminar con la experiencia de Allende y los cambios de estructuras iniciados con Frei, sino para demoler una democracia que, desde y con la Constitución de 1925, se habían ido incorporando en forma progresiva una amplia gama social proveniente de los sectores medios y populares.

Lo que los jueces Alejandro Madrid y Víctor Montiglio están desvelando con rigor y paciencia son elocuentes retratos de esa demolición, así como lo hicieron jueces de Estados Unidos, Italia y Argentina con las investigaciones de los crímenes contra Orlando Letelier, un socialista vinculado a elites internacionales, Bernardo Leighton, un democratacristiano pactista y Carlos Prats, un militar constitucionalista, o como, últimamente, otros jueces chilenos lo están haciendo con centenares de procesos.

Varios capítulos sobre derechos humanos están por escribirse. La Presidenta interviene sobre ese palpitante pasado, abriendo nuevos cauces. Los parlamentarios en la próxima primavera le darán forma para que ciudadanos continúen narrando sus historias ante los jueces, y los periodistas comuniquen textos y contextos de acontecimientos de un pasado vivo y, por lo tanto, con incidencia en el devenir.

El lugar común de la transición se ha revelado como falacia, porque los seres humanos somos pasado, esencialmente. Sin él no somos nadie, tampoco “futuro”. Lo mismo las sociedades, lo importante es intervenir en lo que son, pasado acumulado, y abrirle curso - “futuro” - para ser reconocido y asumido sin dobleces.

CÁMARA PARA EL CIUDADANO

La energía, como la sangre, fluye. Discurren y sustentan la vida económica y biológica de los seres humanos. La cantidad y calidad de la energía, como la de la sangre, influye en la sociedad como en el organismo. Es algo vital, en términos políticos: estratégico.

La energía está en los meollos de los acontecimientos que saltan diariamente a las pantallas y primeras planas: desastres naturales, guerras u ocupaciones militares, citas políticas, económicas o científicas o expediciones a los extremos del planeta, los polos.

En su reciente visita a Estados Unidos, el Canciller Foxley preguntó por centros tecnológicos. Buscaba ayuda para generar fuentes de energía limpias (carbón tratado, celulosa), mientras el gobierno de Bush, deseoso de acuerdos sobre energía nuclear con terceros, designaba a Paul Simon, un especialista en energía, su representante en Chile. A su vez, Venezuela, Bolivia y Argentina formalizaban el Grupo de Países Productores de Gas.

Chile, narcotizado por el exceso de consumo de sustancias mercantiles, como el de las ventajas comparativas, se adormeció con el trato suscrito con Argentina, a mediados de los 90. En lo recorrido del siglo XXI, la tranquilidad chilena y la excitación argentina, han significado que circule menos energía por la economía chilena.

Todo comienza a costar más y el desasosiego crece. El gobierno chileno sale por ayuda tecnológica. En septiembre, una comisión de gobierno entregará un informe sobre la aplicación de energía nuclear, lo que no cuadra con lo dicho por el Canciller en Estados Unidos: “está muy verde”, “es poco realista”, “requiere de un consenso inexistente”.

Un tema de interés público - de los ciudadanos - requiere de un espacio público donde éstos se reúnan a participar del conocimiento de los aspectos de diferentes alternativas de fuentes de energía y de sus ventajas y desventajas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales.

La televisión pública es uno de esos espacios. Se trata de presentar una serie de programas (sobre el tema energético) en que el ciudadano-telespectador pueda observar, sentir, pensar y conversar sobre una trama televisiva, que en forma coherente combine relatos visuales, alusivos a los contenidos con debates disciplinados por un editor.

Éste, tiene la misión de estimular la deliberación, la confrontación y la comprensión de enfoques, valores, ideas, interrogantes, experiencias y argumentos y, también, de articular o relacionar (editar sobre la marcha) el debate para que no pierda su norte: suscitar interés y entendimiento en el ciudadano-telespectador. Un editor con una inmersión acotada en el tema y capacidad de escucha y reacción para llevar el debate.

La trama, en este caso sobre la energía, integra discursos emocionales y racionales emitidos por un grupo en que se mezclen personas de diferentes cosmovisiones y mundos socioculturales. Un “espectáculo” basado en las sorpresas que depara la animación y los enlaces que posibilitan los discursos de la diferencia. Es la atracción de la incertidumbre, condición favorable para que cada programa sea un explorar sobre algo ignorado, misterioso, de algo por conocer.

Por contraste, evitar aquel “espectáculo”, basado en la competencia fatua, regulada por un segundero, de discursos repetidos, a veces, colmados de frases hechas, protagonizados por un grupo de personas que, aunque de coloridos relativamente diferentes, coinciden siempre en algo básico, que su entorno los adule y los consumidores de televisión los aplaudan.

El género debate en televisión está ahí, en pañales, y qué más propio que un canal público lo tome y cultive, pero aquello requiere de algo que comienza asomar: una revisión y discusión abierta de la ley de televisión pública, después de 14 años de vigencia. Una oportunidad para colocar la dimensión ciudadana del telespectador en el centro. Acaso no era ello el cambio prometido por el cuarto gobierno de la Concertación.

ENERGÍA MÁS MEMORIA

“La energía nuclear es la del futuro” fue la idea que paseó el presidente francés, Nicolás Sarkozy en su viaje por África meridional (Argelia y Libia), y subsahariana (Senegal, República Democrática del Congo y Gabón). El señuelo a sus interlocutores: ingresa a un “banco mundial de combustible nuclear” a cambio de comprometer la entrega de “energía del presente” (gas + petróleo).

La llave comunicacional de su itinerario - sólo roto por los celos de Marruecos, ofendida ante la inclinación de Sarkozy por su rival, Argelia - fue que “la energía del futuro” es como una madre que estimula a crecer y lograr el bienestar de la población, condición indispensable para triunfar en la lucha contra el fanatismo y el terrorismo.

Francia y la energía nuclear activan la memoria reciente. Surge la imagen exultante del Presidente del PPD, Sergio Bitar tras su visita a las centrales nucleares francesas. Entonces pregonó: “no podemos quedarnos atrás, pues en el mundo (la energía nuclear) adquiere envergadura” - a diferencia de la “energía del presente”- al afianzar la independencia y autonomía, bajar los costos y proteger el medio ambiente.

Una energía segura y limpia había dicho el Presidente Ricardo Lagos cuando exhortó a los chilenos a pensar en ella, en mayo de 2005. Dos términos jaqueados por el terremoto (6,8 grados) de Japón, en julio pasado y que obligó al alcalde de Kashiwazaki, Hiroshi Aida, a ordenar el cierre indefinido de la central nuclear más grande del mundo.

La seguridad y la limpieza y, más aún, la credibilidad de los ciudadanos en el uso de la energía nuclear se trizaron en los ojos de un alcalde espantado, mientras observaba tuberías rotas, 400 depósitos de desechos radioactivos por los suelos, 50 de ellos reventados, grietas en los tanques de combustibles, destrozos en el suelo, restos calcinados por el incendio al arder un transformador y fugas radioactivas por valorar.

El seísmo jaqueó y dio mate a la afirmación de Bitar: “Japón es un ejemplo de sismicidad y tiene instalaciones muy amplias y seguras”. Las autoridades o dirigentes - sin distingos- y medios de comunicación recargados de ideología, tienden a minimizar o encubrir los riesgos y efectos de lo que puede o acontece con el uso de energía nuclear.

Una actitud que sirve de sedante para una población con información insuficiente y conciencia confusa. Así, se deja amplia libertad a la ejecución de las estrategias de los gobiernos. La posibilidad de contrarrestarla y neutralizarla está en crear movimientos de opinión que conecten con el ciudadano, interesándolos y facilitándoles su comprensión.

En este sentido, la televisión pública, en tanto autónoma del gobierno, de los partidos políticos y de los poderes fácticos (materiales y espirituales), podría animar un conocimiento y un debate sobre las opciones energéticas para Chile, sin excluir ninguna.

La energía es un tema que tiene muchos filones para el periodista. Explorarlos y producir ciclos programáticos, como sucede en otros géneros televisivos, podrían colaborar en una concienciación ciudadana con lo esencial del periodismo: aquello imprevisible, capaz de infundir interés y suscitar conversaciones en audiencias heterogéneas con la realidad próxima y lejana, siempre inquietante.

EL LENGUAJE NO ES INOCENTE

El juez Alejandro Madrid vuelve a colocar la figura de Eduardo Frei Montalva en los medios de comunicación. Lo hace al ordenar la detención de 4 médicos, 1 enfermera, 6 ex militares y 1 ex empleado civil del ejército. Dos de esos médicos - Pedro Valdivia y Vittorio Orvietto- eran de la DINA y facultativos de la Clínica Santa María cuando el ex Presidente de la República fue internado y operado, donde agonizó y murió.

Al día siguiente de la decisión judicial, el Partido Demócrata Cristiano celebró 50 años de existencia. Su Presidenta, la senadora Soledad Alvear, refiriéndose al desenlace de la vida de Frei, dijo: “todo apunta a que el ex Presidente Frei pudo haber sido asesinado…”.

¿Por qué la Democracia Cristiana, por su voz más autorizada, aún duda o considera políticamente incorrecto asumir que su principal figura, en este medio siglo de historia, haya sido eliminada por agentes de la dictadura, a diferencia del sereno reconocimiento que hacen los familiares del extinto: “fue envenenado con gas mostaza”?.

En los años de la dictadura, frente a las denuncias de arrestos y detenciones ilegales o prolongadas, torturas y desapariciones forzadas de personas, se impuso la fórmula que decía: mientras los tribunales no dictaminen qué sucedió, no se puede afirmar que lo denunciado sea verdad.

Entonces los tribunales poco o nada investigaban de aquellas denuncias. Sin embargo, personas e instituciones que defendían los derechos humanos se formaban y expresaban la convicción de que tras los hechos denunciados había un sistema de represión ejercido por uniformados y civiles sustentado por un Estado dictatorial.

En cambio ahora sí, los tribunales están investigando aquellas denuncias. Éstas, una a una, están ratificando lo que esas personas e instituciones, durante la dictadura, habían afirmado sin necesidad de un “visado judicial”. Los tribunales se han incorporado, cada vez con más eficacia, a administrar justicia con aquella parte de la sociedad chilena atropellada en sus derechos fundamentales, en la que estaba Eduardo Frei y los democratacristianos.

Resulta paradójico que la Presidenta de la Democracia Cristiana continúe hablando en condicional sobre los hechos sucedidos en el ecuador de la dictadura, enero de 1982. Las resoluciones de jueces sobre casos que han afectado a otros prominentes políticos chilenos asesinados y las numerosas y calificadas evidencias reunidas por el juez Madrid convergen en el asesinato.

CHILE Y BOLIVIA EN ALTA MAR (2)

El Chile gobernado por Michelle Bachelet conversa con la Bolivia gobernada con Evo Morales. Lo hace sin reproches, como los que profiriera el ex Presidente Ricardo Lagos en Monterrey (2005) y fuera aplaudido con fervor por chilenos de todos los pelajes. Chile, desde hace 128 años, está habituado a un trato arrogante con sus vecinos andinos, especialmente Bolivia, más débil, tras la victoria militar de 1879.

Esa soberbia de sentirse superior la muestra con palabras: “el problema de Chile es su barrio”, Chile está para jugar con los países de “primera división”; con gestos: la renuncia de Edmundo Pérez como Cónsul General en La Paz, porque se le había agotado la paciencia (abril, 2003), la acefalía de la representación diplomática chilena en La Paz por 10 meses, la destitución del sucesor, Emilio Ruiz-Tagle, a ocho meses de designado (septiembre, 2004), por formular declaraciones diplomáticas que pretendían crear confianza con en el país vecino.

Pero lo que hace más daño es la política de no escuchar “al otro”: sus reclamaciones, sus argumentos, sus alternativas. Adoptar la opción tajante de intentar invalidar su voz y racionamiento al decirle que lo suyo no tiene valor, porque ha quedado zanjado, en el caso que nos ocupa, en el terreno de las armas (1979) y definitivamente archivado en el terreno de la diplomacia (1904).

Los tratados internacionales, como las constituciones y las leyes, generan obligaciones, no obstante, éstas pueden modificarse si los estados y los ciudadanos, según sea el caso, así lo determinan luego de reconocer una realidad cambiante, de desarrollar un debate reservado, primero, abierto después y de usar mecanismos previamente convenidos para resolver los contenidos y los términos de lo que se desea modificar.

La política regional del gobierno chileno se define de “integración abierta”. El Canciller Alejandro Foxley, en entrevista al diario neoconservador El Mercurio, decía que las relaciones de Chile con los vecinos, Bolivia uno de ellos, es central para la integración chilena en América Latina y desde ahí proyectarse al mundo. Sería iluso pensar que Chile pudiera participar en un mundo globalizado desde una posición solitaria en la región y, agregaba, que Chile debe aprender a convivir con los diferentes tipos de democracia existentes y en este contexto ser un factor de convergencia. Ello requiere de credibilidad internacional y una de las varas para medirla es la calidad de las relaciones con los próximos, los vecinos.

Encuestas de opinión pública muestran que una mayoría no desea que el gobierno negocie con Bolivia un acceso soberano al Pacífico. El canciller Foxley, en la entrevista aludida, se lamenta del alto porcentaje de chilenos en desacuerdo con la propuesta de “un mar para Bolivia” y apela a desplegar una tarea educativa para que los chilenos entiendan que los países tienen que integrarse de verdad en el siglo XXI.

La pregunta es: qué tipo de relación desea Chile con Bolivia en el largo plazo; qué características y términos debiera tener la integración con Bolivia y entonces, preguntarse si conviene a un Chile integrado a su región y desde ahí al mundo global un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El gobierno de Michelle Bachelet ha comenzado a responder esta pregunta, lo hace escuchando al gobierno de Evo Morales.

Cuando las confianzas sean firmes, sería oportuno considerar que los ciudadanos bolivianos y chilenos dispusieran de elementos que le permitiera creer que es posible aquella “integración de verdad”, mencionada por el canciller chileno. Un aporte a que los chilenos puedan comprender por qué una amistad cívica y una integración de proyectos compartidos con el mundo y la cultura andina, que representa Bolivia, es mejor, que la arrogancia -altiva o indiferente- predominante hasta ahora y que lo más probable conduciría a restar crédito integracionista a Chile en la región y, por ende, siguiendo al Canciller, debilitar su proyección en el mundo global.

CHILE Y BOLIVIA, HACIA ALTA MAR (1)

¿Qué nuevo hay entre Chile y Bolivia que conversan sin sobresaltos?, a diferencia de los malhumores de Perú con Chile, que le reclama 37.900 metros cuadrados de espacio marítimo al querer trazar una bisectriz, en vez de la actual paralela, desde el punto de la Concordia o, en contraposición a los espesos encuentros de Chile con Argentina debido a la falta de fluido que, se suponía, haría circular como por un tubo una nueva amistad.

Desde julio de 2006, Chile y Bolivia conversan alejados del bullicio de la farándula mediática, como si estuvieran, ambos, en algo que les es propio, como en medio del mar, pacífico hasta ahora. Evo Morales, un indígena y Michelle Bachelet, una mujer se han reunido 8 veces en 1,8 año de gobierno. Sus colaboradores lo hacen desde hace 1 año en un Comité Binacional de Consultas Políticas. Trece temas están ahí, sobre la mesa, incluido uno, el número seis: el acceso al mar de Bolivia.

El que fuera activista cocalero, dirigente campesino, fundador y diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y luego elegido Presidente por mayoría absoluta (53,74%), el segundo de la historia de su país, navega y empuña el timón ya no de frente a las costas, como se estaba habituado a hacerlo en los espacios multilaterales, sino enfilado de modo que la navegación sea paralela a la ribera.

La opción de Morales es ensayar una nueva carta de navegación, como las que se emprenden para reconocer, en este caso las inmensidades y los límites que van a una y otra banda. Este rumbo lo hace junto a Chile. Y aquí parece estar la novedad significativa: la falta de acceso soberano al mar de Bolivia no es un problema de uno ni de otro. Es de los dos, es un “problema conjunto” y, por lo tanto, ha de conversarse entre ambos y en un tiempo lo suficientemente amplio como para no estrellarse en las abruptas costas nortinas, sino que hacerlo a través de la inmensidad del Pacífico.

Se crea un contexto en que el tiempo no requiere de límites fijos, dramáticos. Al contrario, se precisa de tiempo para explorar, reconocer, diferenciar y descubrir “en conjunto” los territorios mentales y físicos que permitan deshacer, añadir y unir una variedad de elementos. Urdir confianza en sí mismos y con el otro hasta sentirse cómodos en esas confianzas. Convencerse de que uno y otro pueden, y es deseable que lo hagan, colocar el pasado por delante, de cara al futuro, para poder “en conjunto” efectivamente acordar las bases de una nueva relación, más próxima a los retos, de ambos, del siglo XXI, que de los errores, de ambos, del siglo XIX y XX.

La opción boliviana es conversar sin sobresaltos de la “reintegración marítima”, un concepto diferente al de “reivindicación marítima”, pues considera que el “problema conjunto”, de Chile y Bolivia, no tiene ya como único “puerto” un acceso soberano al Pacífico, sino que este “puerto” podrá ser real si es parte de una integración contenida de muchos otros aspectos, cuyos algunos titulares están entre los 13 temas en conversación. El diálogo ha reemplazado a la presión y si éste es verdadero, con confianza, surgirá algo diferente a lo que actualmente está en la cabeza de Bolivia y Chile, de lo contrario sería una parodia.

TIENEN LA PALABRA … DIPUTADOS

Un grupo de diputados durante 60 días, dos veces a la semana, trabajarán en público, ante los ciudadanos-televidentes. Esta vez no aparecerán maquillados en estudios escenificados para ser protagonistas de un espectáculo. No obstante, podrían convertir su propia sala de reuniones en una juerga mediática - de farándula - con guiones y técnicas útiles para liquidar o blanquear las imágenes políticas de sus invitados.

Una de las funciones primordiales de los diputados en una democracia es la de fiscalizar los actos de gobierno. Elegidos por los ciudadanos, los representan y su deber es velar por sus derechos que puedan ser afectados por decisiones, procedimientos y conductas del gobierno. Esta condición del diputado -mandatario de los ciudadanos- es una dimensión fundamental en su desempeño, diferente a esa otra dimensión, la político-ideológica.

Coherente con los ciudadanos, un diputado, de gobierno o de oposición, en una comisión investigadora puede arribar a una convicción de que los actos, procedimientos y conductas de un gobierno, independiente de su color político-ideológico, pueden ser acertadas o equivocadas, causante o no, en este caso, del fiasco del proyecto de modernización del sistema del transporte público de la ciudad metropolitana.

A los diputados no se les ha elegido para escenificar talk show donde los roles están prefijados para un espectáculo en que se trata de denostar y humillar al otro estimulando el morbo del público, sino para legislar a favor de los ciudadanos y fiscalizar al gobierno ante hechos fundados que puedan perjudicar los derechos de los ciudadanos.

Es común en Chile y en otras partes, que los políticos sean indiferentes o se irriten ante la crítica a las “democracias actualmente existentes”. Nada parece decirles a los políticos chilenos que más de 2,5 millones de personas hayan optado por no hacer uso del derecho a elegir representantes, tampoco se inmutan frente a la desconfianza y deshonestidad (sobretodo por la incoherencia entre el decir y el hacer) que los ciudadanos señalan a través de encuestas de opinión pública.

La ejemplaridad pública de los políticos ha desaparecido del imaginario chileno. ¿Qué puede leer el ciudadano común cuando ve a sus representantes y sus líderes de hacer un uso mercantil de la notoriedad mediática o de la fama social que cosechan en el ejercicio de la política?

La decisión de los 82 diputados de investigar es acertada. Sin embargo, se espera que el trabajo del grupo sea y parezca transparente, limpio. Es una oportunidad para rehabilitar virtudes cívicas como la firmeza de convicciones, la claridad de exposición y el respeto hacia el otro: el colega, el invitado y, especialmente, el ciudadano-televidente.

La disyuntiva de los diputados es, o descubrir a los responsables de la ineptitud política u ocultarlos mediante el programa habitual de juerga mediática.

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UNA PREGUNTA PARA CHILE

Tengo una pregunta para usted. ¿Cuánto vale un café?, pregunta Jesús Cerdán. Unos 0,80 céntimos, responde, el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y Cerdán le comenta: “eso era en los tiempos del abuelo Pachi”. Veintitres días después, la tímida voz de Violeta Aranguren, la pensionista que recibe 300 euros mensuales (214 mil 500 pesos), dice “si no es mucha molestia, ¿podría decirme qué gana? El Presidente del Partido Popular, de derechas, Mariano Rajoy traga saliva, le hace repetir la pregunta y emprende la fuga. Una semana después diría “es que me quedé cortado” y entonces decide soltar lo que le atragantaba: 8000 euros (5 millones 720 mil pesos).



La televisión pública española consigue re-escenificar la política. La coloca en una dimensión de democracia directa, crea un ágora en que, cara a cara, escogidos de acuerdo a sofisticadas muestras, 100 ciudadanos se encuentran con la autoridad, en este caso política. La audiencia desborda toda su imaginación y se dispone a disfrutar una relación política genuina: la del ciudadano con el político. Más de 7 millones de miradas se asomaron a ver -parte o toda- cada una de las funciones, de dos horas de duración.

El atractivo de la escenificación es algo intangible: la incertidumbre o lo imprevisible, determinado por un desusado espectro de diversidades de género, de edades, de nacionalidades, de regiones, de condiciones sociales y económicas, de procedencias culturales, ideológicas y políticas, que pretende significar la sociedad, la ciudadanía frente a la figura del gobernante, del político.

El alto grado de lo imprevisible está íntimamente vinculado al ensanche de las condiciones de libertad de los ciudadanos (en este caso de los 100) y con la reducción de los grados de protección (o de seguridad) del político (Rodríguez Zapatero y Rajoy). Más libertad, menos seguridad, lo contrario a las actuales tendencias dominantes en las relaciones sociales en Occidente. Una ecuación cada vez más escasa y, quizás, en parte por eso, más deseada y agradecida.

Las reacciones afloraron: “hubo democracia de la buena”, “libertad y autenticidad” o se alcanzó algo propio de la política: “hablar de cosas que nos afectan en nuestras vidas cotidianas”. Este espacio de televisión ha logrado develar una relación muy diferente a la que despliegan los políticos desde el hemiciclo, de sus sedes partidarias o desde los propios medios de comunicación, cuando no están en relación a los ciudadanos.

Este sujeto complejo por lo diverso, el ciudadano, ha traído en este espacio de relación directa con el político, un frescor, una cordura, una atención, una emoción con su timidez, con su rudeza, con su nerviosismo, con su sencillez a la política que, dejada sólo al arbitrio de los políticos, se degrada o, lo que es lo mismo, se corrompe en España, “aquí - en Chile- y en la quebrada del ají”.

ALÓ, HABLA EL CANCILLER…

Los tiempos no están para epopeyas, no lo están para contemplar poemas narrativos referidos a hechos heroicos, históricos o legendarios. La fuerza inapelable de la “razón de estado” ha hecho retroceder a los guerreros chilenos, peruanos y bolivianos representados con ojos del siglo XXI, ha dejado mudos a ciudadanos e historiadores de estos tres países y ha ocultado las imágenes de niños y maestros de hoy, que aprehenden de las epopeyas protagonizadas por los guerreros del siglo XIX.

El cuarto gobierno de la Concertación, como los tres anteriores, ha discado el celular de la televisión pública. La censura se ha dejado escuchar en el interlocutor y ha procedido a cumplir los deseos de un atribulado canciller, postergando en forma indefinida su eventual proyección.

La censura del canciller, por una parte, impide que los ciudadanos-telespectadores puedan contemplar, pensar y debatir acerca de la relación con los vecinos y, por otra, acosa a la estación televisiva en su función de pensar, imaginar y producir con libertad un servicio de comunicación relevante para todos los chilenos.

La exhibición de una serie de tres capítulos sobre la tragedia que enemistó, hasta hoy mismo, a Chile con dos de sus vecinos quedó postergada “hasta nueva orden”, como se decía hasta no hace mucho. O hasta que el gobierno peruano le haga saber al canciller chileno que ya la epopeya no le incomoda en el trato con su propia oposición. O hasta que la televisión pública se decida a hacer valer su autonomía.

La independencia de la televisión en su gestión financiera no tiene correspondencia con su gestión editorial. En el gobierno de Aylwin, como ahora en el de Bachelet, presionó para impedir la proyección de programas, entonces que afectaría la tranquilidad del Ejército de Pinochet y ahora la del gobierno peruano de Alan García.



Pero, más bochornosa fue la relación de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y de Lagos con la televisión pública. En el primero, desde La Moneda se urdió la destitución del Presidente del Directorio de TVN, porque éste no satisfacía las expectativas informativas. En el segundo, desde La Moneda se maquinó a presión la renuncia de un directorio que se suponía autónomo, es decir, que sus cargos expiraban de acuerdo a unos tiempos normados y no a la discrecionalidad del Presidente de la República.

El liderazgo de Michelle Bachelet, validado por una ciudadanía que la eligió Presidenta de la República, se fundó en la expectativa de un cambio: el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. La serie Epopeya, por los antecedentes entregados, es un documento precisamente para pensar y formarse una opinión sobre los vínculos con Perú y Bolivia, sin embargo el canciller se aleja de su liderazgo al impedir a los ciudadanos a acercarse a uno de los problemas internacionales más relevantes de este gobierno: la relación con sus vecinos.

¡AÚN HAY PLAZA, CIUDADANOS!

A la vista está el aniversario del primer año del gobierno de Michelle Bachelet, como lo está la plaza de la Ciudadanía envallada, vigilada y vacía desde hace medio año. Desde el 10 de septiembre cuando personas, nunca identificadas, aprovecharon el paso de una manifestación conmemorativa del 11 de septiembre por el costado de La Moneda, arrojaron una “molotov” sobre una de sus ventanas.

Un contrasentido es restringir a los ciudadanos esta plaza “de la Ciudadanía”, por parte de un gobierno que desde su comienzo planteó la rehabilitación del ciudadano hasta entonces minusvalorado por una Constitución que conserva aún huellas de la llamada “democracia protegida y eficiente” o por estilos tecnocráticos en el ejercicio de gobierno.

Demasiado castigo para los ciudadanos estos seis meses, a no ser que la plaza haya sido abolida por su no uso transformándose, como una vez le escuché decir a uno de sus vigilantes, “en un área de seguridad interna de la sede del Gobierno”. De ser así podría hacerse explícito de que la plaza ha pasado ser el cuarto patio de La Moneda.

La idea original de la plaza era la creación de un híbrido lúdico y cívico. El paseo y el acontecimiento. Recogía la memoria de la Alameda histórica: el paseo familiar, el juego, el encuentro amistoso junto a la manifestación social, cultural y política. Una plaza polivalente, concurrida por la diversidad de la ciudad.

Toda una representación de la modernidad (o posmodernidad, si se quiere), en un contexto de transparencia que se prolongaba hasta la Plaza Almagro. Pero, la idea ha sido intervenida por el dominio de la estética del orden y la seguridad, donde la expresión humana se excluye; el lugar se convierte en un no-lugar: espacio desocupado, de restringido tránsito de peatones. Lo visible es el policía que vigila e inhibe, imponiéndose un vacío monumental; lo contrario a una estética formada con la presencia de la diversidad, del movimiento, de la expresividad cívica, propio de una cultura democrática.

La Presidenta Bachelet, levantada por una amplia ciudadanía entusiasta, esperanzada, más que por la estrecha esfera política abúlica, conformista, podría pensar en como devolverle este espacio histórico y renovado a los chilenos. Bien podría ensayar algunos pasos, como sostener “diálogos ciudadanos” al aire libre, aprovechando las características semiduras del lugar. Una plaza abierta a sostener encuentros cívicos donde se pregunta, se escucha, se responde, se explica, se critica, se propone.

Uno de los métodos que aconsejan para superar el temor ciudadano a la intimidación y a la agresión es el uso del espacio público: calles, pasajes, plazas y así inhibir la acción violenta. La ocupación lúdica y cívica de la plaza por los ciudadanos y de éstos con sus representantes podrían forjar una identificación con el lugar, indispensable para su defensa social ante la acción del malhechor y del inurbano.

EL LADO OSCURO DEL EJÉRCITO

La dictadura de Augusto Pinochet envenenó al ex Presidente de la República, el democratacristiano Eduardo Frei Montalva. Una verdad que, poco a poco, se va trasluciendo de los textos que acumulan los 13 volumenes del expediente que lleva el juez Alejandro Madrid. Observar las evidencias (los hechos) induce a volver la mirada hacia el Ejército, entonces manipulado por su Comandante en jefe, el dictador.

En esta ocasión, la dictadura no usa su policía secreta (la CNI), sino pone en acción la Inteligencia del Ejército (la DINE), una estructura institucional. La condición de la víctima. postrada en una clínica, no requería de un operativo estridente, intimidatorio, violento, sino de una acción encubierta desplegada con habilidad, fineza, inteligencia. El arma empleada no necesitaba simbolizar fuerza, poderío, orgullo, sino debía ser discreta, silenciosa, confusa.

La denuncia judicial por homicidio, presentada por la família Frei, apunta a la inteligencia militar y a civiles. La mira está puesta hacia el personal de la DINE y personal médico, que transitaron día y noche alrededor del entonces principal líder de la disidencia democrática. En la presentación relucen las palabras “homicidio” y “gas mostaza”, el arma empleada.

Un arma química de exterminio masivo como la que usaron los soldados estadounienses contra los vietmamitas a fines de los 60 y comienzo de los 70 o la empleada por los soldados del Ejército de Sadam Husein en la campaña contra la población kurda entre febrero y septiembre de 1988, cuando el ex dictador gozaba del apoyo político y militar del gobieno republicano de Estados Unidos durante la guerra contra Irán.

La misma arma química es usada contra Frei Montalva. El honor del Ejército chileno está comprometido. La defensa de la família Frei acusa a la institución de no prestar colaboración con el juez. En su momento, el Comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre lo desmintió, en términos semejantes a los que esgrimieron, ante otras demandas, sus antecesores Izurieta y Pinochet.

El “nunca más” que pronunciara Cheyre en su ejercicio, queda en una retórica vana si no se la acompaña con una actitud valiente para encarar delitos pendientes que tocan a la institución, como el caso del homicidio de Frei Montalva.

El Ejército es una institución del Estado, por lo tanto, con discreción y firmeza algún rol debiera jugar el Gobierno, en particular la Presidenta de la República. Hay una “razón de estado” para ello si consideramos que ésta no opera sólo para opacar ciertos hechos que comprometen intereses superiores, sino también para transparentar hechos que comprometen valores superiores.

La verdad incomoda al ver como el hombre está envenenando el planeta Tierra. También lo es reconocer los rostros que desde la primera línea y la trastienda intoxicaron letalmente al ex Presidente de la República.

El hecho sucedió justo a la mitad del régimen dictatorial, cuando la sociedad civil y política, reprimida, apenas se expresaba. La primera denuncia responsable la hizo Carmen Frei desde su asiento en el Senado, en octubre de 2002 y, a pesar de reportajes y entrevistas aparecidas en The Clinic, Televisión Nacional y Canal 13, más las informaciones de la defensa de la família y de su principal miembro, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en el 2006, la sociedad civil y política apenas se expresa. La indiferencia parece ser más cómoda.

LOS HIJOS DE DON QUIJOTE

El gobierno de Jacques Chirac, urgido por los pobres sin domicilio fijo (los sin techo) ha recurrido a uno de los principios del pasado revolucionario francés – la igualdad- para salir del trance puesto por un sorprendente movimiento, Los Hijos de Don Quijote.

Este valor de la revolución democrática contra el absolutismo, muy disminuído en Chile y en América Latina, ha sido rescatado por el gobierno galo de derecha, presentando en el parlamento un proyecto de ley, que se votará en febrero y que universalizará en forma progresiva el derecho a una vivienda digna.

En el 2012, los residentes sin techo o en viviendas precarias en Francia podrán reclamar ante un tribunal para que se le exija al Estado cumplir con el derecho humano a una vivienda digna, como actualmente sucede con la educación y la sanidad.

En Paris están Los Hijos de Don Quijote, nacidos de la pareja de un actor y su amigo, que alojados en una carpa bajo el puente de Austerlitz, proyectaron a través de internet imágenes de miseria del mundo rico. La prensa y la televisión reprodujeron las vistas y la opinión pública se activó preocupando al gobierno.

Los sin domicilio fijo cubrieron el espacio público frecuentado por turistas con cientos de carpas. La respuesta oficial en vez de la fuerza policial con sus bastones fue la razón política con la iniciativa legal, destinada a resolver un problema pendiente de un grupo de ciudadanos, entre 80 y 100 mil personas (0,12 y 0,15%) de la población francesa.

Como si los sin techo chilenos hubieran acampado en la interdicta plaza de la Ciudadanía, la opinión pública hubiera simpatizado con el movimiento y el gobierno de Michele Bachelet, de centro-izquierda, diera una respuesta cívica. Un sueño, como el de los franceses del 26 de octubre pasado, cuando iniciaron su testimonio social bajo el puente del Sena.

Unos movimientos ciudadanos emergen en los países de la Unión Europea ante lo que denominan la violencia urbanística e inmobiliaria de las grandes empresas del sector y agencias financieras, como la que prolifera en la España del Mediterráneo (Marbella, Benidorm, etc) y la de las grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Sevilla, etc) ejercida por la especulación de los megaproyectos urbanos y de la multiplicación de viviendas vacías.

Un Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Kothari (como los que iban a Chile en los 70 y 80 a conocer el estado de los derechos humanos) en su misión a España concluyó que el interés bancario de las hipotecas, la carencia de vivienda pública y la especulación en el uso del suelo tiene sumido al país en una grave crisis de vivienda y recomienda al gobierno socialista reconsiderar la actual política económica y social.


También en Chile surgen movimientos ciudadanos ante esta misma violencia urbanística e inmobiliaria como los de Ñuñoa y Vitacura. Ambos están enfrentando la agresivividad de las inmobiliarias apoyadas por los alcaldes de esas comunas. Asimismo, los deudores hipotecarios mediante su acción directa y el diálogo consiguen que el gobierno intervenga en un problema social que compromete el derecho a la vivienda, el mismo derecho que exigen Los Hijos de Don Quijote y los sin domicilio fijo, que también mediante la acción directa, están consiguiendo que el Estado lo reconozca y garantice a toda la población.

LA GRAN CONCERTACIÓN

De vuelta de vacaciones, se precipitarán evaluaciones con motivo del primer aniversario del gobierno de Michele Bachelet, el cuarto de la Concertación. Las encuestas, como le es propio, retratarán un presente, lo inmediato, pero se hace necesario extender la mirada. Ello requiere disponer de información procesada suceptible de interpretación y predicción sobre las políticas comprometidas.

La participación ciudadana es una de esas políticas llamadas a distinguir a este gobierno de los tres anteriores. En este campo, el sistema electoral binominal fue el compromiso más relevante. Una comisión ad hoc inició un proceso de consultas, estudió alternativas, evacuó un informe en vista a la elaboración de un proyecto de ley para que los parlamentarios debatieran y decidieran.

El resultado no pudo ser más sorprendente. A la negativa de los partidos de la Alianza a participar de un cambio de sistema, los de la Concertación, conocido el informe, se plegaron a la decisión de la Alianza: “perfeccionar el sistema”. El Gobierno quedó sin apoyo, mas la propia Presidenta fue desautorizada por partidos de la Concertación cuando planteó la idea de convocar a un plebiscito si la Alianza bloqueaba el proyecto en el parlamento.

Los partidos oficialistas renunciaron al cambio del sistema, plegándose a una parte de la oposición que estudia un “perfeccionamiento”, es decir, reafirmarlo con una fórmula que conceda un cupo al partido comunista. Ha sido un “compromiso retórico” durante 15 años, señaló Edgardo Böeninger, tras fracasar la misión que le encargó la Presidenta Bachelet. “Los parlamentarios de la Concertación y de la Alianza no desean cambiar ni los territorios ni los electores”, dijo.

La predicción hecha por el ex Presidente Lagos en su cuenta anual del 2004 se ha cumplido. Los parlamentarios de todo el espectro político coinciden en continuar repartiéndose los escaños de acuerdo a una de las principales herencias de la dictadura de Pinochet: el sistema binominal.

Un sistema electoral en que dos bloques de partidos determinan quienes serán sus diputados y senadores, ratificados, en la gran mayoría de los distritos y circunscripciones, por los ciudadanos; un principio semejante (aunque no con resultados iguales) a lo que sucedía en la Unión Soviética, en que un partido determinaba a sus candidatos y los ciudadanos concurrían a ratificarlos en las urnas. En el caso chileno las posibilidades de elección de los ciudadanos son mínimas; en el caso soviético eran nulas.

La lógica del binominalismo electoral es clave para cerrar intentos de apertura que contradigan los principios fundamentales del modelo de desarrollo político, económico y social, cuyo dinamismo se sustenta en un incremento ininterrumpido de un desigual reparto del poder, de la riqueza de los ingresos y de las oportunidades entre los diversos sectores sociales y culturales de la ciudadanía. Aquello que con cierto cinismo, de vez en cuando, se le llama “escándalo social o moral”.

El discurso de la Presidenta sobre participación ciudadana no ha tenido ambiente en los partidos que la apoyan. Éstos continúan como viviendo en una “transición política” (aunque la declaran concluida) con una ciudadanía de mínima intensidad, inexpresiva. Ya el mismo concepto de participación (a no ser que sea subordinada), incomoda.

En vez de ciudadanos prefieren videntes de espectáculos fabricados por las televisiones con el material que extraen de delitos, corrupciones y surtido de banalidades políticas y de la farándula. Formas mediáticas que afianzan a un ciudadano alejado del conocimiento, del debate, de la iniciativa y de sus capacidades de decisión, más allá del acto de comprar y vender, indispensable para construir sentido a sus vidas en la familia, el barrio, el estudio, el trabajo, la sociedad; en suma, en la política.

PARA QUÉ ENGAÑARSE MÁS

El maestro de mi edificio trabajó para Augusto Pinochet en su casa de La Dehesa. Era un buen hombre, simpático, me decía. Un gobernante, como él, hace falta para eliminar de una vez a los delincuentes, agregaba con naturalidad. Cuando le pregunté por los secuestros, torturas, ejecuciones y despariciones, la respuesta fue espontánea: “usted sabe, siempre hay mandos medios que se escapan”.

Ya nadie rechaza la categoría de criminales de un Manuel Contreras, un Pedro Espinosa, un Marcelo Morén, un Miguel Krassnoff, entre otros ex miembros del Ejército, que delinquieron en nombre del Estado. Todos ellos recibieron una sentencia judicial de ser autores de actos criminales, los mandos medios que evocaba el maestro.

Los procesos abiertos contra Augusto Pinochet quedaron en el camino, en sus comienzos, lejos de una sentencia, de modo de que nadie pudiera afirmar en forma categórica su calidad de criminal, como el caso de sus colaboradores. “La democracia chilena nunca quiso encerrar a Pinochet”, afirma el escritor Antonio Skármeta en el diario El Pais (12 de diciembre 2006), es decir, llegar a dictar una sentencia o sanción por alguna de las 300 causas en su contra.

El valor de una sentencia judicial es la de una resolución que despeja una duda o presunción, estableciendo una verdad jurídica o demostración de que la acusación corresponde a los hechos investigados. En el caso de Pinochet, aunque son muchos los convencidos de que era criminal, incluso entre ex partidarios, al no haberse arribado a una sentencia judicial, no se estableció esa verdad, que podría haber cambiado el parecer de ese chileno de a pié, como el maestro de mi edificio.

La ambigüedad propia de la política permitió que en sus funerales, instituciones del Estado, como lo son las Fuerzas Armadas y Carabineros, le rindieran solemnes honores, mientras el Gobierno optó por no reconocerle el título de Jefe de Estado, sin perjuicio de participar de los honores como Jefe del Ejército, con la asistencia de la Ministra de Defensa.

El retrato aquí dibujado es otro más de la peculiar transición política chilena. Por un lado, un Ejército que le brinda al ex dictador un solemne funeral, jamás recibido por ningún otro Comandante en Jefe del Ejército, en el que su actual jefe, el general Oscar Izurieta justifica como inevitable el rol jugado por Augusto Pinochet al encabezar el golpe de estado, sin perjuicio de lo controvertido de su gestión en lo relativo a los derechos humanos.

Por otro, un Gobierno democrático que no reconociéndole al ex dictador las competencias de Jefe de Estado, se hace presente con una representante de confianza de la Presidenta de la República, participando de honores más propios de un dictador latinoamericano clásico - de derecha, cruel y corrupto como lo identificara el Ministro del Interior- que de un Comandante en Jefe del Ejército.

Para que engañarnos más, si Augusto Pinochet lo que hizo en calidad de Comandante en Jefe del Ejército fue ponerse a la cabeza de un cruento golpe de Estado, preparado por otros, en contra de un Gobierno democrático. Todo lo demás lo hizo en calidad de dictador (o de ex dictador) sostenido por las armas de unos pocos y el miedo de muchos.

UN REGALO DE MILLAS

La cultura política que llevan en sus "mochilas" la mayoría de los políticos actuales la han cargado durante las cuatro últimas décadas: desde los 60 a los 90. Las memorias de Orlando Millas (Una Digresión, 1957-1991), fallecido en diciembre de 1991 en Holanda, reviven, hasta el último día de su vida, treinta y tres años conmovedores. Millas, uno de los comunistas chilenos más reconocidos de esos tiempos, desliza casi sin pausas, consciente de que sus días estaban contados, una historia de revelaciones extraordinarias, un regalo.

La pluma del periodista que fue, reconstruye ese trozo de Chile que llevamos a nuestras espaldas; la hace correr con una sinceridad que deslumbra: discute con la revolución cubana, dialoga con la Democracia Cristiana, defiende la intuición de Salvador Allende, increpa el voluntarismo izquierdista de dentro y fuera de la Unidad Popular, resalta a los comunistas que luchan en el espíritu recabarrenista y critica, sin tapujos, a los comunistas que apuestan a las armas y, finalmente, apela a las nuevas generaciones a que no olviden los devastadores daños dejados al país por la dictadura.

La pluma de Millas escribe en mayúsculas: el "socialismo real" era un coloso con pies de barro", y se hace dramática cuando declara: "cada día en la Unión Soviética sufrí una amarga decepción". Confiesa: "estuvimos convencidos que allí se edificaba una especie de Paraíso Terrenal (...) si el socialismo se identificase con las obras de Stalin y Bréznev, si su sistema político fuese idóneamente el de las autocracias estatistas, si su economía debiera funcionar por los métodos del centralismo burocrático, no podrían las jóvenes generaciones actuales y futuras estar dispuestas a luchar generosamente por tales aberraciones".

Este es el tenor de las memorias de un comunista allendista que murió como tal, desplazado de su partido desde comienzo de los 80, cuando hizo un giro hacia las armas, mientras él gradualmente fue renovándose hasta llegar a impugnar el "socialismo real" como una falsificacón de las ideas de Marx y Engels: "me costó mucho dejar de lado las anteojeras de que estaba premunido. En un penoso y prolongado proceso, tardé demasiado en convencerme de las honduras de los males".

Mientras la renovación de Millas lo condujo a realzar el ideario democrático y socialista de Allende, aunque dotándolo de más consistencia intelectual y flexibilidad política en una perspectiva de transformación del capitalismo, la renovación de otros comunistas y no comunistas, adheridos al "socialismo real", los condujo a asumir el ideario liberal democrático en una perspectiva de dotar al capitalismo de equidad.

Las Memorias de Millas son una vertiente de cultura política, pero ni los medios de comunicación, ni la academia, ni los partidos, incluido el comunista, parecen interesados en beber del relato de un político chileno que dejó como herencia honestidad y lealtad a sus ideas, a su conciencia. Son demasiados los políticos actuales que han descargado sus mochilas de esta cultura y, vacíos, deambulan entre cámaras y micrófonos en la cultura del espectáculo y de la banalidad que los domina y degrada ante los ciudadanos.

¿ES CHILE UN PAIS CORRUPTO?

Qué difícil parece ser hablar en forma serena cuando hay denuncias sobre apropiación indebida de dinero, mas cuando de por medio hay prominentes hombres de la política, de los negocios o de cualquier esfera pública o privada que constituye el "poder establecido". Es tal el griterío que se produce que los ciudadanos poco o nada entienden, pero sí en forma espontánea se coloca en sus mentes el adagio: "si el ruido suena es porque piedras trae".

Los medios de comunicación, por lo general, en vez de procurar una entrega que produzca más claridad y entendimiento en los ciudadanos, prefieren cautivarlos con un espectáculo, semejante a los que concitan riñas en espacios públicos como hemiciclos, estadios, calles...

Informar en estos casos no es fácil, se requiere competencia, habilidad y sobre todo buenos informantes, pero también una mirada más amplia que dé cuenta de las condiciones del ambiente sociopolítico en que suceden las denuncias de corrupción que afectan a personas vinculadas al poder. En esto último cabe leer la columna de Patricia Verdugo aparecida en El Mostrador el 10 de Noviembre pasado.

Si en Chile hay corrupción sería absurdo decir que no. Si Chile es un pais corrupto ya eso parece discutible, depende que se quiera decir. Si el sistema que lo rige, si los gobiernos u otros poderes del Estado o un número significativo de privados. La corrupción está vinculada a valores que dan sentido a los sistemas, las políticas y las personas y a si los sistemas son más o menos cerrados o susceptibles de un mayor o menor control de sus actos por parte de los ciudadanos.

Es notorio que el dinero se ha convertido en una medida con que se mide el éxito, la fama e incluso la felicidad, por la capacidad de acceder a bienes que producen placer. La persona que logra más riqueza en un tiempo breve, se le considera un modelo a imitar; semejante consideración logra un país que logra exhibir un notable crecimiento en un corto plazo. Menos importante o se subordinan a los deslumbrantes resultados los impactos directos o colaterales que significaron conseguirlos.

Desde el empleador que soslaya el pago de las imposiciones a los trabajadores, pasando por el funcionario que cobra comisiones (u otras prebendas) en un negocio con un tercero, hasta el particular que usa innovadoras modalidades para cometer un robo a otro particular. Todos ellos, en sus medios, van a mostrar el símbolo que atraerá la atención de la familia, de los amigos, de los pares, de los acreedores o del sistema mediático, según sea el caso.

El sistema político y mediático en estos 17 años han marcado una tendencia a proteger o aminorar efectos no deseados por denuncias o evidencias de corrupción, como ha sucedido en los tres primeros gobiernos de la Concertación con la venta de empresas públicas en el último año de la dictadura, o los "pinocheques", o los sobresueldos, o el MOP-Gate, a diferencia del Caso Riggs que provino de una investigación de una Comisión del Senado de Estados Unidos, lo que significó que el ex dictador Pinochet, para la gran mayoría de sus partidarios haya pasado ser de un líder salvífico a ser alguien incómodo, innombrable.

CHILE RE- CORTADO

A ChileDeportes se le llama “ChileRecorte” luego de la obra legada por “operadores políticos” ligados a los partidos de la Concertación. La promesa de cambiar el sistema electoral binominal, del mismo modo, ha sido recortada por dirigentes de los partidos de la Concertación en oficinas de hombres de derechas. Para ello, previamente, los mismos partidos demolieron lo construido por la Comisión Böeninger, convocada a idear un cambio del sistema.

En rigor corrupción es alterar, trastocar algo, en el caso que nos interesa, la democracia representativa de las ciudadanas y ciudadanos. El segundo gobierno de la Concertación, en 1997, ya planteó que el sistema binominal “ha distorsionado gravemente la voluntad popular” y que “está lejos de coincidir con la realidad de la opinión ciudadana”.

La Comisión defenestrada planteó que el mismo sistema permite que una lista que obtenga un 33% de los votos en un distrito o en una circunscripción senatorial puede quedar sin representación. Basta recordar que Ricardo Lagos fue víctima del sistema cuando, en 1989, recibiendo el 30,62% de los votos, fue desplazado por Jaime Guzmán que consiguió el 17,19%.

La Concertación abandona el cambio seducida por el perfeccionamiento del sistema impulsado por Renovación Nacional (ver La seductora perfección, 24 Agosto, 2006) El binominalismo se afianza. En la trastienda todo se recorta a como establecer un porcentaje de votos que facilite una representación al Partido Comunista en la Cámara o en el Senado. .

Pero el fondo es otro; es el sistema binominal el excluyente al reducir a un mínimo la competencia real entre los candidatos. Las ciudadanas y ciudadanos acuden a las urnas a ratificarlos en la gran mayoría de los distritos y circunscripciones senatoriales. El binominal recorta el derecho del ciudadano a elegir.

La Concertación y la Alianza parecen cómodos con este sistema. Los parlamentarios de ambos lados se sienten compartiendo un espacio común, se retroalimentan; sus rivales están en sus propios partidos o pactos; ahí es donde se enfrenta y decide la elección real de quien ocupará el asiento parlamentario, lo que altera, trastoca, en suma, corrompe, desfigura el principio republicano de la soberanía popular.

En medio de las negociaciones más o menos furtivas, los labios de la Presidenta vuelven a insinuar la palabra plebiscito. Un término inequívocamente democrático y que a los partidos (todos autodefinidos como democráticos) incomoda, le huyen. ¿Consultar al pueblo? ¿Para qué? Si no tiene derecho a decidir en estas materias (no es vinculante su decisión), según la Constitución.

Mientras el Presidente Lagos anunciaba el 21 de mayo de 2004 que “el sistema binominal va a ser la muerte de nuestro sistema democrático”, dos años y medio después, sus partidarios en vez de buscar la creación de un movimiento ciudadano consistente (similar a lo de 1988), que se abra paso a una consulta popular útil para el cambio, optan por renovar la legitimidad del sistema binominal con ajustes que buscan atraer al partido comunista a compartir ese ámbito común de los partidos, distante de los sentimientos y opiniones de ciudadanas y ciudadanos, que obligadamente, en forma periódica, tienen que acudir a ratificar lo que ya ha sido decidido.

LA OEA NO OLVIDA A CHILE

En días como éstos, hace ocho años, la sociedad chilena estaba sobresaltada. Un juez español había ordenado la detención de Augusto Pinochet (18 de octubre, 1998) ejecutada por Soctland Yard con la complicidad del gobierno británico en Londres. El Canciller de ese tiempo, José Miguel Insulza (hoy Secretario General de la OEA), en nombre del segundo Gobierno de la Concertación, dirigía la operación política-jurídica de recuperar al ex dictador, entonces Senador vitalicio.

En estos días, la sociedad chilena está sosegada. La Corte de Derechos Humanos de la OEA ha dispuesto que el Estado chileno ha incumplido su compromiso internacional de sancionar los delitos de lesa humanidad (15 de octubre de 2006). La Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, en representación del cuarto Gobierno de la Concertación dirige la operación político-jurídica destinada de derogar o legislar para dejar sin efecto el decreto-ley de amnistía dictado por la Junta Militar de Gobierno en 1978.

"La justicia en la medida de lo posible" fue un refrán repetido durante los primeros cuatro años de la transición. Ahora ésta viene de la mano de la Corte de la OEA. La voluntad de la Presidenta es extendérsela y cumplir con el compromiso demandado. Los partidos de la Concertación parecen dispuestos a sacudirse de la norma que hace imposible aplicar justicia por delitos "contra la humanidad". Esto recién comienza, una disputa jurídico-política que llevará tanto o más tiempo que la dada por Pinochet detenido en Londres.

El ex Presidente Patrico Aylwin, autor de la sentencia "la justicia en la medida de los posible", y su ex Ministro de Justicia señalan que la derogación de la amnistía no tendría efecto práctico, pues una convención no puede aplicarse en forma retroactiva y omitir la amnistía vulneraría el principio de la "cosa juzgada".

Se desprende de esto que prominentes hombres de la Concertación consideran ahora que la amnistía del 78 es ya un hecho de la causa, consolidada, inamovible, legítima, norma ajustada a derecho y no una norma autoritaria, fraudulenta, es decir, dictada al margen de los principios del derecho, destinada a cubrir los delitos "contra la humanidad". Paradojal resulta cuando el programa presidencial encabezado por el propio Aylwin, en 1990, figuraba la derogación de la amnistía.

Sin embargo, si ampliamos la mirada podemos ver el caso argentino de cómo bajo presión militar un gobierno democrático promulgó una ley de Obediencia Debida y de Punto Final, aprobado por un parlamento elegido, pero que años después otro gobierno democrático y paralamento elegido removió, cuando los militares ya no amenazaban la estabilidad constitucional.

Un "nunca más" con futuro no basta con declamarlo, requiere ser acompañado de actos sólidos, transparentes, persuasivos, como la aplicación de justicia. Leamos: "Muy bien, nosotros tenemos la obligación de enseñar a los jóvenes que eso no tiene que pasar nunca más", dice el director técnico de Colo-Colo, el argentino Claudio Borghi, cuando La Nación le consulta su parecer por la reapertura de los juicios por los crímenes de la dictadura militar argentina.

TOCA LO HUMANO

Michele Bachelet ha vuelto a Villa Grimaldi. Lo hace como Presidenta de la República, después de 31 años, cuando lo hiciera como prisionera. Entonces, sindicada por el gobierno "de facto" como parte del bando de los "enemigos de Chile", ahora reconocida por todos, incluidos los incondicionales de ese gobierno dictatorial, como Jefa del Estado de Chile. Un retrato que la mirada del analista arrojará explicaciones en abundancia, pero distinta será la mirada del contemplativo que proyectará algo extraordinario, asombroso.

Este tipo de fotografía no es nueva en la historia reciente, del siglo XX, pero casi siempre el ojo humano se detiene en ella. Atraido por la paradoja, el contraste, el enigma que encierra; en segundos algo se desliza en la intimidad. En la retina queda fijada una composición impresa en la memoria, disponible para recordar, reflexionar, comunicar.

La presencia de la Presidenta en el parque de la Paz está asociada inexorablemente a la presencia de la prisonera militante socialista en el campo de concentración de la Dina. Por allí atravesó "la experiencia del mal radical" que todo lo invade y devora, recordada por el ex prisionero del campo de concentración nazi de Buchenwald, Jorge Semprún, en La escritura o la vida.

Michele Bachelet ha abrazado a una de sus ex compañeras de celda, ha recorrido con pausas la geografía de lo que fuera un espacio cerrado administrado por carceleros y, ahora, convertida en un espacio abierto administrado por sobrevivientes. Se ha detenido ante el memorial de las 226 personas que no pudieron atravesar, siendo devorados por la maquinaria de muerte. En este lugar ha aparecido la Presidenta anunciando que está en su mente sacudirse de una de las rémoras de ese otro tiempo: la amnistía decretada en 1978.

Otro aire de justicia llega a Chile de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La entidad de la OEA impugna la aplicación de la amnistía del Estado chileno sancionada en 1996 ante un delito considerado de lesa humanidad, la ejecución del profesor comunista Luis Almonacid a la salida de su casa, días después del golpe militar de 1973.

Asoman los peros y razones jurídicas que hacen ineficaz lo que pasa por la mente de la Presidenta. Derogar la amnistía es un acto al vacío, pues todos los hechos amnistiados son anteriores a cuando el Estado chileno suscribió la Convención Americana en 1990. Pero cabría preguntarse por el valor jurídico de la amnistía de 1978: impuesta por un régimen "de facto" reñido con los principios del estado de derecho y que puso en interdicción el poder de los jueces al despojarle de una de sus competencias fundamentales, administrar habeas corpus.

Michele Bachelet días despues que atravesara por la experiencia de la Villa Grimaldi voló a la República Democrática Alemana, el 1 de febrero de 1975, algo semejante es lo que hace en estos días. La Presidenta tras reencontrarse con Grimaldi, ha volado a Alemania, el 18 de octubre de 2006 donde recorrerará la geografía de su exilio. La Presidenta que toca las huellas de su prisión y su exilio, la que se dispone a tocar uno de los capítulos pendientes de la Concertación, la amnistía del 78, simplemente, toca lo humano. Eso, contemplarlo... asombra.

DE VUELTA A LA PLAZA

Un domingo, de vuelta a la plaza de la Ciudadanía. Resaltan retratos de la vida de Víctor Jara. Desplegados en el espacio ocupado antes por la "llama de la libertad", encendida por los que le dieron muerte, hace 33 años. Un lugar "reflexivo", conmovedor, mas cuando esa tarde un cantor de Maullín regalaba, con su voz y su guitarra, mensajes del que, junto a Violeta Parra, es el compositor popular de mayor reconocimiento en el mundo.

Enfrente, atravesando la Alameda, otra imagen sobrecoge. Un páramo frío, cercado por vallas de metal dispuestas en forma meticulosa. Un espacio habitado por policías, observadores de contados turistas que arriban desde los patios interiores de La Moneda.

Lo que hasta hace poco era un espacio inasequible, del "Altar de la Patria", junto a los edificios de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros, ahora fluyen ciudadanos curiosos que miran, leen y recuerdan la envergadura de un símbolo cultural y político; en cambio, en su lado opuesto, lo que ayer era un lugar abierto, junto al Palacio de la Moneda, ahora está prohibido disfrutarlo, restringido al tránsito de unos cuantos peatones.

El arquitecto Cristian Undurraga, mentor de la plaza, en el 2004 la imaginaba "la máxima exaltación de lo democrático, verla como todos los domingos recibe a familias, en el prado, con sus viandas y en completo esparcimiento o en la noche de año nuevo acoge a familias con sus mejores tenidas, ajenas a cualquier segregación, que llegan a celebrar con vino y comidas en mesas. Experiencias maravillosas, llenas de urbanidad", concluía el llamado a crear un gran espacio ciudadano.

Día domingo, día "normal", o sea, sin manifestaciones. La plaza más hermética que un día "anormal", con manifestaciones. A unos dejan pasar, a otros no, pero nadie puede sentarse en el prado, menos hacer pic-nic. ¿Por qué? preguntamos a carabineros. A las razones de seguridad de la semana anterior (ver Plaza rigurosamente vigilada. 7 Octubre, 2006), los policías añaden: "no hay cultura en Chile para esta plaza: ensucian, destrozan, queman el pasto, trepan luminarias..." Sólo uno menciona la "molotov" del 11 de septiembre.

El lado de La Moneda de la plaza de la Ciudadanía está interdicta para los ciudadanos por orden de un "gobierno ciudadano" que, a su vez, ha decretado que por la Alameda, aledaña a la plaza ningún grupo de ciudadanos puede manifestarse. Libertades ciudadanas recortadas por incultura o inseguridad. O los chilenos no están preparados para hacer uso de esta plaza o están castigados a causa de la reciente profanación del Palacio.

En este "microespacio", contiguo al principal símbolo de la república, la seguridad doblega a la libertad, eliminando una condición propia de la plaza, como señala el filosofo Humberto Giannini: su "reflexividad", física, mental o comunitaria: lugar que permite a la persona salirse del tiempo lineal (de la calle, del trabajo) deteniendo su camino; lugar donde por un momento se despega de las cosas para lanzar una mirada más allá de lo que lo ocupa; o lugar abierto que le ofrece a la persona un ámbito de reencuentro ciudadano. La plaza de la Ciudadanía, al menos en su lado norte, no hay espacio para eso. Hay vacío.

PLAZA RIGUROSAMENTE VIGILADA

Mañana soleada en la plaza de la Ciudadanía. Protegida de vallas, su acceso es restringido. Ingreso por uno de ellos, vigilado por una pareja: carabinera y carabinero. Me siento en el área verde. Me sumergo en la lectura de una crónica sobre los orígenes del Santiago Alegre de Aurelio Díaz Meza ("Patria vieja y Patria nueva", T.XV). A los cinco minutos escucho:

- Señor, tiene que retirarse, dice con voz firme
-Levanto la vista, sentado, pregunto por qué,
-Por motivos de seguridad, responde
-Palabra que me hace incorporarme de inmediato, sin dejar de interpelarlo ¿pero no se puede leer aquí?
-Hoy no es un día normal, me responde, asomando ya un tono de impaciencia
-Por qué, inquiero, curioso
-Porque hay una manifestación (se refiere a una marcha de los trabajadores de la salud)
-Pero esta la plaza de la Ciudadanía, ensayo un argumento de derecho a estar ahí
-Mire, tiene que retirarse, porque esto es parte del entorno de seguridad de La Moneda

Me dirijo al acceso. La carabinera, observadora, con un aire de lúdica complicidad dice: "sentía envidia de verlo ahí sentado leyendo al sol, pero por seguridad tenemos que cerrar la plaza". Me retiré, pensando en las últimas palabras del carabinero: el "entorno de seguridad de la Moneda", una especie de zona de su influencia ocupada por sus fuerzas.

La plaza de la Ciudadanía surgió como promesa bicentenaria y como recuperación de símbolos republicanos en el espacio público. El gobierno de Ricardo Lagos abrió los patios interiores del palacio de la Moneda a los ciudadanos, una expresión de reencuentro simbólico con "la otra democracia" (1925-1973). La plaza ideada era una continuación coherente con tal iniciativa: acercar al ciudadano a su centro cívico aledaño al ícono republicano de la democracia representativa: la sede del Presidente de la República.

La plaza concebida inicialmente como una unidad compacta, dividida por sutiles líneas que hacen senderos peatonales que cruzan en distintas direcciones y un mobiliario de bancos y farolas, funcional al carácter social del lugar. En su perímetro dos líneas de árboles y agua circulando a través de un conducto (simulación de acequia). y en los zócalos de los edificios lugares sombreados con arcadas para paseo y comercio.

Ese diseño de plaza quería rescatar la idea de la Alameda como un lugar polivalente: de paseos familiares de domingo, de fiestas cívicas y culturales, de conciertos y recitales, de manifestaciones sociales y políticas. Sin embargo, esta idea de ciudadanía ya ha sido recortada. Hay un lado norte y otro sur y, si no se soterra la Alameda (como estaba en su mentor), la partición se consolidará. Ambos lados han minimizado el área verde, en contraste el área dura. Y el mobiliario es inexistente.

Su lado norte, junto a La Moneda es, por ahora, un espacio vacío, un lugar de cruce de peatones, cuando se permite, algo así como un "no lugar", según Marc Augé, lo contrario al encuentro, a lo ciudadano, a lo republicano. La negación de la plaza. Su lado norte, al menos, parece un amplio y ornamental patio trasero del Palacio, donde unos pocos ciudadanos lo atraviesan bajo la perenne vigilancia policial.